Los concejales opositores a la gestión de Jorge Yunda iban con todo, este martes 30 de marzo, a la sesión del Concejo Metropolitano de Quito para exigirle al alcalde que dé explicaciones sobre presuntos actos de corrupción protagonizados por su hijo Sebastián al interior del Municipio.
Bernardo Abad, Andrea Hidalgo y Analía Ledesma, de la Izquierda Democrática; Luz Elena Coloma y Eduardo del Pozo, de CREO; Omar Cevallos y Fernando Morales, de Concertación; así como Santiago Guarderas y René Bedón, de Unión Ecuatoriana, querían explicaciones sobre la serie de irregularidades que indaga la Fiscalía a raíz de la incautación del celular del hijo del alcalde en el marco de la investigación de presuntas pruebas “chimbas” para detectar el Covid-19.
Pero sus intenciones de cambiar el orden del día para abrir el debate sobre qué camino debe seguir el alcalde – renuncia o que solicite licencia – se vieron frustrados por la inasistencia de los ediles de Compromiso Social (correístas) y sus aliados con lo que no hubo quórum para instalar la sesión.
Gissela Chalá, Soledad Benítez, Luis Reina, Juan Carlos Fiallo, Brith Vaca,Orlando Núñez, Blanca Paucar y Mónica Sandoval, de Fuerza Compromiso Social; Juan Manuel Carrión, de Concertación; Marco Collaguazo, de Unión Ecuatoriana; y Mario Granda, de la alianza Izquierda Democrática –Vive fueron los que con su ausencia frustraron que la ciudad reciba las explicaciones debidas, dijeron los concejales opositores.
El bloque correísta a través de un comunicado aseguró que no protege a Jorge Yunda ni a su hijo, pero que no se prestará para el show mediático y la judicialización de la política. Solicitaron que se respete el debido proceso e invitaron al resto de concejales a abordar los problemas de los quiteños como la crisis sanitaria, social y económica.

El Colegio de Médicos de Pichincha hace un llamado a la ciudadanía para que no se relaje tras recibir la vacuna contra la Covid-19 ni durante los feriados porque la situación sanitaria del país es grave y está cerca la fase 4 de la pandemia, es decir, el colapso total.

Según el gremio, hay un crecimiento sostenido de contagios que desgasta el sistema sanitario y hace falta un proceso de registro adecuado de casos.

Desde el primero al 28 de marzo, a nivel nacional, hay un incremento de 38 115 contagios, cada día en el país se infectan 1411 personas y fallecen 33,5 personas a diario, dijo Víctor Manuel Álvarez, presidente del gremio de médicos, con base a la información de la infografía que difunde el Ministerio de Salud Pública (MSP). Pichincha registra un incremento de 12 386 casos con Covid-19, en Quito 424,6 personas se infectan al día, explicó.

“Todas estas señales que tenemos, el colapso de algunos hospitales, el aumento de pacientes a nivel nacional, las no acertadas resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, el desgaste constante del sistema sanitario nos da una idea de que la situación es grave. Si sigue esta proyección, estamos a puertas de la fase 4. Estamos en la fase 3, pero si tenemos responsabilidad podemos disminuirla”, advirtió el galeno.

Quienes recibieron la primera o segunda dosis de la vacuna, y la ciudadanía en general, deben mantener las medidas de bioseguridad, recomendó Álvarez para evitar el relajamiento y no llegar a la situación de Chile, que está en fase 4 de la pandemia.

La fase 4, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la transmisión comunitaria sostenida.

En mayo hay más feriados y la situación se va acumular, por la transmisibilidad sostenida habrá un momento de desgaste irreversible del sistema sanitario, “no queremos tener ese riesgo y seleccionar qué pacientes son viables” para atender, expresó Álvarez.

El médico Byron Montenegro denunció que no se ha vacunado al cien por ciento del personal sanitario del país, dentro de la fase 1 del Plan de vacunación que culmina hoy, y lamentó el fallecimiento de 368 médicos a causa del virus.

El Colegio de Médicos de Pichincha recomienda al COE comprar más pruebas PCR para detectar las “zonas calientes” con riesgo de transmisibilidad, ampliar la ley seca por 24 horas y cerrar todos los sitios de atracción turística, no solo las playas, durante el feriado de Semana Santa.

A la ciudadanía pide permanecer en su casa durante el feriado y que los candidatos a la presidencia no organicen reuniones de cierre de campaña.

Quito, Pichincha.- La tercera fue la vencida para el Gobierno. La mañana de este 29 de marzo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, con seis votos a favor y una abstención, calificó el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización para su análisis y posterior debate.
Patricio Donoso (CREO), segundo vicepresidente del Legislativo e integrante del CAL, mediante un video lo confirmó. “Una vez revisada la documentación inherente al proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización y de Autonomía del Banco Central, el Consejo de Administración Legislativa acaba de calificar el proyecto», aseguró.
El proyecto fue remitido a la Comisión de Régimen Económico, quién tendrá que tratarlo y socializarlo con diferentes actores políticos, económicos y sociales para presentar un informe para primer debate.

Esta es la tercera vez que el ejecutivo remite el proyecto con carácter de Económico Urgente por lo que el plazo para aprobarlo, modificarlo o negarlo vence el 23 de abril próximo.

Tras una reunión con el Consejo Ampliado de Generales, hoy la Policía Nacional resolvió rechazar el contenido del informe sobre las protestas de octubre del 2019, elaborado por la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, de la Defensoría del Pueblo, por considerarlo parcializado.

Tannya Varela, comandante general de la Policía de Ecuador, discrepó con dicho informe al señalar que los uniformados cumplieron “con su deber en el marco de la ley, enfrentó vandalismos, saqueos, secuestros, incendios, ataques concertados, destrucción de instituciones públicas, asechos a las ciudades, bloqueo de vías, violencia organizada”.

Según la Defensoría del Pueblo, se “analizó 519 testimonios, de los cuales 249 corresponden a vulneraciones de derechos por parte de agentes estatales”, durante los 14 días de protestas. Sin embargo, Varela asegura que “existen evidencias y registros suficientes para demostrar cómo un grupo social mantuvo al país bloqueado y sometido a una violencia concertada, en especial, en la ciudad de Quito”.

El informe recoge “casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, heridas físicas y psicológicas, de las personas que perdieron un ojo y tienen lesiones permanentes por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes, además de violaciones al derecho a la integridad personal y a la salud”, a criterio de los comisionados de la Defensoría del Pueblo.

Personal de la Policía fueron secuestrados, agredidos, heridos. “Basta con recordar las imágenes de un policía en llamas en el Centro de Quito o los testimonios de nuestras compañeras que soportaron el manoseo de sus cuerpos y otros vejámenes de índole sexual”, expresó la comandante de la Policía.

Los autores del informe de la Defensoría del Pueblo no gozan de una imagen de imparcialidad, advirtió Varela mientras aseguró que su institución está abierta a cualquier investigación de los órganos competentes. “Ahora mismo, hay procesos que lleva adelante el sistema de justicia sobre los hechos de octubre del 2019”, recalcó la funcionaria.

Cabe recordar que, anteriormente, las Fuerzas Armadas también rechazaron el informe, documento con el que la Defensoría del Pueblo presentó, el 23 de marzo, una denuncia por presunto delito de lesa humanidad en contra del presidente Lenín Moreno, de la exministra de Gobierno María Paula Romo, del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y otras personas, para quienes solicitó la prohibición de salida del país.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🚨

El Consejo Ampliado de Generales, se pronuncia ante el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, tras los hechos ocurridos en las jornadas violentas de octubre de 2019.#ServirYProteger pic.twitter.com/XXafgHFLh8

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 29, 2021

Por otro lado, hoy inició la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 27 procesados por supuesto delito de sabotaje, relacionado al incendio de la Contraloría General del Estado (CGE). La diligencia se desarrolla en el Complejo judicial Norte de Quito.

Una imagen sobre los cargos del candidato presidencial Andrés Arauz, en el sector público durante el 2020, generó miles de trinos el jueves 25 de marzo del 2021, en Twitter. El hashtag #RedDeTuiterosConLasso fue tendencia y usó el material.

Usuarios asumieron que el candidato desempeñó funciones en el Banco Central del Ecuador (BCE) durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando en realidad de los 12 años y 6 meses de su nombramiento permanente como funcionario del Estado, desde el 30 de octubre del 2007, 10 años y 5 meses estuvo fuera de la institución por uso de comisiones de servicio y licencias sin remuneración. ¿Cómo se explica esto?

En su perfil profesional, Arauz detalla que fue asesor en el Ministerio de Coordinación de la Política Económica en el periodo 2007-2009. En 2009 fue funcionario del Banco Central del Ecuador, entre 2011 y 2013 fue Director General Bancario.

En el periodo 2013-2015 fue Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública en 2015.

Desde el 25 de marzo del 2015 se desempeñó como Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. El 25 de abril del 2017, por decreto ejecutivo del expresidente Rafael Correa, se le encargó el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Arauz es una de las 13 personas desvinculadas del Banco Central del Ecuador (BCE) por motivo de “compra de renuncia obligatoria con indemnización”, correspondiente al año 2020, según un documento elaborado por la Coordinación de Administración de Nómina y Sistema de Información del BCE, que fue filtrado y publicado a las 18:29 del 25 de marzo del 2021 en Twitter por Fernando Villavicencio, autor del portal Periodismo de Investigación.

URGENTE| El candidato presidencial ⁦@ecuarauz⁩ no solo trabajó tres años en el gobierno de Lenin Moreno, además vendió su renuncia. Dígale al país cuánto recibió del Estado por su renuncia. pic.twitter.com/ORebjLI4pD

— Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) March 25, 2021

Según el informe técnico de la Dirección de Administración de Talento Humano del BCE, se resolvió la compra de renuncia de Arauz para racionalizar el uso de la partida, «que permitirá vincular a un servidor que cumpla la siguiente misión y actividades de manera presencial y continua en la Dirección Nacional de Sistemas de Pago, tal como se establece en el Manual de Puestos del Banco Central del Ecuador”.

Leer más: anexo_011._informe_técnico_bce-dath-218-2020

A las 18:54 del 25 de marzo, Arauz respondió al tuit de Villavicencio, que luego lo eliminó. Usuarios recriminaron el hecho. Pero quedaron en la red las capturas de pantalla.

Aquí el tuit que eliminó @ecuarauz pic.twitter.com/AMde1pyeqk

— Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) March 26, 2021

Más tarde, a las 21:26, Arauz publicó en su Twitter que en 2006 ganó un concurso de méritos como funcionario de carrera del BCE. “En 2017 me fui, con licencia SIN SUELDO, a estudiar el doctorado en México. Y en 2020, como a miles de otros servidores públicos, mientras estudiaba, los banqueros pidieron que me despidan. Fin”, tuiteó junto a un video.

En 2006 gané concurso como funcionario de carrera del BCE. En 2017 me fui, con licencia SIN SUELDO, a estudiar el doctorado en México. Y en 2020, como a miles de otros servidores públicos, mientras estudiaba, los banqueros pidieron que me despidan. Fin pic.twitter.com/sYrvwHaLdf

— Andrés Arauz (@ecuarauz) March 26, 2021

El hashtag #RedDeTuiterosConLasso posicionó el tema desde la mañana del 25 de marzo. Mediante una búsqueda inversa en Google, se observó que varios usuarios se hicieron eco de una publicación que se originó en el perfil @JohnTown_.

…. Simón, Simón el gran Pipón. @ecuarauz trabajo para Lenin hasta hace 10 meses. pic.twitter.com/29xG8XaRGE

— John Town 🇪🇨 (@JohnTown_) March 25, 2021

Este usuario no tiene una imagen de perfil real, pero, hasta el 26 de marzo del 2021, cuenta con 23 mil 522 seguidores. Según un análisis de SparkToro, hecho a una muestra de 2000 cuentas aleatorias que siguen a @JohnTown_, el 33,9 % (7974) son seguidores falsos.

#RedDeTuiterosConLasso alcanzó su pico máximo pasadas las 17:00 del 25 de marzo, según un análisis de Hashtags.org y hasta las 19:22 fue viralizado en más de 11 mil tuits.

Otro de los hashtags utilizados fue la frase pronunciada por el candidato Guillermo Lasso durante el debate presidencial de la segunda vuelta electoral: #AndresNoMientrasOtraVez, que alcanzó su pico más alto el 26 de marzo del 2021, pasadas las 11:00.

La información de la imagen viralizada sobre los cargos de Arauz es real, corresponde a datos de su Declaración Patrimonial Juramentada, registrada en la Contraloría General del Estado. Sin embargo, tras una revisión documental, cabe precisar que el candidato no consta en las nóminas mensuales del 2020 del BCE.

La revelación de la compra de renuncia explica el hecho de que en la Contraloría se registre el año 2020 en dos cargos del candidato. Cuando se ingresa y sale de una entidad pública, se debe hacer la declaración, según informó el área de Comunicación de la Contraloría.

El informe técnico de la Dirección de Administración de Talento Humano del BCE indica que la compra de renuncia con indemnización de Arauz, con partida 22000001-SPU12CBA2G12-06180, Especialista de Sistemas de Pago 1, fue de 27 mil 583 dólares con 33 centavos.

En este contexto, Iván Bastidas, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), expresó que hace más de seis meses solicitó a la Contraloría que realice una auditoría en el sector público sobre las comisiones de servicios y las licencias sin remuneración.

La viralidad de la imagen sobre los cargos de Arauz, en Twitter, refleja dos tipos de desinformación, contenido engañoso y de contexto falso.

Leonardo Jaramillo, analista político y académico, evalúa algunos aspectos del hecho. Arauz y Lasso generan fuertes reacciones de rechazo, el primero por su asociación con el correísmo y el segundo por su asociación con grupos económicos y el feriado bancario. Hay falta de profundidad en la comunicación en redes sociales durante la campaña electoral.

“Se genera información incompleta y parcializada, básicamente para consumir en ese momento. Es información rápida. Lo que importa como información de redes sociales, en muchos casos, es simplemente la apariencia. En el caso de Andrés Arauz, la apariencia de irresponsabilidad”, explica Jaramillo.

Pero, ¿cuál es la consecuencia de este tipo de desinformación? Hay un beneficio indirecto para Lasso, sobre todo se incrementa el porcentaje de ciudadanos indecisos, de la opción del voto nulo y de la afectación a la democracia, según el analista político.

Viralizar información incompleta en redes sociales es parte de estrategias que apelan a las emociones para generar el rechazo, en Ecuador se entra en un proceso de deterioro del debate político, concluye Jaramillo.

El Municipio de Quito llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud para recibir vacunas contra el COVID-19 e implementar un plan de inmunización en la capital.

La tarde de este jueves 25 de marzo el alcalde Jorge Yunda y el recién nombrado ministro de Salud Mauro Falconi, mantuvieron una reunión en las oficinas de la plataforma gubernamental, al sur de Quito, donde acordaron la entrega de 3,2 millones de vacunas y crear un sistema que permita la inoculación en la urbe capitalina y en los cantones aledaños de la provincia de Pichincha.

El convenio se firmará éste viernes 26 de marzo, para la aplicación del plan de inmunización que abarcaría alrededor de 1,2 millones de personas. Además, dentro de este plan se dará prioridad a los aproximadamente 300 mil adultos mayores que existirían en la ciudad. «Los ancianos serán los primeros beneficiados», aseguró Yunda.

El Municipio se encargará del plan operativo con la implementación de 100 puestos de vacunación, 400 vehículos, un helicóptero y cinco mil personas para la operatividad del plan de inmunización.