La Fiscalía demostró que el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, es autor de la violación a una menor de 12 años de edad, ocurrida a finales de 2024, por lo que el Tribunal de la causa le impuso una condena a 29 años y cuatro meses de prisión y al pago de una reparación integral fijada en 5.000 dólares a favor de la víctima. También dispuso a la red de salud pública que se entregue tratamiento psicológico a la adolescente.
El juicio se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y la sentencia oral se dio lectura la tarde de es viernes 8 de mayo de 2026. El abogado del sentenciado, Patricio Yungay, anticipó que apelará la sentencia de primera instancia.
Durante la reproducción del testimonio anticipado de la víctima, relató que el delito fue perpetrado en el contexto de las fiestas navideñas de 2024, en la vivienda del hoy sentenciado. Según lo manifestado al Tribunal, luego de consumar la agresión sexual, Díaz le entregó 140 dólares a manera de obsequio por Navidad, pero solicitándole que mantuviera lo ocurrido en secreto.
El perito médico-legal confirmó, en su testimonio, la existencia de huellas compatibles con la consumación del delito, cuya data coincide con la fecha de la agresión relatada por la víctima.
El delito de violación está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La circunstancia agravante que elevó en un tercio la pena privativa de la libertad corresponde a que Díaz era parte del círculo cercano de la afectada.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició la investigación a la gestión de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), que operó entre 2015 y 2024, cuando el Presidente de la República, Daniel Noboa ordenó su liquidación.
El presidente de esta mesa legislativa, Ferdinan Álvarez, manifestó que en EMCO se habrían dado contratos direccionados, repartos políticos e incluso tráfico de influencias.
La fiscalización será al periodo de gestión de Hernán Luque Lecaro, presidente del Directorio y procesado penalmente en el caso Encuentro por presunta delincuencia organizada. Luque Lecaro está retenido en Argentina y será extraditado a Ecuador en los próximos días. Su nombramiento se dio en el Gobierno de Guillermo Lasso, por lo que no se descarta que sea llamado a comparecer a la Comisión. «Si tenemos que llamar incluso a Guillermo Lasso, lo vamos a llamar”, manifestó Álvarez.
El propósito del proceso de fiscalización es esclarecer si en EMCO operó una red de corrupción vinculada al caso Encuentro. Según la Comisión de mayoría oficialista, se busca que la ciudadanía conozca la verdad sobre una supuesta estructura que, ejerciendo influencias indebidas, nombró autoridades en puestos estrategicos en empresas como CENEL, CELEC, Petroecuador, FLOPEC, BanEcuador y en el Servicio Nacional de Aduanas, lo que habría permitido la injerencia de actores privados y organizaciones criminales en la administración de millonarios recursos.
La bancada oficialista respaldó la fiscalización ya que asegura que las empresas públicas deben servir al país y no a intereses particulares ni redes de poder.

Luego de un largo feriado, el Consejo de la Judicatura recibió con calle de honor a la nueva presidenta de este organismo, Mercedes Caicedo. Una alfombra roja y el saludo de la escolta policial en la entrada al edificio fue el marco con el que Caicedo inició esta semana de labores. Sin embargo, su gestión al frente del organismo inició ayer domingo 3 de mayo cuando presidió su primera sesión virtual del Pleno. Fue una jornada enfocada en el control disciplinario y la responsabilidad de los operadores de justicia.
El Pleno resolvió procesos administrativos que estaban a punto de prescribir, iniciados contra servidores judiciales. Las autoridades destituyeron al exjuez de la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del Guayas, J.P.P.B., quien, en una causa relacionada con violencia intrafamiliar, emitió una sentencia pese a que el proceso ya había prescrito. Aunque el exservidor ya no forma parte de la Función Judicial, la sanción impuesta limita un eventual retorno al sistema judicial, debido a la gravedad de la infracción cometida.
Además, se sancionó con una multa equivalente al 5% de su remuneración mensual a la jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, G.F.M.D. por haber incurrido en una demora injustificada en la notificación de una decisión dentro de un caso relacionado con tráfico de drogas.
Caicedo agradeció a los vocales por la predisposición de conectarse y trabajar, pese a ser un día de descanso.
Hoy continuó con su jornada, aunque no se dio a conocer su agenda de trabajo. Caicedo, luego de haber sido jueza de la Corte Nacional de Justicia, exjueza del Juzgado Tercero de lo Penal de Bolívar, exjueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Miguel de Bolívar y exjueza del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos. Por lo que tiene amplia experiencia en la Función Judicial. Analistas políticos y judiciales aseguran que esa experiencia deberá aplicar en sus nuevas funciones para sacar adelante a un Consejo de la Judicatura que en los últimos años se ha caracterizado por la inestabilidad de sus vocales y por los escándalos de corrupción que los han rodeado.

El toque de queda que el presidente Daniel Noboa anticipó a través de su cuenta ‘X’ que aplicará en nueve provincias y cuatro cantones, se formalizó a través del Decreto Ejecutivo 370. Según la disposición, el toque de queda para las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos; así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar), regirá a partir del 3 de mayo hasta el 18 de mayo, en la franja horaria desde las 23:00 a las 05:00.

Representantes de sectores productivos pidieron al Gobierno que emita salvoconductos para movilizarse durante el toque de queda, ya que su actividad requiere trabajar a esas horas. La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) presentó una propuesta para que sea focalizado y proporcional a la realidad económica y territorial de cada zona. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, señaló que respalda el toque de queda para enfrentar la delincuencia, pero que su aplicación debía incorporar excepciones claras y operativas, ya que así no se puede planificar ni sostener la actividad productiva. La Cámara de Comercio de Guayaquil propuso la emisión de salvoconductos, la implementación de corredores logísticos, la reducción del horario del toque de queda y una semaforización con restricciones que vayan conforme al índice de criminalidad.

Sin embargo, ninguna de las sugerencias de los gremios fue tomada en cuenta por el Gobierno. Ni salvoconductos, ni corredores especiales, ni semaforización, ni recorte del horario; nada. El toque de queda se mantendrá entre las 23:00 y las 05:00, y las únicas excepciones serán para los servicios de salud de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria; y para la fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Según el decreto, la verificación y control del régimen de excepcionalidad a toda persona que circule en el horario de suspensión del derecho a la libertad de tránsito serán efectuados considerando las particularidades de cada caso de forma racional y proporcional, observando el contexto de necesidad y emergencia de la persona que requiera ineludiblemente desplazarse o movilizarse mientras rige la medida excepcional. Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Agentes de Tránsito coordinarán con las instancias competentes, debiendo asegurar que, dentro de los parámetros de excepcionalidad, se garantice la continuidad de la prestación de los servicios de administración de justicia, servicios públicos y el adecuado funcionamiento de los sectores estratégicos.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la cancelación definitiva de Unidad Popular y Construye del registro nacional de organizaciones políticas. En el primer caso, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero suplente José Merino votaron a favor de la cancelación. Por su parte, Elena Nájera y José Cabrera votaron en contra. Nájera pidió la reconsideración de la votación para evitar el voto dirimente de Atamaint. Sin embargo, al repetir la votación, Nájera se abstuvo y Cabrera votó en igual sentido, persistiendo el empate (dos a favor y dos abstenciones), permitiendo que Atamaint ejerza el voto dirimente y vote por el sí, con lo que se consumó la cancelación de la organización contra tres votos positivos y dos abstenciones.
En el caso de Construye, la resolución se tomó con tres votos a favor y una abstención.
La cancelación de Unidad Popular generó discrepancias. Merino reconoció que estaban fuera de los plazos contemplados por la normativa para tomar una resolución, pero agregó que eso no era impedimento para evitar que el Estado entregue recursos del fondo partidario a organizaciones que no cumplen con la normativa, ni con el número mínimo de afiliados.
Elena Nájera criticó el informe técnico y dijo que la resolución llegó tarde, lo que podría traer problemas internacionales para el Estado ecuatoriano por no respetar los derechos de participación.
Geovanni Atariahuana, director de Unidad Popular, rechazó la resolución, ya que aseguró que fue tomada sin argumentos, fuera de tiempo y violando todos los procedimientos, la ley y la Constitución. Anticipó que impugnará ante el Tribunal Contencioso Electoral y ante instancias internacionales.

Con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo de Participación Ciudadana designó a Mercedes Caicedo como presidenta del Consejo de la Judicatura.
Caicedo encabezó la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez. El segundo postulante, Ramón Echaiz, será su suplente.
Los consejeros que votaron por Caicedo destaron su plan de trabajo expuesto ante el Pleno el pasado miércoles. La actual jueza de la Corte Nacional de Justicia plantea una reforma institucional integral orientada a fortalecer la independencia judicial, eliminar incentivos de corrupción estructural, profesionalizar y dignificar la carrera judicial. Además, propuso modernizar la infraestructura física y tecnológica del sistema, mediante una reingeniería basada en estándares internacionales de eficiencia, transparencia y trazabilidad.
Caicedo Aldaz es doctora en Ciencias Políticas (PhD); magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y en Cultura Jurídica. Es abogada de los Tribunales y Juzgados de la República y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Ha desempeñado funciones como jueza nacional (e) en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia; jueza de Garantías Penales en la Corte Provincial de Justicia de Bolívar; jueza del Tribunal de Garantías Penales en la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos; y conjueza nacional en la misma Sala Especializada de la Corte Nacional.
Asumirá el cargo una vez que sea posesionada por la Asamblea.

La crisis en el sistema de salud golpea fuertemente a los hospitales públicos que no tienen medicamentos, insumos ni personal para atender a los pacientes, advirtieron la mañana de este 22 de abril médicos y enfermeras que se sumaron a un plantón en los exteriores del Hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito.
La medida había sido convocada por personal de esta casa de salud para reclamar por la falta de insumos y de profesionales, pero terminó convirtiéndose en un acto colectivo de protesta que reunió a médicos y enfermeras de otros centros de salud a escala nacional quienes manifestaron que la situación del Pablo Arturo Suárez es una realidad que caracteriza a todo la red de salud pública del país.
Juan Barriga, jefe del área de traumatología del Pablo Arturo Suárez, manifestó que una larga lista de pacientes que están a la espera de una cirugía y que en algunos casos ellos mismos tienen que comprar insumos para poder operarse. Agregó que de las 72 áreas destinadas a cirugía, solo 28 están operativas debido a que nos enfermeras ni quirófanos o por el reducido números de médicos que van quedando debido a las desvinculaciones.
Los médicos aseguran que este panorama se repite en otros hospitales del país. El desabastecimiento de medicamentos, insumos, equipamiento sería la característica de esta crisis que se agrava con la desvinculación de médicos y enfermeras.
Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, indicó que existe pánico por esta realidad que se empeora cada día ya que el Gobierno se niega a escuchar las necesidades del sector y a dialogar con los trabajadores y profesionales de la salud. Anticipó que realizarán marchas y atenciones médicas simbólicas en los exteriores de la Federación para que el Gobierno tome conciencia de la situación que vive el sector.

A través de su cuenta ‘X’ el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció cambios en dos ministerios clave: Salud y de Energía. En su mensaje manifestó que esta semana se ejecutarán decisiones necesarias para fortalecer la lucha por el país y que las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que funciona y corregir lo que no.
En este sentido informó que el Ministerio de Salud asumirá de forma inmediata Jaime Bernabé Erazo en reemplazo de María José Pinto, Vicepresidenta de la República que estaba a cargo de esa cartera de Estado desde noviembre de 2025.
Durante este periodo Pinto no logró superar la crisis que afecta al sistema de salud pública como la falta de medicamentos e insumos. Además se desvinculó a médicos y personal administrativo y a esto se añade la muerte en Taisha de niños por falta de medicamentos y equipos.
Ahora Pinto centrará su gestión en otras tareas asignadas por Noboa al inicio del periodo presidencial como la articulación de la política pública en actividades relacionadas con salud mental, embarazo adolescente, desnutrición crónica infantil; entre otras actividades.
Mientras que en el Ministerio de Energía y Ambiente, a cargo de Inés Manzano, el cambio de autoridad se cumplirá el 30 de abril, sin que se conozca quién asumirá esa Cartera de Estado. Según Noboa, durante la transición, se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país.
El primer mandatario agregó otras acciones que implementará en los próximos días. En el ámbito de seguridad anticipó que decretará el toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00, desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo, en las siguientes provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Mientras que en el ámbito energético dispuso un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar.

Los siete procesados del caso Ligados fueron llamados a juicio por el presunto delito de asociación ilícita.
Se trata de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana identificados con la Revolución Ciudadana; Nicole Bonifaz, consejera en funciones; Andrés Arauz, ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana; Esther Cuesta, ex asambleísta de esa agrupación política; y Raúl González, ex superintendente de Bancos.
La resolución se dio a conocer ayer en la Corte Nacional de Justicia por parte de la jueza nacional Daniella Camacho.
Durante nueve horas la magistrada expuso primero la aceptación o no de pruebas solicitadas por las partes procesales y luego la motivación de su resolución, en una jornada que se extendió hasta la medianoche.
La magistrada determinó que hay indicios suficientes, graves y fundamentados para presumir la participación de los procesados en el delito de asociación ilícita. Además, Camacho ratificó las medidas de carácter real y personal contra los procesados.
Los investigados habrían conformado una estructura organizada y coordinada mediante la cual buscan controlar las instituciones del Estado a través de la manipulación de los concursos de selección de autoridades que están a cargo del Consejo de Participación Ciudadana.
Así esperaban, según la Fiscalía, favorecer a determinados postulantes en beneficio de la organización política para la que operaban.
En los próximos días se realizará el sorteo del Tribunal que llevará el juicio de los procesados.

Varias zonas del país reportan sorpresivos cortes de energía eléctrica a pesar de que el presidente de la República, Daniel Noboa, y la ministra de Energía, Inés Manzano, garantizaron que no habría apagones en abril. Sin embargo, moradores de barrios de Quito como Solanda, Magdalena, Chillogallo, Santa Rita, Santa Anita, Pinar Alto, El Bosque, Calderón, entre otros, reportaron cortes de luz no programados. Lo mismo sucedió en Guayaquil, Samborondón, Daule.

Manzano explicó que, en el caso de Guayaquil, Daule y Samborondón, las desconexiones eléctricas no programadas fueron para mejorar la distribución que ha estado fallando por la ola de calor que vive el país. Aseguró que la intervención fue para mejorar la subestación Dos Cerritos, ya que el calor hace que la red se sobrecargue en ciertos puntos. Como una medida urgente para evitar “tragedias” y fallos mayores en el sistema. Según la ministra, las altas temperaturas provocaron una sobrecarga en la red eléctrica debido al uso intensivo de sistemas de aire acondicionado.

Después anunció cambios en la «plana mayor» de Cenace y CNEL. En esta última entidad se designó a Juan Carlos Blum como su nuevo gerente general.

Blum es ingeniero mecánico y cuenta con una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental. Su perfil profesional está vinculado al desarrollo de proyectos en el sector energético y la sostenibilidad, según su trayectoria.

Mientras tanto, en la Asamblea hay división de criterios frente a esta nueva crisis eléctrica. Valentina Centeno, de ADN, respaldó la gestión del Gobierno y con poca convicción dijo que realizarán pedidos de información y convocarán a las autoridades para que den sus explicaciones sobre la situación con el objetivo de cumplir la labor de fiscalización. Lo que para el asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano resulta difícil de creer. «Si no logramos fiscalizar Progen y AMT, donde se robaron 110 millones de dólares, menos van a permitir fiscalizar la crisis eléctrica», dijo Serrano. «Lamentablemente, la Asamblea está castrada en la labor fiscalizadora», comentó el legislador.