Corte Constitucional acelera proceso para pronunciarse sobre juicio político a Guillermo Lasso 

El proyecto de dictamen de la jueza ponente Teresa Nuques no alcanzó los votos requeridos para su aprobación, por lo que el pleno de la Corte Constitucional, en la misma sesión, procedió con el resorteo y designó como nuevo juez ponente a Richard Ortiz.

En horas de la mañana (10:00) de este lunes 27 de marzo, la jueza constitucional Teresa Nuques, emitió su proyecto de dictamen constitucional respecto al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Pero el proyecto no alcanzó los seis votos que se necesitan para su aprobación. Apenas habría alcanzado tres votos.

El presidente de la Corte, Alí Lozada, de acuerdo a la normativa legal, tenía 24 horas para convocar a sesión del Pleno, y resolver sobre el proyecto de dictamen; pero no se tomó esas 24 horas sino que, casi de manera inmediata, a las 14:00 convocó a sesión extraordinaria.

En esa sesión no se logró los votos necesarios por lo que se designó al nuevo juez ponente, de acuerdo al reglamento.

Mediante un comunicado emitido por la Corte Constitucional, se aclaró el procedimiento. «Esta decisión se basa en el artículo 90 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en aplicación del artículo 38 inciso final del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que faculta a este organismo a realizar un resorteo, y designar como ponente al juez constitucional a Richard Ortiz Ortiz, y en aplicación del artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se asignó un segundo ponente, el juez constitucional Alí Lozada Prado, para la presentación de un nuevo proyecto de dictamen».

Por su parte el presidente, Guillermo Lasso, remitió un nuevo escrito a la Corte Constitucional, a fin de defenderse del pedido de juicio político que impulsa la nueva mayoría parlamentaria, aduciendo que los proponentes del juicio político no han presentado un solo indicio que impliquen su gestión en supuestas redes de corrupción en empresas públicas.

Mientas tanto, las organizaciones sociales han anticipado que cumplirán plantones frente a la Corte Constitucional para exigir que dé paso al juicio político.

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