El presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 306, con el que oficializó el sistema de compensación al sector de la transportación, cuando entre en vigencia la eliminación gradual de los subsidios a la gasolinas extra y ecopaís, previsto para el mes de julio.

El decreto emitido este martes 25 de junio prioriza los acuerdos alcanzados con los dirigentes de los transportistas y el monto será definido al multiplicar la diferencia entre el precio por galón base de USD 2,465 y el precio de venta al público que comunique mensualmente el Ministerio de Energía y Minas.

Además el monto en galones de consumo mensual referencial para cada tipo de transporte sería el siguiente:

* Taxi convencional y taxi ejecutivo – 156 galones
* Transporte de carga liviana y mixta – 145 galones
* Comercial tricimoto/mototaxi -90 galones.

El mecanismo consiste en una transferencia monetaria a los propietarios de más de 84.000 unidades de transporte de pasajeros (taxis convencional y ejecutivo), transporte de carga liviana y mixta (camionetas comunitarias) y tricimotos/mototaxis regularizados, que están siendo parte de un proceso de registro mediante la plataforma disponible en el ministerio de Transporte.

Desde condenar y rechazar las declaraciones sobre otros mandatario que dio el presidente de la República, Daniel Noboa, en el The New Yorker; hasta la creación de una comisión especializada que investigue presuntas irregularidades en la función pública, fueron las resoluciones aprobadas en la Asamblea por la nueva mayoría que reúne a la Revolución Ciudadana, al PSC y a Construye.

La mañana de este 20 de junio, Blasco Luna, legislador por la Revolución Ciudadana, presentó una moción para conocer y resolver sobre las declaraciones emitidas por el Primer Mandatario en el The New Yorker. Luna calificó como una vergüenza las declaraciones que habría emitido Noboa en contra de otros jefes de Estado.

Esta moción contó con 77 votos de respaldo y se incorporó como segundo punto del orden del día.

Luna y Vicente Taiano, jefe del bloque del PSC, manifestaron que «aquí no les tenemos miedo, ni rabo de paja». Los legisladores cuestionaron las acusaciones emitidas por Valentina Centeno (ADN), quien aseguró que la nueva mayoría legislativa busca «declarar la incapacidad mental» de Noboa, y así lograr su destitución del cargo.

La resolución se aprobó con 86 votos afirmativos y 35 negativos. Incluye:

Art. 1.- Rechazar y condenar enérgicamente, como ente máximo de representación del pueblo ecuatoriano, las inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas declaraciones emitidas por el Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, en contra de los Presidentes: Nayib Bukele, Presidente de Él Salvador; Gustavo Petro, Presidente de Colombia; Gabriel Boric, Presidente de Chile y Javier Milei, Presidente Argentina; publicadas en la revista The New Yorker en reportaje de 17 de junio de 2024 por el periodista Jon Lee Anderson, lo que constituir una grave afectación a la imagen internacional del Ecuador, y una afrenta directa contra dichos mandatarios y los pueblos hermanos que representan, que generan potenciales afectaciones a las relaciones bilaterales, comerciales y de amistad que nos unen con los países y pueblos hermanos antes mencionados; y, señalar que las mismas no corresponden al sentir de los ecuatorianos.

Art. 2. Exhortar al Presidente Constitucional de la República, que se abstenga de emitir criterios personales y se ciña a su condición de primer mandatario, que le obliga dar declaraciones de manera prudente y responsable, en procura de mantener las relaciones internacionales armoniosas y de respeto absoluto a los estados hermanos.

Art. 3.- Extender disculpas públicas a los señores: Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia, Gabriel Boric, Presidente de la República de Chile y Javier Milei, Presidente de la República Argentina, y por su digno intermedio a los pueblos hermanos de estos países, ante las inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas declaraciones publicadas en la revista The New Yorker en reportaje del 17 de junio de 2024 por el periodista Jon Lee Anderson, por constituir una grave afectación a la imagen internacional del Ecuador frente a países y pueblos hermanos como lo son: El Salvador, Argentina, Colombia y Chile.

Art. 3.- Disponer y autorizar al Presidente de la Asamblea Nacional, para que en representación de la misma envíe atentas comunicaciones individuales a cada uno de los Presidentes: Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia, Gabriel Boric, Presidente de la República de Chile y Javier Milei, Presidente de la República Argentina, expresando las disculpas públicas contenidas en el artículo 3 de la presente resolución.

Comisión Especializada para investigar presuntas irregularidades en la función pública del gobierno.

El Pleno de la Asamblea con 90 votos a favor, aprobó la conformación de una Comisión Ocasional Especializada que investigue presuntas irregularidades y corrupción en la administración pública del Gobierno Daniel Noboa. Además, esta mesa legislativa deberá presentar un informe no vinculante sobre los resultados de la investigación en un plazo máximo de 30 días, y podrá prorrogarse por el mismo plazo previo aprobación del CAL.

Esta Comisión estará conformada por:

Jaime Moreno (Construye)
Mariana Yumbay (Pachakutik)
Geovanny Benítez (PSC)
Blasco Luna (correísmo)
Nicole Saca (ADN)

La Procuraduría General del Estado se abstuvo de absolver la consulta realizada por el Presidente de la República, Daniel Noboa, de si debe pedir licencia para hacer campaña para su reelección en los comicios de 2025.

El organismo asegura que se encuentra impedida de pronunciarse respecto de la consulta planteada ya que carece de competencia para hacerlo, y porque podría implicar una intromisión en el ejercicio de competencias inherentes a los órganos de la Función Electoral, tomando en cuenta que el país se encuentra en periodo electoral; y, por lo tanto, todas las autoridades y funcionarios ajenos a dicha Función tienen prohibido interferir en las actividades propias de la referida Función, pudiendo incurrir en conductas incluso sancionadas penalmente.

La Procuraduría asegura que es facultad privativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) promover la transparencia, eficiencia y autonomía de las elecciones y reglamentar los procesos electorales. «Cualquier actuación de otra entidad pública que se ejecute una vez iniciado un período electoral y que vulnere tal competencia no solo sería ilegítima, sino que también podría representar una intromisión de un proceso electoral, lo cual naturalmente incidiría en su integridad y transparencia» consta en la contestación difundida esta tarde.

Añade que al Procurador General del Estado le corresponde absolver las consultas jurídicas con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de las normas legales o de otro orden jurídico, a pedido de las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público, excepto en los casos en los que aquello corresponda a otras autoridades.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) busca conformar un frente común con organizaciones sociales, campesinas e indígenas para movilizarse este 4 de julio en todas las provincias en contra del incremento del precio de los combustibles.

En una rueda de prensa realizada este 19 de junio en Quito, el presidente de turno del FUT, José Villavicencio, junto a otros dirigentes sindicales, rechazó el anuncio realizado ayer por el Gobierno sobre el incremento del precio de las gasolinas extra y ecopaís.

El dirigente sindical resaltó que las políticas de este Gobierno “siguen siendo las del Fondo Monetario Internacional” y la de los últimos tres gobiernos. Aseguró que el presidente de la República, Daniel Noboa, buscaría engañar a la ciudadanía con el pretexto de una estabilización de la economía pero que en la realidad la medida “no es únicamente el incremento de 0,26 centavos por galón de esos combustibles, sino su intención es llegar al precio de 4, 69 USD”.

Precios de gasolinas extra y ecopaís se incrementarán desde fines de este mes

Manifestó que esta medida es regresiva ya que afectará a los sectores pobres y medios del país. “Este incremento llevará a una elevación del precio de los productos y se incrementará la inflación, además del alto costo de vida”, dijo.

Ratificó que vienen manteniendo conversaciones con varios sectores como la CONAIE, a fin de unir a las organizaciones en estas acciones de protesta, a pesar de estar en un período pre electoral. Espera que Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, se sume a estas acciones de protesta fuera de la actividad política ya que es una lucha del pueblo, a pesar de que el Gobierno acuse de proselitismo político.

Marcela Arellano, dirigente sindical, rechazó este incremento y lo consideró como un ataque al bolsillo de los ecuatorianos que terminarán más empobrecidos. Dijo que preocupa que el Gobierno no toma acciones por cobrar los impuestos a los grandes grupos económicos que no pagan impuestos y se siguen enriqueciendo.

La movilización prevista para el próximo 4 de julio será a nivel nacional, añadió Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quien ratificó que la movilización conjunta será el inicio de una serie de acciones.

El precio de las gasolinas extra y ecopaís tendrán un incremento de 0,26 centavos por galón a partir de la última semana de este mes, informaron las autoridades de Gobierno.  Funcionarios del Ministerio de Economía, de Transporte, de Inclusión Económica y Social, y de Gobierno brindaron esta tarde una rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet,  en la que presentaron el mecanismo de compensación frente a la eliminacion de los subsidios de esos derivados de combustibles.

Las autoridades informaron que se trabaja en la puesta en marcha de mecanismos que protejan a los usuarios de transporte de pasajeros y mercancías con el objetivo de que se mantengan las tarifas en esas modalidades de transporte.

El propósito es implementar un sistema de bandas que se ajustará mensualmente, según el precio internacional del petróleo. Las autoridades dijeron que el incremento de los precios no afectará a taxis convencionales, ejecutivos, camionetas de carga, ni tricimotos que ofrecen el servicio de transporte público ya que recibirán una compensación directa a través de sus cuentas bancarias.

El Gobierno asumirá la diferencia de lo que cuesta cada galón para más de 84.000 unidades de taxis, camionetas comunitarias y tricimotos regularizados. Ellos deberán registrarse en la plataforma que estará habilitada en la página web del Ministerio de Transporte, ingresar y llenar datos principales como: número de cédula, código dactilar o con el RUC. Automáticamente, la información se desplegará y podrá continuar con el proceso de registro.
Además, deberá contar con un correo electrónico en el cual le llegará el código de verificación. El requisito principal es tener el certificado bancario digital listo en formato PDF, para que el recurso sea acreditado en la cuenta del beneficiario de manera mensual.
Estas transferencias serán anticipadas para que los transportistas no tengan que cubrir con su dinero el costo real del combustible y a su vez esto no afecte a la ciudadanía.
La entrega de la transferencia monetaria estará a cargo del MIES, para ello será el Ministerio de Transporte que entregará el listado final de beneficiarios.

Que el presidente de la República, Daniel Noboa, se haga cargo del conflicto personal que mantiene con su vicepresidenta, Verónica Abad, es el mensaje que dio la Asamblea al negar la autorización para enjuiciar penalmente a la segunda mandataria.

El viernes la Legislatura trató la solicitud remitida por la Corte Nacional de Justicia ante la intención de Fiscalía de vincular a Abad al caso Nene, donde se investiga el presunto delito de concusión. La autorización fue negada con 75 votos de las bancadas Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Construye.

Esto generó un cruce de acusaciones entre esas bandadas y el oficialismo, que se aleja más y más de sus exaliados. En un comunicado la bancada oficialista de ADN interpreta esa votación como un «pacto político corrupto en el que prevalecen la impunidad y los intereses partidistas sobre la justicia y la dignidad del país»:

La bancada socialcristiana repondío en los siguientes términos: «No nos prestamos para votar por la impunidad ni tampoco por la persecución», consta en un comunicado de ese sector. Además recuerdan que el pedido no tuvo un informe de respaldo de la denuncia ni fue fundamentado, ya que la documentación de la Corte tenía el carácter de reservada, por lo que no se leyó ni en el Pleno de la Asamblea en la sesión donde se trató la solicitud:

Por su parte Construye considera que Abad deberá ser investigada una vez concluya su mandato por lo que el Gobierno debe resolver su conflicto interno y dedicarse a resolver los problemas del país. La organización considera que Noboa quiere «deshacerse» de la vicepresidenta que él mismo eligió:

En cambio la bancada de la Revolución Ciudadana  le pide a Noboa que si hay diferencias entre él y su vicepresidenta, estas deben resolverse internamente y no intentar usar a la Asamblea para sus «protervos intereses». «Usar el poder político para resolver problemas internos es corrupción», consta en el comunicado del correísmo, con lo que justifican su votación negando la autorización para el juicio penal a Abad:

El movimiento Construye tiene vía libre para participar en las elecciones de 2025 una vez que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó su condición de organización política legalmente reconocida.

El TCE aceptó la apelación del movimiento a la sentencia de primera instancia del juez electoral Ángel Torres, quien en abril ordenó la cancelación del movimiento del registro de organizaciones políticas.

Torres dictó esa sentencia luego de que Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció a la organización por infracción electoral con el argumento de que no presentó el informe económico financiero del ejercicio fiscal de 2022.

Construye apeló la sentencia del juez Torres y esta tarde el pleno del organismo, en sentencia de última instancia, falló a su favor. Iván Raúl González, representante legal de la organización, manifestó que la decisión les permite seguir activos en política y participar en las elecciones generales de 2025.

Este viernes el Pleno de la Asamblea prevé instalarse para aprobar o negar la autorización solicitada por la jueza nacional Daniella Camacho para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el caso “Nene”.

La Fiscalía General del Estado busca vincular a la segunda mandataria al proceso por el presunto delito de concusión, cuya investigación inició por presunta oferta de tráfico de influencias.

Fiscalía vinculará a la vicepresidenta Verónica Abad a proceso judicial

En la Legislatura existen diferentes posiciones sobre el futuro de la vicepresidenta. Se necesitan 92 votos para autorizar el enjuiciamiento penal; y 70 votos para negar el requerimiento.

Vicente Taiano, coordinador de la bancada socialcristiana, aseguró que la documentación de sustento remitida por la Corte Nacional de Justicia, al tener el carácter de reservado, no puede conocerse antes de la sesión. “Es un caramelo envenenado, para entrampar a la Asamblea”, dijo Taiano y cuestionó que el documento sea reservado ya que no se trata de un «tema de seguridad nacional». La reserva del documento obligaría al Pleno a, una vez instalada la sesión, declararla reservada para conocer la fundamentación del pedido y poder debatir antes de la votación.

“Si la vicepresidenta Verónica Abad está involucrada en actos de corrupción, debe ser investigada y sancionada, pero con una justicia imparcial, objetiva y que respete el debido proceso y el derecho a la defensa, que actualmente en el país no existe”, resaltó Viviana Veloz, primera vicepresidenta del Legislativo

Lamentó que un conflicto personal entre el Presidente y la Vicepresidenta de la República haya escalado al ámbito político, por lo que dijo que este problema es directamente del presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta al haber elegido mal su binomio. “Es él quien debe solucionar sus problemas personales”, aseguró.

Calificó este conflicto como un distractor del Gobierno para mantener a los ecuatorianos y a los grupos políticos alejados de los verdaderos problemas del país y que el Gobierno no da respuesta. Entre ellos la eliminación de los subsidios al precio de los combustibles, controlar la inseguridad del país, transparencia sobre el destino de los mil millones recibidos como crédito del FMI, y una posible nueva reforma tributaria que se anuncia para noviembre

La Unión Nacional de Educadores (UNE) mantendrá una jornada de movilizaciones en todo el país el 4 de julio en rechazo a la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, incremento del IVA al 15%, y para exigir a la Corte Constitucional ratifique los derechos adquiridos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El gremio anunció este martes 11 de junio que en la jornada de protestas en las 24 provincias exigirán al Gobierno presupuesto para el sector de la Educación y la aplicación del Plan Fénix para brindar mayor seguridad a los docentes que estarían siendo víctimas de extorsiones, vacunas, amenazas de muerte e intimidación.

Andrés Quishpe, dirigente del magisterio, señaló que las políticas aplicadas por el presidente Daniel Noboa serían parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), medidas que causarían mayor crisis, desempleo y empobrecimiento en el país. Hizo un llamado a todas las organizaciones sociales (FUT, CONAIE, Frente Popular, Ecuarunari, Fenocin), para reactivar el colectivo de organizaciones sociales y “enfrentar de manera unitaria las políticas neoliberales del Ejecutivo”.

Indicó que las instituciones educativas de la Costa y Galápagos aun no recibirían los textos ni los desayunos escolares, pese a que las clases iniciaron hace un mes.

La Fiscalía informó que vinculará a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, al caso «Nene», por lo que trasladará el proceso a la Unidad de Fuero de Corte Nacional de Justicia (CNJ). El caso «Nene» investiga un presunto tráfico de influencias en el que estaría involucrado el hijo de la segunda mandataria, Francisco Barreiro, y que se habría generado en la Vicepresidencia de la República.

El fiscal del caso, Carlos Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, informó a través de las redes sociales que hay evidencias que vinculan a Abad, quien goza de fuero, y que actualmente ejerce como embajadora de Ecuador en Israel, por orden del Presidente de la República, Daniel Noboa.

Alarcón indicó que en la etapa de instrucción fiscal se practicaron varias diligencias entre las que se incluyen la ampliación de la versión del denunciante, y que habrían registros telefónicos que determinarían la presunta participación de Abad en la causa.

Sin embargo la Constitución señala que para procesar penalmente al Presidente o Vicepresidente de la República, se necesita la autorización de la Asamblea. El Artículo 120 señala las atribuciones de la Legislatura, y en el numeral 10 consta: «Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes (92 votos), el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente».