Con 142 votos a favor y una abstención, de José Nango, exPachakutik, aprobaron llamar a comparecencia a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, para que explique presuntas irregularidades en actuaciones judiciales, así como sobre otros asuntos inherentes al ejercicio de sus competencias y responsabilidades institucionales.

La comparecencia se realizará de manera presencial e indelegable, en el término de hasta ocho días, contados a partir de la aprobación de la presente resolución, en la fecha y hora que determine la Presidencia de la Asamblea. De ser necesario, se habilitará el tiempo correspondiente mediante la suspensión del receso parlamentario, a fin de garantizar la continuidad de la función fiscalizadora.

La resolución se tomó la tarde de este domingo 21 de diciembre, durante la sesión virtual convocada para tratar exclusivamente ese tema. La moción de comparecencia fue presentada por legislador Andrés Castillo (ADN), quien, durante su intervención, señaló que la Asamblea envía un mensaje claro de cumplimiento de su misión constitucional, que es la fiscalización. “Nosotros, aquí, vamos a enfrentar todo tipo de procesos de fiscalización, sin miedo, sin temor ni favor, garantizando que esta se realice en el marco de la ley y convocando a los principales actores”, afirmó.

En los últimos días Godoy ha generado polémica ya que el juez anticorrupción, Carlos Serrano, renunció a su cargo tras denunciar que se le retiró la protección de la Polícia tras ser amenazado por Jezdimir Srdan, un narco serbio, a quien sentenció por lavado de activos. Serrano indicó que un alto funcionario de la Judicatura lo presionó para que declare inocente al narcotraficante extranjero. Luego se supo que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue abogada de Srdan. Ella ha manifestado que solo lo patrocinó en la investigación previa, no durante el juicio.

La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador dio la bienvenida este miércoles 17 de diciembre de 2025 al personal de la Fuerza Aérea de su país para una operación temporal con la Fuerza Aérea de Ecuador en Manta. En un mensaje a través de la cuenta «X», la delegación diplomática asegura que esta colaboración a corto plazo se realiza como parte de la estrategia bilateral de seguridad a largo plazo en el marco de los acuerdos vigentes conforme a la ley ecuatoriana.

«La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos”, señala la embajada en su red social.

A través de la misma vía, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que con el respaldo de los Estados Unidos activarán una operación temporal junto a la Fuerza Aérea en Manta que permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico y someter a quienes «creyeron que podían tomarse el país».

Esta cooperación para la Fuerza Aérea de Ecuador se da en el contexto del Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, que permite que personal militar y civil de los Estados Unidos puedan estar presentes “temporalmente” en territorio ecuatoriano con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias y otras causas, como detección de delitos de narcotráfico, tráfico ilícito.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano confirmó que en aviones que llegaron días atrás, arribó material de índole militar con la misión de aportar información y fortalecer las capacidades del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. La llegada de los militares se produce después de la visita que a inicio de noviembre realizó la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, a Manta, en la que destacó el apoyo que Ecuador da a su país en la lucha contra el narcotráfico, inmigración y tráfico de personas.

Esa ocasión, las autoridades reforzaron su compromiso de unir esfuerzos para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad de cada país. Revisaron también avances en proyectos bilaterales de cooperación en seguridad y control fronterizo. Noboa reiteró su voluntad de seguir trabajando con el gobierno de EE. UU. bajo los principios de soberanía, transparencia y beneficio mutuo.

El Gobierno Nacional informó este lunes 15 de diciembre que el salario básico unificado para el 2026 será de 482 dólares, es decir que regirá un incremento de 12 dólares en relación al salario vigente.

Según el Gobierno, tras un proceso de diálogo se llegó a un acuerdo entre representantes del Ministerio de Trabajado, empleadores y trabajadores para fijar ese monto en base a un diálogo técnico y constructivo.

La decisión fue adoptada en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, instancia tripartita en la que, luego de un análisis detallado de los indicadores económicos, sectoriales y laborales, se logró un acuerdo que responde a criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar para los trabajadores ecuatorianos, indicó el Gobierno a través de un comunicado.

El Ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó que este consenso también pone en evidencia “el compromiso del país por avanzar hacia un modelo laboral equilibrado, donde las decisiones se construyen desde el diálogo y la corresponsabilidad de todos los actores”.

Para el Gobierno, este incremento busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, impulsar la productividad y asegurar un entorno que promueva la estabilidad laboral y el crecimiento económico.

Sin embargo Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), organización sindical de oposición, manifestó que el alza no responde a criterios ténicos ni sociales y que no aporta a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los presidentes de Ecuador y Perú, Daniel Noboa y José Jerí, respectivamente, suscribieron la Declaración Presidencial de Quito 2025, al concluir el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional que se cumplió este viernes 12 de diciembre en la capital ecuatoriana. Los mandatarios se reunieron en el Palacio de Carondelet y al final de la jornada descataron los compromisos logrados para combatir la delincuencia organizada  transnacional en la línea fronteriza binacional y la mineria ilegal.

“Los criminales y quienes buscan hacer el mal siempre encuentran la forma de unirse. Quienes hacemos las cosas bien, quienes buscamos el bienestar de los ciudadanos, debemos encontrar la mejor forma de trabajar juntos para sacar adelante a nuestros pueblos, generar empleo, brindar seguridad y dar tranquilidad a las familias”, señaló Noboa.

Por su parte el mandatario peruano reafirmó el compromiso de su país con el diálogo y la ejecución de los compromisos asumidos, destacando la importancia del Gabinete Binacional como un mecanismo eficaz para consolidar una relación basada en la confianza y el beneficio mutuo. “Es el momento de llevar nuestras relaciones bilaterales a un nivel más alto, aprovechando la experiencia de nuestros gobiernos con la juventud”, indicó.

Acuerdos en materia de seguridad

Además, acordaron temas como el apoyo mutuo en los recientes incendios forestales, mecanismos binacionales de gestión de desastres, simulacros en frontera para mejorar los protocolos, acciones sociales para el desarrollo en comunidades vulnerables, avances hacia cooperación bajo el modelo PIAS (Plataforma Itinerates de Acción Social) llevando servicios del Estado a zonas aisladas.

Los ministros de Defensa de ambos países manifestaron que una frontera segura se construye con coordinación, institucionalidad y confianza mutua, por lo que reafirmaron su voluntad de trabajar juntos, fortalecer la seguridad, impulsar acciones sociales y velar para que la frontera binacional sea un espacio seguro y de desarrollo para las familias de ambos países.

La abstención en la votación de los seis legisladores oficialistas que integran la Comisión de Fiscalización, impidió que se calificara a trámite la solicitud de juicio político que presentaron los asambleístas del correísmo Franklin Samaniego, Luis Molina y Eliana Correa en contra del exministro de Salud de este Gobierno, Jimmy Martin.

La solicitud cumplía con todos los requisitos conforme se desprende del informe del Consejo de Administración Legislativa (CAL), por lo que votaron a favor los correístas Janeth Bustos, Ana Herrera, Fricson George y Nanki Saant. Se abtuvieron los legisladores de ADN Ferdinan Álvarez, Ana Belén Tapia, José Nango, María Paula Villacreses, Luigi García y Fabiola Sanmartín.

Herrera, quien propuso la moción para que se avoque conocimiento y se inicie la sustanciación del juicio político contra el exfuncionario oficialista, indicó que hay motivos suficientes para que Martin responda por el incumplimiento de funciones que ha llevado a la crisis del sistema de salud público: «Más que un tema político es un tema ciudadano. Basta salir a las calles y preguntar a la gente si tienen medicinas, si han sido atendidos, si son tratados de manera adecuada, si reciben medicamentos», argumentó la legisladora.

El presunto incumplimiento de funciones estaba relacionado con desabastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, falta de pago a prestadores de servicios externalizados y a clínicas privadas de diálisis, así como falta de ejecución presupuestaria.

Al no haber alcanzado los votos necesarios para que continúe el trámite, la propuesta de juicio político quedó en el limbo. Los proponentes del proceso manifestaron que la Comisión de Fiscalización vuelve a ser la comisión de archivo.

Por su parte la bancada oficialista a través de un comunicado expresó que el país necesita decisiones responsables, no espectáculos. ADN asegura que la prioridades son enfrentar a las mafias enquistadas en el sistema sanitario y que censurar a un exfuncionario no ayuda en nada a la gente.

Este 8 de diciembre se cumple un año de la desparición forzada de Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, conocidos como Los 4 de las Malvinas. Hace un año los cuatro menores de edad fueron desaparecidos tras un operativo por parte de militares de la FAE que cumplian labores de patrullaje. Sus cuerpos fueron localizados sin vida el 24 de diciembre de 2024, con signos de tortura e incinerados, en las inmediaciones de una base militar en el poblado de Taura, en la provincia de Guayas.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 17 militares por su posible participación en los hechos y fueron llamados a juicio donde se han escuchados versiones de que los niños fueron torturados, golpeados, desnudados, abandonados. La Fiscalia ha pedido 34 años de  prisión para los 17 militares procesados.

Ingrid García Minda, coordinadora ejecutiva de INREDH, afirmó que los cuatro niños fueron víctimas de desaparición forzada, ya que se cumplen los tres elementos que configuran este delito: fueron privados de libertad, existió falta de información por parte de las autoridades y los hechos fueron cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

García afirmó que no es un hecho aislado, sino parte de un contexto de militarización, racismo estructural y abuso de poder que afecta principalmente a jóvenes afrodescendientes y sectores populares. «Esto muestra que existe un racismo estructural», aseguró Garcia.

Fernando Cerón, presidente de la Casa de las Culturas Ecuatoriana, indica que es un llamado de atención a la sociedad ya que se trata de cuatro niños empobrecidos, racializados. «Estamos en una sociedad profudamente racista, clasista donde incluso llegamos a escuchar y posicionar discursos como que los chicos estuvieron haciendo actos delictivos, como si se merecieran lo que les pasó y eso evidencia que todavía tenemos una sociedad a la que la falta comprenderse en la complejidad y diversidad que tenemos», dijo Cerón.

Galería 

A lo largo de este 8 de diciembre se realizaron actos en memoria de los cuatro niños victimas de desparción forzada a cargo de militares.  Aquí una muestra de los eventos en Quito.

La fiestas de Quito terminaron y en lo político deja como balance la confrontación que desde el discurso mantuvieron el Presidente de la República, Daniel Noboa, y el Presidente de Asamblea, Niels Olsen, los dos de ADN, con el alcalde Quito, Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana.

Tras una permanente pugna entre el Gobierno y el Municipio de Quito, la semana pasada la situación conflictiva se ahondo entre las dos instancias en el marco de las celebraciones por el aniversario 491 de fundación de la capital.

Durante una «auto serenata», Noboa dijo desde el balcón de Carondelet que habían malos funcionarios que no hacen respetar a Quito, por lo que pronto se irán, ya que los quiteños podrán escoger una mejor autoridad en las seccionales de 2027.

Días después fue Olsen el que criticó la gestión del alcalde de la capital. Durante la sesión solemne que cumplió la Asamblea en homenaje a Quito, el titular de la Legislatura manifestó que la ciudad enfrenta desafíos como barrios que esperan mejores servicios, familias que desean estabilidad, movilidad moderna y una realidad social que pide redoblar esfuerzos.

«Quito merece autoridades que trabajen con más coordinación, con más visión, y más colaboración», manifestó Olsen, en clara alusión a la gestión de Muñoz.

La respuesta del alcalde 

Pabel Muñoz respondió a la críticas desde dos eventos de festejo a la capital. En el primero, desde el mercado Mayorista, informó que los retrasos en la entrega de recursos del Gobierno Central llegaron a sumar 180 millones de dólares y que aun así las obras continúan en la urbe.

Sobre el avance del Metro y a las gestiones para su extensión hacia La Ofelia y, posteriormente, hasta Calderón, obra que Noboa confirmó que apoyará siempre y cuando el alcalde cumpla su parte, Muñoz dijo que los estudios están listos, pero que las trabas administrativas han complicado la continuidad del proceso.

Su siguiente respuesta fue en el marco de la sesión solemne organizado por el Municipio. Advirtió que se está dando una “política del desgaste” dirigida contra la ciudad y su administración. Reiteró que desde el Gobierno Central hay trabas a proyectos estratégicos, impedimentos para que la aduana libere los trolebuses y la paralización de procesos municipales en el SERCOP.

«Una autoridad nacional llegó a insinuar que yo sabía de un sabotaje en una planta de agua. No han parado un solo día en su plan de distraernos. Hasta impulsaron una revocatoria fallida, pero el pueblo de Quito no comió cuento», indicó.

A pesar de haber recibido la invitación, Noboa no asistió al evento conmemorativo ya que se encuentra cumpliendo agenda internacional. En su representación acudió la vicepresidenta María José Pinto, quien abandonó la sesión a los pocos minutos de iniciado el evento y antes del discurso de Muñoz.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, recibió la serenata con motivo del aniversario de la Fundación de Quito por parte de colectivos ciudadanos que se organizaron para cumplir este evento tradicinal de las fiestas capitalinas.

La serenata quiteña es parte de los actos con que el Municipio celebra a Quito, pero esta vez no se pudo concretar debido a observaciones a los contratos por parte del SERCOP, por lo que la posta la tomó el Ministerio de Gobierno a través de diferentes ciudadanos.

Desde el balcón del Palacio de Gobierno, Noboa aprovechó la oportunidad para criticar la gestión del Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a quien acusó de ser un mal funcionario que quiso boicotear esta serenata.

En un corto discurso de tinte político en  contra de Muñoz, el Primer mandatario dijo a los quiteños que se concentraron en la Plaza de la Independiencia que pronto podrán escoger una mejor autoridad. La elección de autoridades seccionales deberá cumplirse en el 2027.

Noboa señaló que como homenaje a la capital en su aniversario de fundación contruirá el museo nacional, la torre oncológica y apoyará la extensión del Metro de Quito hacia el norte, siempre y cuando el alcalde que no cumple, cumpla su parte.

Noboa estuvo acompañado en el balcón de Carondelet por sus ministros y reinas de varias delegaciones. Por los bajos del Palacio de Gobierno desfilaron delegaciones de colegios con sus bandas de paz y bastoneras, grupos de danza y de asociaciones de jubilados.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados oficiales y definitivos de la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre. Las organizaciones políticas no presentaron recursos administrativos o contencioso electorales por lo que los resultados quedaron en firme. El pronunciamiento en las urnas refleja el siguiente resultado:

1. «¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?»

RESULTADOS: SI 4′136.617 votos (39,18 %)  NO 6′422.640 votos (60,82 %)

2. «¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?»

RESULTADOS:  SÍ  4′392.748 votos (41,7 %)    NO 6′142.188 votos (58,3 %)

3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?»

 RESULTADOS: SÍ  4′875.201 votos (46,29 %)       NO 5′657.133 votos (53,71 %)

4. “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”

RESULTADOS: SÍ 3′924.787 votos (38,2 %)     NO 6′350.431 votos (61,8 %)