60 días de suspensión sin derecho a remuneración es la sanción que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), impuso a la legisladora de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, al considerar que cometió una falta administrativa muy grave contemplada en el numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El numeral estitula «incurrir en actos que constituyan acoso laboral (…) contra las y los asambleístas o las o los funcionarios de la Asamblea Nacional».
A la asambleísta se le sanciona luego de conocer la denuncia que presentó un funcionario de la bancada de ADN (oficialismo), quien aseguró que a finales de 2023, mientras se debatía la ley económica urgente de Eficiencia Económica en la Comisión de Desarrollo Económico, Palacios intervino sin autorización de la presidenta, Valentina Centeno (ADN). Esto generó un incidente con el funcionario que fue hecho público por Palacios a través de sus redes sociales, donde le acusó de maltrato.
A través de un comunicado, la bancada Revolución Ciudadana, aseguró que se había cometido una violencia política de género contra la legisladora, avalada por el CAL. La bancada agrega que la denuncia retrata de cuerpo entero a un Gobierno «machista y misógeno» cuyos ataques van dirigidos a mujeres políticas a través de terceros.
