«No confundan libertad de expresión con libertinaje», ese es el antetítulo de un comunicado difundido esta tarde por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. El título del comunicado asegura que «El Gobierno rechaza falsedades que buscan caotizar al país».

La reacción del Ejecutivo se da luego de que el medio digital La Posta difundiera parte de un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos, que había tenido el carácter de reservado, en el que se involucra a exfuncionarios del Gobierno y al cuñado del Presidente Guillermo Lasso, con un capo de la mafia albanesa, organizaciòn criminal dedicada al narcotráfico.

«Un medio de comunicación digital y algunos acólitos sensacionalistas han publicado cualquier historieta absurda violando la libertad de expresión garantizada por la nueva Ley de Comunicación», consta en el texto del comunicado.

Agrega que el documento publicado por La Posta era un informe reservado y que se omite decir que su contenido fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial, por falta de méritos hace casi un año. Y advierte que podrían venir responsabilidades por la publicación de ese informe.

En la noche el Presidente Guillermo Lasso ratificó la advertencia en cadena nacional. Aseguró que su paciencia tiene un límite y trató de descalifcar el trabajo en general realizado por La Posta a través de varios reportajes. Los llamó «mercenarios del entretenimiento noticioso», «terroristas mediáticos», y los vinculó con alias «Fito» y «Junior» por sus reportajes que hicieron sobre la situación carcelaria. «A los malcriados hay que pararlos a raya», manifestó Lasso.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, no asistió a la Comisión ocasional que investiga el caso “Gran Padrino” con el argumento de que tenía planificada su agenda con anticipación.

La excusa fue remitida a la Comisión por el secretario Jurídico de (e) de la Presidencia, Jhossueth Almeida.

La Comisión ocasional investiga presuntos actos de corrupción de gente cercana al Primer Mandatario , presuntamente liderados por su cuñado Danilo Carrera, por lo que fue convocado la mañana del lunes 13 de febrero para que aclare estos supuestos actos de corrupción en las empresas públicas ligadas al sector eléctrico.

#URGENTE | @LassoGuillermo No compareció ante la @AsambleaEcuador en el caso #ElGranPadrino. "Parece que al presidente no le importa dilapidar la poca credibilidad que le queda por proteger su círculo cercano", manifestó @VivianaVeloz18, presidenta de la comisión @ElGranPadrinoAN pic.twitter.com/f4Xi4rkYow

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 13, 2023

La presidenta de esta mesa Legislativa, Viviana Veloz (UNES), aseguró que la ausencia de Lasso “afecta a darle transparencia al país (…) la transparencia da certezas, y al parecer al presidente de la República no le importa dilapidar la poca credibilidad que aún tiene, con la única finalidad de proteger a su vínculo más cercano: su gran cuñado Danilo Carrera», enfatizó, al tiempo que advirtió que tendría 10 días para comparecer y aclarar a la ciudadanía los supuestos actos de corrupción y «darle verdad al país», dijo Veloz.

Agregó que en estos 10 días la Comisión concluirá con el informe no vinculante que será puesto en conocimiento del Pleno del Legislativo para que tome una resolución. El plazo para la entrega del informe vence el 23 de febrero próximo pero los comisionados pueden pedir una prórroga.

Luego de un pequeño receso, Anderson Boscán, periodista del medio digital La Posta, presentó 35.000 documentos entre los que se incluyen contratos, anexos, informes y transcripciones de llamadas telefónicas.

#URGENTE || Luego que el medio digital @LaPosta_Ecu denunció la vinculación del cuñado del presidente @LassoGuillermo y funcionarios del Gobierno en actos de corrupción, en el caso #ElGranPadrino, el periodista @AnderssonBoscan comparece ante la comisión de la @AsambleaEcuador. pic.twitter.com/pkKHw93hJt

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 13, 2023

“Esto ya no se trata de un caso de corrupción política, pasó de los delincuentes de cuello blanco, al de las mafias internacionales”, advirtió al tiempo que dió a conocer que existiría un informe reservado de la Policía Nacional de su unidad antinarcóticos, que describe una estructura dedicada al narcotráfico, dónde se involucraría a la mafia albanesa; informe que habría sido cerrado sin un sustento legal, el 17 de enero de 2022 por orden del general de la Policía, Geovanny Ponce, subrayó Boscán.

14 oficiales habrían conformado este equipo dentro de la investigación realizada por la dirección general de Inteligencia de la Policía Nacional, y dirigida por el teniente coronel de la Policía, José Luis Erazo, quienes habrían sido removidos de sus cargos y dados el pase a diferentes provincias.

Finalmente responsabilizó al Gobierno por su seguridad y la seguridad de su familia y la familia de quienes realizaron la investigación.

El excontralor del Estado, Pablo Celi; y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, fueron sentenciados a 13 años y cuatro meses de prisión al ser encontrados culpables en calidad de autores directos del delito de delincuencia organizada.

El fallo se tomó de manera unánime en el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por los jueces Walter Macías (ponente), Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. Los sentenciados también deberán pagar una multa de 150 salarios básicos (67.500 dólares) y les fueron suspendidos sus derechos políticos por el mismo tiempo al que fueron sentenciados a prisión. La sentencia es de primera instancia por los que puede ser apelada.

Otros nueve procesados en el caso conocido como «Las Torres» fueron condenados a prisión entre seis meses y nueve años. Como reparación integral, el Tribunal ordenó a los procesados el pago de 350 mil dólares por concepto de indemnización. Como medida simbólica se ordenó la publicación de la sentencia en las páginas web institucionales por 90 días y que los sentenciados ofrezcan disculpas públicas, además de la colocación de una placa en la Secretaría de la Presidencia de la República, Gobernaciones, Contraloría y sus direcciones regionales y principales edificios de Petroecuador a escala nacional.

Ante la demora en la entrega de los resultados de la consulta popular, elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y de autoridades seccionales, las organizaciones sociales no demoraron en rechazar las supuestas irregularidades en el conteo de votos, principalmente en las ocho preguntas del referéndum.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), por separado, rarificaron su posición al NO en las ocho preguntas de la consulta popular y rechazaron una supuesta pretensión de cambiar la tendencia del NO.

«El Gobierno está desesperado por haber perdido la consulta popular y buscar abrir las urnas para cambiar los resultados», aseguró Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien advirtió que de darse este escenario sería un claro llamado a las organizaciones para que inicien las movilizaciones.

#URGENTE
"El gobierno está desesperado porque ha sido derrotado en sus afanes privatizadores", "El gobierno nacional está jugando con fuego", aseguro @nerazohidalgo quien advirtió que si el Gobierno insiste en torcer la voluntad del pueblo ecuatoriano retomarían las calles. pic.twitter.com/bOKhjr8OGD

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 9, 2023

Aseguró que las organizaciones sindicales, sociales, campesinas e indígenas se han pronunciado en las urnas y esta decisión debe ser respetada, por lo que no descartaron iniciar acciones de protesta frente a la intención de un reconteo de votos en la provincia del Guayas, buscando cambiar la tendencia del No en la pregunta número 1, que trata sobre la extradición.

Por su parte la CONAIE, con su máximo dirigente Leonidas Iza, mencionó que el NO a la consulta es la respuesta de los ecuatorianos a las políticas neoliberales impulsadas desde el Gobierno.

«Estamos vigilantes de que el Gobierno no intente manipular y montar escenarios para cambiar la voluntad popular del NO a la consulta.(…) Exigimos al Consejo Nacional Electoral (CNE) responsabilidad, caso contrario el movimiento indígena y los sectores populares haremos respetar el voto», manifestó el dirigente.

«El NO es una respuesta a la minería a gran escala como política de Estado instalada desde 1994; se dijo NO a las formas de privatización; esta consulta le ha dicho NO a las políticas y modelo neoliberal de Guillermo Lasso», enfatizó.

#ATENCION
La @CONAIE_Ecuador ratifica que NO será parte del "Acuerdo Nacional", propuesto por el presidente Guillermo Lasso, tras los resultados de las #Elecciones2023Ec y perder en las ocho preguntas de la #ConsultaPopular2023. pic.twitter.com/OeSO52SPCi

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 9, 2023

Sobre el llamado realizado por el presidente Guillermo Lasso, la noche del martes 7 de febrero, para conformar un Acuerdo Nacional, las diferentes organizaciones sociales, campesinas e indígenas, así como movimientos políticos rechazaron sentarse a dialogar con el Primer Mandatario.

Con cuatro votos a favor y una ausencia, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) separó del cargo de director de la Delegación Electoral del Guayas, a John Gamboa, y nombró como su reemplazo, en calidad de encargado, a Wilson Hinojosa.

La medida se tomó casi 24 horas después de la denuncia realizada por Enrique Pita, vicepresidente del CNE, en  relación a la presunta existencia en esa delegación de un centro de cómputo paralelo, donde inclusive  se habrían impreso actas de reconteo para favorecer el NO en la consulta popular. La denuncia fue  ratificada por el resto de las autoridades del organismo electoral, quienes ya pusieron la denuncia en la Fiscalía.

«En las instalaciones de la Delegación de Guayas estuve caminando, observando y de repente vi que en el área donde están unas personas trabajando en sistemas había una escalera que conduce a un altillo. Pregunté qué había en ese altillo y me dijeron que era una bodega. Pero quise conocerla», relató Pita. Agregó que al subir las escaleras, escuchó voces y al abrir la puerta divisó a aproximadamente seis jóvenes, dos de ellos que estaban llenando actas en la misma mesa donde se llenaban actas de la consulta popular en las que había actas en blanco. «En esa misma mesa incluso había papeles donde era evidente que estaban practicando firmas que iban a ser ubicadas en las actas. (…) Había toda una estrategia implementada para crear actas que no estaban pasando por el acto de reconteo. En la gran mayoría de estas estaban a favor del No», dijo.

Sin embargo, Gamboa negò que en la Delegación que presidía haya existido una centro paralelo y aseguró que había la presiòn de las autoridades del CNE y de otras funciones del Estado para entregar los resultados lo más rápido posible, por lo que se modificó el procedimiento de llenado de actas de reconteo. Aseguró que la denuncia de las auitoridades era maliciosa e infame.

Los resultados negativos que obtuvo la consulta popular impulsada por el Gobierno. donde el NO se ha impuesto en las ocho preguntas, le obligaron al presidente de la República, Guillermo Lasso, a «oxigenar» su Gabinete.

Esta tarte en el Palacio de Gobierno se cumplió la posesión de nueve autoridades, cuatro de ellos gobernadores. La renovación obedece a “cambios necesarios no solo para refrescar líneas, sino para ratificar mi compromiso con la voluntad del pueblo”, indicó el Primer Mandatario.

Los nuevos funcionarios son:
Sebastián Corral, Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República.

Henry Cucalón, Ministro de Gobierno.

Jorge Marcelo Córdova, Secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.

Jossueth Almeida, Secretario General Jurídico (e) de la Presidencia de la República.

Francesco Tabacchi, Gobernador de Guayas.

Frickson Erazo, Gobernador de Esmeraldas.

Tanya Gabriela Vázquez, Gobernadora de Cotopaxi.

Eusebio Apolo Valarezo, Gobernador de El Oro.

Lasso manifestó que “cuando el pueblo habla, el deber de los gobernantes es aprender y
escuchar, analizar y entender”, con lo que al renovar su equipo de trabajo espera fortalecer acciones, planes y proyectos para “seguir construyendo un país mejor para todos y, por supuesto, para hacer ajustes necesarios, como sucede en cualquier democracia”, expresó.

Las nuevas autoridades se comprometieron a trabajar con ética y honestidad en beneficio de Ecuador.

La tarde de este jueves, el Pleno de la Asamblea posesionó a Graciela Mora, Marlene Molestinos, Catalina Pérez; y, Mauricio Gallardo, Carlos Figueroa, Aland Molestina, y Teddy Tama como consejeras y consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana.

Esto tras la destitución por parte de la Corte Constitucional de los siete consejeros principales por incumplimiento de sentencia, lo que obligó a renovar a las autoridades de Participación, organismo que no ha podido sesionar por falta de quórum.

Tras la toma del juramento de rigor por parte del presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela y la respectiva suscripción de actas, los consejeros quedaron legalmente posesionados y prometieron por su honor cumplir fielmente las funciones otorgadas por la Constitución y la Ley.

Los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana permanecerán en sus cargos hasta el 14 mayo 2023, fecha en que deben asumir los consejeros electos el 5 de febrero.

Hasta entonces y tras la posesión de los consejeros que seguían en votaciòn obtenida el 2019, ese organismo deberá sesionar y nombrar a sus autoridades y continuar con los precesos de selección de autoridades.

Quito, Pichincha.- Ángel Lindao, Juan Carlos Terán Moreno, Mary Quintero, José Alarcón y Emerson Curipallo son los nombres de cinco jueces que el Presidente de la República, Guillermo Lasso, difundió en cadena nacional, por presuntamente estar involucrados en actos de corrupción.

La noche de este martes 7 de febrero, Lasso dio a conocer las acciones que implementará su Gobierno para dar seguimiento a las actuaciones de los «malos jueces» que actuarían a favor de la delincuencia organizada. Las medidas adoptadas son:
1. Poner una queja formal ante el Consejo de la Judicatura, por las actuaciones de jueces que favorecería al crimen organizado.
2. Denunciar a «malos jueces» ante Fiscalía General del Estado (FGE); y
3. Exponer públicamente los nombres de los «malos jueces» y sus casos.

«Los temas fueron tratados por el COSEPE, la semana pasada», mencionó Lasso, al tiempo que enumeró los nombres, unidades judiciales y procesos polémicos de dichos jueces.

El primer mandatario aseguró que Lindao, exjuez del cantón La Concordia, quien fue destituido por el Consejo de la Judicatura por manifiesta negligencia, «tramitó acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante» (…) «dio orden de liberar al asesino de un concejal que solo había cumplido 2 de los 24 años».

Sobre Terán, juez del Guayas, informó que «firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos, revocó prisión preventiva a 5 arrestados por posesión de armas y sustancias ilícitas; declaró inocentes a 2 figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales».

Mientras que de Quintero y Alarcón, de Manta, les señaló como responsables de ratificar la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía de más de 1 año. “Un caso incluso coordinado con la DEA de Estados Unidos. Pero los jueces los declararon inocentes».

Sobre Curipallo dijo que «ha firmado más de 15 boletas de excarcelación, extendió los efectos de medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 20 años, un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años».

Anticipó que el Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, presentará mañana la queja ante el Consejo de la Judicatura y la denuncia ante la Fiscalía, para que esté organismo inicie las investigaciones pertinentes. Además, les dijo a los jueces corruptos que esto les sirva como advertencia ya que «seguimos vigilando, investigando, exponiendo y actuando sin miedo para hacer justicia. La lucha por la seguridad es una cruzada nacional», sentenció Lasso.

Una vez realizada la elección del Consejo de Participación Ciudadana y con más del 96% de actas escrutadas, los resultados permiten anticipar que será un organismo donde no haya mayoría. El organismo se integra por siete consejeros y se necesitan de cuatro de ellos para tomar decisiones en el Pleno.

A pesar de que la norma señala que los consejeros no deben pertenercer o militar en alguna organización política, el correísmo llegará a este espacio con tres de sus simpatizantes: Augusto Verduga, Alembert Vera y Yadira Saltos. También integrarán el Consejo, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni, a los que promocionó Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano.

Los otros dos integrantes no se han identificado abiertamente con alguna organización política en particular. Se trata de Mishelle Calvache y Johanna Verdesoto.

A los que les fue mal 

Cinco de los siete consejeros del Consejo de Participación que fueron destituidos por no cumplir una sentencia de la Corte Constitucional buscaban la reelección; pero no fueron favorecidos por el voto en las urnas. Ibeth Estupiñán apenas obtuvo un 2,71% de la votacion; María Fernanda Rivadeneira, 4,16%; David Rosero, 6,05%; Juan Javier Dávalos, el 2,25%; y Francisco Bravo, el 9,54%.

Este viernes 3 de febrero, el volcán Cotopaxi registró emisiones continuas de gases y ceniza de hasta 1.5 km de altura sobre el nivel del cráter, lo que provocó la caída de ceniza en localidades de Quito y Mejía, en la provincia de Pichincha, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).

Según esta institución, con corte a las 16:00, hubo reportes de caída de ceniza en las parroquias Guamaní, Turubamba, Chillogallo, La Ecuatoriana, Quitumbe y Conocoto, en Quito. Y en las parroquias Tambillo, Machachi, Aloasí y Alóag del cantón Mejía.