En la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia del juicio por supuesto cohecho en el caso Sinohydro, donde las partes procesales iniciaron con la presentación de sus alegatos finales antes de que el Tribunal tome una decisión.
En el caso, son enjuiciadas 21 personas, entre ellas el expresidente de la República, Lenin Moreno, su hija Irina, su esposa Rocío González y sus dos hermanos Guillermo y Edwin Moreno, más su cuñada Martha González.
Según la Fiscalía, Moreno, su entorno familiar y otros habrían integrado una red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero: se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Durante su alegato de cierre, el fiscal subrogante, Carlos Alarcón, ratificó que la prueba presentada durante esta etapa demuestra la existencia de una estructura que permitió ocultar el pago de sobornos por parte de la empresa estatal china Sinohydro para asegurar la adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, por lo que solicitó al Tribunal integrado por los jueces Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio Inga que se declare la responsabilidad penal de siete procesados como autores directos del delito de cohecho y que otras 13 personas sean condenadas como cómplices.
En su alegato, el fiscal dijo que ha logrado demostrar que detrás de la contratación del proyecto hidroeléctrico operó una presunta red de corrupción destinada a obtener beneficios económicos indebidos. «Según la teoría del caso, la empresa estatal china Sinohydro habría entregado dádivas equivalentes al 4% del valor del contrato, que fueron canalizadas y ocultadas a través de un complejo entramado societario en Ecuador y Panamá”, mencionó Alarcón.
Agregó que se conoce esta presunta operación de corrupción gracias a asistencias penales internacionales, pericias informáticas y financieras, ya que los procesados habrían abierto cuentas en paraísos fiscales y reformaron los objetos sociales de varias empresas para dar apariencia de legalidad a la recepción y distribución de aproximadamente 76,1 millones de dólares provenientes del presunto soborno.
Hoy se cumplieron 29 días de audiencia de juicio, y en los próximos días se esperan los alegatos de cierre de los abogados de los procesados.
