Infraestructura escolar en mal estado, migración de miles de estudiantes de la educación particular a la pública por falta de recursos, falta de transparencia en la información de la tabla de pensiones educativas, incumplimiento de los montos de inversión para Educación son algunos de los problemas con los que iniciará desde el lunes el ciclo lectivo 2025-2026, advirtió la mañana de este viernes 29 de agosto, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Según el Ministerio de Educación, desde este 1 de septiembre más de 1.7 millones de estudiantes y 99 mil docentes regresarán a las aulas en más de 6 mil instituciones educativas del régimen Sierra-Amazonía.

Quishpe dijo que es indispensable que la educación sea declara en emergencia ya que, a parte de los problemas señalados, se han sumado otros muy críticos como la violencia en contra de niños y jóvenes que han sido asesinados y la «vacunación» por parte de sectores delictivos a los docentes.

El dirigente señaló que la crisis es estructural, y que para superarla es necesario que el Gobierno entregue los 7 mil millones dólares en el Presupuesto General del Estado para atender las necesidades del sector.

Por su parte el Ministerio de Educación indicó que ha implementado un plan de seguridad integral para garantizar entornos educativos seguros y protegidos, en el que participará el Ministerio de Gobierno, quien a través de las intendencias provinciales, liderará operativos de control y prevención en zonas aledañas a los planteles educativos.

Mientras que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional desplegarán 11.442 uniformados en el perímetro de 4.765 instituciones educativas, con el objetivo de garantizar entornos seguros. Además, se brindará resguardo en 136 centros educativos priorizados, ubicados en Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Napo, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe, Loja, Morona Santiago, Pastaza, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Carchi, Azuay y Cañar.

El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. La propuesta tiene el carácter de económico urgente, por lo que deberá ser tratada por la Legislatura en 30 días. Es el quinto proyecto de Ley que Noboa remite bajo ese parámetro desde que asumió el mandato el 24 de mayo de 2025. Las anteriores fueron la de Solidaridad Nacional, la de Integridad Pública, la de Áreas Protegidas, y la de Transparencia Social.
La nueva propuesta de normativa contiene apenas tres artículos, dos disposiciones reformatorias y dos transitorias. Según el documento, el objeto es establecer reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), con el fin de garantizar la transparencia en la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, así como fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad de su sistema crediticio. Como parte del proyecto, propone reformar la Ley del BIESS y la Ley de Seguridad Social.
Una vez ingresado el documento, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificarlo y remitirlo a una de las Comisiones permanentes. Hasta el momento todos los proyectos económicos urgentes han sido tramitados por la Comisión de Desarrollo Económico.

La Corte Constitucional inició hoy la audiencia sobre 26 demandas acumuladas presentadas en contra de la Ley de Integridad Pública. El juez sustanciador de la causa es José Luis Terán; entre los accionantes se encuentran la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cooperativas de ahorro y crédito, representantes de servidores judiciales, de profesores universitarios, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), entre otras organizaciones y personas naturales.

Dos de los temas que más fueron observados por los demandantes de la normativa se relacionaron con el carácter económico urgente con que fue presentado, calificado y tramitado el proyecto de Ley; y con el principio de unidad de materia que debe cumplir toda inciativa de Ley.

Andrés Quishpe, Ramiro García, Ricardo Luna, Jaime Arciniega, Marcela Arellano, Damián Armijos, entre otros, cuestionaron que en una misma Ley se hayan reformado normativas tan diferentes como las relacionadas con la niñez y la adolescencia, con la de Movilidad Humana, con la de la Función Judicial, de la Contraloría, de la Legislatura. Y cómo todo ese conjunto de normas reformadas tenían un impacto fiscal, económico.

En defensa de la normativa argumentaron Stalin Andino, de la Presidencia de la República, y Mercedes Mediavilla, por la Asamblea. Coincidieron  en señalar que se cumplen todos los requisitos de fondo y de forma ya que es una Ley con eje transversal para mejorar la administración pública en sus diferentes niveles en beneficio de la ciudadanía.

Los exteriores 

Organizaciones que presentaron las demandas cumplieron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, como forma de respaldo a los jueces ante los ataques del Gobierno y para exigir que se declare la inconstitucionalidad de la normativa. Estos fueron sus argumentos:

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador

Nelson Erazo, presidente Frente Popular

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores

La bancada oficialista de ADN lo volvió a hacer. Con la fuerza de los votos (78 a favor) aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Transparencia Social que fue remitida por el Presidente de la República, Daniel Noboa, como económico urgente, el cuarto de esta naturaleza que lo envía en este su segundo mandato.

Tal como sucedió en tres proyectos urgentes anteriores, la bancada oficialista introdujo en la propuesta de normativa otras reformas que no estaban contempladas ni en el proyecto original, ni en el informe de primer debate.

Esta vez incluyó reformas a la Ley de Minería relacionadas a la etapa de exploración de la concesión minera y la caducidad de los derechos mineros. También se reforma el Código Tributario y el Código Orgánico de Planificación.

Uno de los cambios más criticados por la oposición fue que se haya incluido en este informe para segundo debate, disposiciones transitorias relacionadas con los derechos y obligaciones pendientes de las empresas públicas en liquidación de la Función Ejecutiva con el IESS; y la prohibición del Instituto de cobrar multas o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban dentro de sus pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que corresponda a los trabajadores, empleados o servidores públicos, de las instituciones del Estado que, por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica, lo que incluye capital adeudado, intereses y demás recargos.

Establece, además, que las personas naturales o jurídicas que mantengan deudas con empresas públicas en liquidación, de la Función Ejecutiva, podrán acogerse a la remisión de intereses, gastos judiciales, multas y recargos desde la vigencia de la ley; y la condonación de tributos, precios, contribuciones, peajes y toda obligación adeudada por las empresas públicas en liquidación de la Función Ejecutiva, provenientes de la prestación de servicios públicos.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, recordó que por estos cambios de última hora y de reformas no previstas, es que las otras leyes propuestas por el Gobierno tienen demandas de inconstitucionalidad resolviéndose en la Corte Constitucional.

Por más de seis horas los jueces de la Corte Constitucional escucharon los argumentos de cargo y de descargo sobre las cinco demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de la la Ley de Solidaridad Nacional, remitida por el Ejecutivo como económica urgente y aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea.

La audiencia se cumplió la mañana y tarde de este 25 de agosto de 2025 y fue una jornada donde los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea trataron de justificar porqué en una ley económica urgente se incluyó articulos relacionados con  el conflicto armado interno, indultos diferidos, grupos de delincuencia organizada, entre otras normativas relacionadas con seguridad.

En los exteriores de la Corte se concentraron representantes de gremios y sindicatos que interpusieron o respaldan las demandas como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), que aseguran que la norma viola derechos fundamentales.

La diligencia estuvo presidida por el juez constitucional, Alí Lozada. Las preguntas de los jueces constitucionales trataron de esclarecer las dudas que se matienen sobre el nexo entre el carácter económico urgente y la normativa penal, es decir, la unidad de materia que es parte de los cuestionamientos de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que presentaron las demandas.

El juez constitucional Jorge Benavides consultó qué elementos de la ley atacaban la economía criminal y su relación  con los objetivos de la política económica como para que sean tratados en un proyecto de Ley económico urgente; la jueza Claudia Salgado quiso saber sobre ventajas y desventajas de la aplicación de un régimen jurídico especial para combatir a los grupos de delincuencia organizada; inclusive el juez Richard Ortiz preguntó qué tiene que ver el nombre de la Ley, «Solidaridad nacional» con el conflicto armado no internacional. Entre otras interrogantes, que en el fondo trataban de esclarecer la necesidad de incluir normas que en principio no tenian relación exclusiva con lo económico.

Felipe Pérez, abogado de la Presidencia de la República, y Mercedes Mediavilla, abogada de la Asamblea, trataron de defender la unidad de materia, el procedimiento legislativo, la necesidad de combatir las economías criminales y que eso le da, expresaron, esa categoría de económico urgente.

Nicole Rojas, demandante, manifestó que la Ley contiene un par de artículos en materia económica y que el resto son de índole penal, de seguridad. Cuestionó que se quiera instaurar un régimen jurídico especial al margen de la Constitución.

Fernando Bastias, abogado de colectivos de Derechos Humanos, agregó que los lineamientos del conflicto armado interno no responden a lo que estipula el Derecho Humanitario Internacional.

Concluida la audiencia, Lozada deberá preparar un proyecto de sentencia para que sea debatido y aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional.

Con siete votos a favor, dos votos en contra y una abstención, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, remitida por el Presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente en materia económica.

La presidenta de la Comisión, la oficialista Valentina Centeno, manifestó que esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales. Agregó que el proyecto se justifica en investigaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

La propuesta de normativa está dirigida a las organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de fortalecer el control estatal a fin de prevenir, detectar y controlar los flujos irregulares de capitales; incentivar el cumplimiento de obligaciones tributarias; optimizar la gestión y administración de bienes públicos.

Será la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la que ejercerá́ la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de estas organizaciones, a las que clasificará según su nivel de riesgo: bajo, medio o alto.

Esta clasificación se realizará tomando en cuenta los siguientes parámetros:

a) Volumen de recursos administrados, incluyendo presupuesto anual, activos y patrimonio
b) Origen de los fondos, sea nacional o internacional, públicos o privados
c) Alcance territorial de sus intervenciones, sea local, nacional o transnacional
d) Naturaleza jurídica y finalidad de sus actividades
e) Número de beneficiarios o resultados alcanzados y declarados
f) Historial de cumplimiento normativo
g) Resultado de evaluaciones de riesgo nacional, sectorial o institucional realizadas por la autoridad competente
h) Otros criterios establecidos en el Reglamento General de la presente Ley.

Aunque la disposición general primera establece que ninguna medida de control, supervisión o intervención podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, se mantiene como causal de disolución «…cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales de las personas, el orden público o la seguridad del Estado».

Esta semana el Pleno de la Asamblea tratará el informe en segundo y definitivo debate.

Sectores sociales, activistas y comunidades del Azuay convocaron a una movilización por las calles de Cuenca a cumplirse el 16 de septiembre, mientras que el 23 de ese mismo mes anunciarán un levantamiento por el agua, con acciones de resistencia pacífica en varias localidades.
Fueron las dos resoluciones adoptadas por los «Defensores del Agua de Kimsakocha», las Juntas de Agua, comunidades campesinas, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la CONAIE y la CEDOCUT en rechazo al proyecto minero «Loma Larga», que según estas organizaciones amenaza directamente las fuentes hídricas vitales para Cuenca y el Azuay.
“Estamos unidos comunidades campesinas, pueblos indígenas, trabajadores, estudiantes y habitantes de la ciudad. El agua no se rinde. Kimsacocha nunca se tocará”, manifestó Lauro Sigcha, presidente de la FOA.

El páramo de Kimsacocha es un ecosistema único y estratégico. Sus humedales de altura actúan como esponjas que captan y regulan el agua, alimentando ríos como el Tarqui, Yanuncay y Rircay, de los cuales depende el abastecimiento para más del 30 % de la población de Cuenca.
En el sector se desarrolla el proyecto minero «Loma Larga» con el aval del Ministerio del Ambiente, que otorgó la licencia ambiental a la empresa canadiense Dundee Precious Metals, encargada del proyecto. Esta actividad, manifestaron los dirigentes sociales, generaría drenaje ácido y contaminación con metales pesados, comprometiendo para siempre la salud hídrica de la región.
Los comuneros aseguran que no hubo una real consulta previa sobre este proyecto. Yaku Pérez, abogado de la FOA y excandidato presidencial, señaló que se avanza en nuevos procesos internacionales para denunciar la consulta previa realizada por la empresa y las irregularidades en la licencia ambiental otorgada recientemente. “Se trató de un proceso con personas externas a la zona y bajo presencia militar, lo que constituye una grave violación a los derechos colectivos”, dijo.

Representantes de esas organizaciones se reunieron este jueves 21 de agosto con dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otros delegados sindicales para definir estrategias conjuntas de defensa de Kimsacocha, ya que aseguraron que “el agua está por encima del oro” y que su lucha no cede. Edwin Bedoya, presidente del FUT, expresó su solidaridad con el pueblo indígena y enfatizó en que los trabajadores y sindicatos también son parte del proceso de resistencia en defensa del agua.
En la cita el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, indicó que no se trata únicamente de la lucha del Azuay, sino de todo el Ecuador ya que Kimsacocha simboliza la defensa del agua y de los derechos de la naturaleza. «El gobierno puede tener dinero y poder, pero nosotros tenemos verdad y dignidad. El agua no se vende, el agua se defiende”, manifestó el presidente del movimiento indígena.

La Comisión técnica del Consejo de Participación Ciudadana rechazó las 17 impugnaciones presentadas contra ocho candidatos a integrar el Consejo de la Judicatura, entre ellos el actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy.

La Comisión estableció que se debía respetar el principio de inocencia y que las impugnaciones presentadas no cumplían con todos los requisitos de Ley, o fueron rechazadas por falta de pruebas.

Los postulantes impugnados fueron Mario Godoy, Ivonne Núñez – Ministra de Trabajo en funciones-, Fausto Andrade, Wendy Moncayo, Alfredo Cuadros, Magaly Ruiz, Juan Carlos Benalcázar y Fabián Fabara.

El informe no tiene el carácter de vinculante y deberá ser aprobado o no por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Si se acoge el informe, se deberá convocar a los postulantes para que expongan sus planes de trabajo y de ahi seleccionar a los cinco vocales del Consejo de la Judicatura.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana , Andrés Fantoni, manifestó que el proceso se está llevando con transparencia y que se ha dado toda la información del caso. Defendió el trabajo realizado por los miembros de la Comisión técnica, todos ellos funcionarios y asesores de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. «Es importante cumplir las fases  y lo estamos haciendo a raja tabla para generar la seriedad de cada uno de los procesos y la fluidez», dijo Fantoni.

El Consejo de la Judicatura está integrado por cinco vocales designados de igual número de ternas remitidas por la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Presidente de la República, la Asamblea y la Defensoría Pública. La normativa estable que el integrante de la terna de la Corte Nacional de Justicia que sea designado para la Judicatura, será automáticamente presidente de esa institución. Estos son los integrantes de cada una de las ternas:

Corte Nacional de Justicia:

• • Juan Carlos Benalcázar
  • Alexandra Villacís
  • Mario Godoy

Fiscalía General del Estado:

• • Camila Ruiz Cajas
  • Nicolás Burneo Arias
  • Estuardo Salvador Salvador

Defensoría Pública:

• • Iván Andrade Vera
  • Carolina Moncayo Salgado
  • Alfredo Cuadros Añazco

Presidencia de la República:

• • Ivonne Núñez
  • Damián Larco Guamán
  • María Gabriela Vinueza

Asamblea:

• Fabián Fabara
• Emilia Grijalva
• Omar Espinoza

La Fiscalía General del Estado informó que ha solicitado al juez que lleva el caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fije hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de Ronny Aleaga, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y José Serrano, considerados presuntos autores intelectuales del magnicidio.
En un comunicado, la Fiscalía indica que en el marco de la investigación previa por el asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2023, se ha cumplido una minuciosa investigación y que respaldada en sólidos elementos de convicción, le permiten presumir la participación de estas personas como autores intelectuales.

Villavicencio, candidato presidencial para las elecciones de 2023 por el Movimiento Construye, fue asesinado en los exteriores del coliseo de un colegio del norte de Quito tras un mitin político el 9 de agosto de 2023.
El gatillero falleció horas más tarde al haber quedado herido tras un intercambio de balas con la Policía. En este caso hay cinco sentenciados como autores materiales del crimen.
De los cuatro presuntos autores intelectuales, tres estan fuera del país: Aleaga y Jordán en calidad de prófugos por el caso «Metástasis»; y Serrano está detenido en los Estados Unidos por una presunta infracción de tránsito, pero en Ecuador no tiene hasta el momento ningún proceso penal abierto en su contra de manera formal. Salcedo, por su parte, está detenido cumpliendo varias sentencias por casos como lavados de activos, delincuencia organizada entre otros.

¿Quiénes son?
Ronny Aleaga fue integrante de los Latin Kings y asambleísta por la Revolución Ciudadana. En la Legislatura ocupó la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

José Serrano fue Ministro de Justicia y Ministro del Interior en el Gobierno de Rafael Correa. Tras su paso por el Gobierno fue elegido asambleísta nacional y ocupó la Presidencia de esa Función del Estado, cargo del que luego fue destituido, aunque conservó la curul.

Javier Jordán es un empresario acusado de ser parte de la red de corrupción hospitalaria durante la pandemia del Covid 19, y que luego fue procesado en el caso Metástasis, donde se sancionó toda una trama de corrupción que operó al interior de la Justicia, de la política, de la Policia y del sistema penitenciario.

Daniel Salcedo cumple más de 30 años de cárcel por varios delitos. Se define como empresario y también fue procesado en el caso Metástasis.

Los sectores sociales agrupados en el «Frente por la defensa de la salud, educación pública, trabajo digno y seguridad social» convocó a una movilización nacional para el 11 de septiembre en rechazo del Gobierno de Daniel Noboa. La decisión se tomó la mañana de este 16 de agosto de 2025 tras una convención que reunió a representantes de los sindicatos, de los médicos, de las enfermeras; a activistas políticos, culturales, ambientalistas, entre otros 30 colectivos que se dieron cita en la sede la Unión Nacional de Educadores (UNE), en Quito.

Durante la jornada los participantes expusieron la problemática que sufre su respectivo sector debido, aseguraron, a las políticas del Presidente Daniel Noboa, como la fusión de ministerios que generó alrededor de 5.000 desvinculaciones de funcionarios; la falta de medicinas e insumos en hospitales públicos; la ausencia de una política de seguridad efectiva ante el crecimiento de la violencia narcocriminal, entre otros problemas.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, aseguró que se está despidiendo a personal del sector público sin que exista una real evaluación de desempeño. «En el caso de Petroecuador botan a técnicos y luego les tienen que regresar para que no se estanque la producción petrolera», dijo el dirigente.
En la convención, otros sectores informaron que cumplirán sus propias movilizaciones antes del 11 de septiembre ya que es necesario mantener la presión en las calles. Byron Garcés, presidente de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC), informó que el 25 de agosto se movilizarán en la cabeceras cantonales para demandar la creación de una línea de crédito especial para los jubilados del Seguro Campesino, la ejecución del presupuesto de esa entidad, y para respaldar a los servidores públicos despedidos.

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, invitó a otros sectores como la Conaie a sumarse a la movilización del 11 de septiembre. Durante la convención de las organizaciones se decidió expresar el apoyo a la Corte Constitucional que en las últimas semanas ha sido criticada fuertemente por el Gobierno por haber suspendido provisionalmente 17 artículos de tres leyes que el oficialismo indica son instrumentos necesarios para combatir el crimen organizado. En ese sentido, el 25 de agosto se cumplirá la audiencia en el proceso de la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Solidaridad Nacional y el 27 la audiencia por la demanda a la Ley de Intregridad Pública.

Las resoluciones

Tras la reunión mantenida esta mañana , los sectores sociales tomaron las siguientes resoluciones:

INFORME 16-08-2025 CONVENCION NACIONAL.docx
1. Conformar el Frente en Defensa de la Salud, educación pública, trabajo digno, seguridad social, derechos humanos y de la naturaleza.
2. Exigir la declaratoria de emergencia en salud y educación.
3. Convocar a una jornada nacional de movilización el 11 de septiembre de 2025.
4. Organizar plantones en la Corte Constitucional:
– 25 de agosto: audiencia por la Ley de Solidaridad.
– 27 de agosto: audiencia por la LOIP.
5. Respaldar y participar en las siguientes movilizaciones sociales:
– 21 de agosto: movilización de pacientes con enfermedades catastróficas y renales.
– 25 de agosto: jornada de movilización de la FEUNASSC.
6. Impulsar acciones jurídicas nacionales e internacionales para defender la libertad de organización y la sindicalización.
7. Convocar al Congreso de afiliados, jubilados, pensionistas y campesinos del IESS en octubre de 2025, en Guayaquil.
8. Incorporar en la plataforma de lucha la defensa del medio ambiente, el agua, los territorios, los derechos humanos y de la naturaleza, sumándose a todas las acciones colectivas de este ámbito, en rechazo a la propuesta de Ley Orgánica de Transparencia Social (Ley de Fundaciones) y a la fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas.
9. Solidaridad con pacientes de hospitales públicos, trabajadores despedidos, y con el pueblo palestino.
10. Defender las empresas públicas.
11. Exigir la cárcel para los vinculados en el caso Progen.
12. Oponerse a la consulta popular.
13. Crear una Secretaría Técnica de Registro de organizaciones sociales.
14. Respaldar las acciones de la Corte Constitucional.