A pocos días de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inicie la sustanciación del juicio político en contra de la Fiscal Diana Salazar, impulsado por la legisladora de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, el también asambleísta de esa agrupacion, Héctor Valladarez, presentó la tarde de este martes otra solicitud de interpelación en contra de la funcionaria.
Valladarez señala a la Fiscal como responsable de encubrir casos de lavado de activos a pesar de que la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), entre 2019 y 2022, emitió 97 alertas sobre este delito. El asambleísta dijo que la Fiscal no estableció como máxima autoridad institucional proyectos con estándares de calidad y eficiencia para dar seguimiento a esos casos.
Una segunda causal que señala el legislador es por una presunta inacción para investigar a Carlos Pareja Cordero (Capaco) a quien la Fiscalía, en 2016, inició una indagación por posible lavado de activos. Valladarez asegura que aunque la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas declaró la nulidad del proceso, la Fiscal estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para reiniciar la investigación, subsanar las violaciones al debido proceso y recabar nuevos elementos de convicción que permitan sostener una acusación sólida en contra de los responsables del delito.
El objetivo de la bancada de la Revolución Ciudadana es que se unifiquen las solicitudes de juicio político y que estas nuevas causales se incoporen a las señaladas por Garzón.
La Fiscalía respondió a las pocas horas a través de un comunicado en el que señala que las aseveraciones del legislador no tienen sustento «más allá de la falta de entendimiento por parte del mencionado asambleísta sobre el tema en cuestión». Añade que ayer Salazar explicó la situación en la fallida comparecencia que tuvo en la Comisión de Fiscalización, a donde fue convocada para, precisamente, detallar cómo se llevan los casos de lavado de activos.
Mientras que del caso CAPACO, Fiscalía señala que corresponde al 2016 cuando la máxima autoridad de esa institución era Galo Chiriboga y estuvo a cargo de un agente fiscal de lavado de activos.
