La tarde de éste martes 23 de febrero, se conoció de un amotinamiento de Personas Privadas de la Libertad (PPL), en varios centros de privación de la libertad; dónde bandas delincuenciales se disputaban el control de los mismos, dejando un saldo de 70 PPL’s asesinadas.
Las imágenes y vídeos que circularon por redes sociales, hacía ver la magnitud de los enfrentamientos jamás visto en la historia: cuerpos desmembrados, y PPL’s decapitados; revelaron y/o ratificaron la precaria situación que atraviesan éstos centros carcelarios, que se tiñeron de sangre y enlutaron al país.
En horas de la tarde, Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), brindó una rueda de prensa para informar sobre los acontecimientos suscitados en los Centros de Privación de Libertad (CPL) Guayas Nº4, Azuay Nº1 y Cotopaxi Nº1.
El funcionario relató que dichos eventos violentos surgieron debido a una ruptura del liderazgo en la banda “Los Choneros”, ocurrida desde el deceso de su máximo líder alias “JL”, en el pasado mes de diciembre. La disputa se da entre quienes buscan mantener la hegemonía en el grupo delictivo.
“Estamos trabajando para determinar que nuestra hipótesis tenga premisas fuertes que ayuden a que la Fiscalía tenga la mayor información posible, que permita poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes idearon esta acción”, sostuvo Moncayo.
El @SNAI_Ec informa que, se continúa realizando el levantamiento de información en los centros penitenciarios y, se registra el aumento de decesos de 13 #PPL; de las cuales, 6 son del #CPLGuayas N°1 y 7 pertenecen al #CPLGuayas N°4.
Además las autoridades de cada Centro de Privación de Libertad (CPL) brindarán toda la información necesaria a las entidades judiciales, con el objetivo de que se investigue a los responsables de estos acontecimientos que impiden preservar un ambiente de paz y la rehabilitación efectiva de los privados de libertad.
El Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNRS), amparado en lo señalado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), trabajará con todo rigor, junto a los operadores de justicia, para que los implicados sean sancionados con la máxima fuerza de la ley. Adicionalmente, de manera interna, se tomarán acciones disciplinarias de control, respaldados en el reglamento respectivo. (CG)
El Consejo Nacional Electoral (CNE), se instaló este sábado 20 de febrero en sesión del Pleno No. 15, a fin de instalar la Audiencia Pública Nacional de Escrutinios para Binomio Presidencial; Asambleístas Nacionales y del exterior; Parlamento Andino; y examen de actas de escrutinios levantadas por las Juntas Provinciales y Especial del Exterior.
Dentro de la sesión realizada en horas de la mañana se conocieron los resultados oficiales de las eleccionesgenerales realizadas el 7 de febrero; por lo que una vez finalizado el escrutinio a nivel nacional y en el exterior, dejo los siguientes resultados: Andrés Arauz, por la coalición Unión por la Esperanza (UNES), con el 32.72 %, 3’033.753 votos; en segundo lugar Guillermo Lasso Mendoza por la alianza (CREO-PSC), con 19.74%, 1’830.045 votos; y Yaku Pérez Guartambel por Pachakutik, con 19.38%, 1’797.445 votos.
Con el conocimiento de los resultados la presidenta Diana Atamaint, procedió a suspender dicha sesión, hasta resolver los pedidos planteados por las organizaciones políticas, que buscan un recuento de votos en varias provincias, principalmente en la provincia del Guayas.
Además aproximadamente a las 23:00, se reinstaló la sesión del Pleno, en la cual analizaron el oficio presentado por Marlon Santy, coordinador nacional de Pachakutik. De acuerdo al informe jurídico del CNE, se recomendó aceptar parcialmente la reclamación presentada, sobre verificación de firmas e inconsistencias numéricas de 15 actas de Guayas (Empalme, Guayaquil) y 11 actas de Los Ríos (Baba, Mocache, Urdaneta).
A estas actas a ser revisadas, se suman las 18 actas que serán subsanadas en: Manabí (1), Santo Domingo de los Tsáchilas (1), Cañar (1), Morona Santiago (1), Los Ríos (2), Imbabura (12).
En este contexto Atamaint dispuso que se notifique a los sujetos políticos con la resolución adoptada por el Pleno del CNE, para que, «en el marco de la ley, presenten los recursos electorales que consideren pertinentes. (CG)
El Presidente de la República, Lenin Moreno, objetó parcialmente el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio remitido por la Asamblea el pasado 19 de enero. Parte del veto está relacionado con una presunta inconstitucionalidad del proyecto por lo que considera que debe existir un dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional para que el contenido de la norma tenga garantía en su aplicación, con respeto a los derechos constitucionales.
Uno de los temas objetado es el principio de retrospectividad, introducido por primera vez en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Al Ejecutivo le preocupa que en esta materia el texto propuesto por la Asamblea pueda asumirse como una aplicación retroactiva de la norma.
Sobre la imprescriptibilidad propuesta para la acción de extinción de dominio, al Gobierno le llama la atención que, pese a que la Asamblea ha determinado que la misma (la acción de extinción de dominio) es una acción independiente, se sugiera que esta debe ser imprescriptible, ya que existen delitos que por norma constitucional lo son.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó para el martes 23 de febrero a una movilización en Quito para presionar al Consejo Nacional Electoral que abra las urnas en 17 provincias.
Ese día está previsto que llegue a la capital la marcha indígena que salió de Loja el pasado miércoles y cuyo objetivo es respaldar la propuesta del candidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, para que se cumpla el recuento de votos total en la provincia del Guayas y del 50% en otras 16 provincias.
Para los dirigentes sindicales, la apertura de urnas será una demostración de transparencia en el proceso electoral. La posición del FUT cuenta con el respaldo de dirigentes del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Comisión Nacional Anticorrupción, entre otros sectores.
Según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, desde el 1 de enero hasta el 4 de octubre de 2020 se registraron 81 casos de femicidios a nivel nacional, pero las muertes violentas de mujeres no han parado. En el feriado por el Día de los Difuntos, en apenas cuatro días de iniciado noviembre se registraron seis asesinatos, en los primeros días de diciembre ocurrió algo similar. En total hasta la presente fecha suman 111 femicidios en lo que va del 2020 a nivel nacional.
Si antes de la pandemia los derechos de las mujeres eran vulnerados y no había una respuesta óptima por parte del sistema judicial ante el incremento de muertes violentas de mujeres en el país, como lo venían denunciando las organizaciones de mujeres a nivel nacional, con la pandemia del covid 19 este problema se agudizó «debido a que el confinamiento obligó a las víctimas a permanecer en sus hogares durante más tiempo junto a los agresores habitando en una especie de cárcel, lo que impidió que no puedan denunciar los maltratos». Afirmó Ana Cristina Vera, directora de Fundación Surkuna.
Aquellas mujeres que sí lograron denunciar los maltratos lo hicieron a través de llamadas al ECU 911, institución que registró desde marzo 70 mil 430 llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia de género. Una cifra alarmante, según lo consideró Juan Zapata, director del ECU 911.
A esto se suma que en ocho meses de pandemia en Ecuador se registra mayores índices de pobreza, lo cual afecta especialmente a las mujeres por diversas razones; entre ellas, por ejemplo, la tasa de desempleo de mujeres actualmente se ubica en 8,7%, una cifra más alta que el promedio nacional que se ubica en 6,6%, obligando a las mujeres a realizar trabajos domésticos no remunerados o trabajos informales, sin acceso al seguro social en medio de la emergencia sanitaria.
ONU Mujeres, reveló que, a nivel mundial, 243 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual a manos de su pareja. Las cifras concluyen que actualmente 137 mujeres son asesinadas a diario por un miembro de su familia. ¿Cómo entender esta situación? Ana vera de Fundación Surkuna explica que, durante siglos, no solo en situaciones de emergencia sanitaria u otras, las mujeres han sido víctimas de múltiples violencias e injusticias sociales producidas por las estructuras patriarcales, carentes de medidas adecuadas para evitar estos delitos.
Vera agrega que, la violencia de género no deja de estar determinada por la condición sexual, por las diferencias económicas, culturales, etarias, raciales, y hasta de religión a las que está expuesta la población femenina. «Vivimos en una sociedad arraigadamente machista, donde el punto central es de orden sexista, la definición fundamentalista de roles diferenciados entre el hombre y la mujer». Posiblemente, según las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, esta es una cultura violenta arrastrada desde el modo de producción primitivo mezclada con el cambio de paradigma económico-productivo, configurando una sociedad aún machista que mantiene al hombre como el proveedor y a la mujer alejada de los procesos económicos. Incluso, estas lógicas se reproducen desde el hogar, diseñando prototipos de masculinidad y feminidad.
«Vivimos en una sociedad donde incluso los medios de comunicación ayudan a naturalizar la violencia y la discriminación contra las mujeres y grupos GLBT y este problema se sigue perpetuando porque los medios se convierten en referentes de conductas sociales y expresiones de vida individuales hasta llegar a impactar en los valores morales y sociales».
Vídeo reportaje: Santiago Tello.
Pero en las muertes violentas de mujeres también existe una responsabilidad del Estado, afirma la catedrática Elizabeth Endara: «Vivimos en una sociedad en la que al Estado poco o nada le preocupa la seguridad de las mujeres, donde el sistema judicial responde al machismo, donde existen escasos fiscales especializados en violencia de género. Esta situación provoca que la justicia favorezca a los agresores».
Al parecer lo expuesto por Endara, coincide con el caso de Salomé Aranda, mujer indígena que de manera reiterada denunció ser víctima de violencia de género, pero que el 29 de octubre fue detenida por la Policía después de ser agredida física y psicológicamente por responder a la agresión de su pareja.
Además, de aquello, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres recalcan que, vivimos en una sociedad donde existe falta de decisión política y estatal para establecer acciones reales que permitan erradicar la violencia de género. «Tal vez una solución sería imponer una malla curricular que obligue a las escuelas, colegios y universidades públicas y privadas a dictar cátedra de género y tener docentes capacitados en la materia para atacar el problema de la violencia de género de raíz», señaló Ana Vera. Algo que parece poco posible de lograr, cuando en el sistema educativo público y privado se registran más de 4 mil 500 denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, donde los principales involucrados son los docentes.
¿Cuál es el camino que nos queda? Para Ana Vera, lo más viable es trabajar por eliminar el pensamiento machista percudido en la sociedad, que permite la injusticia socioeconómica arraigada a la estructura política económica de la sociedad, que produce explotación, marginación y violencia contra las mujeres y es que las raíces de la violencia contra las mujeres están relacionadas con la masculinidad, esa forma en que fuimos educados, con patrones culturales que involucran tanto a las mujeres como a los varones.
Para Jeaneth Molina, representante de la organización Vivas Nos Queremos, es necesario: «Empezar por reeducarnos desde el hogar es extremadamente necesario, a los más pequeños podemos enseñarles que ser hombre no exige de sentimientos y que ser mujer no es sinónimo de debilidad, y que niños y niñas son libre de construir su propia identidad, libre de estereotipos de género. En ese sentido, la manera de educar a las nuevas generaciones está ligada a una mayor concienciación para que no se repitan los mismos patrones de violencia e inequidad».
Molina es enfática en señalar en que es fundamental promover el “no callar”, de apoyar a las víctimas de violencia y denunciar. Sin duda alguna, hoy es difícil cambiar esos patrones machistas que alimentan la desigualdad y dan paso a la violencia y aumentan día a día las cifras de muertes violentas de mujeres en Ecuador, por ello se necesita de la intervención de todos.
Sin duda Sylka Sánchez es el personaje de la semana. No ha declinado su lucha para que el Consejo Nacional Electoral inscriba como candidato presidencial a su mentor, Álvaro Noboa. Claro está, se conoce que con Noboa de candidato el binomio será Gino Cornejo, esposo de Sánchez.
En pleno proceso electoral, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, no dudó en poner su granito de arena en la ya de por sí cuestionada imagen del Consejo Nacional Electoral. Torres habla de una reunión entre vocales del Consejo y líderes políticos, pero en un un marco especial.
La Asamblea Nacional inició el tratamiento del proyecto de Ley de Extinción de Dominio en su segundo debate por parte del Pleno. El objetivo de la normativa es establecer el camino para recuperar bienes que han sido adquiridos de manera ilícita producto de la corrupción.
El asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea y ponente del Informe, manifestó que es una normativa necesaria para el país y que debe ser independiente de otros cuerpos legales, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que no han podio atacar la esencia de bandas delincuenciales en el ámbito financiero.
Tello pidió a los legisladores que contribuyan con sus criterios para mejorar el articulado y que sea la expresión unánime de la Asamblea en la lucha contra la corrupción.
El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, presentó esta mañana a los nuevos comandantes de las tres ramas de Fuerzas Armadas: General Washington Buñay, Comandante General del Ejército; Contraalmirante Rafael Poveda, Comandante General de la Fuerza Naval; y Brigadier General Gustavo Agama, como Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El cambio en la cúpula militar se da tras la suscripción de los Decretos Ejecutivos por parte del Presidente de la República, Lenín Moreno, el viernes pasado.
Los nuevos comandantes podrán ejercer el carga hasta dos años desde su designación, según la normativa militar; pero el Presidente de la República puede tomar antes de ese lapso la decisión de reemplazaralos.
