Las relaciones comerciales y políticas entre Ecuador y Colombia se pueden ver afectadas por la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30% a los productos importados provenientes de Colombia.

La sorpesiva medida que se aplicará desde el 1 de febrero fue anunciada por Noboa a través de su red social «X». «Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume», posteó el primer mandatario.

A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia añadió que la decisión contempla excepciones específicas, entre ellas donaciones, efectos personales, y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos.

En el comunicado consta que los dos países mantienen lazos históricos de hermandad y cooperación, pero que pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia de Ecuador, los mecanismos de control en la frontera con Colombia no han resultados efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la mineria ilegal.

La respuesta colombiana 

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía de Colombia, a través de su cuenta «X», rechazó la medida a la que calificó de agresión económica que rompe el principio de integración regional. Palma recuerda que Colombia ha actuado con hechos en materia de cooperación y solidaridad con Ecuador; por ejemplo, la venta de energía cuando el sistema ecuatoriano más lo necesitó.

Además, informó que ha ordenado desmontar una iniciativa que iba a permitir a Ecuador comprar directamente electricidad a empresas privadas colombianas a través de contratos de largo plazo. «Previendo que los embalses Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energías entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits. He ordenado desmotarla», escribió el ministro colombiano.

A un dia de ser elegida presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, dio algunas pistas de lo que será su gestión al frente de esa organización política.

Una de esas misiones es depurar sus cuadros. Hace pocos días Televistazo dio a conocer una serie de chats entre María Fernanda Vargas, entonces candidata a la alcaldía de Simón Bolívar por la Revolución Ciudadana, y Leandro Norero, capo del narcotráfico nacional asesinado durante un motín carcelario en Latacunga.

En parte de esos chats, la entonces candidata, hoy ya en funciones, le pidió al narcotraficante dinero para financiar su campaña. El monto fue de 4.000 dólares para pagar la presentación de artistas, dinero que Norero le habría facilitado.

Al asumir la conducción del Movimiento, Rivadeneira dijo en una entrevista en Radio Armónica, que el caso será analizado por la nueva Comisión de Ética de la organización que la preside Gustavo Jalkh, y que no se tolerará casos de esta gravedad que podría acarrear la expulsión de Vargas de la organización. “Sin contemplaciones. Nosotros no vamos a tapar algo que es tan grave y problemático para el país” afirmó.
Rivadeneira dijo que son cosas que no se pueden permitir en una organización política, más aún en el momento que atraviesa el país, por lo que serán tajantes con la decision que tomen.

Otros temas

Rivadeneira manifestó que tendrá la tarea expresa de reorganizar a la Revolución Ciudadana empezando por los diferentes niveles territoriales para volver a conectarse con las bases y darles espacios de participación para sostener y ampliar la unidad.

Puso mucho enfásis en la necesidad de la formación política de la militancia para buscar nuevos cuadros que se proyecten a las elecciones futuras, como las seccionales del 2027.

«A nosotros nos corresponde preparar una organización política fuerte que vuelva a sintonizar y conectar con los intereses ciudadanos para satisfacción de necesidades materiales, pero también espirituales. La desesperanza no nos puede seguir ganando», dijo.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó por unanimidad la solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Los proponentes son los asambleístas de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego. Raúl Chávez y Xavier Lasso. La solicitud fue presentada luego de las denuncias de amenazas y presiones que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, por la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Según Serrano, un alto funcionario de la Judicatura intentó incidir para que falle a favor del narcotraficante.
Esto generó un escándalo alrededor de la gestión de Godoy al frente de la Judicatura y el correísmo interpuso la solicitud de juicio político que fue admitida a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y hoy la Comisión de Fiscalización inició formalmente la sustanciación del proceso.
Según la solicitud, Godoy habría incumplido sus funciones constitucionales y legales por omisión, lo habría afectado gravemente la independencia judicial, la transparencia institucional y el correcto funcionamiento del sistema de justicia.
Entre los hechos señalados constan supuestas presiones indebidas a jueces, incluido el juez anticorrupción, posibles conflictos de interés, falta de protección a operadores de justicia y actuaciones institucionales calificadas como encubrimiento. Por estos hechos, los proponentes solicitan la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, anunciando la presentación de prueba documental y testimonial. Además, Godoy tendría conflicto de interés ya que cuando ejercía la profesion habría sido abogado de otros presuntos narcotraficantes.
Ferdinan Álvarez (ADN), presidente de la Comisión, dispuso que se notifique formalmente a Godoy del inicio de la sustanciación del juio político para que en el plazo de quince días presente su contestación y las pruebas de descargo que considere pertinentes. De igual manera, se notificará a los proponentes para que sustenten sus acusaciones en el mismo plazo.

El juez Marco Rodríguez Ruiz, con más de 30 años de experiencia en la Función Judicial, es desde la tarde de este miércoles 14 de enero de 2025 el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia.

Su designación se dio tras un consenso entre 12 jueces titulares y en una segunda votación ya que en la primera, con dos candidatos: Rodríguez y Daniella Camacho, no hubo los votos requeridos para la elección. En esa primera votación Rodríguez obtuvo el respaldo de 7 jueces y Camacho el de tres jueces, mientras que otros tres magistrados anularon sus votos.

La designación de Rodríguez se dio luego de la renuncia de José Suing, en medio del escándalo que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por posible conflicto de intereses en el jercico del cargo, al que Suing lo incluyó en la terna que remitió al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de la autoridad de la Judicatura.

Rodríguez es juez de la Corte Nacional de Justicia, integrante de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Es doctor en Derecho Ph.D., graduado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y juzgados de la República y Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un Diplomado Superior en Derecho Económico, en la Universidad Andina Simón Bolívar;  es Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, en la Universidad Técnica Particular de Loja; Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, en la Universidad Central del Ecuador; Magíster en Derecho Mercantil, en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Se desempeñó como Ayudante Judicial y Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia, Juez y Presidente del Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha, Juez de la Sala de lo Penal y Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Ejerció la docencia en la Universidad Metropolitana del Ecuador UMET, Profesor de la cátedra “Principios constitucionales y del debido proceso penal”, Facultad de Derecho, Especialidad en Derecho Procesal Penal (posgrado).

Esta tarde el juez José Suing renunció como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), sin que se haya llegado a nombrar a su reemplazo. Suing ha sido cuestionado por haber incluido a Mario Godoy en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura a pesar de las alertas que se levantaron sobre un posible conflicto de intereses.

El magistrado convocó a sesión extraordinaria del Pleno de la Corte para tratar el encargo de la Presidencia de esa institución, que lo viene desempeñando desde hace dos años. Apenas instalada la sesión, Suing aseguró que presentaba la renuncia para preservar la institucionalidad y permitir que la Corte continúe concentrada en la misión de administrar justicia con independencia y respeto al debido proceso.

«Los cuestionamientos públicos recientes han generado un ambiente de tensión que no debe afectar la estabilidad de la Función Judicial. No me aferro a los cargos, mantenerme en la Presidencia de la CNJ no es ninguna ambición personal», expresó Suing.

Aseguró que la conformación de la terna para la Judicatura se realizó conforme a derecho, sin acuerdos políticos ni intereses ajenos a la evaluación profesional de los candidatos. «Corresponde a los organismos de control ejercer con el mayor rigor la funciones de fiscalización y, de ser necesario, establecer las responsabilidades de conformidad con la Ley para que el país tenga certeza de que sus instuciones y sistema de Justicia operan en beneficio del interés colectivo. Rechazo, además, la utilización del nombre de mi familia para fines políticos», expresó.

Suing puso a disposición su cargo y encargó la dirección de esta sesión y la presidencia de la Corte a la jueza Daniella Camacho, por ser la jueza titular más antigua, quien se comprometió a convocar a otra sesión en los próximos días para designar a las nuevas autoridades.

Este jueves el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea sesionará para resolver sobre la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; y de cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Los dos pedidos están impulsados por asambleístas de la Revolución Ciudadana.

Godoy compareció ayer ante el pleno de la Asamblea para aclarar un presunto conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo ya que antes de asumir el cargo habría sido abogado,. junto a su esposa, de narcotraficantes y como titular de la Judicatura habría tratado de influir a través de terceros en una sentencia en contra de un narcotraficante serbio.

Durante su intervención en el Pleno, Godoy se dedicó a atacar a la bancada de la Revolución Ciudadana y dijo que las acusaciones en su contra son calumnias de esa organización política que busca tomar nuevamente el control de la Justicia.

El asambleísta de Pachakutik Álex Toapanta manifestó que la comparecencia no aclaró los cuestionamientos públicos que hay sobre la gestión de Godoy, los presuntos audios filtrados, la presunta presión para fallar de determinada manera, por lo que es necesario que se presente al proceso de sustanciación del juicio político.

Co él coincidieron legsiladores como Otto Vera, del Partido Social Cristiano, y Liliana Durán, del correísmo, quienes añadieron que es importante fiscalizar las actuaciones de Godoy al frente de un organismo tan importante como es la Judicatura.

La legisladora del oficialismo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, manifestó que se cumplirá el debido proceso con la presentación de pruebas de cargo y de descargo que intepongan las partes y que en base a esos elemenos la Comisión tomarán una decisión sobre el juicio político.

El exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido el sábado en su país por tropas de los Estados Unidos, se declaró inocente de los cargos relacionados con narcoterrorismo que formuló en su contra la justicia estadounidense.

Durante su primera audiencia ante un Tribunal de Nueva York, Maduro afirmó que es inocente, que no es culpable, que es un hombre decente y que sigue presidiendo su país. La esposa de Maduro, Cilia Flores, capturada en iguales circunstancias, también afirmó ante el mismo tribunal ser inocente de los cargos de tráfico de drogas y armas.

La Fiscalía de los Estados Unidos acusa a la pareja venezolana de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Durante su intervención y a través de un traductor, Maduro aseguró que está secuestrado por los Estados Unidos  y que es un prisionero de guerra. Maduro y su esposa tendrán que comparecer nuevamente ante el tribunal el 17 de marzo. Una vez cumplida la audiencia fue trasladado el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecerá hasta su próxima audiencia.

La situación en Venezuela 

Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, asumió esta tarde como presidenta encargada de ese país, tras la captura de Nicolás Maduro. Rodríguez juró el cargo durante una sesión especial en la Asamblea Nacional, donde estuvo acompañada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Durante su discurso dijo que no descansará ni un minuto para garantizar la paz y la tranquilidad espiritual de su pueblo. ​
​»Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado el pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria», afirmó la mandataria encargada. Su ascenso al poder se da luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que asuma como presidenta encargada tras la captura de Maduro y que ejerza todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.

La detención del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos tras un operativo militar en terriorio venezolano no aclara el panorama político y el ejercicio del poder en ese país sudamericano.

Este sábado 3 de enero de 2026, una operación militar de Estados Unidos terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. La misión se cumplió en horas de la madrugada a cargo de la fuerza de élite Delta Force, una unidad de operaciones especiales que asumió el control de la redada y concretó la captura del mandatario venezolano.

Horas despúes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa desde su residencia de Mar-A-Lago, en Florida, destacó que fue una operación impecable que no se había dado desde la segunda guerra mundial y en la que no hubo bajas estadounidenses. Además, afirmó que su país «manejará» Venezuela hasta que se complete una transición segura.

Por su parte Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aseguró que es una barbarie lo que Estados Unidos ha hecho en su país. «Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo», manifestó.

Los cargos

Maduro llegó detenidó la tarde de este sabádo a Nueva York, donde será imputado formalmente por cargos de tráfico de drogas. El mandatario venezolano será llevado a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y luego a la prisión Metropolitana Detention Center, en Brooklyn. 

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, anticipó que Maduro, será procesado por conspiración de narco-terrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armamento y artefactos destructivos contra Estados Unidos.

Se acaba un año que deja profundas huellas en el Ecuador, algunas de ellas dolorosas, infames, duras, que nos duele como sociedad. Y hay huellas que demuestran que seguimos el mismo deterioro político de años anteriores; o huellas que son un ejemplo de que Ecuador perdió la batalla frente al crimen organizado. El 2025 fue duro para el país, y THELOS, su ruta informativa, le presenta 12 hechos significativos:

  1. Pena máxima en caso los 4 de Las Malvinas 

En sentencia de primera instancia, un Tribunal penal condenó a 34 años y ocho meses de prisión a 11 de los 17 militares procesados por la desaparición forzada de Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, los 4 de Las Malvinas, un caso que conmovió al país y que ocurrió un año antes de que se dicte esta sentencia, catalogada como histórica. Otros cinco militares recibieron penas reducidas de 30 meses de cárcel tras acogerse a la figura de cooperación eficaz. A otro militar se le ratificó su estado de inocencia. Los 4 de Las Malvinas, menores entre 11 y 15 años, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por miembros de las FAE durante un operativo de seguridad en el sector de las Malvinas, Guayaquil, y sus cuerpos fueron localizados sin vida el 24 de diciembre de ese mismo año, con signos de tortura, en las inmediaciones de la base aérea de Taura, provincia del Guayas.

  2. Daniel Noboa es reelecto presidente de la República. 

El 13 de abril, Daniel Noboa Azín (ADN) fue reelecto Presidente de la República para el período 2025 – 2029, tras imponerse en la segunda vuelta a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. El mandatario dio así continuidad a su gestión al frente del país, que se inició en 2023 tras la elección presidencial para completar el mandato de Guillermo Lasso, quien aplicó la «muerte cruzada». En los primeros meses de este segundo mandato, Noboa  no ha logrado frenar la narcodelincuencia ni la escalada de violencia que eso genera en el país.

3. El Consejo de Participación Ciudadana, una caja de malas sorpresas

Año tras año el Consejo de Participación Ciudadana no deja de dar al país malas sorpresas y el 2025 no fue diferente. Un allanamiento a las oficinas de esta institución fue el inicio del caso Ligados, donde se investiga intentos de influir en designaciones de cargos públicos. Los involucrados en este presunto delito de asociación ilíçita son los entonces consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, y la consejera en funciones Nicole Bonifaz. Los implicados habrían utilizado su cargo para cometer delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas. Luego se vinculó al proceso al ex candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz; a la exasambleísta de esa misma agrupación, Esther Cuesta; y a Raúl González. Eso en lo judicial. En lo administrativo, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la destitución de Franco Loor, Verduga, Saltos, y de Vielka Párraga.

4. La Fiscalía, un año de incertidumbre 

En 2025 el Consejo de Participación Ciudadana no pudo organizar el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado para reemplazar a Diana Salazar que cumplió los seis años de gestión reglamentaria. Esto obligó a que Salazar se mantenga en funciones prorrogadas hasta mayo de este año en que renunció al cargo y fue designada embajadora de Ecuador en Argentina. Asumió Wilson Toainga como fiscal encargado, pero en renunció en noviembre. En su lugar asumió Carlos Alarcón, fiscal nombrado para ese cargo por el Consejo de la Judicatura hasta que el Consejo de Participación Ciudadana complete el concurso de selección de la nueva autoridad.

5. Fugas y recapturas espectaculares

Fugas, capturas y recapturas se dieron el año que termina. El 25 de junio se logró recapturar a Adolfo Macías, alias «Fito», en Manta. El líder de Los Choneros, banda narcodelicitiva, se escondía en una mansión, debajo de una chimenea. El 20 de julio fue extraditado a Estados Unidos. Rolando Gómez Quinde, alias «Fede» cabecilla del grupo criminal «Los Águilas», se fuga de la penitenciaría del Litoral el 20 de junio de 2025, disfrazado de militar. ​Fue recapturado tres meses después.

6. Un 4 – 0 contundente

El 16 de noviembre el Gobierno sufrió un duro revés político en las urnas. El pueblo le dijo No a los cuatro temas que el presidente de la República, Daniel Noboa, había propuesto a través de la consulta popular y referéndum: instalación de bases militares extranjeras en el país, eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas, reducción del número de asambleístas y, la propuesta estrella del oficialismo, que se convoque a una Asamblea Constituyente para que reforme la Constitución actual. En todas ellas el Gobierno perdió y la oposición lo asumió como un marcador contundente: 4 a 0.

7. El fracaso del paro indígena 

El Gobierno eliminó el subsidio al diésel lo que generó la inmediata reacción de sectores sociales, gremios, sindicatos. Pero fue el movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, el que decidió promover y convocar a un paro nacional, que quedó solamente en los papeles. En la práctica, lo que se dio fue una jornada violenta concentrada en Imbabura. Fueron 31 días de tensión focalizados en la región sierra centro norte. El Gobierno trasladó la sede de la Presidencia de la República a Latacunga y desde ahi logró una importante victoria militar frente a los indígenas rebeldes. Luego de un mes, el presidente de la CONAIE, un derrotado Marlon Vargas, tuvo que salir a anunciar el fin del paro sin que hayan logrado ni un solo objetivo planteado.

8. La Corte Constitucional, ¿último garante de la institucionalidad?

La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional al constatar que mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica. Eran Leyes promovidas por el Gobierno y aprobadas por la bancada oficialista. El Gobierno lanzó una severa ofensiva contra los jueces constitucionales a quienes les asignó el rol de los malos, de los que estaban con la narcodelincuencia. Incluso promovió una marcha en su contra.

9. La degradación de la política 

La Corte Nacional de Justicia sentenció a 13 años y 4 meses de prisión a Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC); Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas; y Johan Marfetán, exjuez del Guayas, involucrados en el caso Purga, relacionado con una red de delincuencia organizada en el sistema judicial de Guayas. A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado encontró elementos suficientes para investigar a los procesados que estarían involucrados en el delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estados. Según la Fiscalía, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales de larga data como el mismo alias “Fito”, además de intereses individuales.

10. La Asamblea convertida en el blindaje de los funcionarios del Gobierno 

11. Motines carcelarios, un mal de nunca acabar

12. Mario Godoy, las sombras del narcotráfico en el gestión judicial

El año 2025 no podía cerrar de peor manera. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, es el centro de un escándalo político judicial. Su gestión al frente del organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, ha sido puesto en tela de duda por su pasado profesional como abogado de narcotraficantes, por lo que podría tener un conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo. La Asamblea pidió su presencia ante el Pleno, la Revolución Ciudadana busca censurarlo y destituirlo a través de un juicio político y, para rematar, el Presidente de la República, Daniel Noboa, le quitó su respaldo y sugiere que debería renunciar tras su comparecencia a la Asamblea. Godoy vive la soledad del poder.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se va quedando sin respaldo a su gestión frente a acusaciones de un presunto conflicto de intereses. El Presidente de la República, Daniel Noboa, publicó en su cuenta «X» un extenso post donde defiende la labor de su Gobierno y en el que sugiere a Godoy que renuncie al cargo luego de su comparecencia a la Asamblea, fijada para el 5 de enero de 2026, a las 10:00.

«Respecto al intento de ellos de tomarse la justicia y Participación Ciudadana, mi recomendación es que Mario Godoy renuncie, después de su comparencia en la Asamblea, y se defienda de las acusaciones fuera del cargo», escribió Noboa.

La dudas sobre la labor de Godoy se intensificaron a raíz de que Carlos Serrano, juez anticorrupción, denunció que le habían retirado su equipo de seguridad policial y que había recibido presiones de un alto funcionario de la Juicatura  para que declare inocente al serbio Jezdimir Srdan, capo del narcotráfico transnacional procesado por un caso de lavados de activos, quien fue condenado a 10 años de prisión.

La sentencia escrita aún no está emitida por lo que Noboa también se refirió a este caso en su red social. «En el caso del serbio sentenciado, el Juez Serrano, basado en el principio de celeridad puede asumir la ponencia si así el Consejo de la Judicatura lo decide, para sentenciar por escrito al narcotraficante Jezdimir Srdan. El Estado le dará toda la seguridad requerida. Lo que no podrá es evitar la ira de las mafias ocultas del poder», indicó el Presidente de la República.

El movimiento legislativo

La bancada de la Revolución Ciudadana presentó una solicitud de juicio político en contra de Godoy. «Hemos presentado formalmente la solicitud de enjuiciamiento político contra Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Esperamos que el CAL la califique de inmediato y que sea tramitada en la Comisión de Fiscalización, conforme a la Ley. La tardía “recomendación” de renuncia realizada por el presidente Daniel Noboa NO exime al señor Mario Godoy del enjuiciamiento político en la Asamblea, incluso si llegara a renunciar. Esta reacción del Gobierno llega solo por la presión e indignación ciudadana, tras varios días de escándalo, cuando ya es evidente que el oficialismo intentó blindarlo», escribió en su cuenta X la legisaldora de esa bancada, Viviana Veloz.

En horas de la mañana había anunciado que también se presentaría una solicitud de enjuciamiento político en contra de los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que votaron por su designación como titular de la Judicatura. Los cuatro consejeros son: Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto y David Rosero.

Por su parte la Asamblea convocó a Godoy para el 5 de enero de 2026 de manera presencial con el fin de que informe sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la Función Judicial. La sesión del Pleno está conovada a partir de las 10:00.