Desde el 12 de abril el precio de los combustibles se incrementó en el país. La gasolina Extra y Ecopaís alcanzó los 3,024 dólares por galón, siendo la primera vez que supera la barrera de los tres dólares. Por su parte el diésel se ubicó en 2,962 dólares. Son precios que estarán vigentes hasta el 11 de mayo.
El incremento obedece a dos factores: la fluctuación del precio del crudo en el mercado internacional, que se ha incrementado por encima de los 100 dólares por barril debido a la guerra en Irán; y a la política de ajuste mensual del Gobierno de Daniel Noboa.
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos informó que el ajuste se da en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 308, suscrito por el Presidente de la República, mediante el cual se oficializó el esquema de estabilización de los precios de las gasolinas extra, ecopaís y el diésel premium del segmento automotriz.
La Conaie advirtió que el incremento impacta directamente en la vida diaria del país ya que eleva de manera inmediata los costos de movilización, producción, transporte de alimentos y en general el sostenimiento de las economías de las familias.
La organización indígena considera que mes a mes las familias deben destinar más recursos para cubrir sus necesidades básicas ya que se trata de un efecto que encarece las condiciones de vida.
«Ecuador no puede seguir aceptando que el costo de vida aumente de manera sostenida sin mecanismos de protección para la población. (…) De no corregirse este rumbo las consecuencias sociales serán cada vez más profundas», indica la organización en un comunicado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigió duras acusaciones contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, luego de que el mandatario ecuatoriano manifestó que no existía el compromiso de su par colombiano para luchar contra el narcoterrorismo en la frontera común. Noboa tomó ese pretexto para subir la tasa de seguridad del 50% al 100% a productos colombianos.
Petro publicó un extenso post en su red social X en el que asegura que los compromisos contra el narcotráfico los hizo desde que inició su lucha por la justicia social en Colombia. Petro aprovechó el mensaje para recordar los orígenes de los dos mandatarios. «Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros. Nací dentro del pueblo trabajador que no es narcotraficante ni lavador de dólares. Vive de su trabajo y de su sacrificio», explicó.
Según Petro, el descubrir los lazos que unen los grandes narcotraficantes colombianos con el poder oligárquico de su país, hizo que durante los 20 años que cumplió funciones en el congreso de Colombia, lleve al 35% de los senadores del Congreso de Colombia a investigaciones penales en la Corte Suprema de Colombia que terminaron con las condenas por vínculos con el narcotráfico paramilitar.
«Arriesgue mi vida y la de mi familia por décadas y sobreviví a varios atentados de los narcos ligados a poderes estatales. A mi nunca me han cogido mercancías con cocaína en barcos mercantes, de ninguna empresa de mi propiedad, no tengo cuentas bancarias en el mundo, ni empresas y mi único bien es la casa patrimonio familiar que aún pago al banco. No me meto en negocios malolientes», escribió.
«Que expliquen en Ecuador porque caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes, que expliquen los políticos del Ecuador porque se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo. Mafias colombianas se juntan con mafias ecuatorianas y con gente de poder político y económico», narró Petro.
Informó que la tasa de homicidios se ha desplomado a la tercera parte en Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador y allí se desarrollan los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca con más éxito y con la participación activa del campesinado colombiano.
«Nosotros con la inteligencia naval ayudamos a incautar ya más de 5,9 toneladas de cocaína en los puertos de Manta y Salinas en Ecuador, en Marbella, España, y en el puerto Thames en Inglaterra entre el 10 y el 23 de marzo, porque permito la mayor coordinación policial antinarcotraficante de nuestras fuerza pública con todas las fuerzas policiales del mundo, incluida la fuerza pública del Ecuador», e omu
Petro pidió a su embajadora en Ecuador que regrese de inmediato a su país y anunció que el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador.

En medio de una profunda división interna, una facción de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) cuestionó la legitimidad de Guido Perugachi como presidente de la organización. Leandro Ullón, uno de los detractores, asegura que el congreso que se realizó en noviembre para elegir a la nueva directiva tuvo muchas irregularidades para favorecer a Perugachi que encabezaba una de las listas. «Él no podía ser integrante del congreso, ya que estaba expulsado de la FENOCIN», dijo Ullón, por lo que considera que no hay directiva en la organización. Agregó que otras irregularidades presentadas fue un padrón inflado y cambio del lugar del congreso violando el estatuto de la organización.
Fabián Alcocer, del mismo grupo que desconoce a Perugachi, manifestó que buscan fortalecer la organización por lo que impugnan a la dirigencia en funciones, ya que en las elecciones votaron afiliados a la organización que estaban expulsados por lo que no estaban acreditados para participar en el congreso.
Estos cuestionamientos se dan en momentos en que la dirigencia promovida por Perugachi prepara la revocatoria del mandato del presidente de la República, Daniel Noboa, por incumplimiento del plan de gobierno, por lo que se preparan para la recolección de firmas. Justo cuando la Perugachi anunció que impulsarían esa medida, la primera en desconocerlo como presidente de la organización fue la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (SGDPN), señalando que la organización no cuenta con un directorio actualizado. La Secretaría es una entidad que depende directamente del Ejecutivo y su titular es nombrado por el gobernante de turno, en este caso Noboa.
Patricio Ortiz, de la línea disidente, dijo que la FENOCIN no puede promover ni apoyar una revocatoria ni ninguna actividad política ya que, según la normativa vigente, la organización no puede participar en actividades políticas, ni para impulsar una revocatoria de mandato ni para respaldar al gobierno. Dijo que la actividad de la organización se limita a la defensa de derechos en las calles cuando se presentan vulneraciones, en el marco de lo permitido por la Constitución y la ley. Manifestó que no participarán en actividades relacionadas con procesos electorales, incluyendo elecciones de alcaldes y prefectos, debido a las restricciones legales que tienen.

De manera sorpresiva la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga (exRC), anunció que este 14 de mayo renunciará al cargo y que no se presentará a las elecciones seccionales del 29 de noviembre para buscar la reelección.
En un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, Aguiñaga recordó que en diciembre de 2025 su padre falleció de cáncer hepático sumamente agresivo y que por actividades como prefecta, no pudo acompañarlo en sus últimos días, ni vivir su duelo.
En este sentido dijo que hace unas semanas recibió la noticia de que un familiar muy cercano tiene cáncer grado cuatro y que su esposo atraviesa una dura situación de salud.
«En estos momentos uno tiene que tomar decisiones muy complejas, porque aunque Guayas y ustedes son mi familia grande, hoy la familia que he formado necesita de mi tiempo completo; hoy más que nunca», indicó.
Agregó que siempre ha entendido que el poder es efímero y que la gratitud y la lealtad son por siempre. «Por eso he tomado una de las decisiones más complejas de mi vida: no correré para la reelección a la Prefectura del Guayas; es más, el 14 de mayo de este año cumpliré tres años de funciones y ese mismo día presentaré mi renuncia al cargo que ustedes me dieron», informó la prefecta.

El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos; y en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).
Según el Decreto Ejecutivo 353, la medida excepcional durará 60 días y en las zonas de la declaratoria se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Sin embargo, en ninguno de los casos se aplica el toque de queda.
La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá a la fuerza pública realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios objetivos y razonables de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada; o se encuentren armas, municiones, explosivos, drogas, u otros productos prohibidos.
La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia permitirá la identificación, análisis, recopilación de información estrictamente pertinente para prevenir o neutralizar amenazas.
Las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía serán los encargados de precautelar la protección interna, el mantenimiento y y control del orden público y la seguridad ciudadana.

Organizaciones sociales, sindicales y populares exigen la renuncia de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que el organismo aprobó adelantar la fecha de las elecciones seccionales, del 14 de febrero de 2027, previsto inicialmente, al 29 de noviembre de este año.
Las organizaciones mantuvieron el sábado una asamblea ampliada y decidieron exigir la renuncia inmediata de Atamaint y de Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Las organizaciones consideran que con sus resoluciones han afectado a la democracia, al derecho a elegir y ser elegidos.
Como parte del pronunciamiento de las organizaciones, rechazaron el adelanto de las elecciones previstas para noviembre de 2026, así como la omisión en la convocatoria a elecciones para los vocales del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras vulneraciones a la Constitución y la ley.
En este contexto, convocaron al pueblo a participar en la marcha en defensa de la democracia y del derecho a la participación política de los pueblos del Ecuador, que se realizará este miércoles. Otras dos jornadas de movilizaciones están previstas para el 8 de abril y el 1 de Mayo, como parte de las acciones en defensa de la salud, la vida y el trabajo.
José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), manifestó que está en juego la democracia y el derecho de participación. «Diana Atamaint se ha convertido en un instrumento servil del gobierno neoliberal, prepotente autoritario, dictador de Daniel Noboa», dijo el dirigente sindical.
Por su parte el director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, indicó que el miércoles cumplirán una marcha hacia el organismo electoral como parte de las acciones de la organización frente al proceso de cancelación del registro de organizaciones políticas. Atarihuana manifestó que agotarán todas las instancias para que se respete el derecho de participación de la organización y de sus afiliados.

El juez anticorrupción Jairo García dictó prisión preventiva en contra del asambleísta de la alianza Reto – Revolución Ciudadana, Raúl Chávez. El legislador de oposición al Gobierno fue vinculado al caso “Goleada”, con lo que son 12 los procesados en esta causa.
La Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. En la causa están procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier. La causa está relacionada con la presunta comercialización y distribución irregular de combustibles,
Durante la audiencia de vinculación, el fiscal del caso, Dennis Villavicencio, señaló que había elementos suficientes que permitían presumir la participación de Chávez en los hechos que se investigan en el caso. El juez dispuso que se gire la boleta para que sea ubicado y detenido por la Policía, ya que se desconoce su paradero. Chávez habría salido del país antes de que se cumpla la audiencia de vinculación.
Con la resolución del juez, la instrucción fiscal se extiende por 30 días para continuar con la investigación, informó la Fiscalía.
El caso “Goleada” tiene relación con un presunto entramado empresarial creado para vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional mediante empresas de papel, sin levantar alertas, a través de la simulación de obligaciones, la omisión de ingresos y aparentes gastos para obtener beneficios indebidos. A través de esta operación el entramado empresarial en el que presuntamente estaban los hermanos Álvarez y Chávez, entre otros procesados, se habría beneficiado con el desvío de combustible subsidiado.
“Hoy un juez incompetente desde lo legal y lo moral -con bastante rabo de paja y que mañana lo daremos a conocer- me ha dictado orden de prisión en un proceso “INVESTIGACIÓN”, actuando al margen de la ley, irrespetando fuero, inmunidad y todos los principios constitucionales fundamentales: derecho a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y el principio de legalidad. Este acto, solo confirma el estado de persecución en que vivimos y que busca acallar las voces de quienes estamos del lado de la verdad, la justicia y la plena democracia. Vamos a resistir y venceremos a la infamia”, posteó el legislador desde la clandestinidad.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana para el 29 de noviembre de este año.
La decisión se tomó en base a un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en el que advierte que entre enero y marzo de 2027 la temporada invernal se intensificará y podría afectar los recintos electorales. La jornada estaba prevista que se realice el 14 de febrero de 2027.
Según el informe, de mantenerse las condiciones actuales se proyecta la existencia de afectaciones en al menos siete provincias, que comprometerían 218 recintos electorales. De agravarse las condiciones climáticas, las afectaciones podrían extenderse no solo a los recintos electorales, sino también a otra infraestructura crítica para el desarrollo de las elecciones, tales como centros de procesamiento electoral, bodegas y demás infraestructura, consta en el informe que justifica el cambio de fecha para la jornada electoral.
La resolución se tomó con los votos a favor de Diana Atamaint (presidenta), Enrique Pita (vicepresidente), José Cabrera y Esthela Acero. Votó en contra la consejera Elena
Nájera.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos asegura que se evidencia una posibilidad creciente de evolución hacia condiciones correspondientes a un fenómeno de El Niño que iniciaría el segundo semestre de 2026 y cuyo nivel de impacto se intensificaría los primeros meses del año 2027.
Este escenario podría coincidir con la época lluviosa del próximo año en el país, incrementando la probabilidad de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, tales
como inundaciones y movimientos de masa, con potenciales impactos directos en la población.
Según la Secretaría, estas condiciones podrían traducirse en afectaciones a infraestructura, medios de vida, sistemas productivos y condiciones sociales en amplias zonas del país.
Los consejeros que apoyaron la resolución aseguraron que es una decisión responsable que no afecta la transparencia del proceso electoral.

Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, informó que acudirán a instancias administrativas, judiciales e internacionales para mantenerse en el registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que les permite participar en los procesos electorales del país.
Hoy el pleno del organismo electoral aprobó el informe para iniciar la cancelación del partido por no contar con el número mínimo requerido de afiliados.
El informe fue aprobado con los votos de Diana Atamaint, María Cristina Kronfle y de José Merino. Se abstuvo el consejero José Cabrera.
Según el informe técnico jurídico, Unidad Popular cuenta con 31 mil afiliados de los 206 mil que se registraron para la inscripción del partido.
Atarihuana calificó a la resolución del CNE de «apagón» a la democracia impulsado por el presidente de la República, Daniel Noboa, a través de su «brazo ejecutor», Diana Atamaint, presidenta del CNE.
Según el dirigente, Unidad Popular tiene 206 mil afiliados, mientras que 300 se han desvinculado en los últimos seis años.
El partido tiene 10 días para presentar sus observaciones al informe aprobado, tras lo cual el pleno del CNE deberá sesionar nuevamente para ratificar la cancelación o archivar el proceso.
Natasha Rojas, dirigente del partido, manifestó que se trata de una persecución política ya que es un partido que lucha en las calles en contra de las políticas del Gobierno. Aseguró que Atamaint está pagando favores políticos y negando los derechos de participación de las organizaciones y ciudadanos.
Unidad Popular convocó a una movilización hacia el CNE el 1 de abril para que se respeten sus derechos de participación.

Militantes de Unidad Popular realizaron un plantón en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, en rechazo del informe técnico jurídico del organismo que recomienda iniciar su cancelación del registro de organizaciones políticas por presuntamente no cumplir con el número requerido de afiliados.
Geovanni Atarihuana, presidente del partido, entregó en el organismo electoral un oficio en el que exigen el archivo del informe. «Daniel Noboa, utilizando a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, pretende de forma burda eliminar a nuestro partido del registro electoral», dijo Atarihuana, en los exteriores del organismo electoral, rodeado de partidarios que gritaban consignas contra Noboa.
Desde el viernes el Pleno del CNE intenta tratar los informes para la cancelación de Unidad Popular y de Construye por no cumplir con el número de afiliados. Sin embargo, Atarihuana manifestó que desde su refundación en 2020 cuentan con más de 200 mil afiliados y que en este lapso apenas se han desafiliado el 1%. El pleno del CNE no ha logrado instalarse por falta de quórum para aprobar los informes, que en el caso de Unidad Popular califica de fraudulento y burdo.
Atarihuana aseguró que lo que busca el Gobierno de Daniel Noboa, con la complicidad de Atamaint, es estar solo en la papeleta electoral. «Quieren asaltar la democracia», manifestó.
El informe sobre Construye establece que esta organización política no cuenta con un solo adherente. El movimiento respondió a través de un comunicado y señaló que enfrenta desde hace dos años una arremetida por parte del Gobierno. En el boletín se menciona que, en el 2014, el expresidente Rafael Correa eliminó arbitrariamente a Construye; y que, años después, el CNE de Transición reparó “aquella injusticia”. “Hoy, en un nuevo contexto, nuestro movimiento enfrenta una arremetida que comenzó hace más de dos años”, refirió la organización política. «El gobierno atacó a dirigentes y asambleístas, y utilizó el CNE —con Diana Atamaint a la cabeza— para intentar nuestra extinción política. Mientras unos asambleístas fueron intimidados, otros fueron cooptados con prebendas y pasaron a engrosar sus filas», consta en el comunicado de Construye.