A las 18:00 de hoy concluyeron a escala nacional las inscripciones de los candidatos a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de este año. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el proceso se desarrolló únicamente de forma virtual, a través del sistema informático habilitado por el CNE.

Sin embargo, en no pocos casos los candidatos acudieron de manera personal a las Delegaciones Provinciales Electorales para, acompañados de sus simpatizantes, presentar la documentación habilitante que sería ingresada al sistema del CNE.

117 mesas de asistencia técnica se implementaron en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, con el propósito de brindar acompañamiento a las organizaciones políticas. Concluida esta etapa, corresponde a las 24 Juntas Provinciales Electorales verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa electoral y continuar con el procedimiento de calificación e inscripción.

Los sujetos políticos podrán ejercer los recursos previstos en el Código de la Democracia, dentro de los plazos establecidos, ante el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral. El cronograma electoral del CNE establece que el listado oficial de candidaturas inscritas se conocerá el 9 de noviembre.

De acuerdo a la Dirección Provincial Electoral de Pichincha, hasta las 12:00 de este lunes 17 de agosto de 2026, se habían registrado nueve candidatos a la Alcaldía de Quito y siete a la Prefectura de Pichincha.

Candidatos a la Alcaldìa de Quito (listado preliminar):

MOVIMIENTO ACCION DEMOCRATICA NACIONAL, ADN: Harold Burbano
MOVIMIENTO FUTURO: Paúl Desamblac
MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO: Galo Almeida
MOVIMIENTO IMPARABLES: Wilson Merino
PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA: Bernardo Jijón
PARTIDO AVANZA: Jorge Yunda
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO: Linda Romero
MOVIMIENTO CREO: Carla Larrea
ALIANZA CIUDADANA: Pabel Muñoz

Candidatos a la Prefectura de Pichincha (listado preliminar)

PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA: Jorge Pinto
ALIANZA CIUDADANA: Alexandro Tonello
MOVIMIENTO ACCION DEMOCRATICA NACIONAL, ADN: Giovanna Ubidia
MOVIMIENTO CREO: Mishelle Calvache
PARTIDO AVANZA: Carla Cevallos
MOVIMIENTO IMPARABLES: Juan Zapata
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO: Claudia Ormaza

En un acto del que estuvo ausente la bancada de la Revolución Ciudadana y los legisladores de Pachakutik, la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, de ADN, presentó a los presidentes de comisiones y a otros asambleístas la agenda parlamentaria que se cumplirá hasta mayo de 2027, cuando concluya el primer periodo legislativo.

Mancheno aseguró que son leyes que deben resolver las necesidades de los ecuatorianos y contribuir a mejorar positivamente su calidad de vida. Agregó que cada ley debatida, cada proceso de fiscalización y cada decisión adoptada por la Asamblea debe contribuir a fortalecer la democracia, garantizar la seguridad jurídica, generar oportunidades reales para los ecuatorianos.

El documento contempla 34 proyectos de ley, distribuidos en tres ejes estratégicos: Seguridad y lucha contra la corrupción; desarrollo humano y modernización institucional; y crecimiento económico sostenible y seguridad jurídica para la inversión.

También incluye temas de fiscalización relacionados con seguridad, justicia y orden público; transparencia y lucha contra la corrupción. Mancheno dijo que la fiscalización será una gestión prioritaria de la Asamblea.

Añadió que se busca priorizar el tratamiento de los proyectos de ley de mayor impacto, dar seguimiento efectivo al avance de cada iniciativa y planificar el trabajo parlamentario de manera que se pueda avanzar con eficacia, transparencia y responsabilidad.

Sin embargo, el legislador correísta Blasco Luna aseguró que no hay la voluntad política de ADN para tratar temas sensibles e importantes para el país, y que en temas de fiscalización el pleno, con mayoría oficialista, ha dejado pasar temas como el energético.

Los ejes y proyectos de ley

Eje 1. SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Proyecto de ley reformatoria al Código de la Función Judicial

2. Proyecto de ley reformatoria para la Prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes  

3. Proyecto de ley reformatoria a la Ley Contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

4. Proyecto de ley reformatoria a varios cuerpos legales para el Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado (ley antimafias)

5. Proyecto de ley orgánica que regula el Apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional

6. Proyecto de ley orgánica de Recuperación productiva y territorial frente al crimen organizado

7 Proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal

Eje 2. DESARROLLO HUMANO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

1. Proyecto de ley reformatoria de la ley de Salud

2. Proyecto de ley reformatoria al Código de la Niñez

3. Proyecto de ley que promueve el Reconocimiento y empoderamiento de la mujer rural

4. Proyecto de ley para la Atención integral de las personas con obesidad

5. Proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)

6. Proyecto de ley reformatoria a la ley de Inquilinato

7. Proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para rescatar la justicia constitucional.

8. Proyecto de ley reformatoria a varios cuerpos legales para fortalecer la Solución temprana de controversias.

9. Proyecto de ley reformatoria de la ley de Prevención, protección y atención integral de las personas que padecen diabetes

10. Proyecto de ley reformatoria de la ley orgánica de las Personas adultas mayores  

11. Proyecto de ley reformatoria al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público que regula la obligatoriedad en la contratación de jóvenes.  

12. Proyecto de ley de Inteligencia Artificial

13. Proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar el Derecho a la protección en la maternidad y paternidad en el duelo gestacional, perinatal y neonatal 

14. Proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley para la Planificación y desarrollo integral de la circunscripción amazónica  

15. Proyecto de ley de Institucionalización y fortalecimiento del SECAP

16. Proyecto de ley reformatoria a la Ley de la Función Legislativa

17. Proyecto de ley reformatoria de la ley de Vivienda de interés social.

Eje 3. CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA INVERSIÓN 

1. Proyecto de ley de Desarrollo agropecuario

2. Proyecto de ley reformatoria al Código Tributario

3. Proyecto de ley reformatoria del Código Monetario y Financiero

4. Proyecto de ley orgánica de Aviación civil

5. Proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial

6. Proyecto de ley reformatoria al Código de la Producción

7. Proyecto de ley de Concurso preventivo para el fortalecimiento de la continuidad empresarial  

8. Proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación

9. Proyecto de ley orgánica reformatoria al Código del Ambiente

10. Proyecto de ley orgánica reformatoria para una Caracterización acuícola pesquera a la ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca.

Lo que debía ser un convenio interinstitucional normal en materia de seguridad entre el Municipio de Quito y el Ministerio del Interior se convirtió en una feroz disputa política entre el oficialismo y la oposición, y como telón de fondo, las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

A través de este convenio, el 10 de agosto las 632 cámaras que maneja el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito pasaron a ser administradas por el Ministerio.

John Reimberg, titular de esa cartera de Estado, denunció la existencia de «salas espejo» que permitían el acceso remoto y descontrolado a las imágenes de videovigilancia de la capital y que la gestión del centro técnico contaba con la participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) de la era correísta.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, indicó que si existen indicios de un presunto mal uso de las cámaras, pondría la renuncia penal en la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el asambleísta de ADN, Luigi García, insinuó que el sistema habría podido estar al servicio del crimen organizado.

En respuesta, la oposición política considera que se trata de una persecución política contra los adversarios del Gobierno, y en este caso contra el alcalde de la capital, Pabel Muñoz, quien busca la reelección.

La asambleísta Patricia Núñez, coordinadora de la banda correísta manifestó que el sistema de videovigilancia opera desde la sede matriz del ECU 911, por lo que resulta descabellado afirmar que existirían «salas espejo» para el espionaje político o al servicio del crimen organizado.

Según Núñez, lo que el oficialismo busca es atacar la gestión de Muñoz, para restarle votos al ser un candidato que tendría posibilidades de lograr la reelección.

Por su parte, la legisladora Mariana Yumbay, de Pachakutik, agregó que ADN busca debilitar a los gobiernos seccionales de oposición y callar las voces contrarias al Gobierno. Yumbay aseguró que hay una permanente persecución política contra la oposición.

Dirigentes del Frente Popular, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (FENOCIN), y de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) acudieron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para interponer un recurso subjetivo electoral en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de negarles los formularios para recoger las firmas e impulsar la revocatoria del mandato de Daniel Noboa.

El recurso se interpuso luego de que el CNE negó un recurso de corrección que las organizaciones habían ingresado en contra del fallo del organismo electoral con el argumento de que lo habían hecho fuera de los tiempos previstos por la normativa electoral.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, dijo que la resolución de negar los formularios es una burla en un Estado de derecho por lo que es evidente que el CNE le está “cuidando las espaldas” a presidente de la República, negando a la población la posibilidad legítima de decidir en las urnas si revoca o no el mandato de Noboa.

José Villavicencio, presidente de la UGTE, anticipó que la actitud del CNE podría traducirse en un posible fraude en las elecciones seccionales del 29 de noviembre. Villavicencio manifestó que todos los recursos que son planteados ante el CNE promoviendo la revocatoria, les son negados, por lo que acuden al TCE con la esperanza de que revea esa decisión, aunque tampoco confían en los jueces electorales, ya que han demostrado. Villavicencio pide al TCE que ordene al CNE la entrega de formularios para recolectar las firmas ya que debe ser la población la que en última instancia decida en las urnas sobre la continuidad del Gobierno.

Las organizaciones sociales convocaron para el 29 de agosto a una gran asamblea nacional para definir acciones de lucha contra la política de Daniel Noboa y así ejercer el derecho a la resistencia, a la protesta social y a tomarse las calles y plazas.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Es la pena máxima contemplada por este delito y tiene relación con la manipulación, según la Fiscalía, del grillete electrónico que como medida cautelar se le impuso en el caso Triple A.

El fallo fue unánime por parte del Tribunal de Garantías Penales integrado por los jueces Smirnova Calderón, Nebel Viera y Carlos Churta. La sentencia es de primera instancia, por lo que puede ser apelada. Los jueces además condenaron a Álvarez al pago de una multa de 10 salarios básicos unificados, a ofrecer disculpas públicas y a la publicación de la parte resolutiva del fallo en un diario de circulación nacional.

La Fiscalía sostuvo que Álvarez incumplió una disposición legítima de autoridad competente al no portar el dispositivo electrónico cuando debía hacerlo. La irregularidad fue detectada en febrero de este año, durante el operativo en el que el alcalde fue detenido por el caso Goleada.

Según los jueces, la Fiscalía logró probar que Álvarez no llevaba puesto el grillete electrónico al momento del operativo policial, violando la orden judicial que lo obligaba a portarlo de manera permanente. Mientras que la defensa del procesado argumentó fallas técnicas en el dispositivo, ya que la cobertura de la señal era más débil en su domicilio.

Álvarez tiene otros dos procesos penales abiertos y que están en marcha hasta el momento. Se trata del caso Triple A por presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados y del caso Goleada por supuesta delincuencia organizada, con vínculos con lavado de activos y defraudación tributaria.

A pesar de que la bancada de ADN logró 81 votos para archivar el juicio político en contra de su compañera de Movimiento, la exministra de Energía Inés Manzano, no hubo celebración entre los asambleístas oficialistas.

Hoy el pleno de la Asamblea sesionó para debatir el informe de la Comisión de Fiscalización, de mayoría oficialista, y que sugería archivar el proceso contra Manzano, propuesto por los legisladores correístas Blasco Luna, Mónica Palacios y Lenin Barreto.

Estos legisladores acusaban a la exfuncionaria de presunto incumplimiento de funciones, lo que habría ocasionado pérdidas al Estado de 71 millones de dólares, tras la adquisición de generadores termoeléctricos de emergencia de la empresa Austral Technical Management (ATM) durante la crisis energética de 2024.

Estos generadores fueron entregados por la compañía, pero nunca funcionaron debido a que no cumplían con los requisitos técnicos establecidos.

Durante el debate parlamentario, el legislador que fue expulsado de Pachakutik y que ahora apoya al oficialismo, José Nango, propuso que se aprobara el informe de la Comisión de Fiscalización, de la cual forma parte, al no haberse demostrado la existencia de un nexo causal ni la configuración del incumplimiento de funciones.

Poco a poco, los votos a favor de la moción fueron apareciendo en las pantallas del hemiciclo hasta alcanzar los 81 necesarios para que el oficialismo brindara apoyo a Manzano, eximiéndola de comparecer ante el pleno para dar explicaciones sobre lo ocurrido en este caso, dejando así sin un responsable político el asunto de ATM.

A pesar de esta victoria, en la bancada de ADN no se escucharon los tradicionales aplausos, abrazos, ni felicitaciones que suelen expresar cuando logran aprobar leyes y otros trámites legislativos.

Esta ocasión fue distinta: simplemente se despidieron entre ellos, recogieron sus pertenencias y abandonaron la Asamblea para continuar con sus actividades diarias.

Es que durante el debate, quedó claro el mensaje de parte de la bancada correísta: «Muchos de estos legisladores seguramente se postularán a las elecciones seccionales. A esos legisladores les digo que podrán proteger a una exministra por horas, días o años; pero jamás podrán borrar su voto, que quedará grabado en la conciencia y en la memoria de todos los ecuatorianos. Algunos de ustedes pronto dejarán sus curules para buscar el respaldo de la ciudadanía en las elecciones. Tendrán que regresar a sus territorios y enfrentar a los ciudadanos», dijo Ana Herrera del correísmo.

«Ustedes asambleístas de ADN serán juzgados en estas elecciones, también por sus omisiones», advirtió también Mónica Palacios, también del correísmo.

Tal vez por eso los oficialistas no celebraron, porque no saben qué repercusiones tendrá para ellos la falta de responsables políticos en este perjuicio al Estado, así como en el caso Progen.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó una segunda solicitud de entrega de formularios para la revocatoria del mandato del Presidente Daniel Noboa y de su Vicepresidenta María José Pinto.

La decisión del organismo electoral se tomó con cuatro votos a favor de cuatro consejeros presentes. La negativa corresponde a la solicitud presentada por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y las principales centrales sindicales del país y por el Frente Popular.

Esta es la segunda vez que el organismo electoral niega la entrega de formularios para la recolección de firmas de apoyo a la revocatoria. La primera fue el 15 de julio, cuando el pleno negó la entrega de formularios al colectivo Revoca EC.

En esta ocasión, el informe jurídico elaborado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE, concluyó que los proponentes no lograron demostrar, con elementos probatorios objetivos, que el Presidente de la República haya incurrido en un incumplimiento de su plan de trabajo o que haya incumplido sus funciones y atribuciones.

Los consejeros argumentaron que la solicitud no estableció una relación clara, lógica y verificable entre los hechos alegados y el presunto incumplimiento del plan de trabajo. Y que tampoco se individualizaron responsabilidades, ya que, si bien Noboa y Pinto, fueron elegidos como binomio, tienen funciones y atribuciones diferentes.

La resolución señaló que los peticionarios no precisaron qué obligación concreta habría sido vulnerada por cada dignidad, ni detallaron las circunstancias específicas en las que se habrían producido tales omisiones.

El presidente del CNE, José Cabrera, manifestó que la solicitud no cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Coincidió con el resto de consejeros en el sentido de que no se determinó de manera clara y precisa el motivo de la revocatoria.

Además, afirmó con el resto de consejeros en el sentido de que no se determinó de manera clara y precisa el motivo de la revocatoria y que la solicitud incumple otros requisitos previstos en la normativa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los candidatos del Movimiento Amigo, organización suspendida por nueve meses debido a una investigación previa en su contra por presunto lavado de activos, sí pueden candidatizarse por otras organizaciones políticas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre. 

Amigo tenía planificado buscar alcaldías y prefecturas auspiciando a postulantes de la Revolución Ciudadana, movimiento que también enfrenta desde marzo de este año una suspensión de nueve meses por una investigación similar a cargo de la Fiscalía General del Estado. 

En el marco de la sesión del Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, celebrada hoy en la Delegación Electoral de Pichincha, Juan Carlos González, director nacional de Organizaciones Políticas, explicó cómo opera el mecanismo.

La explicación se dio luego de que la consejera Elena Nájera preguntó sobre la situación de los candidatos inscritos por Amigo. González explicó que la directiva de Amigo solicitó que se den de baja los formularios de inscripción a escala nacional. Con esta medida termina la relación de los candidatos con Amigo y quedan libres de optar por cualquier otra organización política para presentar sus candidaturas, siempre y cuando cumplan requisitos. Por ejemplo, que los candidatos de la otra organización hayan renunciado y esa dimisión sea aceptada conforme a la normativa.

Según González, Amigo debe “eliminar” del sistema informático el formulario de registro de precandidaturas electas en la etapa de democracia interna. Así puedan correr por otra agrupación, ya que si no lo han hecho, la plataforma rechaza automáticamente la participación de una persona porque aparece preinscrita por otra organización.

Luego de casi ocho años de gestión en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint renunció a la institución de la que fue presidenta la mayor parte del tiempo.
Atamaint remitió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano nominador de las autoridades, su carta de renuncia al cargo, sin detallar los motivos que le llevaron a tomar esta decisión.
Atamaint fue presidenta del organismo electoral entre noviembre de 2018 y junio de este año, cuando una nueva mayoría le removió de esa función. Desde entonces se venía desempeñando como vocal principal. Llegó al CNE con el auspicio de la Conaie.
Su renuncia está dirigida a Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, con copia a José Cabrera, presidente del organismo electoral.
Fantoni pondría en conocimiento del pleno la renuncia para el trámite respectivo y se principalizaría a José Merino.
«Hay momentos en la vida pública en los que una decisión puede representar una oportunidad personal, pero no necesariamente saben a victoria. Hoy asumo esa realidad con humildad y con un profundo sentido de responsabilidad.
Mi sincero agradecimiento a DianaAtamaint por el trabajo realizado al frente del @cnegobec y por el trato respetuoso que siempre tuvo conmigo. Le deseo el mayor de los éxitos en los nuevos retos que emprenda.
Servir al Ecuador será siempre el compromiso que guíe cada una de mis actuaciones», posteó Merino en su cuenta «X».
Merino ya participó en varias sesiones del pleno del CNE, con actuaciones controversiales. Por ejemplo, en el proceso de cancelación de Unidad Popular y de Construye del registro de organizaciones políticas. En el caso de Unidad Popular la cancelación no se concretó por una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, quien ratificó que esa resolución había sido tomada fuera de tiempo por el organismo electoral.

El Movimiento AMIGO fue suspendido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por nueve meses tras una denuncia presentada por el Fiscal General del Estado, Carlos Alarcón, en contra de esa organización política y de sus directivos por presunto lavado de activos.

La denuncia fue presentada el 16 de julio. En ella, Alarcón puso en conocimiento que estaba abierta una investigación previa en contra de la organización. Amigo es el movimiento que había acogido a los precandidatos de la Revolución Ciudadana a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de este año.

El juez electoral Patricio Maldonado admitió a trámite la denuncia y dispuso como medida la suspensión provisional por el plazo de nueve meses de la organización política Movimiento Amigo del registro permanente de organizaciones políticas que mantiene el Consejo Nacional Electoral (CNE), medida que podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses previstos en el artículo 374 del Código de la Democracia.

La medida se levantará de manera inmediata, de oficio o a petición, cuando se verifique, entre otras, las siguientes circunstancias:

* Que la Fiscalía General del Estado comunique formalmente el retiro del pedido o manifieste que ya no sostiene la solicitud.

* Que se acredite que la investigación fiscal que sustenta el pedido ha concluido, ha sido archivada o ha cesado por decisión fiscal o judicial competente.

* O que, mientras se mantenga vigente la medida, la Fiscalía informará sobre el estado de la investigación cada treinta (30) días, o antes si existiere novedad sustancial sobre el delito investigado.