Desde su entrada en vigencia el 23 de febrero de 2026 y hasta este martes 3 de marzo, 13 organizaciones y ciudadanos a título personal han presentado demandas de inconstitucionalidad a la ley reformatoria al COOTAD.

La normativa impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y aprobada por su bancada legislativa con 77 votos a favor, obliga a prefecturas y municipios a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión, limitando el gasto corriente al 30%. La ley fue tratada con el carácter de económico urgente y cuestionada por sectores sociales, grupos políticos y gobiernos seccionales de oposición al régimen de Noboa.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, acudió esta mañana a la Corte Constitucional para presentar una de las demandas de inconstitucionalidad. La funcionaria manifestó que la reforma tiene vicios de fondo y de forma que afectan el estado y funcionamiento administrativo de los gobiernos seccionales, impactando el modelo descentralizado de gestión. Aseguró que el tratamiento dado por la Asamblea y la bancada de ADN con su mayoría «espuria» significó un «Carnavalazo», ya que debatió el articulado sin escuchar a la ciudadanía, a las autoridades, a los beneficiarios de los programas sociales; sesionando de manera virtual. «Se fueron a Samborondón porque no tienen la valentía de mirar a la gente», manifestó Pabón.

El Movimiento Pachakutik también acudió a la Corte Constitucional a presentar una demanda similar. Mariana Yumbay, asambleísta de ese movimiento, dijo que se están violentando principios como la descentralización, la autonomía política-administrativa de los gobiernos seccionales, se vulneran derechos de grupos de atención prioritaria y que lo que busca la ley es disminuir el presupuesto de municipios y prefecturas.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), representado por Edwin Bedoya, agregó que ellos presentaban la demanda de inconstitucionalidad, ya que es una ley que precarizará las relaciones sociales del pueblo y que significará un control político del Estado a los gobiernos seccionales.

Hasta la noche de este martes 3 de marzo, estas son las organizaciones y ciudadanos que han presentado las demandas de inconstitucionalidad a la reforma del Cootad:

1  Andrés Campaña, concejal de Quito

2 UNE

3. Unidad Popular

4  Patricia Núñez (asambleísta RC)

5 Fernando Espinel (abogado)

6  Partido Socialista

7 Pachakutik

8 FUT

9 Consejo Provincial de Pichincha

10 Junta Parroquial de Calderón

11 Consejo de Participación Ciudadana de Calderón

12 Junta Parroquial de Cusubamba

13 Manuel Alvarado Iñamagua, concejal de Cuenca

El asambleísta por la provincia del Carchi, Cristian Benavides, se quedó sin el respaldo de Unidad Popular y del Partido Socialista, dos de las tres organizaciones que impulsaron su candidatura. Las dos organizaciones más el PID formaron la alianza «Somos carchenses» para impulsar la lista de candidatos a la asamblea en las elecciones de 2025 por esa provincia. Por el método de asignación de escaños, Benavides fue el único en ocupar la curul en representación de esa alianza. El legislador se había identificado con los sectores sindicales, de izquierda, sectores sociales y estudiantiles de oposición al Gobierno de Daniel Noboa.

Sin embargo, el 20 de febrero fue el voto que le faltaba a la bancada oficialista para aprobar la ley reformatoria del Cootad. Benavides se convirtió en el voto 77 que necesitaba ADN para aprobar el proyecto de ley que fue presentado por el presidente de la República a la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica.

La propuesta de ley ha sido rechazada por los sectores que respaldaban políticamente al legislador, por lo que luego de esa votación el Partido Socialista rompió cualquier relación política con el legislador. «Cualquier apoyo al proyecto oligárquico y totalitario del presidente Noboa debe ser rechazado por los sectores políticos democráticos», aseguró el Partido en un comunicado.

Unidad Popular se sumó al rechazo de la actuación de Benavides. Geovanny Atarihuana, director de esa agrupación política, manifestó que el legislador había traicionado al Carchi y deslindaron cualquier responsabilidad por el voto dado en la Asamblea.

En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició este martes 3 de febrero la etapa de actuación de pruebas dentro del proceso de sustanciación del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentado por cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana por presunto incumpimiento de funciones.

Aunque los acusadores y el acusado tenían tres horas para presentar sus pruebas de cargo y de descargo, respectivamente, solo los legisladores proponentes expusieron los documentos que probarían una responsabilidad política de Godoy en las presuntas irreguladidades que van desde conflicto de intereses, pasando por posibles nexos con narcotraficantes hasta presiones a los jueces para que fallen a favor de gente vinculada al crimen organizado.

Los solicitantes del juicio político sostienen que Godoy incumplió  los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial, debido a que fue permisivo y pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.

Godoy no presentó sus pruebas de descargo ya que argumentó que el Ministerio del Interior y la Judicatura no le habían entregado documentos que son necesarios para su defensa. El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, del oficialismo, suspendió la sesión para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de Godoy.

Los interpelantes reclamaron por la decisión tomada y aseguraron que el oficialismo está protegiendo a Godoy.

«El país necesita un baño de verdad. Yo trasladé, por disposición del presidente (Rafael) Correa, dinero desde Venezuela», aseguró la tarde de este viernes 30 de enero de 2026, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz Asque, en los exteriores de la Fiscalía General del Estado.

Díaz fue trasladado a ese lugar para que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento en el caso «Caja Chica», una investigación de la Fiscalía que involucra a figuras representativas de la Revolución Ciudadana: Rafael Correa, expresidente de la República y líder máximo de esa agrupación política; Luisa González y Andrés Arauz, excandidatos presidenciales; Patricio Chávez, asambleísta en funciones; Suad Manssur, exsuperintedenta de Compañias; Fausto Herrera, exministro de Finanzas; Patricio Rivera, excoordinador de Política Económica; y Bibian Hernández, ex abogada de Correa.

La Fiscalía investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana.

El dinero habría provenido de Venezuela y a esa fecha Díaz era el jefe de campaña del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana, González – Arauz. Hoy cumple prisión preventiva por un presunto delito de violación a una menor de edad, por lo que fue expulsado del Movimiento y dejó la curul que ocupaba en la Asamblea.

Díaz pasó cerca de siete horas en la Fiscalía rindiendo su versión. Al salir aseguró que su vida y la de su familia corre peligro y que es inocente del presunto delito de violación por el que es procesado.

El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, entregó a la Asamblea dos proyectos de Ley con el carácter de urgente en materia económica.
Herrería aseguró que el estado de excepción vigente le permite al Gobierno presentar este tipo de iniciativas legislativas de manera conjunta, para que sean tratados por los legisladores en máximo 30 días desde su presentación.
El primer proyecto de Ley propone reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que rige a los Gobiernos seccionales, cuyo objetivo es corregir la rigidez del gasto corriente y priorizar la inversión pública en infraestructura y servicios básicos.
Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2021 y 2024 la inversión promedio de los Gobiernos seccionales en estos rubros no superó el 45 % de su presupuesto, lo que ha resultado insuficiente frente a las brechas existentes en agua potable, saneamiento, vialidad e infraestructura local.
La reforma establece una regla fiscal clara y verificable para que los GAD destinen progresivamente un mínimo del 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.

Minería y electricidad

El segundo proyecto presentado es la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. En el ámbito minero, la iniciativa busca superar trabas regulatorias, fragmentación normativa e inseguridad jurídica que han provocado la paralización de proyectos, la caída de inversión y la expansión de la minería ilegal. La reforma plantea la simplificación de trámites administrativos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la promoción de esquemas de inversión que permitan reactivar proyectos estratégicos, ampliar la base de contribuyentes y proteger los ingresos fiscales, sin crear nuevos tributos ni incrementar el gasto público.
En cuanto al sector eléctrico, la propuesta busca corregir la vulnerabilidad del sistema de electricidad frente a la restricción fiscal y a los choques climáticos, que en los últimos años han generado racionamientos y pérdidas económicas significativas. El proyecto habilita esquemas excepcionales de concesión y delegación que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, con el fin de preservar la liquidez pública, diversificar la matriz energética, reducir la dependencia hidrológica y fortalecer la capacidad instalada.
Herrería señaló que la propuesta responde a una reciente sentencia de la Corte Constitucional y busca que el sector privado asuma parte de la inversión cuando los costos estatales sean mayores, liberando recursos públicos para el desarrollo social.

A través cadena nacional, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó un nuevo plan de seguridad para luchar contra la inseguridad, la delincuencia y la corrupción. Noboa manifestó que son acciones conjuntas entre la UAFE, Inteligencia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para devolver la paz a las calles del Ecuador.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseguró que este plan contará con una inversión de 180 millones de dólares para ejecutar 11 proyectos estratégicos, entre los que destacan la compra de siete helicópteros bimotor, la adquisición de un buque logístico multipropósitos, un sistema radar 3D, scaners y drones para llevar a cabo operaciones de control de frontera.

El ministro agregó que se modernizarán los sistemas tácticos de inteligencia con el fin de prevenir ataques, identificar riesgos antes de que ocurran y proteger infraestructuras estratégicas del país y que las acciones contra la minería ilegal se mantendrán y endurecerán.

Por su parte el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el nuevo plan de seguridad contará con tecnología sin precedentes, ya que se incorporarán sistemas de última generación como IBIS y AFIS, que permiten identificar armas, municiones e identidades con precisión científica. La tecnología se aplicará también para los controles migratorios.

Además, resaltó que Ecuador cuenta con un sistema penitenciario que se proyecta como uno de los mejores de la región con la Cárcel del Encuentro y en 15 a 18 meses con la nueva cárcel para 15.000 delincuentes.

Mientras que José Julio Neira, director de la UAFE, aseguró que la prioridad será la lucha contra el lavado de activos para evitar que los grupos delictivos tengan recursos para operar.

Las relaciones comerciales y políticas entre Ecuador y Colombia se pueden ver afectadas por la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30% a los productos importados provenientes de Colombia.

La sorpesiva medida que se aplicará desde el 1 de febrero fue anunciada por Noboa a través de su red social «X». «Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume», posteó el primer mandatario.

A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia añadió que la decisión contempla excepciones específicas, entre ellas donaciones, efectos personales, y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos.

En el comunicado consta que los dos países mantienen lazos históricos de hermandad y cooperación, pero que pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia de Ecuador, los mecanismos de control en la frontera con Colombia no han resultados efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la mineria ilegal.

La respuesta colombiana 

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía de Colombia, a través de su cuenta «X», rechazó la medida a la que calificó de agresión económica que rompe el principio de integración regional. Palma recuerda que Colombia ha actuado con hechos en materia de cooperación y solidaridad con Ecuador; por ejemplo, la venta de energía cuando el sistema ecuatoriano más lo necesitó.

Además, informó que ha ordenado desmontar una iniciativa que iba a permitir a Ecuador comprar directamente electricidad a empresas privadas colombianas a través de contratos de largo plazo. «Previendo que los embalses Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energías entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits. He ordenado desmotarla», escribió el ministro colombiano.

A un dia de ser elegida presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, dio algunas pistas de lo que será su gestión al frente de esa organización política.

Una de esas misiones es depurar sus cuadros. Hace pocos días Televistazo dio a conocer una serie de chats entre María Fernanda Vargas, entonces candidata a la alcaldía de Simón Bolívar por la Revolución Ciudadana, y Leandro Norero, capo del narcotráfico nacional asesinado durante un motín carcelario en Latacunga.

En parte de esos chats, la entonces candidata, hoy ya en funciones, le pidió al narcotraficante dinero para financiar su campaña. El monto fue de 4.000 dólares para pagar la presentación de artistas, dinero que Norero le habría facilitado.

Al asumir la conducción del Movimiento, Rivadeneira dijo en una entrevista en Radio Armónica, que el caso será analizado por la nueva Comisión de Ética de la organización que la preside Gustavo Jalkh, y que no se tolerará casos de esta gravedad que podría acarrear la expulsión de Vargas de la organización. “Sin contemplaciones. Nosotros no vamos a tapar algo que es tan grave y problemático para el país” afirmó.
Rivadeneira dijo que son cosas que no se pueden permitir en una organización política, más aún en el momento que atraviesa el país, por lo que serán tajantes con la decision que tomen.

Otros temas

Rivadeneira manifestó que tendrá la tarea expresa de reorganizar a la Revolución Ciudadana empezando por los diferentes niveles territoriales para volver a conectarse con las bases y darles espacios de participación para sostener y ampliar la unidad.

Puso mucho enfásis en la necesidad de la formación política de la militancia para buscar nuevos cuadros que se proyecten a las elecciones futuras, como las seccionales del 2027.

«A nosotros nos corresponde preparar una organización política fuerte que vuelva a sintonizar y conectar con los intereses ciudadanos para satisfacción de necesidades materiales, pero también espirituales. La desesperanza no nos puede seguir ganando», dijo.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó por unanimidad la solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Los proponentes son los asambleístas de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego. Raúl Chávez y Xavier Lasso. La solicitud fue presentada luego de las denuncias de amenazas y presiones que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, por la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Según Serrano, un alto funcionario de la Judicatura intentó incidir para que falle a favor del narcotraficante.
Esto generó un escándalo alrededor de la gestión de Godoy al frente de la Judicatura y el correísmo interpuso la solicitud de juicio político que fue admitida a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y hoy la Comisión de Fiscalización inició formalmente la sustanciación del proceso.
Según la solicitud, Godoy habría incumplido sus funciones constitucionales y legales por omisión, lo habría afectado gravemente la independencia judicial, la transparencia institucional y el correcto funcionamiento del sistema de justicia.
Entre los hechos señalados constan supuestas presiones indebidas a jueces, incluido el juez anticorrupción, posibles conflictos de interés, falta de protección a operadores de justicia y actuaciones institucionales calificadas como encubrimiento. Por estos hechos, los proponentes solicitan la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, anunciando la presentación de prueba documental y testimonial. Además, Godoy tendría conflicto de interés ya que cuando ejercía la profesion habría sido abogado de otros presuntos narcotraficantes.
Ferdinan Álvarez (ADN), presidente de la Comisión, dispuso que se notifique formalmente a Godoy del inicio de la sustanciación del juio político para que en el plazo de quince días presente su contestación y las pruebas de descargo que considere pertinentes. De igual manera, se notificará a los proponentes para que sustenten sus acusaciones en el mismo plazo.

El juez Marco Rodríguez Ruiz, con más de 30 años de experiencia en la Función Judicial, es desde la tarde de este miércoles 14 de enero de 2025 el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia.

Su designación se dio tras un consenso entre 12 jueces titulares y en una segunda votación ya que en la primera, con dos candidatos: Rodríguez y Daniella Camacho, no hubo los votos requeridos para la elección. En esa primera votación Rodríguez obtuvo el respaldo de 7 jueces y Camacho el de tres jueces, mientras que otros tres magistrados anularon sus votos.

La designación de Rodríguez se dio luego de la renuncia de José Suing, en medio del escándalo que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por posible conflicto de intereses en el jercico del cargo, al que Suing lo incluyó en la terna que remitió al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de la autoridad de la Judicatura.

Rodríguez es juez de la Corte Nacional de Justicia, integrante de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Es doctor en Derecho Ph.D., graduado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y juzgados de la República y Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un Diplomado Superior en Derecho Económico, en la Universidad Andina Simón Bolívar;  es Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, en la Universidad Técnica Particular de Loja; Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, en la Universidad Central del Ecuador; Magíster en Derecho Mercantil, en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Se desempeñó como Ayudante Judicial y Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia, Juez y Presidente del Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha, Juez de la Sala de lo Penal y Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Ejerció la docencia en la Universidad Metropolitana del Ecuador UMET, Profesor de la cátedra “Principios constitucionales y del debido proceso penal”, Facultad de Derecho, Especialidad en Derecho Procesal Penal (posgrado).