El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos; y en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).
Según el Decreto Ejecutivo 353, la medida excepcional durará 60 días y en las zonas de la declaratoria se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Sin embargo, en ninguno de los casos se aplica el toque de queda.
La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá a la fuerza pública realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios objetivos y razonables de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada; o se encuentren armas, municiones, explosivos, drogas, u otros productos prohibidos.
La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia permitirá la identificación, análisis, recopilación de información estrictamente pertinente para prevenir o neutralizar amenazas.
Las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía serán los encargados de precautelar la protección interna, el mantenimiento y y control del orden público y la seguridad ciudadana.

Organizaciones sociales, sindicales y populares exigen la renuncia de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que el organismo aprobó adelantar la fecha de las elecciones seccionales, del 14 de febrero de 2027, previsto inicialmente, al 29 de noviembre de este año.
Las organizaciones mantuvieron el sábado una asamblea ampliada y decidieron exigir la renuncia inmediata de Atamaint y de Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Las organizaciones consideran que con sus resoluciones han afectado a la democracia, al derecho a elegir y ser elegidos.
Como parte del pronunciamiento de las organizaciones, rechazaron el adelanto de las elecciones previstas para noviembre de 2026, así como la omisión en la convocatoria a elecciones para los vocales del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras vulneraciones a la Constitución y la ley.
En este contexto, convocaron al pueblo a participar en la marcha en defensa de la democracia y del derecho a la participación política de los pueblos del Ecuador, que se realizará este miércoles. Otras dos jornadas de movilizaciones están previstas para el 8 de abril y el 1 de Mayo, como parte de las acciones en defensa de la salud, la vida y el trabajo.
José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), manifestó que está en juego la democracia y el derecho de participación. «Diana Atamaint se ha convertido en un instrumento servil del gobierno neoliberal, prepotente autoritario, dictador de Daniel Noboa», dijo el dirigente sindical.
Por su parte el director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, indicó que el miércoles cumplirán una marcha hacia el organismo electoral como parte de las acciones de la organización frente al proceso de cancelación del registro de organizaciones políticas. Atarihuana manifestó que agotarán todas las instancias para que se respete el derecho de participación de la organización y de sus afiliados.

El juez anticorrupción Jairo García dictó prisión preventiva en contra del asambleísta de la alianza Reto – Revolución Ciudadana, Raúl Chávez. El legislador de oposición al Gobierno fue vinculado al caso “Goleada”, con lo que son 12 los procesados en esta causa.
La Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. En la causa están procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier. La causa está relacionada con la presunta comercialización y distribución irregular de combustibles,
Durante la audiencia de vinculación, el fiscal del caso, Dennis Villavicencio, señaló que había elementos suficientes que permitían presumir la participación de Chávez en los hechos que se investigan en el caso. El juez dispuso que se gire la boleta para que sea ubicado y detenido por la Policía, ya que se desconoce su paradero. Chávez habría salido del país antes de que se cumpla la audiencia de vinculación.
Con la resolución del juez, la instrucción fiscal se extiende por 30 días para continuar con la investigación, informó la Fiscalía.
El caso “Goleada” tiene relación con un presunto entramado empresarial creado para vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional mediante empresas de papel, sin levantar alertas, a través de la simulación de obligaciones, la omisión de ingresos y aparentes gastos para obtener beneficios indebidos. A través de esta operación el entramado empresarial en el que presuntamente estaban los hermanos Álvarez y Chávez, entre otros procesados, se habría beneficiado con el desvío de combustible subsidiado.
“Hoy un juez incompetente desde lo legal y lo moral -con bastante rabo de paja y que mañana lo daremos a conocer- me ha dictado orden de prisión en un proceso “INVESTIGACIÓN”, actuando al margen de la ley, irrespetando fuero, inmunidad y todos los principios constitucionales fundamentales: derecho a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y el principio de legalidad. Este acto, solo confirma el estado de persecución en que vivimos y que busca acallar las voces de quienes estamos del lado de la verdad, la justicia y la plena democracia. Vamos a resistir y venceremos a la infamia”, posteó el legislador desde la clandestinidad.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana para el 29 de noviembre de este año.
La decisión se tomó en base a un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en el que advierte que entre enero y marzo de 2027 la temporada invernal se intensificará y podría afectar los recintos electorales. La jornada estaba prevista que se realice el 14 de febrero de 2027.
Según el informe, de mantenerse las condiciones actuales se proyecta la existencia de afectaciones en al menos siete provincias, que comprometerían 218 recintos electorales. De agravarse las condiciones climáticas, las afectaciones podrían extenderse no solo a los recintos electorales, sino también a otra infraestructura crítica para el desarrollo de las elecciones, tales como centros de procesamiento electoral, bodegas y demás infraestructura, consta en el informe que justifica el cambio de fecha para la jornada electoral.
La resolución se tomó con los votos a favor de Diana Atamaint (presidenta), Enrique Pita (vicepresidente), José Cabrera y Esthela Acero. Votó en contra la consejera Elena
Nájera.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos asegura que se evidencia una posibilidad creciente de evolución hacia condiciones correspondientes a un fenómeno de El Niño que iniciaría el segundo semestre de 2026 y cuyo nivel de impacto se intensificaría los primeros meses del año 2027.
Este escenario podría coincidir con la época lluviosa del próximo año en el país, incrementando la probabilidad de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, tales
como inundaciones y movimientos de masa, con potenciales impactos directos en la población.
Según la Secretaría, estas condiciones podrían traducirse en afectaciones a infraestructura, medios de vida, sistemas productivos y condiciones sociales en amplias zonas del país.
Los consejeros que apoyaron la resolución aseguraron que es una decisión responsable que no afecta la transparencia del proceso electoral.

Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, informó que acudirán a instancias administrativas, judiciales e internacionales para mantenerse en el registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que les permite participar en los procesos electorales del país.
Hoy el pleno del organismo electoral aprobó el informe para iniciar la cancelación del partido por no contar con el número mínimo requerido de afiliados.
El informe fue aprobado con los votos de Diana Atamaint, María Cristina Kronfle y de José Merino. Se abstuvo el consejero José Cabrera.
Según el informe técnico jurídico, Unidad Popular cuenta con 31 mil afiliados de los 206 mil que se registraron para la inscripción del partido.
Atarihuana calificó a la resolución del CNE de «apagón» a la democracia impulsado por el presidente de la República, Daniel Noboa, a través de su «brazo ejecutor», Diana Atamaint, presidenta del CNE.
Según el dirigente, Unidad Popular tiene 206 mil afiliados, mientras que 300 se han desvinculado en los últimos seis años.
El partido tiene 10 días para presentar sus observaciones al informe aprobado, tras lo cual el pleno del CNE deberá sesionar nuevamente para ratificar la cancelación o archivar el proceso.
Natasha Rojas, dirigente del partido, manifestó que se trata de una persecución política ya que es un partido que lucha en las calles en contra de las políticas del Gobierno. Aseguró que Atamaint está pagando favores políticos y negando los derechos de participación de las organizaciones y ciudadanos.
Unidad Popular convocó a una movilización hacia el CNE el 1 de abril para que se respeten sus derechos de participación.

Militantes de Unidad Popular realizaron un plantón en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, en rechazo del informe técnico jurídico del organismo que recomienda iniciar su cancelación del registro de organizaciones políticas por presuntamente no cumplir con el número requerido de afiliados.
Geovanni Atarihuana, presidente del partido, entregó en el organismo electoral un oficio en el que exigen el archivo del informe. «Daniel Noboa, utilizando a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, pretende de forma burda eliminar a nuestro partido del registro electoral», dijo Atarihuana, en los exteriores del organismo electoral, rodeado de partidarios que gritaban consignas contra Noboa.
Desde el viernes el Pleno del CNE intenta tratar los informes para la cancelación de Unidad Popular y de Construye por no cumplir con el número de afiliados. Sin embargo, Atarihuana manifestó que desde su refundación en 2020 cuentan con más de 200 mil afiliados y que en este lapso apenas se han desafiliado el 1%. El pleno del CNE no ha logrado instalarse por falta de quórum para aprobar los informes, que en el caso de Unidad Popular califica de fraudulento y burdo.
Atarihuana aseguró que lo que busca el Gobierno de Daniel Noboa, con la complicidad de Atamaint, es estar solo en la papeleta electoral. «Quieren asaltar la democracia», manifestó.
El informe sobre Construye establece que esta organización política no cuenta con un solo adherente. El movimiento respondió a través de un comunicado y señaló que enfrenta desde hace dos años una arremetida por parte del Gobierno. En el boletín se menciona que, en el 2014, el expresidente Rafael Correa eliminó arbitrariamente a Construye; y que, años después, el CNE de Transición reparó “aquella injusticia”. “Hoy, en un nuevo contexto, nuestro movimiento enfrenta una arremetida que comenzó hace más de dos años”, refirió la organización política. «El gobierno atacó a dirigentes y asambleístas, y utilizó el CNE —con Diana Atamaint a la cabeza— para intentar nuestra extinción política. Mientras unos asambleístas fueron intimidados, otros fueron cooptados con prebendas y pasaron a engrosar sus filas», consta en el comunicado de Construye.

Los Gobiernos de Ecuador y Colombia mantuvieron hoy una nueva pugna por las operaciones contra presuntas bandas narco delictivas que ejecuta las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la zona limitrofe binacional, específicamente en la zona común de la Amazonía.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que Ecuador se encuentra bombardeando su territorio. El mandatario agregó que las autoridades locales reportaron varias explosiones y que han encontrado una bomba que, manifestó, habría sido lanzada desde un avión hacia el lado colombiano de la frontera.
La bomba no habría estallado y habría sido localizada en una plantación de coca, en medio de un par de viviendas de la zona selvática del Departamento de Putumayo, frente a la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.
«Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden. Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales», aseguró Petro en su red social X. Por la misma vía añadió que se debe investigar a profundidad la bomba caída en la frontera colombiana con Ecuador desde un avión. «Cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida», escribió el mandatario.

La versión de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también a través de sus redes sociales, negó que se haya producido algún ataque al lado colombiano de la frontera. Noboa aseguró que está combatiendo al narcoterrorismo en todas sus formas y que con ese objetivo continúan bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, «en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera». «Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», posteó Noboa.
El Ministerio de Defensa de Ecuador, a través de un comunicado, garantizó que las operaciones militares se desarrollan exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano de manera responsable y soberana para combatir a los grupos armados organizados, las economías ilícitas y el narcotráfico.
Sin embargo, moradores del recinto San Martin, parroquia Jambelí, en Lago Agrio, frontera con Colombia, manifestaron que pudieron constatar que en el lado colombiano había una bomba sin detonar que habría sido lanzada durante operaciones militares del ejército ecuatoriano.

La mañana de este lunes 9 de marzo, el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea el proyecto de «Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional», calificado de urgente en materia económica.
Desde que asumió su segundo mandato, este es el noveno proyecto de Ley que Noboa remite a la Legislatura con esa característica, por lo que deberá ser tramitado en máximo 30 días.
La propuesta cuenta con el dictamen favorable del Ministerio de Economía, de conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y, según el Ejecutivo, incentiva la inversión privada en la producción de vivienda de interés social, con el objetivo de ampliar la oferta de soluciones habitacionales y atender de manera eficiente la demanda existente.
En este sentido, la normativa permitirá fortalecer los mecanismos para la construcción mediante incentivos tributarios que promuevan la participación del sector privado.
El proyecto agrega en la Ley de Régimen Tributario Interno un artículo que viabiliza la rebaja del impuesto a la renta causado por donaciones de viviendas de interés social, así como una disposición transitoria respecto de la rebaja incorporada al régimen del impuesto a la renta.
En el diagnóstico, el Ejecutivo asegura que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el déficit habitacional nacional supera las 700.000 viviendas, lo que evidencia una brecha significativa entre la oferta formal de vivienda y la demanda real de la población.
Según el documento, este indicador revela la falta de viviendas nuevas para cubrir la demanda y las malas condiciones de habitabilidad de muchas viviendas existentes.
Noboa asegura que con la aprobación del proyecto de Ley se incentivará la inversión privada en la producción de vivienda de interés social, con el objetivo de ampliar la oferta de soluciones habitacionales y atender de manera eficiente la demanda existente. Agrega que es evidente que el sector de la construcción tiene efecto multiplicador que genera otras actividades productivas incrementando la producción de materiales para el área, su transporte, los servicios profesionales, el comercio y las actividades inmobiliarias, lo que generará plazas de empleo.

Las calles del Centro Histórico de Quito fueron la mañana de este domingo 8 de marzo, el escenario de una masiva movilización para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
La convocatoria realizada por activistas, colectivos ciudadanos, organizaciones sociales, y otros, tuvo amplia acogida y los manifestantes se organizaron en varios puntos de concentración.
Una de las principales marchas se generó frente a la Caja del Seguro. Aquí se concentraron principalmente mujeres que cumplen su activismo en sindicatos y movimientos sociales. El grupo caminó por la avenida 10 de Agosto para tomar la avenida Patria donde a la altura de la Amazonas les esperaba para unirse mujeres de colectivos ciudadanos de defensa de derechos, feministas, movimientos progresistas, entre otros.
La marcha continuó hasta la Avenida 12 de Octubre para tomar rumbo a la Asamblea donde cumplió un plantón momentáneo y de ahí prosiguió hasta el monumento a Simón Bolívar, en el parque La Alameda, dónde se unieron grupos de mujeres que no se identifican con un sector en particular, pero que reivindican sus derechos en sus actividades cotidianas.
Así, miles y miles de personas continuaron por la calle Guayaquil hasta la Plaza de Santo Domingo, punto final de la movilización.
Durante el trayecto se exhibieron carteles reivindicando derechos adquiridos, reclamando seguridad, exigiendo poner fin al patriarcado, al acoso laboral, sexual, académico y hasta familiar cuando no responden a una determinada línea de conducta.
No fueron solamente mujeres las que se movilizaron. Los hicieron familias enteras, mujeres con niños en brazos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres, grupos campesinos, indígenas, oficinistas. Hubo también uno que otro político pero sin protagonismo en la movilización, que fue netamente ciudadana. Fue una marcha que reflejó la amplia diversidad de la sociedad ecuatoriana. Y en no pocas ocasiones se escucharon gritos contra el Gobierno de Daniel Noboa.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió provisionalmente al movimiento Revolución Ciudadana del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. La providencia fue dictada por el juez electoral Joaquín Viteri, al admitir a trámite la denuncia presentada por el fiscal general del Estado subrogante, Carlos Alarcón, en el marco de la investigación previa del caso Caja chica, que involucra a los principales dirigentes de esa agrupación política en el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
En su providencia, Viteri advierte que la medida podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses y que se levantará, de oficio o a petición, cuando se verifiquen las siguientes circunstancias:
– Que la Fiscalía General del Estado comunique formalmente el retiro del pedido o manifieste que ya no sostiene la solicitud
– Si se acredita que la investigación fiscal que sustenta el pedido ha concluido, ha sido archivada o ha cesado por decisión fiscal o judicial
Viteri suspendió los tiempos procesales para la tramitación de la presente causa, mientras se mantenga el carácter reservado de la investigación previa del caso Caja chica y una vez superada dicha circunstancia, dispondrá de inmediato la reanudación del cómputo y la prosecución del trámite, a fin de garantizar el derecho a la defensa de la organización política denunciada.
La causa se sustanciará en plazos, por corresponder a un asunto que incide en el periodo electoral de las “Elecciones Seccionales y Elección de consejeras y consejeros del Consejo de
Participación Ciudadana, y Control Social 2027”, cuyo inicio fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral.
A través de un comunicado, la Revolución Ciudadana asegura que se trata de silenciar «a la principal fuerza de oposición del país» e impedir que participen en las próximas elecciones seccionales, ya que el periodo de suspensión de la organización, coincide con el proceso de inscripción de candidaturas. El correísmo anticipa que interpondrá todas las acciones necesarias para defender su derecho de participación política.