A seis días de que el movimiento oficialista ADN difundiera por redes sociales el nombre de sus precandidatos para las elecciones seccionales de noviembre de este año, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), renunció a su condición de legislador y de titular de esa Función del Estado.
Su nombre consta como precandidato a la prefectura del Guayas aunque también estaría abierta la posibilidad de que busque la alcaldía de Guayaquil.
“No me voy vencido, no me voy cansado, me voy entero, me voy libre, porque creo que los ciclos tienen su momento justo”, dijo el ahora expresidente de la Asamblea al comunicar su decisión en medio de una sesión del Pleno.
En su discurso de despedida, dijo que cumplió con el objetivo de servir al Ecuador y aseguró que en cada paso que dio, siempre hizo lo correcto. «Demostramos que sí se puede lograr gobernabilidad, que sí se puede mejorar las cosas que el país necesita, que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente», manifestó.
Agradeció a Quito por haberlo acogido y dijo que es una ciudad con una dignidad que no necesita demostrarse, porque se siente. «Quito, gracias por enseñarme que este país es más grande que cualquiera de nosotros», manifestó y luego anunció que regresará a Guayaquil para servir desde el lugar que le toque estar.

Una vez conocida su renuncia, el Pleno posesionó a la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno, como nueva Presidenta de la Asamblea.
En su primer pronunciamiento al frente de la Función Legislativa, Mancheno señaló que esta nueva responsabilidad representa la continuidad de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la institucionalidad democrática, impulsar las reformas que demanda el país y responder con eficacia a las necesidades de los ecuatorianos.
“Este no es el inicio de un nuevo camino, sino la decisión de mantener el rumbo, fortalecer lo avanzado y seguir construyendo una Asamblea cercana a la gente, comprometida con la transparencia y los resultados”, dijo Mancheno.
Para el miércoles está convocada la sesión para designar a la primera vicepresidenta de la Legislatura, en reemplazo de Mancheno.

La fusión de ministerios y el nombramiento de José Julio Neira como secretario de la Administración Pública dan un nuevo contexto a la gestión del presidente Daniel Noboa. El Gobierno redujo los ministerios de 14 a 10, bajo el argumento de la eficiencia pública. Se trata de la segunda fusión ministerial; en la primera, redujo las carteras de Estado de 20 a 14 en julio de 2025. Esta vez la unión de ministerios queda de la siguiente manera:

Bajo el nombre de Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, dirigido por Sariha Moya, se unen las carteras de Economía y Finanzas, la de Agricultura, Ganadería y Pesca y la de Producción.

Tras un operativo realizado en las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos por presunto lavado de activos, coordinado entre la Fiscalía y la Policía, las autoridades detuvieron a ocho personas, entre ellas el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís. Según la Fiscalía, la investigación previa inició el 26 de noviembre de 2025, con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Durante los 18 allanamientos realizados en las cuatro provincias, se recabaron indicios como terminales móviles, computadoras, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego, documentos y más relacionados con el caso.

Villacís fue detenido en un hotel ubicado en el sector de Las Palmas, mientras se preparaba para la inauguración de un campeonato de fútbol playa. El funcionario llegó al cargo en las elecciones seccionales de 2023, auspiciado por la Revolución Ciudadana. La exdirigente y excandidata presidencial de ese movimiento, Luisa González, posteó en su cuenta «X»: «Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y ahora Esmeraldas. ¿Casualidad? NO. Vicko Villacis es el contradictor directo de Roberta Zambrano (ADN) para la alcaldía de Esmeraldas. (…) Noboa se ve perdido y elimina opositores». «Queridos ecuatorianos, ¿quieren saber por qué es el allanamiento al alcalde de Esmeraldas? SIMPLE: La candidata de Noboa para la alcaldía de Esmeraldas es Roberta Zambrano; su contrincante es Vicko Villacis. NO puede ganar con él en la disputa por la alcaldía», escribió González.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que empresas vinculadas a Villacís operaban de manera camuflada bajo una supuesta legalidad, obteniendo aproximadamente 15 millones de dólares de beneficios ilegales incompatibles con las realidades económicas de los involucrados. Para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de un posible origen ilícito, adquirieron varios inmuebles entre el 2020 y el 2025.

Las indagaciones determinaron que Villacís y varios integrantes de su círculo familiar constaban como accionistas, representantes legales o administradores de dichas compañías. Además, se detectaron transferencias de dinero hacia personas sin relación comercial o societaria con las empresas investigadas.

Hasta el cierre de esta nota, la audiencia de formulación de cargos contra los ocho investigados se cumplía en el Complejo Judicial Norte, hasta donde fueron trasladados los detenidos.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inès Manzano, presentada por asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) por el caso Progen. El CAL aceptó el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), que indica que la documentación cumple con lo que establece la Ley de la Función Legislativa. Por eso, recomendó que siga con el proceso correspondiente. El CAL remitió el expediente a la Comisión de Fiscalización para que avoque conocimiento e inicie la sustanciación del proceso.

Los legisladores correístas Blasco Luna y Lenin Barreto son los proponentes del juicio político bajo la causal de incumplimiento de funciones en relación con la adjudicación de contratos de generación eléctrica en Salitral y Quevedo. Con esto se buscaba enfrentar la época de apagones que sufrió el país.

De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización tiene plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud para avocar conocimiento de la solicitud y verificar que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución. Calificado a trámite, notificará a la exfuncionaria sobre el inicio del proceso, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento para que en el plazo de 15 días presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo. De igual manera, serán notificados los asambleístas proponentes para que presenten las pruebas.

La decisión del Gobierno de Daniel Noboa de efectuar una compra masiva de medicamentos a la India para superar el desabastecimiento en los hospitales públicos del país fue cuestionada por la Federación Médica Ecuatoriana (FME). Durante su informe a la Nación del pasado 24 de mayo, Noboa manifestó que se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de la India para «traer medicinas de primer nivel», que cumplan todos los estándares de calidad y sanitarios exigidos por los Estados Unidos.

Previo a este anuncio, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 393 con el que crea la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EP). Entre las actividades que deberá cumplir esta nueva empresa estatal están la de adquirir, distribuir, controlar el inventario y despacho de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, bienes estratégicos y demás bienes adquiridos para la prestación de los servicios de salud.

Santiago Carrasco, presidente de la FME, dijo que, si bien la India es uno de los países con mayor capacidad para producción de medicamentos a nivel mundial, también es una de las industrias más señaladas por la calidad de la producción de medicamentos. Agregó que entidades especializadas han detectado fallas en la cadena de producción, a lo que se suma que la nueva entidad creada por el Gobierno no estaría en capacidad de supervisar que los medicamentos adquiridos cumplan la cadena de calidad en el ámbito farmacéutico. Control que es fundamental previo al ingreso de medicamentos al Ecuador.

Geovanny Pazmiño, integrante del directorio de la Federación, agregó que es más bien una maniobra política antes que una decisión de orden técnico por parte del Gobierno de Noboa, ya que podrá mantener surtidos los centros médicos públicos, pero sin claridad en el cumplimiento de normas técnicas sanitarias. Agregó que los medicamentos deben tener una vigilancia y especificidad de acuerdo a la zona donde se distribuirán Costa, Sierra, Amazonía, ya que tienen sus características especiales en cuanto a clima y otros factores, y eso afectaría la eficiencia del medicamento.

La bancada de la Revolución Ciudadana presentó hoy una solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano, bajo la causal de incumplimiento de funciones en el caso Progen.
Blasco Luna y Lenin Barreto son los proponentes de ese proceso de fiscalización. Luna manifestó que la solicitud fue presentada con 44 firmas de respaldo.
Esta es la tercera ocasión que esa bancada intenta iniciar un proceso de interpelación en contra de Manzano.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha rechazado dos solicitudes presentadas por esa agrupación política: el 5 de agosto y el 4 de octubre de 2025.
Luna espera que esta vez la solicitud sí sea calificada ya que el CAL debe verificar únicamente que se haya cumplido todo el procedimiento como la entrega de firmas de respaldo y el anuncio de prueba. «Hemos sido muy cautelosos, hemos entregado toda la documentación de respaldo y no tiene porqué quedarse», dijo el legislador.
El correísmo asegura que mientras que Ecuador sufría apagones de hasta 14 horas, el Gobierno de Daniel Noboa perjudicó al país por $100 millones de dólares al comprar generadores que no servían a la empresa Progen, lo que constituye un grave “desfalco económico” gracias a irregularidades en los contratos con la empresa.
Según Luna, la responsabilidad política de Manzano se debe a que habría autorizado los pagos a pesar de que ya existían indicios de irregularidades en la adjudicación de esos contratos. “Manzano debe presentarse ante el Pleno y responder al país por ese millonario perjuicio a los ecuatorianos», dijo.
Para Barreto, el caso de Progen es el escándalo más grande de corrupción en el país y en el Gobierno de Noboa.
El legislador lamentó que el oficialismo intente detener todo proceso de fiscalización alrededor de este tema, pero que es responsabilidad cívica de la bancada presentar la solicitud de juicio político.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, presentó hoy desde la Asamblea el informe a la Nación, correspondiente a su primer año de gestión en el periodo 2025-2029. Acompañado de su esposa, Lavinia Valvonesi, sus hijos, ministros de Estado y otras autoridades, el primer mandatario intervino por 35 minutos, de los que 16 minutos correspondieron a la presentación de videos en los que detallaban las cifras logradas en su administración.

Noboa manifestó que durante este lapso le tocó tomar decisiones complejas, incómodas; decisiones que otros evitaron porque preferían la popularidad inmediata antes que defender al Ecuador. Agregó que la característica de su Gobierno ha sido luchar contra las mafias y, al mismo tiempo, establecer una política social para lograr que los niños permanezcan en las escuelas y para que las mujeres ecuatorianas cuenten con herramientas reales para salir adelante. En cuanto a obra pública, manifestó que ha destinado 166 millones de dólares a rehabilitación de carreteras y puentes, que repotenció 25 centros de desarrollo infantil y construyó dos más, beneficiando directamente a 1.577 niños y niñas.

En materia de seguridad, aseguró que la afectación a las economías delictivas ha sido de 1’856.000 dólares en droga incautada, y en peso, 227 toneladas. A todas las mafias que esperaron ver aquí un presidente cansado, les digo: no claudicaremos. «En el 2025 los buscamos, los encontramos y los extraditamos de este país de ser necesario, y en este periodo que continúa no tendrán donde esconderse», manifestó el primer mandatario. Informó que 17 objetivos de alto valor han sido capturados.

También ofreció ampliar el Metro de Quito durante este periodo, ya que la capital, dijo, merece tener transporte público de primer nivel.

Y en el aspecto del sistema hospitalario, uno de los temas más criticados durante su gestión, informó que efectuará la mega compra de medicinas para que todo el sistema público de salud esté abastecido, y que este proceso será internacional, de gobierno a gobierno, para evitar la corrupción.

5.023 aprehendidos, 717 de ellos vinculados a estructuras criminales, es uno de los resultados que dejó el toque de queda que se cumplió entre el 3 y el 18 de mayo en nueve provincias y cuatro cantones del país. El toque de queda rigió entre las 23:00 y las 05:00 y estuvo vigente hasta la madrugada del lunes.

Según el Bloque de Seguridad, la medida se aplicó en el marco del estado de Excepción y del conflicto armado interno para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana, lo que permitió, aseguran las autoridades, intensificar los operativos de control, patrullaje, inteligencia y acciones focalizadas contra estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y economías criminales.

Según las cifras, durante este periodo se detuvo a dos objetivos de alto valor y a 85 individuos de interés penal relevante; se realizaron 378 allanamientos, se decomisaron 630 armas blancas, entre otros datos.

A través de las redes sociales, el Presidente de la República, Daniel Noboa, agradeció a la ciudadanía por la confianza en las medidas adoptadas a pesar de que, dijo, el toque de queda implicó sacrificios para familias y emprendedores que buscan salir adelante. Aseguró que se actúa con transparencia y con un solo objetivo: proteger y mejorar la vida de los ecuatorianos.

Noboa manifestó que los 15 días de toque de queda permitieron al Bloque de Seguridad actuar con contundencia en los territorios golpeados por el crimen organizado. Las cifras difundidas por el primer mandatario resaltan la aprehensión de las 717 personas vinculadas al crimen organizado y la reducción de la criminalidad. «Hasta el corte de hoy, en mayo hay una disminución del 39% en homicidios», destacó.

Dentro de la audiencia de formulación de cargos en el caso Progen, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, concluyó con la exposición de los elementos de convicción solicitando al juez de la causa, Marco Vinicio Rodríguez, que dicte orden de prisión preventiva en contra de los 21 procesados.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días y, además, la Fiscalía Alarcón pidió al juez que se ordene la retención y la prohibición de enajenación de bienes de los 21 procesados, para garantizar el pago de una multa de 27.600 dólares por cada uno.
Durante estos dos primeros días de audiencia, Alarcón presentó sus elementos de convicción, estableció la relación entre los procesados y la responsabilidad individual de cada uno de ellos en el cometimiento del presunto delito de peculado. La fiscalía acuso a 19 personas como autores del delito y a dos como coautores. Entre los 21 procesados está Antonio Goncalves, exministro de Energía del Presidente de la República, Daniel Noboa; y Fabián Calero, exgerente de Celec.
La investigación penal tiene relación con presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación y ejecución de los contratos de emergencia suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa extranjera Progen Industries para instalar grupos electrógenos en las centrales Salitral y Quevedo y hacer frente a la crisis energética que vivió el país en el 2024.
Sin embargo, los motores y generadores entregados por Progen incumplieron los términos del contrato y resultaron ser usados, repintados, obsoletos y técnicamente incompatibles, según la teoría de la Fiscalía. A pesar de las anomalías, se canceló el 70% de anticipo del contrato. El perjuicio al estado ecuatoriano sería de 104 millones de dólares.
El juez suspendió la audiencia y la retomará el miércoles 20 de mayo, para que expongan sus alegatos los abogados de los 21 procesados.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) inició el juicio por presunto cohecho en el caso Sinohydro. Son 21 personas las procesadas, entre ellas el expresidente Lenin Moreno, aunque el presunto delito se cometió cuando cumplía las funciones de vicepresidente de la República en el Gobierno de Rafael Correa.
La Fiscalía le señala como autor directo de cohecho. Entre los procesados consta la esposa de Moreno, Rocío González, su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno, y su cuñada, Martha González.
Otros procesados son Conto Patiño, exrepresentante comercial de Sinohydro en Ecuador y amigo personal de Lenín Moreno; sus hijos María Auxiliadora, Patricia, su nieta Priscila; José Macías Carmigniani, esposo de María Auxiliadora; entre otros.
La investigación de la Fiscalía General del Estado determina que alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair habría operado una red de corrupción que, a través de sobornos, se benefició de 76 millones de dólares, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que habrían sido entregados por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
En su alegato de apertura, la Fiscalía señaló que Moreno y su entorno familiar se habrían beneficiado de un millón de dólares; mientras que Patiño y su familia habrían recibido 58 millones. Moreno estuvo presente de manera presencial en la audiencia, pero se retiró cerca del mediodía, ya que tenía que cumplir terapias físicas. El fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, inició con el alegato de apertura explicando que el presunto delito de cohecho se habría configurado cuando la empresa Recorsa, de Conto Patiño, abrió en 2010 una cuenta bancaria en Panamá, donde Sinohydro hizo los depósitos de los sobornos. Según el alegato inicial, el dinero fue movido a las cuentas de diferentes empresas, tanto nacionales como domiciliadas en Panamá, considerado a esa fecha como un paraíso fiscal.
En sus alegatos de apertura, los abogados de los procesados manifestaron que la Fiscalía no podrá probar la acusación, ya que carece de los elementos que configuren el presunto delito.