Inicia juicio en contra de Lenin Moreno y su familia por presunto cohecho

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) inició el juicio por presunto cohecho en el caso Sinohydro. Son 21 personas las procesadas, entre ellas el expresidente Lenin Moreno, aunque el presunto delito se cometió cuando cumplía las funciones de vicepresidente de la República en el Gobierno de Rafael Correa.
La Fiscalía le señala como autor directo de cohecho. Entre los procesados consta la esposa de Moreno, Rocío González, su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno, y su cuñada, Martha González.
Otros procesados son Conto Patiño, exrepresentante comercial de Sinohydro en Ecuador y amigo personal de Lenín Moreno; sus hijos María Auxiliadora, Patricia, su nieta Priscila; José Macías Carmigniani, esposo de María Auxiliadora; entre otros.
La investigación de la Fiscalía General del Estado determina que alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair habría operado una red de corrupción que, a través de sobornos, se benefició de 76 millones de dólares, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que habrían sido entregados por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
En su alegato de apertura, la Fiscalía señaló que Moreno y su entorno familiar se habrían beneficiado de un millón de dólares; mientras que Patiño y su familia habrían recibido 58 millones. Moreno estuvo presente de manera presencial en la audiencia, pero se retiró cerca del mediodía, ya que tenía que cumplir terapias físicas. El fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, inició con el alegato de apertura explicando que el presunto delito de cohecho se habría configurado cuando la empresa Recorsa, de Conto Patiño, abrió en 2010 una cuenta bancaria en Panamá, donde Sinohydro hizo los depósitos de los sobornos. Según el alegato inicial, el dinero fue movido a las cuentas de diferentes empresas, tanto nacionales como domiciliadas en Panamá, considerado a esa fecha como un paraíso fiscal.
En sus alegatos de apertura, los abogados de los procesados manifestaron que la Fiscalía no podrá probar la acusación, ya que carece de los elementos que configuren el presunto delito.