Cumpliendo el calendario electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del Instituto Geográfico Militar (IGM), dio inicio a la impresión de las papeletas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), de febrero de 2023.

“Cumplimos un nuevo hito de las elecciones 2023 al iniciar la impresión de las papeletas electorales desde la Planta de Artes Gráficas del IGM, una institución militar con más de ocho décadas de experiencia y con una amplia trayectoria técnica y logística en Ecuador”, manifestó Diana Atamaint, presidenta del CNE.

Se imprimirán 82’423.000 papeletas, para la elección de 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y siete consejeros principales y suplentes del CPC. Los diseños del material electoral cuentan con características específicas y elementos de seguridad, como mecanismo para garantizar la transparencia de los comicios.

Son tres niveles de seguridad previstos. Entre estos, se encuentran elementos de apreciación visual, tinta de seguridad invisible con reacción a la luz ultravioleta, estructuras de alta complejidad ‘screen’, que permite evidenciar elementos ocultos, una vez que se intenta fotocopiar o escanear los documentos impresos, entre otros elementos.

El coronel Pablo Acosta, director del IGM, informó que el material impreso, incluyendo documentos electorales como certificados de votación, actas de escrutinios, actas de instalación de mesas, entre otros, se entregará de manera progresiva hasta el 31 de enero de 2023.

Las primeras papeletas en imprimirse son las de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana ya que son las candidaturas que están en firme. Entre los 45 candidatos a este dignidad constan Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira, que buscan la reelección a pesar de su censura y destitución que se produjo el viernes por parte de la Asamblea Nacional.

Carlos Figueroa, Jaime Chugchilán, Karina Ponce y Mónica Moreira serían los cuatro consejeros que ocupen el Consejo de Participación Ciudadana en reemplazo de Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, destituidos por el Pleno de la Asamblea con 85 votos a favor por incumplimiento de funciones.

De nada sirvieron los argumentos jurídicos que expusieron Ulloa y Rivadeneira, al final se unieron para censurarles las bancadas de UNES, PSC, parte de la Izquierda Democrática, de Pachakutik, e  independientes. Los consejeros destituidos han advertido con acciones legales nacionales y principalmente internacionales ante la decisión tomada por el Pleno que sin informes procedió a la interpelación.

De los cuatro nuevos consejeros solo Ponce y Moreira constan como suplentes de manera oficial, por lo que se espera que el Consejo Nacional Electoral certifique quiénes son los siguientes más votados en las elecciones del 2019 para que ocupen los cargos restantes. Figueroa es médico de profesión y fue opositor del Gobierno de Rafael Correa; Chugchilán es dirigente indígena, Moreira trabaja en el Gobierno de Guillermo Lasso como directora de la zonal 5 de educación, Ponce es activista de Derechos Humanos.

Con 96 votos a favor el Pleno de la Asamblea aprobó el contenido del informe que preparó la Comisión Ocasional que investigó el femicidio de María Belén Bernal. El crimen ocurrió hace más de dos meses en la Escuela Superior de Policía, sector de Pusuquí, por parte de la pareja de la víctima. el teniente Germán Cáceres, quien ya fue dado de baja y se encuentra prófugo de la Justicia.

Entre las recomendaciones del informe esta que la Asamblea designe a un asambleísta para que presente la solicitud de juicio político en contra del Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; de la Secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; y del exministro del Interior, Patricio Carrillo. En este último caso se dispuso que el informe sea unificado como insumo en los juicios políticos iniciados en contra de Carrillo.

Al presidente de la República, Guillermo Lasso, se solicita la transformación inmediata de la Secretaría de Derechos Humanos por el incumplimiento de sus competencias y atribuciones y, en su lugar, crear un Ministerio para que esta Cartera de Estado cuente con suficiente capacidad administrativa, técnica y financiera. Se le exhorta al Primer Mandatario la revisión de las autoridades de la Policía Nacional, además de la baja inmediata del comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas. Y que cumpla con su palabra y disponga la baja de las autoridades que se encontraban a cargo de la Escuela Superior del 11 al 21 de septiembre de 2022, así como el inicio urgente de un proceso de depuración de la Policía.

El informe concluye que hay responsabilidad estatal en el femicidio de María Belén Bernal, pero no se trata de un crimen de Estado. También señala responsabilidades políticas por omisión.

De persecución política y violencia política de género en su contra calificó la asambleísta de Pachakutik, Guadalupe Llori, al informe del Comité de Ética de la Asamblea que recomienda al Pleno su destitución por haberse presuntamente beneficiado de cobros indebidos a sus colaboradores.

La denuncia fue presentada por Johanna Ortiz (UNES), quien asegura que Llori, cuando fue presidenta de la Legislatura, se movilizó en un auto de alta gama rentado a un empresa privado y que el dinero salía del sueldo de sus colaboradores.

Tras la investigación realizada, tres de los cinco asambleístas que integran en Comité, consideran que Llori incurrió en la prohibición descrita por el artículo 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), referente a percibir comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. En ese sentido se aprobó el informe con los votos de Luisa González (UNES), Marjorie Chávez (PSC), y Dalton Bacigalupo (ID).

El presidente del Comité y coideario de Llori, José Chimbo, presentó la resolución en el sentido de que se archive el proceso ya que no hay pruebas concretas de que se haya cometido la infracción, lo que no fue acogido por el resto de legisladores quienes señalan que las pruebas documentales y testimoniales evidencian que al menos dos funcionarios pagaron con dineros propios la renta del automotor que suplía necesidades personales de la expresidenta del Parlamento para movilizarse los fines de semana; y que el pedido se realizó por intermedio de la Administradora General de ese entonces, Gloria Larenas.

De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, para destituir a un legislador se necesitan 92 votos. La sesión donde se trate este punto se cumpliría la próxima semana.

El Pleno de la Asamblea está llamado a sesionar este viernes a partir de las 14:30 para proceder al juicio político en contra de los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.

La decisión de interpelar a estos cuatro consejeros y de eximir del proceso a los de minoría: Javier Dávalos, Sofía Almeida y David Rosero se tomó este martes 15 de noviembre en en el Pleno con 84 votos a favor, 32 abstenciones y 9 en contra.

Los votos del correísmo, del Partido Social Cristiano, de una parte de la Izquierda Democrática y de una parte de Pachakutik fueron más que suficientes para llamar a juicio político a los consejeros de mayoría, a quienes se les señala como gobiernistas. Y para salvar a los consejeros señalados como cercanos al correísmo y al Partido Social Cristiano.

Para proceder a la censura y destitución se necesitan 70 votos. Entre los interpelados están el presidente (Ulloa) y la vicepresidenta del organismo (Rivadeneira) por lo que el organismo se quedaría sin sus autoridades y sin poder sesionar por falta de quórum hasta que se nombren a sus reemplazos.

El procedimiento 

De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, los asambleístas interpelantes Mayra Pazmiño y Ángel Maita, del ala rebelde de Pachakutik, tendrás dos horas para presentar su argumentos.
A continuación, el funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea
Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención del funcionario, se retirará del Pleno y el Presidente de la Asamblea  declarará abierto el debate.

La censura y destitución implicará que el funcionario no pueda ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio del Trabajo.

El Municipio de Quito presentó la agenda de actividades que se cumplirán por los 488 años de Fundación de la capital. Son 263 eventos los programados entre minga de la quiteñidad, Tedeum, Embanderamiento de la Ciudad, Pregón, Festival del Pasacalle, Homenaje a Benítez y Valencia, Día de la Interculturalidad, Festival de la Chispa y Sal Quiteña, Desfiles de la Confraternidad, Carrera de Coches de Madera, Sesión Solemne, entre otras.

El presupuesto es poco menos de 3 millones de dólares según anunciaron las autoridades, quienes agregaron que será una festividad diversa e inclusiva. Para el alcalde Santiago Guarderas, este año la celebración es especial ya que coincide con los 200 años de la Batalla de Pichincha. El secretario de Cultura, Juan Martín Cueva, añadió que se ha previsto un operativo especial de seguridad en los eventos de concentración masiva.

Cristina Rivadeneira, gerente de Quito Turismo señaló que estas actividades permitirán reactivar la economía y atraer a turistas. “El año pasado recibimos más de 70.000 visitantes, este año esperamos superar los 200.000, esta es una invitación para que participen en las diferentes acciones». manifestó Rivadeneira.

Los asambleístas Yeseña Guamaní, Rodrigo Fajardo y Marlon Cadena fueron separados de la bancada de la Izquierda Democrática por resolución del Consejo Ejecutivo Nacional de la organización política, según un comunicado público difundido este sábado 12 de noviembre.

Según el comunicado, los legisladores sancionados incumplieron las decisiones del Consejo Ejecutivo y aunque no específica a qué decisión se refiere en específico, se conoce que es debido al apoyo que los tres legisladores han dado al candidato a Alcalde de Quito, Andrés Páez, por la coalición entre Sociedad Patriótica (PSP), Democracia SI y Acción Democrática Ecuatoriana. Esto a pesar de que la Izquierda Democrática tiene candidato propio: Pablo Ponce.

El presidente del Partido, Enrique Chávez; y el presidente de la ID en Pichincha y también legislador, Alejandro Jaramillo, han sido autorizados a iniciar los procesos disciplinarios y legales con los tres asambleístas por tomarse atribuciones ilegítimas.

La bancada de la Izquierda Democrática ha  sufrido en este periodo parlamentario continuas fricciones internas que han llevado a acusaciones mutuas de no representar los verdaderos ideales de la socialdemocracia. Un situación que también se vivió al interior del partido «naranja» que en las últimas elecciones obtuvo una considerable representación en la Asamblea.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos declaró el estado de alerta amarilla por la actividad volcánica para la zona de influencia del volcán Cotopaxi, con la finalidad de mantener y fortalecer el monitoreo y las actividades de capacitación, prevención, preparación y respuesta necesarias.

El nivel de alerta amarilla implica que se actualicen todos los planes de contingencia a nivel cantonal, provincial y nacional en caso de que la actividad incremente. Según el informe del Instituto Geofísico, el tremor (temblor) identificado el 21 de octubre es el mayor reporte de actividad después del proceso eruptivo del 2015.

Durante estos últimos días, el volcán permaneció entre nublado y parcialmente despejado; sin embargo, la mañana del 21 de octubre de 2022, se observó una emisión de gas y vapor de agua a 500 metros sobre el nivel del cráter en dirección occidente.

Debido a las constantes precipitaciones que han ocurrido durante esta semana en el Callejón Interandino, se registró la infiltración de agua dentro del sistema hidrotermal, lo que produjo la pluma de vapor sea observada.

La noche del 21 de octubre de 2022, se reportó una leve caída de ceniza en el refugio José Rivas. Más adelante, informó que se observó una columna de ceniza con una altura de 2.353 metros sobre el nivel del cráter del volcán Cotopaxi, con dirección noreste. Lo montañistas evacuaron dicho refugio e indicaron que existió emanación de azufre y caída de ceniza. Al momento, el nivel de actividad sísmica del volcán Cotopaxi descendió y se mantiene en niveles bajos.

La asambleísta Cecilia Herrera (UNES), presidenta de la Comisión ocasional que investiga el femicidio de María Belén Bernal, envió un oficio al Ministro del Interior, Juan Zapata, para que entregue información de un ciudadano que se hizo pasar por reportero de un medio de comunicación digital durante la visita que la Comisión realizó a la Escuela Superior de Policía, lugar del femicidio.
Según el oficio, el día en el que se desarrolló la visita in situ, las comisionadas se percataron de la presencia de un individuo quien, aparentemente, realizaba labores periodísticas. Sin embargo, llamó la atención de las comisionadas que el referido ciudadano no pertenecía a ninguno de los medios de comunicación que fueron autorizados por la Escuela Superior para su ingreso durante la visita. Además, se percataron de que el ciudadano realizaba fotos y videos del personal que acompañaba en la visita, po lo que se le requirió que presente su identificación para conocer a que medio de comunicación pertenecía.
El ciudadano aseguró que su nombre era Wilmer y que pertenecía al medio de comunicación Wilar. Al solicitarle nuevamente que presente su documento de identidad el ciudadano presentó una cedula con los nombres de Lucas Mateo Franco Robles. El referido ciudadano no contaba con una credencial que le acredite pertenecer al medio de comunicación Wilar y tampoco presentó este documento o su cédula de identidad en la garita de control de Escuela Superior, situación que causó aún más asombro pues se supondría que a su ingreso a la Escuela se debía verificar que su nombre conste en el listado para la visita. En el listado de autorizaciones para el ingreso, no consta el nombre de Lucas Mateo Franco Robles. Además, Wilar informó que no había asignado personal de su medio para cubrir la actividad referida en la Escuela Superior.
La presidenta de la Comisión solicita el Ministro lo siguiente:
1. La identidad de la persona que se encontraba dentro de las instalaciones de la Escuela Superior
quien, al presentar su documento de identidad, se identificó como Lucas Mateo Franco Robles.
Señalar si dicha identidad es la manifestada.
2. Detallar las razones por las que el referido ciudadano ingresó a la Escuela Superior de Policía.
3. Las razones por las que dicho ciudadano participó de una actividad oficial sin que haya sido
requerido dentro del listado remitido por la Asamblea Nacional.
4. Cuál era el rol que desempeñaba, así como el objetivo o la finalidad de su presencia en dicha visita.
5. La autorización formal de la Escuela Superior de Policía para el ingreso del señor Lucas Mateo Franco Robles.

La tarde de este jueves 6 de octubre, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), informó que las mesas de diálogo que mantienen con el Gobierno se cerrarán el 13 de octubre y que un día después el proceso concluirá de manera formal.

Así se decidió en la mesa de coordinación, dónde además se resolvió crear una comisión para que defina  mecanismos de seguimiento y metodología para este evento.

La ceremonia de clausura se realizará en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), donde en un evento público se dará a conocer los acuerdos inmediatos, las políticas públicas, los puntos de consenso, y los puntos que definitivamente no han existido acuerdos.

«En la mesa técnica de focalización de los combustibles, ha existido muchas controversias, (…)  llegando casi  hasta las agresiones», resaltó el dirigente de la CONAIE, por lo que se habría decidido cerrar los diálogos en esta mesa por falta de acuerdos.  De este modo la mesa general se retoma y se reunirá para elaborar el acta de cierre de esa mesa prevista para el próximo 13 de octubre, fecha que tiene el Gobierno para alcanzar los acuerdos propuestos, recalcando que el Gobierno no habría dado paso al pedido «de quien más tiene, pague el combustible sin subsidio», dejando en claro que existe una defensa del Gobierno a estos sectores que estarían presionando a no dar paso a este pedido, aseguró Iza.

Acotó que posterior al cierre de estas mesas,  en una asamblea ampliada de la CONAIE, llevarán a sus bases estos acuerdos, los analizarán y serán las bases quienes decidan el camino a seguir.

Henry Llanes, representante técnico de la FENOCIN ante la mesa de focalización de subsidios, manifestó que debido a la falta de acuerdos el 5 de octubre se decidió suspender la esa mesa técnica ya que los planteamientos del movimiento indígena no habrían sido aceptados por el Gobierno. Esto debido a que la política y legislación petrolera son manejados de forma indebida y «la fijación del precio de combustibles no se lo hace de acuerdo a los costos de producción, sino es fijado por el presidente de la República, en función de las finanzas públicas. (…) Por lo que es necesario la reforma urgente de la Ley de hidrocarburos», aseguró.

Luego del paro de junio, el plazo establecido para desarrollar el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas fue de 90 días. Hasta el momento han cerrado las mesas de Banca Pública y Privada; Energía y Recursos Naturales; Fomento Productivo; Control de Precios; Seguridad y Justicia; y, Derechos Colectivos.

Este viernes, las mesas de Salud y de Educación Superior revisarán las propuestas planteadas. En simultáneo, se instalará la Mesa de Trabajo.

Por su parte el Gobierno dijo que estos casi tres meses de diálogo han sido un éxito y un hecho totalmente inédito.