La Misión Internacional de Observación sobre la elección del Fiscal General del Estado señaló graves cuestionamientos al concurso que llevan a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión Ciudadana de Selección para designar a esa autoridad.

La Misión concluyó su segunda visita al país y, luego de mantener reuniones con sectores ciudadanos, organismos, delegaciones e instituciones, advirtió que el proceso de selección presenta irregularidades graves que, de no corregirse con urgencia, dañarán la legitimidad de quien resulte electo.

La Misión, durante esta segunda visita al paìs, se reunió con embajadas y organismos internacionales, con la veeduría ciudadana, con autoridades de la Corte Constitucional, con la sociedad civil, la academia y periodistas.

Tras estas reuniones, evidenció que el reglamento del concurso se aprueba caso por caso y no de forma permanente, lo que abre la puerta a que se ajuste según intereses ajenos a la calidad de la selección.

Además, advierte un problema grave en la integración de la Comisión Ciudadana de Selección, ya que varios de sus integrantes, incluida su presidenta, no cumplen con el perfil técnico requerido para evaluar a los candidatos a la Fiscalía.

A esto se suma la demora en el proceso, ya que el concurso debió activarse en 2024, antes del vencimiento del mandato de la fiscal Diana Salazar, en abril de 2025, pero se inició tarde y ha sufrido demoras sin explicación pública clara. Además, señala que el reglamento define parámetros de formación del nuevo fiscal, pero no garantiza transparencia e independencia.

La Misión recomienda sanear el proceso para garantizar el pleno cumplimiento de estándares internacionales. Además, se debe aprobar un nuevo calendario con plazos claros e improrrogables para elegir al Fiscal General antes de las elecciones seccionales del 29 de noviembre. También se deben revisar las objeciones a la calificación de méritos y generar una nueva nómina de postulantes, transmitir en vivo las pruebas orales y escritas y garantizar la fase de escrutinio público.

En la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia del juicio por supuesto cohecho en el caso Sinohydro, donde las partes procesales iniciaron con la presentación de sus alegatos finales antes de que el Tribunal tome una decisión.

En el caso, son enjuiciadas 21 personas, entre ellas el expresidente de la República, Lenin Moreno, su hija Irina, su esposa Rocío González y sus dos hermanos Guillermo y Edwin Moreno, más su cuñada Martha González.

Según la Fiscalía, Moreno, su entorno familiar y otros habrían integrado una red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero: se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

Durante su alegato de cierre, el fiscal subrogante, Carlos Alarcón, ratificó que la prueba presentada durante esta etapa demuestra la existencia de una estructura que permitió ocultar el pago de sobornos por parte de la empresa estatal china Sinohydro para asegurar la adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, por lo que solicitó al Tribunal integrado por los jueces Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio Inga que se declare la responsabilidad penal de siete procesados como autores directos del delito de cohecho y que otras 13 personas sean condenadas como cómplices.

En su alegato, el fiscal dijo que ha logrado demostrar que detrás de la contratación del proyecto hidroeléctrico operó una presunta red de corrupción destinada a obtener beneficios económicos indebidos. «Según la teoría del caso, la empresa estatal china Sinohydro habría entregado dádivas equivalentes al 4% del valor del contrato, que fueron canalizadas y ocultadas a través de un complejo entramado societario en Ecuador y Panamá”, mencionó Alarcón.

Agregó que se conoce esta presunta operación de corrupción gracias a asistencias penales internacionales, pericias informáticas y financieras, ya que los procesados habrían abierto cuentas en paraísos fiscales y reformaron los objetos sociales de varias empresas para dar apariencia de legalidad a la recepción y distribución de aproximadamente 76,1 millones de dólares provenientes del presunto soborno.

Hoy se cumplieron 29 días de audiencia de juicio, y en los próximos días se esperan los alegatos de cierre de los abogados de los procesados.

El alcalde de Machala y precandidato a la prefectura de El Oro, Darío Macas, fue detenido este lunes 6 de julio junto a su esposa, Carmen Chávez, y una amiga en común, por presunto enriquecimiento ilícito, según informó el Ministro del Interior, John Reimberg. Durante un operativo combinado entre la Fiscalía y la Policía, las autoridades allanaron la vivienda de Macas, quien salió de su vivienda pasado el medio día en medio de un fuerte resguardo policial.

Según la información, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), habría detectado un presunto incremento del patrimonio del alcalde, en el lapso comprendido entre el 2019 y el 2025, que ascendería a 6 millones de dólares.

En una rueda de prensa, Reimberg manifestó que varias empresas fantasmas de índole familiar habrían sido utilizadas para el movimiento de dinero, y en otros casos esas empresas operaban a través de dependencias del Municipio de Machala. Una de esas empresas, de la que Macas es dueño del 90% de acciones, ofrecía servicios al Municipio de Machala y las oficinas estaban a frente a la casa del Alcalde, dijo el ministro.

La investigación se habría iniciado hace más de un año, a cargo de la Fiscalía, con apoyo de la UAFE y de la Policía. Reimberg manifestó que las investigaciones detectaron una presunta red de empresas de papel y compañías fantasma utilizadas para mover dinero. Se detectaron retiros en efectivo cercanos a 750.000 dólares, además de depósitos de 400.000 y 500.000 dólares en diferentes cuentas.

Macas cumple su segundo periodo al frente del cabildo machaleño. Llegó al cargo en 2019 y fue reelecto en 2023. Como no puede reelegirse para un tercer periodo, para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de este año estaba promoviendo su nombre para presentarse por la prefectura de El Oro.

Macas es el quinto alcalde detenido por presuntos actos de corrupción. Los otros cuatro son Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, investigado en los casos Triple A, Goleada y Grillete. Enfrenta cargos por supuesto tráfico ilegal de combustibles, lavado de activos y delincuencia organizada; Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa (Manabí), detenida desde el 25 de junio de 2026, por presunta delincuencia organizada dedicada a la emisión irregular de trámites y documentos de tránsito; Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, detenido desde el 3 de junio por presunto lavado de activos; y José Arroyo, alcalde de Pujilí, detenido en agosto de 2025 en el caso Ornato Municipal. Se lo investiga por supuestas irregularidades en la contratación de obras para el cantón.

Unidad Popular, Pachakutik e Izquierda Democrática presentaron hoy, por separado, a los precandidatos a ocupar la Alcaldía de Quito en 2027. En el último día para designar a sus precandidatos, las tres organizaciones políticas destacaron la necesidad de que la capital entre a un nuevo rumbo de gestión administrativa.

Cristina Cachaguay, precandidata de Unidad Popular, manifestó la necesidad de atender a los barrios marginales, a los que se ubican en la periferia de la ciudad, ya que, al igual que otros barrios, dijo, sus necesidades tienen que ser satisfechas por la gestión del Municipio.

«A Quito hay que devolverle la dignidad. Ahora hay personajes que quieren regresar y que estaban envueltos en actos de corrupción; o hay personajes que quieren la reelección y que tuvieron la oportunidad de solucionar la problemática de Quito, pero no lo han hecho”, manifestó la dirigente y presidenta de Mujeres por el Cambio, que hoy inicia una nueva etapa, de la lucha en las calles a la contienda electoral, y se presentó como una alternativa para Quito.

Por su parte, Pachakutik presentó como su precandidato a Alejandro Guevara, quien en abril de 2026 fue anunciado por Lucio Gutiérrez como candidato a ese cargo por su partido, Sociedad Patriótica. Guevara reconoció que estuvo en conversaciones con el líder de Sociedad Patriótica, pero que el acuerdo nunca se concretó. Según el precandidato, los principios que guían a Pachakutik son los mismos con que él se identifica y por eso aceptó esta candidatura. Indicó que representa a la juventud, a los sectores populares y a los principios del movimiento Pachakutik.

En tanto que la Izquierda Democrática optó por Juan Esteban Guarderas como su precandidato. La actuación política de Guarderas cuando fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social facilitó a la larga la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, del que fue destituido por la Asamblea tras un juicio político, bajo la sospecha de haber favorecido a bandas de narcotraficantes cuando se desempeñó como abogado de libre ejercicio. Guarderas aseguró que en la Alcaldía dos de sus ejes de trabajo serán la seguridad y el empleo.

De esta manera, Quito tendrá alrededor de 12 candidatos para la alcaldía. Estos son:

Giovanna Ubidia, por ADN

Pabel Muñoz, por el Movimiento Amigo que acogió a los candidatos del correísmo

Jorge Yunda, por Avanza

Jorge Cueva, por el Partido Socialista

Wilson Merino, por el Movimiento Imparables

Juan Esteban Guarderas, por la Izquierda Democrática

Linda Romero, representante del Partido Social Cristiano

Alejandro Guevara, por Pachakutik

Cristina Cachaguay, representando a Unidad Popular.

Bernardo Jirón, por Sociedad Patriótica

Carla Larrea, por el movimiento CREO

Galo Almeida, por Centro Democrático

El Consejo Nacional Electoral revisará la documentación presentada por cada organización política y verificará que los precandidatos cumplan con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia. La lista oficial de los candidatos calificados se conocerá el 9 de noviembre.

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, fue detenida la madrugada de este jueves 25 de junio por presuntamente liderar una red de corrupción en Manabí, relacionada con la emisión de documentos de tránsito vehicular en tres cantones de esa provincia, causando un perjuicio al Estado de 5 millones de dólares.

La Fiscalía, en coordinación con la Policía, ejecutó la operación «Digitador» en Jipijapa, Bolívar y San Vicente, con 18 allanamientos a oficinas del Municipio de Jipijapa, al Centro de Revisión Vehicular de Canuto y a domicilios de funcionarios y de personas particulares. El operativo dejó 13 detenidos por presunta delincuencia organizada.

Entre los indicios recabados constan documentos similares a licencias de conducir, matrículas y especies valoradas, así como dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. La investigación, iniciada en agosto de 2025, indaga una presunta trama de corrupción relacionada con la emisión de documentos vinculados a la revisión técnica vehicular. Plúa es señalada como presunta cabecilla de esta organización dedicada a emitir de forma irregular documentos de tránsito, como matrículas, revisiones técnicas, licencias y traspasos vehiculares.

La estructura estaba integrada por funcionarios de entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente. Además, había tramitadores externos, quienes presuntamente cobraban entre 100 dólares y 150 dólares por trámite para evadir requisitos legales y técnicos. Esto afectaba el servicio regular a los ciudadanos bajo el argumento de “no hay sistema”.

La investigación se inició tras una denuncia al 1800 DELITO y en el proceso se detectaron movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos declarados por la principal investigada, con más de 2,6 millones de dólares sin justificación aparente.

DETENIDOS:

1 ANGELA Plúa, alias JEFA (Alcaldesa)

2 RAÚL A. D. alias LITO (Gerente de la Corporación de Servicios Municipales)

3 JORGE P. G. alias TITO (Jefe de Matriculación y RTV)

4 ANDY P. M. alias MICHI (Digitador)

5 VICENTE L. P. alias GORDO (Digitador)

6 MARCO M. P. alias ABOGADO (Director de Movilidad)

7 JOSE F. C., alias INGE (Coordinador de Matriculación)

8 JAVIER I. C. alias JESÚS (Técnico de emisión de licencias)

9 OBERTO M. V. alias CHENCHO (Tramitador)

10 MARIA P. B. alias MONTI (Ex digitadora Servicios Municipales)

11 MARIA L. P. alias NANDA (ex digitadora de SERVICORP)

12 JOAN A. T. alias TOÑO (Tramitador)

13 JULISSA L. P. alias MICHU (Tramitadora)

La detención de Plúa incrementa el número de autoridades seccionales que se encuentran en la misma situación por presuntos actos de corrupción y que están enfrentando procesos penales. Entre ellos constan el alcalde titular de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera, con prisión preventiva y llamado a juicio por un presunto caso de peculado en el caso Ornato Municipal. Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas fue detenido en Quito y trasladado con prisión preventiva por una investigación de presunto lavado de activos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está detenido mientras se desarrollan varios procesos en su contra.

Asambleístas de la Revolución Ciudadana, de ADN, más los legisladores de minoría e independientes votaron de manera unánime para que la Comisión de Fiscalización inicie la investigación sobre la ruta del dinero entregado por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas vinculadas con dicha compañía.

El Pleno de la Asamblea, con 131 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, votó a favor de la moción presentada por la asambleísta oficialista y vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Tapia. «Es necesario aclarar, por el bien del país, la ruta del dinero entregado a Progen, que finalmente habría ido a manos de 29 personas naturales y jurídicas. Entre ellas figura un abogado vinculado al caso Metástasis. Este es un tema que indigna cada vez más». Dijo.

El que hayan votado por unanimidad no implica que hayan estado de acuerdo durante el debate sobre el alcance y consecuencias políticas del caso Progen, considerado uno de los mayores atracos en la reciente historia del país. El Gobierno firmó con esa empresa la entrega de generadores para enfrentar en el 2024 la crisis eléctrica, pero los equipos eran obsoletos, de segunda mano, repintados o no respondían a las características técnicas del contrato. Según la Fiscalía, habría un perjuicio para el Estado de más de 100 millones de dólares.

En este contexto, el oficialismo ha sido criticado por «proteger» políticamente a la exministra Inés Manzano y al ministro en funciones, Roberto Luque. Los dos, en su momento, ocuparon el Ministerio de Energía, desde donde se genera la política energética y se dan las directrices en ese tema.

Durante el debate parlamentario, Tapia dijo que la iniciativa de investigar la ruta de dinero es una demostración de que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. A la vez aseguró que el correísmo se resiste a dar paso a esta investigación, ya que los rostros de los posibles involucrados en este caso de corrupción podrían traer sorpresas.

Por su parte, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Mireya Pazmiño, manifestó que si el oficialismo hubiese querido llegar hasta las últimas consecuencias, hubiese permitido la sustanciación del juicio político que presentó su bancada en contra de Manzano.

Este proceso se estancó en la Comisión de Fiscalización, ya que los legisladores de ADN se abstuvieron de votar por la aprobación de la solicitud de interpelación, a pesar de que cumplía todos los requisitos, según el Consejo de Administración Legislativa (CAL), también de mayoría oficialista.

Con la aprobación de la moción de Tapia, la comisión podrá requerir información y documentación, así como disponer la comparecencia de autoridades, representantes legales y demás actores involucrados en estos hechos.

Además, deberá presentar al Pleno de la Asamblea, en un plazo de 30 días, un informe con las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, a fin de que se adopten las resoluciones correspondientes.

Los legisladores coincidieron en la necesidad de identificar a los verdaderos responsables de este perjuicio al Estado y enfatizaron que no solo corresponde sancionarlos, sino también recuperar los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos.

En horas de la tarde, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por unanimidad, dio inicio al trámite de juicio político presentado por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna contra Manzano, por presunto incumplimiento de funciones.

El presidente de la República, Daniel Noboa, expidió el Decreto Ejecutivo 424 con el que reconoce la existencia de un conflicto armado interno y plantea varios escenarios para actuar frente a esa situación. Una de las acciones más controvertidas del decreto es que, usando sus poderes, otorgará indultos y reducirá o cambiará penas para el personal militar, policial y civil que participe en actividades para enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado. Además, exhorta a la Asamblea a que proceda en igual sentido.

Noboa además ofrece inmunidad al personal extranjero de los Estados cooperantes que participen en las acciones ejecutadas en el contexto del conflicto armado interno.

Para tomar estas medidas, el Gobierno reconoce que hay circunstancias complejas que amenazan gravemente la soberanía, la seguridad, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población.

Bajo ese parámetro dispone que el Estado reciba cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que generan, agudizan y sostienen el conflicto armado interno. Asegura que todas las acciones tienen como finalidad neutralizar todas las estructuras que constituyan una amenaza para la soberanía nacional y sus componentes.

Por lo tanto, dispone a las Fuerzas Armadas, a la Policía y solicita a los Estados cooperantes que ejecuten y coordinen acciones destinadas a recuperar, preservar y garantizar la soberanía, independencia y la integridad territorial del Estado, protegiéndolo frente a las amenazas generadas por las estructuras criminales.

El Gobierno afirma que la actuación sostenida de esas estructuras criminales constituye una amenaza para el país, por lo que es necesario proteger a la población y neutralizar dichas amenazas para restablecer las condiciones de seguridad, paz y orden.

El próximo martes, organizaciones sociales e indígenas acudirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar la entrega de formularios y proceder a la recolección de firmas para impulsar la revocatoria del mandato del presidente de la República, Daniel Noboa. La FENOCÍN, la Ecuarunari, el Frente Popular, la UNE y la Unión General de Trabajadores del Ecuador promueven esta propuesta por un presunto incumplimiento del plan de gobierno que Noboa presentó en la elección presidencial de 2025.

Esta es la segunda iniciativa que tiene ese objetivo. La primera está impulsada por la plataforma Revoca.EC, liderada por Washington Andrade, quien hoy informó que Noboa y su vicepresidenta, María José Pinto, habrían sido notificados oficialmente por el CN sobre los procesos presentados en su contra.

Por su parte, las organizaciones sociales e indígenas que impulsan este nuevo pedido de revocatoria indicaron que el martes caminarán desde la Plaza Argentina hasta el CNE para solicitar los formularios. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, manifestó que no es una competencia entre organizaciones que han planteado solicitudes similares, ya que es el ejercicio de un derecho constitucional y que, independientemente de qué organización reciba primero los formularios, trabajarán de manera coordinada para la recolección de firmas.

Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, afirmó que el Gobierno mintió al país y que ha hecho todo lo contrario a lo que ofreció en campaña electoral y en el debate presidencial obligatorio, incluyendo el tema de los combustibles, cuyos precios se han incrementado luego de la eliminación de los subsidios decretada por este Gobierno. También le responsabilizó por los actos de corrupción que se han dado, como el caso Progen.

En sesión extraordinaria, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó a José Cabrera como nuevo presidente del organismo, poniendo fin a casi ocho años de mandato de Diana Atamaint. La nueva mayoría que operó para esta designación está conformada por Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera, quienes se autoconvocaron a la sesión extraordinaria a la que, a pesar de todo, también asistió Atamaint. Solo se registró la ausencia de Enrique Pinta y de quien lo ha venido reemplazando en las sesiones, José Merino.

La sesión extraordinaria fue convocada para definir quién ejercerá la representación administrativa, legal y extrajudicial de la institución. La moción fue presentada por la consejera Esthela Acero, quien propuso a Cabrera para dirigir el organismo electoral.

Los votos para la designación de la nueva autoridad fueron emitidos por José Cabrera, Elena Nájera y Estela Acero y la propia Diana Atamaint, quien, tras posesionar a Cabrera, abandonó la sesión.

Una vez en el cargo, Cabrera dijo que asume el cargo con firme sentido de compromiso democrático con Ecuador y trabajará guiado por la integridad, la eficiencia y la vocación permanente de servicio público. Manifestó que el Ecuador demanda instituciones sólidas, cercanas a la ciudadanía y capaces de responder con responsabilidad por las actuaciones que realice este órgano electoral, por lo que promoverá una gestión transparente, eficaz y cercana a la ciudadanía.
«Trabajaremos con apertura al diálogo, promoviendo la cooperación entre los actores políticos, las organizaciones sociales y todos los actores que comparten el objetivo de fortalecer la democracia. Invito a todos quienes formen parte de esta institución a trabajar con unidad de propósito, profesionalismo y espíritu de servicio», manifestó.

Garantizó que las elecciones seccionales y de consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana se desarrollarán con normalidad, cumpliendo cada hito del calendario y respetando, sobre todo, la voluntad del electorado. «Que este nuevo período de gestión esté marcado por el trabajo honesto, el respeto a la ley y la búsqueda permanente del bien común. Con fe en el Ecuador y en su gente, asumo esta responsabilidad con la convicción de entregar mi mayor esfuerzo al servicio de la patria», dijo.

En la misma sesión se designó a Esthela Acero como vicepresidenta del organismo, en reemplazo de Pita. Votaron a favor Acero, Cabrera y Nájera. Tanto Atamaint como Pita se mantienen como consejeros principales.

La elección del nuevo primer vicepresidente de la Asamblea, en reemplazo de Mishel Mancheno (ADN), quien asumió la presidencia tras la renuncia de Niels Olsen, no tuvo mayores sorpresas de lo que se había anticipado un día antes en los corrillos parlamentarios. Con 84 votos a favor, fue designado para ese cargo Esteban Torres Cobo (ADN) hasta el 2027, en que habrá nueva elección de autoridades para concluir los dos años restantes de este periodo legislativo.

Estaba prevista la designación de Torres, ya que ADN tiene mayoría en el Parlamento y, además, recibió el respaldo de independientes y de tres ex Pachakutik. Votó en contra la bancada correísta.

La moción fue presentada por el asambleísta independiente, pero afín al Gobierno, Pablo Jurado, quien destacó las cualidades de Torres y el aporte profesional que le puede dar a la Legislatura con solvencia técnica, visión estratégica y vocación de servicio público.

Tras ser posesionado, el primer vicepresidente agradeció a los legisladores por la decisión. “En una democracia como la que vivimos, con separación de poderes, con independencia de funciones, cuando los ecuatorianos dan una fuerza mayoritaria a la misma fuerza que llega al gobierno, la Asamblea no está llamada a ser de obstrucción o de paralización, sino de construcción de aquello que los ecuatorianos buscan y necesitan”, señaló.

El legislador tiene una amplia trayectoria política y parlamentaria. Llegó a la Asamblea en 2017 como alterno de su padre Luis Fernando Torres por la alianza Tiempo de Cambio – PSC. En 2018 se principalizó tras la renuncia de su padre, que dejó la curul para participar en las elecciones seccionales como candidato a alcalde de Ambato, elección que perdió.
Torres Cobo fue reelegido en 2021 por la misma alianza. Ha desempeñado funciones de Segundo Vicepresidente de la Asamblea, Primer Vocal del Consejo de Administración Legislativa, presidente de la Comisión Especializada Ocasional para la Reforma de los Artículos 110 y 115 de la Constitución, de la de Enmiendas Constitucionales y es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, entre otras dignidades.

Tras la «muerte cruzada», se sumó a las filas de ADN al colaborar con el régimen de Daniel Noboa como viceministro de Gobierno. Para las elecciones legislativas de 2025, se sumó al listado de candidatos de ADN y ganó la curul. Ahora es jefe de bancada del oficialismo.