La decisión del Gobierno de Daniel Noboa de efectuar una compra masiva de medicamentos a la India para superar el desabastecimiento en los hospitales públicos del país fue cuestionada por la Federación Médica Ecuatoriana (FME). Durante su informe a la Nación del pasado 24 de mayo, Noboa manifestó que se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de la India para «traer medicinas de primer nivel», que cumplan todos los estándares de calidad y sanitarios exigidos por los Estados Unidos.

Previo a este anuncio, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 393 con el que crea la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EP). Entre las actividades que deberá cumplir esta nueva empresa estatal están la de adquirir, distribuir, controlar el inventario y despacho de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, bienes estratégicos y demás bienes adquiridos para la prestación de los servicios de salud.

Santiago Carrasco, presidente de la FME, dijo que, si bien la India es uno de los países con mayor capacidad para producción de medicamentos a nivel mundial, también es una de las industrias más señaladas por la calidad de la producción de medicamentos. Agregó que entidades especializadas han detectado fallas en la cadena de producción, a lo que se suma que la nueva entidad creada por el Gobierno no estaría en capacidad de supervisar que los medicamentos adquiridos cumplan la cadena de calidad en el ámbito farmacéutico. Control que es fundamental previo al ingreso de medicamentos al Ecuador.

Geovanny Pazmiño, integrante del directorio de la Federación, agregó que es más bien una maniobra política antes que una decisión de orden técnico por parte del Gobierno de Noboa, ya que podrá mantener surtidos los centros médicos públicos, pero sin claridad en el cumplimiento de normas técnicas sanitarias. Agregó que los medicamentos deben tener una vigilancia y especificidad de acuerdo a la zona donde se distribuirán Costa, Sierra, Amazonía, ya que tienen sus características especiales en cuanto a clima y otros factores, y eso afectaría la eficiencia del medicamento.

La bancada de la Revolución Ciudadana presentó hoy una solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano, bajo la causal de incumplimiento de funciones en el caso Progen.
Blasco Luna y Lenin Barreto son los proponentes de ese proceso de fiscalización. Luna manifestó que la solicitud fue presentada con 44 firmas de respaldo.
Esta es la tercera ocasión que esa bancada intenta iniciar un proceso de interpelación en contra de Manzano.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha rechazado dos solicitudes presentadas por esa agrupación política: el 5 de agosto y el 4 de octubre de 2025.
Luna espera que esta vez la solicitud sí sea calificada ya que el CAL debe verificar únicamente que se haya cumplido todo el procedimiento como la entrega de firmas de respaldo y el anuncio de prueba. «Hemos sido muy cautelosos, hemos entregado toda la documentación de respaldo y no tiene porqué quedarse», dijo el legislador.
El correísmo asegura que mientras que Ecuador sufría apagones de hasta 14 horas, el Gobierno de Daniel Noboa perjudicó al país por $100 millones de dólares al comprar generadores que no servían a la empresa Progen, lo que constituye un grave “desfalco económico” gracias a irregularidades en los contratos con la empresa.
Según Luna, la responsabilidad política de Manzano se debe a que habría autorizado los pagos a pesar de que ya existían indicios de irregularidades en la adjudicación de esos contratos. “Manzano debe presentarse ante el Pleno y responder al país por ese millonario perjuicio a los ecuatorianos», dijo.
Para Barreto, el caso de Progen es el escándalo más grande de corrupción en el país y en el Gobierno de Noboa.
El legislador lamentó que el oficialismo intente detener todo proceso de fiscalización alrededor de este tema, pero que es responsabilidad cívica de la bancada presentar la solicitud de juicio político.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, presentó hoy desde la Asamblea el informe a la Nación, correspondiente a su primer año de gestión en el periodo 2025-2029. Acompañado de su esposa, Lavinia Valvonesi, sus hijos, ministros de Estado y otras autoridades, el primer mandatario intervino por 35 minutos, de los que 16 minutos correspondieron a la presentación de videos en los que detallaban las cifras logradas en su administración.

Noboa manifestó que durante este lapso le tocó tomar decisiones complejas, incómodas; decisiones que otros evitaron porque preferían la popularidad inmediata antes que defender al Ecuador. Agregó que la característica de su Gobierno ha sido luchar contra las mafias y, al mismo tiempo, establecer una política social para lograr que los niños permanezcan en las escuelas y para que las mujeres ecuatorianas cuenten con herramientas reales para salir adelante. En cuanto a obra pública, manifestó que ha destinado 166 millones de dólares a rehabilitación de carreteras y puentes, que repotenció 25 centros de desarrollo infantil y construyó dos más, beneficiando directamente a 1.577 niños y niñas.

En materia de seguridad, aseguró que la afectación a las economías delictivas ha sido de 1’856.000 dólares en droga incautada, y en peso, 227 toneladas. A todas las mafias que esperaron ver aquí un presidente cansado, les digo: no claudicaremos. «En el 2025 los buscamos, los encontramos y los extraditamos de este país de ser necesario, y en este periodo que continúa no tendrán donde esconderse», manifestó el primer mandatario. Informó que 17 objetivos de alto valor han sido capturados.

También ofreció ampliar el Metro de Quito durante este periodo, ya que la capital, dijo, merece tener transporte público de primer nivel.

Y en el aspecto del sistema hospitalario, uno de los temas más criticados durante su gestión, informó que efectuará la mega compra de medicinas para que todo el sistema público de salud esté abastecido, y que este proceso será internacional, de gobierno a gobierno, para evitar la corrupción.

5.023 aprehendidos, 717 de ellos vinculados a estructuras criminales, es uno de los resultados que dejó el toque de queda que se cumplió entre el 3 y el 18 de mayo en nueve provincias y cuatro cantones del país. El toque de queda rigió entre las 23:00 y las 05:00 y estuvo vigente hasta la madrugada del lunes.

Según el Bloque de Seguridad, la medida se aplicó en el marco del estado de Excepción y del conflicto armado interno para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana, lo que permitió, aseguran las autoridades, intensificar los operativos de control, patrullaje, inteligencia y acciones focalizadas contra estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y economías criminales.

Según las cifras, durante este periodo se detuvo a dos objetivos de alto valor y a 85 individuos de interés penal relevante; se realizaron 378 allanamientos, se decomisaron 630 armas blancas, entre otros datos.

A través de las redes sociales, el Presidente de la República, Daniel Noboa, agradeció a la ciudadanía por la confianza en las medidas adoptadas a pesar de que, dijo, el toque de queda implicó sacrificios para familias y emprendedores que buscan salir adelante. Aseguró que se actúa con transparencia y con un solo objetivo: proteger y mejorar la vida de los ecuatorianos.

Noboa manifestó que los 15 días de toque de queda permitieron al Bloque de Seguridad actuar con contundencia en los territorios golpeados por el crimen organizado. Las cifras difundidas por el primer mandatario resaltan la aprehensión de las 717 personas vinculadas al crimen organizado y la reducción de la criminalidad. «Hasta el corte de hoy, en mayo hay una disminución del 39% en homicidios», destacó.

Dentro de la audiencia de formulación de cargos en el caso Progen, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, concluyó con la exposición de los elementos de convicción solicitando al juez de la causa, Marco Vinicio Rodríguez, que dicte orden de prisión preventiva en contra de los 21 procesados.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días y, además, la Fiscalía Alarcón pidió al juez que se ordene la retención y la prohibición de enajenación de bienes de los 21 procesados, para garantizar el pago de una multa de 27.600 dólares por cada uno.
Durante estos dos primeros días de audiencia, Alarcón presentó sus elementos de convicción, estableció la relación entre los procesados y la responsabilidad individual de cada uno de ellos en el cometimiento del presunto delito de peculado. La fiscalía acuso a 19 personas como autores del delito y a dos como coautores. Entre los 21 procesados está Antonio Goncalves, exministro de Energía del Presidente de la República, Daniel Noboa; y Fabián Calero, exgerente de Celec.
La investigación penal tiene relación con presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación y ejecución de los contratos de emergencia suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa extranjera Progen Industries para instalar grupos electrógenos en las centrales Salitral y Quevedo y hacer frente a la crisis energética que vivió el país en el 2024.
Sin embargo, los motores y generadores entregados por Progen incumplieron los términos del contrato y resultaron ser usados, repintados, obsoletos y técnicamente incompatibles, según la teoría de la Fiscalía. A pesar de las anomalías, se canceló el 70% de anticipo del contrato. El perjuicio al estado ecuatoriano sería de 104 millones de dólares.
El juez suspendió la audiencia y la retomará el miércoles 20 de mayo, para que expongan sus alegatos los abogados de los 21 procesados.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) inició el juicio por presunto cohecho en el caso Sinohydro. Son 21 personas las procesadas, entre ellas el expresidente Lenin Moreno, aunque el presunto delito se cometió cuando cumplía las funciones de vicepresidente de la República en el Gobierno de Rafael Correa.
La Fiscalía le señala como autor directo de cohecho. Entre los procesados consta la esposa de Moreno, Rocío González, su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno, y su cuñada, Martha González.
Otros procesados son Conto Patiño, exrepresentante comercial de Sinohydro en Ecuador y amigo personal de Lenín Moreno; sus hijos María Auxiliadora, Patricia, su nieta Priscila; José Macías Carmigniani, esposo de María Auxiliadora; entre otros.
La investigación de la Fiscalía General del Estado determina que alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair habría operado una red de corrupción que, a través de sobornos, se benefició de 76 millones de dólares, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que habrían sido entregados por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
En su alegato de apertura, la Fiscalía señaló que Moreno y su entorno familiar se habrían beneficiado de un millón de dólares; mientras que Patiño y su familia habrían recibido 58 millones. Moreno estuvo presente de manera presencial en la audiencia, pero se retiró cerca del mediodía, ya que tenía que cumplir terapias físicas. El fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, inició con el alegato de apertura explicando que el presunto delito de cohecho se habría configurado cuando la empresa Recorsa, de Conto Patiño, abrió en 2010 una cuenta bancaria en Panamá, donde Sinohydro hizo los depósitos de los sobornos. Según el alegato inicial, el dinero fue movido a las cuentas de diferentes empresas, tanto nacionales como domiciliadas en Panamá, considerado a esa fecha como un paraíso fiscal.
En sus alegatos de apertura, los abogados de los procesados manifestaron que la Fiscalía no podrá probar la acusación, ya que carece de los elementos que configuren el presunto delito.

La Fiscalía demostró que el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, es autor de la violación a una menor de 12 años de edad, ocurrida a finales de 2024, por lo que el Tribunal de la causa le impuso una condena a 29 años y cuatro meses de prisión y al pago de una reparación integral fijada en 5.000 dólares a favor de la víctima. También dispuso a la red de salud pública que se entregue tratamiento psicológico a la adolescente.
El juicio se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y la sentencia oral se dio lectura la tarde de es viernes 8 de mayo de 2026. El abogado del sentenciado, Patricio Yungay, anticipó que apelará la sentencia de primera instancia.
Durante la reproducción del testimonio anticipado de la víctima, relató que el delito fue perpetrado en el contexto de las fiestas navideñas de 2024, en la vivienda del hoy sentenciado. Según lo manifestado al Tribunal, luego de consumar la agresión sexual, Díaz le entregó 140 dólares a manera de obsequio por Navidad, pero solicitándole que mantuviera lo ocurrido en secreto.
El perito médico-legal confirmó, en su testimonio, la existencia de huellas compatibles con la consumación del delito, cuya data coincide con la fecha de la agresión relatada por la víctima.
El delito de violación está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La circunstancia agravante que elevó en un tercio la pena privativa de la libertad corresponde a que Díaz era parte del círculo cercano de la afectada.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició la investigación a la gestión de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), que operó entre 2015 y 2024, cuando el Presidente de la República, Daniel Noboa ordenó su liquidación.
El presidente de esta mesa legislativa, Ferdinan Álvarez, manifestó que en EMCO se habrían dado contratos direccionados, repartos políticos e incluso tráfico de influencias.
La fiscalización será al periodo de gestión de Hernán Luque Lecaro, presidente del Directorio y procesado penalmente en el caso Encuentro por presunta delincuencia organizada. Luque Lecaro está retenido en Argentina y será extraditado a Ecuador en los próximos días. Su nombramiento se dio en el Gobierno de Guillermo Lasso, por lo que no se descarta que sea llamado a comparecer a la Comisión. «Si tenemos que llamar incluso a Guillermo Lasso, lo vamos a llamar”, manifestó Álvarez.
El propósito del proceso de fiscalización es esclarecer si en EMCO operó una red de corrupción vinculada al caso Encuentro. Según la Comisión de mayoría oficialista, se busca que la ciudadanía conozca la verdad sobre una supuesta estructura que, ejerciendo influencias indebidas, nombró autoridades en puestos estrategicos en empresas como CENEL, CELEC, Petroecuador, FLOPEC, BanEcuador y en el Servicio Nacional de Aduanas, lo que habría permitido la injerencia de actores privados y organizaciones criminales en la administración de millonarios recursos.
La bancada oficialista respaldó la fiscalización ya que asegura que las empresas públicas deben servir al país y no a intereses particulares ni redes de poder.

Luego de un largo feriado, el Consejo de la Judicatura recibió con calle de honor a la nueva presidenta de este organismo, Mercedes Caicedo. Una alfombra roja y el saludo de la escolta policial en la entrada al edificio fue el marco con el que Caicedo inició esta semana de labores. Sin embargo, su gestión al frente del organismo inició ayer domingo 3 de mayo cuando presidió su primera sesión virtual del Pleno. Fue una jornada enfocada en el control disciplinario y la responsabilidad de los operadores de justicia.
El Pleno resolvió procesos administrativos que estaban a punto de prescribir, iniciados contra servidores judiciales. Las autoridades destituyeron al exjuez de la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del Guayas, J.P.P.B., quien, en una causa relacionada con violencia intrafamiliar, emitió una sentencia pese a que el proceso ya había prescrito. Aunque el exservidor ya no forma parte de la Función Judicial, la sanción impuesta limita un eventual retorno al sistema judicial, debido a la gravedad de la infracción cometida.
Además, se sancionó con una multa equivalente al 5% de su remuneración mensual a la jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, G.F.M.D. por haber incurrido en una demora injustificada en la notificación de una decisión dentro de un caso relacionado con tráfico de drogas.
Caicedo agradeció a los vocales por la predisposición de conectarse y trabajar, pese a ser un día de descanso.
Hoy continuó con su jornada, aunque no se dio a conocer su agenda de trabajo. Caicedo, luego de haber sido jueza de la Corte Nacional de Justicia, exjueza del Juzgado Tercero de lo Penal de Bolívar, exjueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Miguel de Bolívar y exjueza del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos. Por lo que tiene amplia experiencia en la Función Judicial. Analistas políticos y judiciales aseguran que esa experiencia deberá aplicar en sus nuevas funciones para sacar adelante a un Consejo de la Judicatura que en los últimos años se ha caracterizado por la inestabilidad de sus vocales y por los escándalos de corrupción que los han rodeado.

El toque de queda que el presidente Daniel Noboa anticipó a través de su cuenta ‘X’ que aplicará en nueve provincias y cuatro cantones, se formalizó a través del Decreto Ejecutivo 370. Según la disposición, el toque de queda para las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos; así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar), regirá a partir del 3 de mayo hasta el 18 de mayo, en la franja horaria desde las 23:00 a las 05:00.

Representantes de sectores productivos pidieron al Gobierno que emita salvoconductos para movilizarse durante el toque de queda, ya que su actividad requiere trabajar a esas horas. La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) presentó una propuesta para que sea focalizado y proporcional a la realidad económica y territorial de cada zona. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, señaló que respalda el toque de queda para enfrentar la delincuencia, pero que su aplicación debía incorporar excepciones claras y operativas, ya que así no se puede planificar ni sostener la actividad productiva. La Cámara de Comercio de Guayaquil propuso la emisión de salvoconductos, la implementación de corredores logísticos, la reducción del horario del toque de queda y una semaforización con restricciones que vayan conforme al índice de criminalidad.

Sin embargo, ninguna de las sugerencias de los gremios fue tomada en cuenta por el Gobierno. Ni salvoconductos, ni corredores especiales, ni semaforización, ni recorte del horario; nada. El toque de queda se mantendrá entre las 23:00 y las 05:00, y las únicas excepciones serán para los servicios de salud de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria; y para la fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Según el decreto, la verificación y control del régimen de excepcionalidad a toda persona que circule en el horario de suspensión del derecho a la libertad de tránsito serán efectuados considerando las particularidades de cada caso de forma racional y proporcional, observando el contexto de necesidad y emergencia de la persona que requiera ineludiblemente desplazarse o movilizarse mientras rige la medida excepcional. Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Agentes de Tránsito coordinarán con las instancias competentes, debiendo asegurar que, dentro de los parámetros de excepcionalidad, se garantice la continuidad de la prestación de los servicios de administración de justicia, servicios públicos y el adecuado funcionamiento de los sectores estratégicos.