El lunes el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios inició las conversaciones con los trabajadores y los empleadores para definir el incremento del salario básico unificado que regirá para el 2026. El salario básico se ubica actualmente en 470 dólares y cada año debe ser fijado y revisado, según consta en la Constitución.

En el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios están representados los tres sectores: Gobierno, trabajadores y empleadores. El Ministro del Trabajo, Harold Burbano, manifestó que hasta el 20 de diciembre habría una decisión final y que los parámetros de incremento en base a los estudios macroeconómicos podría oscilar entre los 10 y los 20 dólares.

Para la nueva fijación salarial se recopilará información sobre la inflación proyectada de los años 2025-2026 del Ministerio de Economía y Finanzas; el crecimiento económico proyectado 2025-2026 del Banco Central del Ecuador; la proyección de indicadores de empleo 2026 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y los datos correspondientes a los afiliados que cobran el Salario Básico Unificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Si empleadores y trabajadores no llegan a un acuerdo, será el Gobierno el que fije de manera unilateral el monto del incremento.

Las perspectivas

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) considera que el incremento debería ser de 105 dólares, para que el salario básico pase de 470 a 575 dólares. El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, parte del FUT, aseguró que es un incremento que responde a la realidad y a las medidas que el Gobierno ha tomado, como por ejemplo el incremento del IVA en tres puntos.

Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), apoya el diálogo con el Ministerio de Trabajo por la apertura dada a los trabajadores y concuerda que el incremento debería ser entre los 16 y los 20 dólares. Y cuestionó la sugerencia del FUT: «Hay que ser realista con la situación que vive el país. No entiendo cómo pueden decir ciertos sectores que el incremento debe ser de 150 dólares. Lo único que eso provocaría son despidos masivos», dijo el dirigente sindical.

El presidente Daniel Noboa cumplió ayer dos años desde que asumió por primera vez el mando del país un 23 de noviembre de 2023. Noboa llegó a Carondelet para terminar el periodo presidencial de Guillermo Lasso, quien se fue a medio período al aplicar la muerte cruzada por la crisis política que vivió su mandato. Noboa obtuvo la reelección para el período 2025 – 2029.

En estos dos años de gestión, Noboa ha tenido que enfrentar los apagones, la violencia del crimen organizado,  la crisis del sistema de salud público, una justicia cuestionada, entre otros aspectos. Para combatir estas situaciones no ha dudado en incrementar el IVA en tres puntos porcentuales, decretar estados de Excepción, militarizar las cárceles y proponer cuestionadas reformas normativas.

A través de las redes sociales, Noboa y su equipo de gobierno aseguró que en estos dos años ha logrado que el riesgo país baje de 1.915 a 677 puntos; la inflación del 1,93% anual al 1,24% anual; la pobreza del 27% al 24%; la desnutrición crónica infantil del 20,1% al 19,3%, entre otros indicadores.

Los criterios de la oposición 

Sectores de oposición legislativa tienen otra óptica de lo que ha sido la gestión de Noboa en estos dos primeros años.  El asambleísta correísta Franklin Samaniego asegura que ha gobernado con prepotencia, que no ha tendido puentes con ningún sector y que su característica es la falta de diálogo con los diversos sectores sociales y políticos.

Mónica Alemán, también del correísmo, tiene el mismo criterio. Alemán asegura que Noboa ha cerrado las puertas a toda posibilidad de acercamiento con la oposición y que eso se reflejó en el manejo del paro nacional indígena. Por eso destaca los resultados de la consulta popular, donde Noboa perdió en los cuatro tema consultados en las urnas. «Debería ser un sacudón, una autoreflexión de lo que ha sido su gobierno», dijo la legisladora.

Wilson Toainga, quien se venía desempeñando como Fiscal General del Estado Subrogante, renunció de manera irrevocable al cargo que ocupaba desde abril 2019. Además, Toainga se mantuvo como fiscal encargado en reemplazo de Diana Salazar desde el 21 de mayo de 2025.

En un comunicado de la Fiscalía dirigida a la ciudadanía, Toainga recuerda que el Consejo de Participación Ciudadana le designó como fiscal subrogante para el período abril 2019 – abril 2025 y que cuando concluyó su periodo se mantuvo en funciones prorrogadas desde mayo de este año en virtud de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.

«He desempeñado mis funciones con el profesionalismo y la responsabilidad que me han caracterizado durante los 24 años que he formado parte de la Fiscalía General del Estado, dedicado a tiempo completo a mis actividades de investigación y litigio tanto en los casos de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), como en los caso de fuero de la Corte Nacional, mismos que son  de alta complejidad y connotación con audiencias que han llegado a durar hasta 32 días -incluidos fines de semana y feriados-, con  jornadas que han alcanzado 10 o 22 horas diarias, siempre en observancia de los principios que rigen el sistema procesal penal», según Toainga.

El exfiscal argumenta que ha transcurrido un tiempo prudencial de prórroga de funciones sin que el Consejo de Participación Ciudadana haya designado a los autoridades de la institución, por lo que para evitar que su prórroga sea mal interpretada o se torne ilegítima, prefiere dar un paso al costado y presentar su renuncia irrevocable al cargo.

Su reemplazo 

Con su renuncia es Carlos Alarcón quien queda al frente de la institución como fiscal subrogante. El Consejo de la Judicatura le designó por unanimidad el 3 de octubre de 2025 para que reemplace a Toainga en caso de ausencia temporal o definitiva.

Alarcón es magíster en Derecho Penal por la Universidad de las Américas, con especialización en criminalidad compleja y en justicia indígena de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes.

Fue agente fiscal en Quinindé (Esmeraldas), fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ha actuado en los últimos meses como Fiscal encargado por la ausencia temporal de Toainga.

A través del decreto ejecutivo 228, el Presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Nataly Morillo como Ministra de Gobierno. Morillo fue hasta este jueves 20 de noviembre  asambleísta por ADN y una de las militantes más activas para promocionar el SÍ a la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre.

Su nombramiento se da luego de que el primer mocionado, el radiodifusor Álvaro Rosero, declinó la invitación para colaborar con el Gobierno desde esa Cartera de Estado por la serie de cuestionamientos que generó su nombre, entre ellos, el tener impedimento para ejercer cargo público.

Para Mishel Mancheno, jefe de la bancada oficialista, Morillo tiene toda la capacidad para asumir este nuevo reto y confía en que sea la persona que pueda tender puentes entre el Ejecutivo y los sectores políticos y sociales del país.

Sin embargo, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez, considera que la exasambleísta representa al ala dura del anticorreísmo y es una demostración de que Noboa se mantiene fiel a su estilo de gobernar sin escuchar a otros sectores, a pesar de los resultados de la consulta popular, donde perdió en las cuatro preguntas que propuso.

La trayectoria 

Aunque sus compañeros de movimiento definen a Morillo como una de las militantes más convencidas del proyecto político propuesto por ADN, su trayectoria política la inició de la mano del movimiento Construye. En el 2023 fue asambleísta alterna de Patricio Carrillo, que ganó una curul por esa agrupación.

Como Carrillo no pudo asumir como asambleísta ya que estaba vigente una sanción por haber sido censurado por la Asamblea debido a su gestión en el Ministerio del Interior, Morillo se principalizó y actuó con ese movimiento hasta julio de 2024.

Al separarse de Construye actuó como legisladora independiente pero cercana a ADN,  movimiento con el que participó en la elecciones de 2025, donde ganó la curul por Pichincha.

A un día del revés electoral en las urnas, donde el pueblo votó por el NO en las cuatro preguntas que consultó el Gobierno, el Presidente de la República, Daniel Noboa, realizó cambios en su equipo ministerial.  En unos casos optó por figuras nuevas y en otros por mover a sus funcionarios de un Ministerio a otro.

Estos son los cambios realizados por el Ejecutivo:

* Ministerio de Gobierno. Sale Zaida Rovira y asume Álvaro Rosero, radiodifusor. Es director de radio EXA-Democracia. No tiene título superior y en el Ministerio de Trabajo registraba impedimiento de ejercer cargo público al tener deudas con el IESS. Su designación ha sido cuestionada por varios sectores al mantener en sus espacios de radio un estilo confrontativo.

* Ministerio de Desarrollo Humano. Deja el cargo Harold Burbano y en su reemplazo actuará Zaida Rovira, quien se venía desempeñando como ministra de de Gobierno. Es la segunda vez que estará al frente de esta Cartera de Estado. Antes fue gobernadora del Guayas y Defensora del Pueblo en esa misma provincia.

* Ministerio de Trabajo. Ivonne Núñez deja este cargo que será ocupado por Harold Burbano, ex ministro de Desarrollo Humano. Burbano fue coordinador general de Protección de Derechos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y fue viceministro de Inclusión Social y viceministro de Inclusión Económica en el MIES. También se desempeñó como abogado de la CONAIE.

* Ministerio de Salud. Deja el cargo Jimmy Martín y delega las funciones de este Ministerio a la Vicepresidenta de la República, María José Pinto, tareas que serán parte de su gestión como segunda mandataria.

* Ministerio de Agricultura. Danilo Palacios es reemplazado por Juan Carlos Vega, quien regresa a colaborar con el Gobierno. En el 2023 Vega fue Ministro de Economía de Noboa, durante su mandato complementario.

* Ministerio de Educación. Sale del cargo Alegría Crespo y en su reemplazo Noboa coloca a Gilda Alcivar, licenciada en Periodismo Internacional de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Además, tiene un doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Habana, Cuba.

*Secretaría de Gestión de Riesgos. Jorge Carrillo es reemplazado por Carolina Lozano, exfuncionaria de la Empresa Eléctrica Quito.

El Gobierno también prescindió de los servicios de Carolina Jaramillo como su vocera oficial y aceptó la renuncia del Presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama.

El presidente de la República, Daniel Noboa, sufrió el domingo una dura derrota en las urnas donde la población rechazó las cuatro preguntas que propuso para consulta popular y referéndum.

La ciudadanía negó la posiblidad de que se instale una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución; que se elimine el financiamiento estatal a las organizaciones políticas; que haya menos integrantes en la Asamblea Nacional; y, que se abra la posibilidad de instalar en el país bases militares extranjeras.

El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, considera que la votación fue un castigo a la gestión del Ejecutivo y de la Asamblea por la dura represión del paro indígena, en el primer caso, y por no responder a las necesidades de la población, en el segundo caso.

«En las urnas el pueblo le está castigando por mentiroso, por autoritario y por haber reprimido a los diferentes pueblos del Ecuador. Aquí los que triunfan son los ecuatorianos, el pueblo como tal, porque defendió el derecho a la seguridad social, al trabajo digno, no estamos de acuerdo que se privatice el IESS o que se quite la gratuidad a la educación superior», dijo Quishpe.

Por su parte Apawki Castro, coordinador de Pachakutik en Cotopaxi, aseguró que todas las organizaciones de la CONAIE y de su movimiento pusieron su grano de arena en este proceso electoral, desde los distintos espacios, desde las distintas estructuras.

Los representantes de las organizaciones exigen al Gobierno un cambio de rumbo, que se abra al diálogo, que deje de actitudes autoritarias, que responda a las necesidades del pais y que se ajuste a los resultados de la consulta popular y referéndum.

Aseguran que este fue un triunfo del pueblo, de las organizaciones sociales, ecologistas, de los activistas de los derechos humanos, del movimiento universitario.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó este domingo el simulacro nacional de referéndum y consulta popular 2025. En Quito el simulacro tuvo lugar en la Universidad Politécnica Salesiana, y se realizó de manera simultánea en las 24 provincias y en el centro de procesamiento del exterior.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó la articulación interinstitucional en todo el proceso. “Este ejercicio práctico es, en esencia, un mensaje de confianza de que cada voto será y ha sido respetado como la expresión más genuina de la voluntad popular”, manifestó.

Con esta actividad se pone a prueba el 100% de los aspectos técnicos y operativos, así como el procesamiento de la totalidad de las actas. En la jornada se ensayaron las fases del proceso, incluyendo la instalación de la junta receptora del voto, la transmisión de actas, la custodia permanente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Como parte del ejercicio se revisó el protocolo a seguir en caso de que se presenten emergencias en materia de seguridad en las juntas receptoras del voto. Para este caso en específico se simuló la intervención de la fuerza pública ante la presencia de un artefacto explosivo.

En la jornada del simulacro participaron 3.509 militares, 25.000 policías y 2.379 servidores electorales. Atamaint manifestó que este tipo de simulacros permitirá cumplir el 16 de noviembre con una jornada segura y ordenada.

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En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se cumple el primer juicio por un crimen de lesa humanidad. Se trata de la detención arbitraria y presuntos actos de tortura por parte de militares en contra de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, exmilitantes de Alfaro Vive Carajo (AVC), ocurrido en Esmeraldas el 10 de noviembre de 1985.

Según la investigación de la Fiscalía, los miembros del grupo guerrillero fueron detenidos y trasladados al Cuartel Batallón Montúfar. Posteriormente fueron llevados al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), ubicado en Conocoto, en el suroriente de Quito, donde habrían sido sometidos a torturas físicas, psicológicas y sexuales.

Cajas y Jarrín permanecieron detenidos 15 días y luego fueron liberados. Vaca en cambio permaneció desaparecido en el cuartel de Conocoto por más de dos años y fue liberado a mediados de 1988.

Los hechos ocurrieron en el contexto de la represión estatal registrada entre 1984 y 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero. Por su naturaleza, estos delitos son  calificados como de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben y pueden ser investigados penalmente, sin importar el tiempo transcurrido.

Fiscalía estableció que las autoridades militares y políticas de la época conocieron y autorizaron estas acciones, las cuales respondían a una planificación estructurada al más alto nivel.

Cajas y Jarrín narraron ante el Tribunal que conoce la causa, las torturas a las que presuntamente fueron sometidos durante su detención en el cuartel de Inteligencia Militar. Actos como descargas eléctricas en sus partes íntimas, violencia física, psicológica, y sexual en el caso de Cajas, incomunicados, abandonados en estrechos calabozos sin posibilidad de moverse, intimidación para que firmen  declaraciones falsas fueron parte de lo que contaron ante los jueces. Incluso que habían sido inyectados con el «suero de la verdad» .

Vaca falleció en 2021 por una enfermedad catastrófica, por lo que en el juicio constan como acusadores particulares y víctimas su pareja e hijas. Por el presunto delito de lesa humanidad están procesados seis personas, de ellos cinco son militares de alto rango en servicio pasivo, incluido un exministro de Defensa.

El Movimiento oficialista ADN y la UNE – Unidad Popular cumplieron, por separado, concentraciones para promover el SÍ y el NO, respectivamente, en la consulta popular y referéndum 2025. Fue el inicio de la campaña electoral que se extenderá hasta el 13 de noviembre, según consta en el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Campaña por el SÍ 

ADN optó por iniciar su campaña en el norte de Quito, en la avenida Naciones Unidas, con un recorrido hacia su sede provincial ubicada en la avenida De los Shyris. Estuvieron presentes asambleístas de Pichincha como Nataly Morillo, Inés Alarcón, Hernán Zapata, entre otros. Les acompañaron militantes que portaban banderas y carteles en los que expresaban su apoyo al SÍ en las cuatro preguntas que se votarán el 16 de noviembre.

Los legisladores manifestaron que esa será la característica de su campaña, el encuentro con la ciudadanía a través de recorridos, visitas puerta a puerta y foros para dar a conocer el contenido y la importancia de aprobar la propuesta del Gobierno. “Todo sí, cuatro veces sí”, expresaron durante el recorrido y aprovecharon para difundir mensajes a favor de la gestión del Presidente de la República y líder de su partido, Daniel Noboa.

Campaña por el NO 

Mientras tanto Unidad Popular y la UNE escogieron el centro histórico de Quito para promover el NO en las cuatro preguntas. Se unieron militantes del Partido Socialista. Recorrieron El Tejar y el sector de la Iglesia de la Merced, sitio donde armaron una carpa para preparar y repartir colada morada con una guagua de pan adornada de la palabra NO. Elsa Guerra, dirigente socialista, aseguró que la consulta popular y el referéndum no son las alternativas para sacar al país de la crisis, sino que se necesita un cambio de timón en la gestión de Noboa.

En el recorrido estuvieron presentes dirigentes sociales como Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, y los dirigentes de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana y Natasha Rojas. A ellos se sumaron comerciantes, líderes estudiantiles, entre otros.

16 organizaciones habilitadas

El CNE calificó a 16 organizaciones para que realicen campaña por el SÍ o por el NO en la consulta popular y referéndum 2025. De ellas 11 organizaciones son políticas y cinco son sociales. Todas tendrán hasta el 13 de noviembre para cumplir sus actividades proselitistas en relación a las cuatro propuestas: bases militares, financiamiento estatal a organizaciones políticas, reducción del número de asambleístas y sobre la Asamblea Constituyente.
Según el reporte del CNE, las organizaciones calificadas y las opciones por las que se inscribieron son:

Este sábado 1 de noviembre arranca de manera oficial la campaña para promocionar el SÍ o el NO en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre y varios sectores sociales han definido sus posiciones frente al proceso impulsado por el Presidente de la República, Daniel Noboa.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) llamó a votar NO en las cuatro preguntas propuestas, sobre todo en la consulta popular con la que Noboa busca establecer una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.
Edwin Bedoya, presidente de la central sindical, cuestiona que el Presidente de la República no quiera explicar al país cuál es el modelo de Estado que le gustaría implementar a través de una nueva Carta Magna. «Vemos a un Presidente titubeante, a un Presidente que ni siquiera sabe qué es la Ley del IESS, ni siquiera sabe qué es el seguro social», manifestó Bedoya.

Los dirigentes sindicales cuestionan algunos indicios que Noboa ha dado sobre reformas puntuales en salud y seguridad. Sobre el primer tema, el Primer mandatario manifestó que el IESS debería dejar de ser prestador de salud y que este servicio se traslade en su totalidad a la red del Ministerio de Salud Pública.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, considera que el sistema se salud público atraviesa por una crisis estructural debido a la falta de médicos y medicinas, con lo que no ofrece las condiciones necesarias de atención, y por lo tanto no estaría en capacidad de atender a cerca de cuatro millones más de personas que actualmente son atendidas en el sistema del seguro social.

Otra propuesta que ha mencionado Noboa es la de establecer en Galápagos una base militar extranjera, específicamente de los Estados Unidos, a partir de que en el referéndum gane la pregunta relacionada con ese tema. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, cuestiona la idea ya que asegura que en Ecuador continental hay zonas tomadas por la delincuencia donde no hay ni siquiera unidades de Policía comunitaria.

Bajo estos argumentos los dirigentes consideran necesario votar NO en la consulta popular y referéndum de 2025.