En la primera jornada del feriado de cuatro días que vivirá el Ecuador, hay vías que se mantienen bloquedas producto del paro indígena que hoy, jueves 9 de octubre de 2025, cumple su décimo octavo día. Según el reporte oficial del ECU – 911, con corte a las 14:10, estas son las vías que continuaban cerradas por manifestantes:
Chimborazo: Riobamba – Cuenca; en el cantón Alausí, sectores Tixan, Aypud; en el cantón Chunchi, sectores Tolte e ingreso a Chunchi.
Imbabura: La Plata – Selva Alegre; Otavalo – Cotacachi; Otavalo – González Suárez; Zuleta – Rumipamba.
Pichincha: Quito – Cayambe; Tabacundo – Cajas.
Además, al interior de Quito también se registraron esporádicos cierres viales, como por ejemplo en el sector de Calderón, San Miguel del Común; Panamericana Norte y Leonidas Proaño, a la altura de la Corte Constitucional.

#IMPORTANTE||

🚧 VÍA E35 HABILITADA EN EL SECTOR SAN MIGUEL DEL COMÚN, DIRECCIÓN GUAYLLABAMBA, #UIO#PolicíaEcuador, a través de su contingente desplegado, informa que la vía E35, con dirección a Guayllabamba, se encuentra totalmente habilitada en sus dos carriles.… pic.twitter.com/EGgypVXDnT

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 9, 2025

El cierre de vías se da acompañado en algunos casos de movilizaciones en contra del Gobierno. Hoy se produjo una corta marcha por parte de manifestantes que se concentraron en el parque de El Arbolito y recorrieron vías aledañas por lo que hubo presencia militar y policial.
Para el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, estos días de feriado servirán también para que las organizaciones se reorganicen, cumplan asambleas territoriales y recobren energías para sostener el paro.
Los sectores indígenas de la capital invitaron a la ciudadanía a la marcha de este domingo desde La Villa Flora hasta El Arbolito con el objetivo de continuar con la medida que se cumple principalmente en Imbabura.
Por su parte el Gobierno ha dado muestras de no tener intenciones de abrir el diálogo con los sectores en paro, promovido por la CONAIE, y por lo contrario, ha iniciado acciones legales en contra del presidente de la organización, Marlon Vargas, y otros dirigentes del movimiento indígena.

El presidente de la República, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, por la causal de grave conmoción interna.
Según el Decreto 174, son las 10 provincias que con motivo del paro indígena que inició hace dos semanas, evidencian paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público, provocando situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la vida, integridad, libertad de circulación, trabajo, al ejercicio de actividades económicas y productivas, así como a la obligación estatal de proteger los sectores estratégicos.
Con la medida de excepción, el Ejecutivo busca detener las medidas de hecho y su radicalización, que ha sido progresiva, consta en el Decreto, evitando así mayor afectación a la población.
Según el Gobierno, las provincias señaladas son aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas y servidores públicos, paralización del transporte, el impedimento del traslado de bienes, mercancías y productos de primera necesidad, los cierres de vías y la limitación del trabajo y de ejercicio de actividades económicas y productivas, así como el atentado a sectores estratégicos.
El estado de excepción será por 60 días, tiempo en el cual se suspende el derecho a la libertad de reunión, enfocado a limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos, e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.
Con el decreto se faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana, así como al orden constituido, o paralización de servicios públicos o sectores estratégicos.

El consejo ampliado de la CONAIE resolvió la tarde de este jueves 10 de octubre de 2025, continuar con el paro nacional que ya cumple 11 días, con epicentro en Imbabura y con la expectativa de ir sumando más provincias.
La Conaie se reunió en Quito para avaluar el desarrollo del paro. Estuvieron presentes el presidente de la organización, Marlon Vargas, los presidentes de las tres regionales y delegados de comunidades que sostienen el paro en la Sierra norte.
Entre las resoluciones que Vargas anunció que se habían tomado están la de continuar con el paro como expresión legítima de los pueblos y nacionalidades frente a «un gobierno autoritario que responde con represión, criminalización y medidas neoliberales que encarecen la vida».
Y aunque mencionó que ratifican los puntos de su agenda de lucha que generó este paro, como la exigencia de la derogatoria del decreto 126 con el que se eliminó el subsidio al diésel, ahora también exigen que se reduzca el IVA del 15 al 12%, garantías para el derecho a la resistencia; verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y para la familia de Efraín Fuerez, comunero de Cotacachi asesinado durante una de las jornadas de bloqueo de vías que se dio en esa localidad.
Como parte de las resoluciones consta organizar asambleas territoriales en todas las provincias y comunidades para preparar y consolidar la campaña nacional por el «No» en la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Daniel Noboa, para que se convoque a una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.
«Este mecanismo no responde a las verdaderas demandas del pueblo, sino que busca distraer la atención de la crisis social y económica», dijo Vargas. Agregó que a través de la asamblea constituyente, el Gobierno quiere eliminar los derechos colectivos, de la naturaleza, derechos laborales y la gestión comunitaria del agua.
A la vez que se resolvió mantener el paro, el movimiento indígena se comprometio a establecer un corredor humanitario en la zonas más fuertes de resistencia indígena para garantizar el paso seguro de medicinas, insumos médicos y ambulancias hacia hospitales y centros de salud.

El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea el proyecto de Ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El proyecto se envió con el carácter de urgente en materia económica, el sexto con esa característica desde que inició su mandato en mayo de este año.
El proyecto tiene cuatro artículos: objeto, ámbito de aplicación y alcance, finalidad y fortalecimiento de las fuerzas del orden.
Este último artículo establece que las fuerzas del orden podrán recibir donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, que serán destinados a la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad integral del Estado.
Según la propuesta, las donaciones podrán provenir de contribuyentes nacionales o de organismos, gobiernos o entidade internacionales.
Las donaciones realizadas por contribuyentes nacionales darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal. Según la disposición reformatoria, la rebaja será de hasta el 30% del impuesto.
Las donaciones realizadas por organismos, gobiernos o entidades internacionales estarán sujetas a la existencia de acuerdos o convenios de cooperación internacional y a lo establecido en el Reglamento General a la presente Ley.
El objetivo del proyecto es establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones, destinado exclusivamente al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para el cumplimiento de sus labores constitucionales en las actividades de protección interna, mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana y seguridad integral del Estado.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, exigió a la Asamblea que enjuicie políticamente a los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por la represión de la que han sido objeto por parte de militares los manifestantes que participan en el paro indígena, especialmente en Imbabura.
Vargas fue recibido en comisión general en la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por la Revolución Ciudadana, que inició la investigación de presuntas vulneraciones a los derechos humanos registradas en el marco de las recientes movilizaciones sociales, tras la expedición del Decreto Ejecutivo No. 126 que eliminó el subsidio al diésel.
El líder del movimiento indígena manifestó que nos son terroristas como lo asegura el Gobierno y que solo están ejerciendo su derecho a la resistencia en contra de las medidas del Ejecutivo. Vargas reiteró que el paro se mantiene firme y que se van sumando más sectores sociales a pesar de la represión de la que son objeto, según manifestó ante los asambleístas.
La fiscalización iniciada por esta Comisión abarcará denuncias relacionadas con las manifestaciones en Cotacachi y Otavalo, así como el asesinato del comunero indígena Efraín Fuerez, ocurrido en Imbabura.
La Comisión recibió además a otros dirigentes del movimiento indígena como Soledad Puruhuá, Blanca Chancoso, Martha Tuquerrez, Rafael Negrete, Fabián Cabascango, entre otros. Ellos manifestaron que sus movilizaciones son pacíficas a pesar de lo cual han sido perseguidos y atacados por la fuerza pública y exigieron la liberación inmediata de 12 comuneros detenidos durante las protestas.
Los indígenas narraron situaciones de violencia, militarización, ataques con armas letales, difamación y criminalización a los pueblos indígenas.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional las Leyes de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública que fueron promovidas por el Gobierno como económicas urgentes y aprobadas por la mayoría oficialista en la Asamblea.
En sentencia difundida la noche de este 26 de septiembre, se explica que los jueces declararon la inconstitucionalidad por haber mezclado materias usando indebidamente el procedimiento de urgencia en materia económica.
La sentencia 51-25-IN/25, relacionada a la Ley de Solidaridad Nacional, concluye que la normativa en su integridad es inconstitucional por vicios de procedimiento, por cuanto en su aprobación se vulneró el principio de unidad de materia previsto en el artículo 136 de la Constitución, y porque no correspondía que fuese tramitada mediante el procedimiento abreviado establecido en el artículo 140 de la Constitución.
En la sentencia, la Corte hace un llamado de atención a la Asamblea y a la Presidencia de la República por vulnerar el artículo 136 de la Constitución, que señala que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y que serán presentados al Presidente de la Asamblea con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían.

La inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública

Al declarar la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Integridad Pública, su Reglamento General y sus normas conexas, la Corte argumenta que en el tratamiento se vulneró los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.
Los jueces constitucionales revisaron el expediente legislativo y constataron que el asambleísta oficialista Andres Castillo, en el desarrollo del segundo debate, presentó modificaciones y textos adicionales al contenido en el informe para segundo debate remitido por la Comisión, a pesar de lo cual la ponente, asambleísta Valentina Centeno (ADN), no solicitó la suspensión del punto del orden del día a fin de que la comisión analice y apruebe la incorporación de los cambios sugeridos, sino que por el contrario, mocionó la aprobación del texto íntegro con los cambios incorporados en la misma sesión.
«Al aprobarse un “texto íntegro” con enmiendas de última hora, no conocidas ni discutidas, se impidió un debate informado, razonado y plural, degradando la función de control recíproco entre legisladores y la participación indirecta de la ciudadanía», señala la Corte.

Thelos Ruta Informativa en su segmento 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒔𝒎𝒐 𝑺𝒊𝒏 𝑭𝒓𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂𝒔 te trae un nuevo reportaje desde la provincia de Sucumbíos, en nuestra bella Amazonía ecuatoriana.
“La Amazonía de Ecuador posee una riqueza natural invaluable como ríos, cascadas y lagunas, y junto a una gastronomía exquisita ofrece una experiencia única a sus visitantes”
En el Día Mundial del Turismo, la provincia de Sucumbíos y sus cantones preparan una amplia agenda para que los turistas nacionales y extranjeros disfruten del contacto con la naturaleza los días 26, 27 y 28 de de septiembre. 🗓️
Sus autoridades, emprendedores locales y ciudadanía en general te invitan a conocer y disfrutar de todos los encantos que posee esta mágica provincia.
Que lo disfruten.

Tras varios días de tensión política – jurídica, finalmente la Corte Constitucional dio el visto bueno para que se convoque a una consulta popular donde la población defina si quiere o no que se instale una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución.
El dictamen favorable se dio luego de que el Presidente de la República, Daniel Noboa, proponente de la consulta, subsanó las observaciones relativas a los considerandos de la convocatoria y a los artículos 4 y 5 del Estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Constituyente.
La Corte dispuso al Consejo Nacional Electoral que incluya en la papeleta lo relacionado a este tema. La Asamblea Constituyente estará integrada por 80 asambleístas principales con sus respectivos suplentes: 50 provinciales, 24 nacionales y 6 por circunscripciones en el exterior.
De acuerdo a lo dispuesto, se elegirá un asambleísta constituyente por cada provincia, y uno más por cada 471.000 habitantes, de acuerdo con el último censo nacional de la población.
Según la Corte, de esta forma la conformación provincial se construye sobre una base territorial que asegura la representación de todas las provincias, combinada con un criterio poblacional
que distribuye claramente las curules.
El voto será en listas cerradas y bloqueadas y los escaños se adjudicarán aplicando el método D’Hondt.
A través de un comunicado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, informó que recibió el dictamen favorable para que el pueblo se pronuncie sobre la Asamblea Constituyente.

El 16 de noviembre de 2025 los ecuatorianos volverán a la urnas para pronunciarse en el referéndum propuesto por el Presidente de la República, Daniel Noboa, sobre la posiblidad de levantar la prohibición de que bases militares extranjeras se instalen en el país; y sobre la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas.

En sesión de este 21 de septiembre de 2025, el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario electoral que regirá para este proceso. Entre otras fechas constan que la campaña electoral se desarrollará entre el 1 y el 13 de noviembre y la publicación de los resultados oficiales el 5 de enero de 2026.

El presupuesto estimado para organizar el referéndum asciende a 59’783.375 dólares.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió la tarde de este 20 de septiembre de 2025 remitir a la Corte Constitucional el Decreto Ejecutivo 153, dictado por el Presidente de la República, Daniel Noboa, para que se convoque a una consulta popular sobre la Asamblea Constituyente.

En la mañana el organismo electoral se abstuvo de tratar el Decreto Ejecutivo 148 que Noboa había emitido con el mismo propósito, sobre el cuál la Corte Constitucional emitió medidas cautelares suspendiendo sus efectos hasta resolver las demandas de inconstitucionalidad  presentadas contra ese decreto por no haber pasado el control constitucional previo.

Sin embargo, el CNE se declaró en periodo electoral (máxima autoridad en el país) para dar trámite a propuestas de referéndum sobre las bases militares extranjeras y el financiamiento estatal a las organizaciones políticas.

Aprovechando esa coyuntura, Noboa derogó el Decreto 148 pero de inmediato publicó el 153 con el objetivo de que esta vez el CNE sí apruebe su contenido y ponga en marcha el proceso electoral para la Constituyente.

Pero los vocales del CNE resolvieron remitir a la Corte Constitucional este nuevo Decreto solicitando un dictamen inmediato, bajo el principio de celeridad, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular para la Asamblea Constituyente.