El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la cancelación definitiva de Unidad Popular y Construye del registro nacional de organizaciones políticas. En el primer caso, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero suplente José Merino votaron a favor de la cancelación. Por su parte, Elena Nájera y José Cabrera votaron en contra. Nájera pidió la reconsideración de la votación para evitar el voto dirimente de Atamaint. Sin embargo, al repetir la votación, Nájera se abstuvo y Cabrera votó en igual sentido, persistiendo el empate (dos a favor y dos abstenciones), permitiendo que Atamaint ejerza el voto dirimente y vote por el sí, con lo que se consumó la cancelación de la organización contra tres votos positivos y dos abstenciones.
En el caso de Construye, la resolución se tomó con tres votos a favor y una abstención.
La cancelación de Unidad Popular generó discrepancias. Merino reconoció que estaban fuera de los plazos contemplados por la normativa para tomar una resolución, pero agregó que eso no era impedimento para evitar que el Estado entregue recursos del fondo partidario a organizaciones que no cumplen con la normativa, ni con el número mínimo de afiliados.
Elena Nájera criticó el informe técnico y dijo que la resolución llegó tarde, lo que podría traer problemas internacionales para el Estado ecuatoriano por no respetar los derechos de participación.
Geovanni Atariahuana, director de Unidad Popular, rechazó la resolución, ya que aseguró que fue tomada sin argumentos, fuera de tiempo y violando todos los procedimientos, la ley y la Constitución. Anticipó que impugnará ante el Tribunal Contencioso Electoral y ante instancias internacionales.

Con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo de Participación Ciudadana designó a Mercedes Caicedo como presidenta del Consejo de la Judicatura.
Caicedo encabezó la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez. El segundo postulante, Ramón Echaiz, será su suplente.
Los consejeros que votaron por Caicedo destaron su plan de trabajo expuesto ante el Pleno el pasado miércoles. La actual jueza de la Corte Nacional de Justicia plantea una reforma institucional integral orientada a fortalecer la independencia judicial, eliminar incentivos de corrupción estructural, profesionalizar y dignificar la carrera judicial. Además, propuso modernizar la infraestructura física y tecnológica del sistema, mediante una reingeniería basada en estándares internacionales de eficiencia, transparencia y trazabilidad.
Caicedo Aldaz es doctora en Ciencias Políticas (PhD); magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y en Cultura Jurídica. Es abogada de los Tribunales y Juzgados de la República y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Ha desempeñado funciones como jueza nacional (e) en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia; jueza de Garantías Penales en la Corte Provincial de Justicia de Bolívar; jueza del Tribunal de Garantías Penales en la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos; y conjueza nacional en la misma Sala Especializada de la Corte Nacional.
Asumirá el cargo una vez que sea posesionada por la Asamblea.

La crisis en el sistema de salud golpea fuertemente a los hospitales públicos que no tienen medicamentos, insumos ni personal para atender a los pacientes, advirtieron la mañana de este 22 de abril médicos y enfermeras que se sumaron a un plantón en los exteriores del Hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito.
La medida había sido convocada por personal de esta casa de salud para reclamar por la falta de insumos y de profesionales, pero terminó convirtiéndose en un acto colectivo de protesta que reunió a médicos y enfermeras de otros centros de salud a escala nacional quienes manifestaron que la situación del Pablo Arturo Suárez es una realidad que caracteriza a todo la red de salud pública del país.
Juan Barriga, jefe del área de traumatología del Pablo Arturo Suárez, manifestó que una larga lista de pacientes que están a la espera de una cirugía y que en algunos casos ellos mismos tienen que comprar insumos para poder operarse. Agregó que de las 72 áreas destinadas a cirugía, solo 28 están operativas debido a que nos enfermeras ni quirófanos o por el reducido números de médicos que van quedando debido a las desvinculaciones.
Los médicos aseguran que este panorama se repite en otros hospitales del país. El desabastecimiento de medicamentos, insumos, equipamiento sería la característica de esta crisis que se agrava con la desvinculación de médicos y enfermeras.
Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, indicó que existe pánico por esta realidad que se empeora cada día ya que el Gobierno se niega a escuchar las necesidades del sector y a dialogar con los trabajadores y profesionales de la salud. Anticipó que realizarán marchas y atenciones médicas simbólicas en los exteriores de la Federación para que el Gobierno tome conciencia de la situación que vive el sector.

A través de su cuenta ‘X’ el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció cambios en dos ministerios clave: Salud y de Energía. En su mensaje manifestó que esta semana se ejecutarán decisiones necesarias para fortalecer la lucha por el país y que las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que funciona y corregir lo que no.
En este sentido informó que el Ministerio de Salud asumirá de forma inmediata Jaime Bernabé Erazo en reemplazo de María José Pinto, Vicepresidenta de la República que estaba a cargo de esa cartera de Estado desde noviembre de 2025.
Durante este periodo Pinto no logró superar la crisis que afecta al sistema de salud pública como la falta de medicamentos e insumos. Además se desvinculó a médicos y personal administrativo y a esto se añade la muerte en Taisha de niños por falta de medicamentos y equipos.
Ahora Pinto centrará su gestión en otras tareas asignadas por Noboa al inicio del periodo presidencial como la articulación de la política pública en actividades relacionadas con salud mental, embarazo adolescente, desnutrición crónica infantil; entre otras actividades.
Mientras que en el Ministerio de Energía y Ambiente, a cargo de Inés Manzano, el cambio de autoridad se cumplirá el 30 de abril, sin que se conozca quién asumirá esa Cartera de Estado. Según Noboa, durante la transición, se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país.
El primer mandatario agregó otras acciones que implementará en los próximos días. En el ámbito de seguridad anticipó que decretará el toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00, desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo, en las siguientes provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Mientras que en el ámbito energético dispuso un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar.

Los siete procesados del caso Ligados fueron llamados a juicio por el presunto delito de asociación ilícita.
Se trata de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana identificados con la Revolución Ciudadana; Nicole Bonifaz, consejera en funciones; Andrés Arauz, ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana; Esther Cuesta, ex asambleísta de esa agrupación política; y Raúl González, ex superintendente de Bancos.
La resolución se dio a conocer ayer en la Corte Nacional de Justicia por parte de la jueza nacional Daniella Camacho.
Durante nueve horas la magistrada expuso primero la aceptación o no de pruebas solicitadas por las partes procesales y luego la motivación de su resolución, en una jornada que se extendió hasta la medianoche.
La magistrada determinó que hay indicios suficientes, graves y fundamentados para presumir la participación de los procesados en el delito de asociación ilícita. Además, Camacho ratificó las medidas de carácter real y personal contra los procesados.
Los investigados habrían conformado una estructura organizada y coordinada mediante la cual buscan controlar las instituciones del Estado a través de la manipulación de los concursos de selección de autoridades que están a cargo del Consejo de Participación Ciudadana.
Así esperaban, según la Fiscalía, favorecer a determinados postulantes en beneficio de la organización política para la que operaban.
En los próximos días se realizará el sorteo del Tribunal que llevará el juicio de los procesados.

Varias zonas del país reportan sorpresivos cortes de energía eléctrica a pesar de que el presidente de la República, Daniel Noboa, y la ministra de Energía, Inés Manzano, garantizaron que no habría apagones en abril. Sin embargo, moradores de barrios de Quito como Solanda, Magdalena, Chillogallo, Santa Rita, Santa Anita, Pinar Alto, El Bosque, Calderón, entre otros, reportaron cortes de luz no programados. Lo mismo sucedió en Guayaquil, Samborondón, Daule.

Manzano explicó que, en el caso de Guayaquil, Daule y Samborondón, las desconexiones eléctricas no programadas fueron para mejorar la distribución que ha estado fallando por la ola de calor que vive el país. Aseguró que la intervención fue para mejorar la subestación Dos Cerritos, ya que el calor hace que la red se sobrecargue en ciertos puntos. Como una medida urgente para evitar “tragedias” y fallos mayores en el sistema. Según la ministra, las altas temperaturas provocaron una sobrecarga en la red eléctrica debido al uso intensivo de sistemas de aire acondicionado.

Después anunció cambios en la «plana mayor» de Cenace y CNEL. En esta última entidad se designó a Juan Carlos Blum como su nuevo gerente general.

Blum es ingeniero mecánico y cuenta con una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental. Su perfil profesional está vinculado al desarrollo de proyectos en el sector energético y la sostenibilidad, según su trayectoria.

Mientras tanto, en la Asamblea hay división de criterios frente a esta nueva crisis eléctrica. Valentina Centeno, de ADN, respaldó la gestión del Gobierno y con poca convicción dijo que realizarán pedidos de información y convocarán a las autoridades para que den sus explicaciones sobre la situación con el objetivo de cumplir la labor de fiscalización. Lo que para el asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano resulta difícil de creer. «Si no logramos fiscalizar Progen y AMT, donde se robaron 110 millones de dólares, menos van a permitir fiscalizar la crisis eléctrica», dijo Serrano. «Lamentablemente, la Asamblea está castrada en la labor fiscalizadora», comentó el legislador.

Desde el 12 de abril el precio de los combustibles se incrementó en el país. La gasolina Extra y Ecopaís alcanzó los 3,024 dólares por galón, siendo la primera vez que supera la barrera de los tres dólares. Por su parte el diésel se ubicó en 2,962 dólares. Son precios que estarán vigentes hasta el 11 de mayo.
El incremento obedece a dos factores: la fluctuación del precio del crudo en el mercado internacional, que se ha incrementado por encima de los 100 dólares por barril debido a la guerra en Irán; y a la política de ajuste mensual del Gobierno de Daniel Noboa.
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos informó que el ajuste se da en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 308, suscrito por el Presidente de la República, mediante el cual se oficializó el esquema de estabilización de los precios de las gasolinas extra, ecopaís y el diésel premium del segmento automotriz.
La Conaie advirtió que el incremento impacta directamente en la vida diaria del país ya que eleva de manera inmediata los costos de movilización, producción, transporte de alimentos y en general el sostenimiento de las economías de las familias.
La organización indígena considera que mes a mes las familias deben destinar más recursos para cubrir sus necesidades básicas ya que se trata de un efecto que encarece las condiciones de vida.
«Ecuador no puede seguir aceptando que el costo de vida aumente de manera sostenida sin mecanismos de protección para la población. (…) De no corregirse este rumbo las consecuencias sociales serán cada vez más profundas», indica la organización en un comunicado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigió duras acusaciones contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, luego de que el mandatario ecuatoriano manifestó que no existía el compromiso de su par colombiano para luchar contra el narcoterrorismo en la frontera común. Noboa tomó ese pretexto para subir la tasa de seguridad del 50% al 100% a productos colombianos.
Petro publicó un extenso post en su red social X en el que asegura que los compromisos contra el narcotráfico los hizo desde que inició su lucha por la justicia social en Colombia. Petro aprovechó el mensaje para recordar los orígenes de los dos mandatarios. «Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros. Nací dentro del pueblo trabajador que no es narcotraficante ni lavador de dólares. Vive de su trabajo y de su sacrificio», explicó.
Según Petro, el descubrir los lazos que unen los grandes narcotraficantes colombianos con el poder oligárquico de su país, hizo que durante los 20 años que cumplió funciones en el congreso de Colombia, lleve al 35% de los senadores del Congreso de Colombia a investigaciones penales en la Corte Suprema de Colombia que terminaron con las condenas por vínculos con el narcotráfico paramilitar.
«Arriesgue mi vida y la de mi familia por décadas y sobreviví a varios atentados de los narcos ligados a poderes estatales. A mi nunca me han cogido mercancías con cocaína en barcos mercantes, de ninguna empresa de mi propiedad, no tengo cuentas bancarias en el mundo, ni empresas y mi único bien es la casa patrimonio familiar que aún pago al banco. No me meto en negocios malolientes», escribió.
«Que expliquen en Ecuador porque caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes, que expliquen los políticos del Ecuador porque se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo. Mafias colombianas se juntan con mafias ecuatorianas y con gente de poder político y económico», narró Petro.
Informó que la tasa de homicidios se ha desplomado a la tercera parte en Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador y allí se desarrollan los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca con más éxito y con la participación activa del campesinado colombiano.
«Nosotros con la inteligencia naval ayudamos a incautar ya más de 5,9 toneladas de cocaína en los puertos de Manta y Salinas en Ecuador, en Marbella, España, y en el puerto Thames en Inglaterra entre el 10 y el 23 de marzo, porque permito la mayor coordinación policial antinarcotraficante de nuestras fuerza pública con todas las fuerzas policiales del mundo, incluida la fuerza pública del Ecuador», e omu
Petro pidió a su embajadora en Ecuador que regrese de inmediato a su país y anunció que el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador.

En medio de una profunda división interna, una facción de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) cuestionó la legitimidad de Guido Perugachi como presidente de la organización. Leandro Ullón, uno de los detractores, asegura que el congreso que se realizó en noviembre para elegir a la nueva directiva tuvo muchas irregularidades para favorecer a Perugachi que encabezaba una de las listas. «Él no podía ser integrante del congreso, ya que estaba expulsado de la FENOCIN», dijo Ullón, por lo que considera que no hay directiva en la organización. Agregó que otras irregularidades presentadas fue un padrón inflado y cambio del lugar del congreso violando el estatuto de la organización.
Fabián Alcocer, del mismo grupo que desconoce a Perugachi, manifestó que buscan fortalecer la organización por lo que impugnan a la dirigencia en funciones, ya que en las elecciones votaron afiliados a la organización que estaban expulsados por lo que no estaban acreditados para participar en el congreso.
Estos cuestionamientos se dan en momentos en que la dirigencia promovida por Perugachi prepara la revocatoria del mandato del presidente de la República, Daniel Noboa, por incumplimiento del plan de gobierno, por lo que se preparan para la recolección de firmas. Justo cuando la Perugachi anunció que impulsarían esa medida, la primera en desconocerlo como presidente de la organización fue la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (SGDPN), señalando que la organización no cuenta con un directorio actualizado. La Secretaría es una entidad que depende directamente del Ejecutivo y su titular es nombrado por el gobernante de turno, en este caso Noboa.
Patricio Ortiz, de la línea disidente, dijo que la FENOCIN no puede promover ni apoyar una revocatoria ni ninguna actividad política ya que, según la normativa vigente, la organización no puede participar en actividades políticas, ni para impulsar una revocatoria de mandato ni para respaldar al gobierno. Dijo que la actividad de la organización se limita a la defensa de derechos en las calles cuando se presentan vulneraciones, en el marco de lo permitido por la Constitución y la ley. Manifestó que no participarán en actividades relacionadas con procesos electorales, incluyendo elecciones de alcaldes y prefectos, debido a las restricciones legales que tienen.

De manera sorpresiva la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga (exRC), anunció que este 14 de mayo renunciará al cargo y que no se presentará a las elecciones seccionales del 29 de noviembre para buscar la reelección.
En un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, Aguiñaga recordó que en diciembre de 2025 su padre falleció de cáncer hepático sumamente agresivo y que por actividades como prefecta, no pudo acompañarlo en sus últimos días, ni vivir su duelo.
En este sentido dijo que hace unas semanas recibió la noticia de que un familiar muy cercano tiene cáncer grado cuatro y que su esposo atraviesa una dura situación de salud.
«En estos momentos uno tiene que tomar decisiones muy complejas, porque aunque Guayas y ustedes son mi familia grande, hoy la familia que he formado necesita de mi tiempo completo; hoy más que nunca», indicó.
Agregó que siempre ha entendido que el poder es efímero y que la gratitud y la lealtad son por siempre. «Por eso he tomado una de las decisiones más complejas de mi vida: no correré para la reelección a la Prefectura del Guayas; es más, el 14 de mayo de este año cumpliré tres años de funciones y ese mismo día presentaré mi renuncia al cargo que ustedes me dieron», informó la prefecta.