Este jueves el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea sesionará para resolver sobre la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; y de cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Los dos pedidos están impulsados por asambleístas de la Revolución Ciudadana.

Godoy compareció ayer ante el pleno de la Asamblea para aclarar un presunto conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo ya que antes de asumir el cargo habría sido abogado,. junto a su esposa, de narcotraficantes y como titular de la Judicatura habría tratado de influir a través de terceros en una sentencia en contra de un narcotraficante serbio.

Durante su intervención en el Pleno, Godoy se dedicó a atacar a la bancada de la Revolución Ciudadana y dijo que las acusaciones en su contra son calumnias de esa organización política que busca tomar nuevamente el control de la Justicia.

El asambleísta de Pachakutik Álex Toapanta manifestó que la comparecencia no aclaró los cuestionamientos públicos que hay sobre la gestión de Godoy, los presuntos audios filtrados, la presunta presión para fallar de determinada manera, por lo que es necesario que se presente al proceso de sustanciación del juicio político.

Co él coincidieron legsiladores como Otto Vera, del Partido Social Cristiano, y Liliana Durán, del correísmo, quienes añadieron que es importante fiscalizar las actuaciones de Godoy al frente de un organismo tan importante como es la Judicatura.

La legisladora del oficialismo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, manifestó que se cumplirá el debido proceso con la presentación de pruebas de cargo y de descargo que intepongan las partes y que en base a esos elemenos la Comisión tomarán una decisión sobre el juicio político.

El exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido el sábado en su país por tropas de los Estados Unidos, se declaró inocente de los cargos relacionados con narcoterrorismo que formuló en su contra la justicia estadounidense.

Durante su primera audiencia ante un Tribunal de Nueva York, Maduro afirmó que es inocente, que no es culpable, que es un hombre decente y que sigue presidiendo su país. La esposa de Maduro, Cilia Flores, capturada en iguales circunstancias, también afirmó ante el mismo tribunal ser inocente de los cargos de tráfico de drogas y armas.

La Fiscalía de los Estados Unidos acusa a la pareja venezolana de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Durante su intervención y a través de un traductor, Maduro aseguró que está secuestrado por los Estados Unidos  y que es un prisionero de guerra. Maduro y su esposa tendrán que comparecer nuevamente ante el tribunal el 17 de marzo. Una vez cumplida la audiencia fue trasladado el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecerá hasta su próxima audiencia.

La situación en Venezuela 

Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, asumió esta tarde como presidenta encargada de ese país, tras la captura de Nicolás Maduro. Rodríguez juró el cargo durante una sesión especial en la Asamblea Nacional, donde estuvo acompañada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Durante su discurso dijo que no descansará ni un minuto para garantizar la paz y la tranquilidad espiritual de su pueblo. ​
​»Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado el pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria», afirmó la mandataria encargada. Su ascenso al poder se da luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que asuma como presidenta encargada tras la captura de Maduro y que ejerza todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.

La detención del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos tras un operativo militar en terriorio venezolano no aclara el panorama político y el ejercicio del poder en ese país sudamericano.

Este sábado 3 de enero de 2026, una operación militar de Estados Unidos terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. La misión se cumplió en horas de la madrugada a cargo de la fuerza de élite Delta Force, una unidad de operaciones especiales que asumió el control de la redada y concretó la captura del mandatario venezolano.

Horas despúes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa desde su residencia de Mar-A-Lago, en Florida, destacó que fue una operación impecable que no se había dado desde la segunda guerra mundial y en la que no hubo bajas estadounidenses. Además, afirmó que su país «manejará» Venezuela hasta que se complete una transición segura.

Por su parte Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aseguró que es una barbarie lo que Estados Unidos ha hecho en su país. «Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo», manifestó.

Los cargos

Maduro llegó detenidó la tarde de este sabádo a Nueva York, donde será imputado formalmente por cargos de tráfico de drogas. El mandatario venezolano será llevado a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y luego a la prisión Metropolitana Detention Center, en Brooklyn. 

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, anticipó que Maduro, será procesado por conspiración de narco-terrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armamento y artefactos destructivos contra Estados Unidos.

Se acaba un año que deja profundas huellas en el Ecuador, algunas de ellas dolorosas, infames, duras, que nos duele como sociedad. Y hay huellas que demuestran que seguimos el mismo deterioro político de años anteriores; o huellas que son un ejemplo de que Ecuador perdió la batalla frente al crimen organizado. El 2025 fue duro para el país, y THELOS, su ruta informativa, le presenta 12 hechos significativos:

  1. Pena máxima en caso los 4 de Las Malvinas 

En sentencia de primera instancia, un Tribunal penal condenó a 34 años y ocho meses de prisión a 11 de los 17 militares procesados por la desaparición forzada de Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, los 4 de Las Malvinas, un caso que conmovió al país y que ocurrió un año antes de que se dicte esta sentencia, catalogada como histórica. Otros cinco militares recibieron penas reducidas de 30 meses de cárcel tras acogerse a la figura de cooperación eficaz. A otro militar se le ratificó su estado de inocencia. Los 4 de Las Malvinas, menores entre 11 y 15 años, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por miembros de las FAE durante un operativo de seguridad en el sector de las Malvinas, Guayaquil, y sus cuerpos fueron localizados sin vida el 24 de diciembre de ese mismo año, con signos de tortura, en las inmediaciones de la base aérea de Taura, provincia del Guayas.

  2. Daniel Noboa es reelecto presidente de la República. 

El 13 de abril, Daniel Noboa Azín (ADN) fue reelecto Presidente de la República para el período 2025 – 2029, tras imponerse en la segunda vuelta a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. El mandatario dio así continuidad a su gestión al frente del país, que se inició en 2023 tras la elección presidencial para completar el mandato de Guillermo Lasso, quien aplicó la «muerte cruzada». En los primeros meses de este segundo mandato, Noboa  no ha logrado frenar la narcodelincuencia ni la escalada de violencia que eso genera en el país.

3. El Consejo de Participación Ciudadana, una caja de malas sorpresas

Año tras año el Consejo de Participación Ciudadana no deja de dar al país malas sorpresas y el 2025 no fue diferente. Un allanamiento a las oficinas de esta institución fue el inicio del caso Ligados, donde se investiga intentos de influir en designaciones de cargos públicos. Los involucrados en este presunto delito de asociación ilíçita son los entonces consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, y la consejera en funciones Nicole Bonifaz. Los implicados habrían utilizado su cargo para cometer delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas. Luego se vinculó al proceso al ex candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz; a la exasambleísta de esa misma agrupación, Esther Cuesta; y a Raúl González. Eso en lo judicial. En lo administrativo, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la destitución de Franco Loor, Verduga, Saltos, y de Vielka Párraga.

4. La Fiscalía, un año de incertidumbre 

En 2025 el Consejo de Participación Ciudadana no pudo organizar el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado para reemplazar a Diana Salazar que cumplió los seis años de gestión reglamentaria. Esto obligó a que Salazar se mantenga en funciones prorrogadas hasta mayo de este año en que renunció al cargo y fue designada embajadora de Ecuador en Argentina. Asumió Wilson Toainga como fiscal encargado, pero en renunció en noviembre. En su lugar asumió Carlos Alarcón, fiscal nombrado para ese cargo por el Consejo de la Judicatura hasta que el Consejo de Participación Ciudadana complete el concurso de selección de la nueva autoridad.

5. Fugas y recapturas espectaculares

Fugas, capturas y recapturas se dieron el año que termina. El 25 de junio se logró recapturar a Adolfo Macías, alias «Fito», en Manta. El líder de Los Choneros, banda narcodelicitiva, se escondía en una mansión, debajo de una chimenea. El 20 de julio fue extraditado a Estados Unidos. Rolando Gómez Quinde, alias «Fede» cabecilla del grupo criminal «Los Águilas», se fuga de la penitenciaría del Litoral el 20 de junio de 2025, disfrazado de militar. ​Fue recapturado tres meses después.

6. Un 4 – 0 contundente

El 16 de noviembre el Gobierno sufrió un duro revés político en las urnas. El pueblo le dijo No a los cuatro temas que el presidente de la República, Daniel Noboa, había propuesto a través de la consulta popular y referéndum: instalación de bases militares extranjeras en el país, eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas, reducción del número de asambleístas y, la propuesta estrella del oficialismo, que se convoque a una Asamblea Constituyente para que reforme la Constitución actual. En todas ellas el Gobierno perdió y la oposición lo asumió como un marcador contundente: 4 a 0.

7. El fracaso del paro indígena 

El Gobierno eliminó el subsidio al diésel lo que generó la inmediata reacción de sectores sociales, gremios, sindicatos. Pero fue el movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, el que decidió promover y convocar a un paro nacional, que quedó solamente en los papeles. En la práctica, lo que se dio fue una jornada violenta concentrada en Imbabura. Fueron 31 días de tensión focalizados en la región sierra centro norte. El Gobierno trasladó la sede de la Presidencia de la República a Latacunga y desde ahi logró una importante victoria militar frente a los indígenas rebeldes. Luego de un mes, el presidente de la CONAIE, un derrotado Marlon Vargas, tuvo que salir a anunciar el fin del paro sin que hayan logrado ni un solo objetivo planteado.

8. La Corte Constitucional, ¿último garante de la institucionalidad?

La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional al constatar que mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica. Eran Leyes promovidas por el Gobierno y aprobadas por la bancada oficialista. El Gobierno lanzó una severa ofensiva contra los jueces constitucionales a quienes les asignó el rol de los malos, de los que estaban con la narcodelincuencia. Incluso promovió una marcha en su contra.

9. La degradación de la política 

La Corte Nacional de Justicia sentenció a 13 años y 4 meses de prisión a Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC); Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas; y Johan Marfetán, exjuez del Guayas, involucrados en el caso Purga, relacionado con una red de delincuencia organizada en el sistema judicial de Guayas. A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado encontró elementos suficientes para investigar a los procesados que estarían involucrados en el delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estados. Según la Fiscalía, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales de larga data como el mismo alias “Fito”, además de intereses individuales.

10. La Asamblea convertida en el blindaje de los funcionarios del Gobierno 

11. Motines carcelarios, un mal de nunca acabar

12. Mario Godoy, las sombras del narcotráfico en el gestión judicial

El año 2025 no podía cerrar de peor manera. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, es el centro de un escándalo político judicial. Su gestión al frente del organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, ha sido puesto en tela de duda por su pasado profesional como abogado de narcotraficantes, por lo que podría tener un conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo. La Asamblea pidió su presencia ante el Pleno, la Revolución Ciudadana busca censurarlo y destituirlo a través de un juicio político y, para rematar, el Presidente de la República, Daniel Noboa, le quitó su respaldo y sugiere que debería renunciar tras su comparecencia a la Asamblea. Godoy vive la soledad del poder.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se va quedando sin respaldo a su gestión frente a acusaciones de un presunto conflicto de intereses. El Presidente de la República, Daniel Noboa, publicó en su cuenta «X» un extenso post donde defiende la labor de su Gobierno y en el que sugiere a Godoy que renuncie al cargo luego de su comparecencia a la Asamblea, fijada para el 5 de enero de 2026, a las 10:00.

«Respecto al intento de ellos de tomarse la justicia y Participación Ciudadana, mi recomendación es que Mario Godoy renuncie, después de su comparencia en la Asamblea, y se defienda de las acusaciones fuera del cargo», escribió Noboa.

La dudas sobre la labor de Godoy se intensificaron a raíz de que Carlos Serrano, juez anticorrupción, denunció que le habían retirado su equipo de seguridad policial y que había recibido presiones de un alto funcionario de la Juicatura  para que declare inocente al serbio Jezdimir Srdan, capo del narcotráfico transnacional procesado por un caso de lavados de activos, quien fue condenado a 10 años de prisión.

La sentencia escrita aún no está emitida por lo que Noboa también se refirió a este caso en su red social. «En el caso del serbio sentenciado, el Juez Serrano, basado en el principio de celeridad puede asumir la ponencia si así el Consejo de la Judicatura lo decide, para sentenciar por escrito al narcotraficante Jezdimir Srdan. El Estado le dará toda la seguridad requerida. Lo que no podrá es evitar la ira de las mafias ocultas del poder», indicó el Presidente de la República.

El movimiento legislativo

La bancada de la Revolución Ciudadana presentó una solicitud de juicio político en contra de Godoy. «Hemos presentado formalmente la solicitud de enjuiciamiento político contra Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Esperamos que el CAL la califique de inmediato y que sea tramitada en la Comisión de Fiscalización, conforme a la Ley. La tardía “recomendación” de renuncia realizada por el presidente Daniel Noboa NO exime al señor Mario Godoy del enjuiciamiento político en la Asamblea, incluso si llegara a renunciar. Esta reacción del Gobierno llega solo por la presión e indignación ciudadana, tras varios días de escándalo, cuando ya es evidente que el oficialismo intentó blindarlo», escribió en su cuenta X la legisaldora de esa bancada, Viviana Veloz.

En horas de la mañana había anunciado que también se presentaría una solicitud de enjuciamiento político en contra de los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que votaron por su designación como titular de la Judicatura. Los cuatro consejeros son: Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto y David Rosero.

Por su parte la Asamblea convocó a Godoy para el 5 de enero de 2026 de manera presencial con el fin de que informe sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la Función Judicial. La sesión del Pleno está conovada a partir de las 10:00.

Con 142 votos a favor y una abstención, de José Nango, exPachakutik, aprobaron llamar a comparecencia a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, para que explique presuntas irregularidades en actuaciones judiciales, así como sobre otros asuntos inherentes al ejercicio de sus competencias y responsabilidades institucionales.

La comparecencia se realizará de manera presencial e indelegable, en el término de hasta ocho días, contados a partir de la aprobación de la presente resolución, en la fecha y hora que determine la Presidencia de la Asamblea. De ser necesario, se habilitará el tiempo correspondiente mediante la suspensión del receso parlamentario, a fin de garantizar la continuidad de la función fiscalizadora.

La resolución se tomó la tarde de este domingo 21 de diciembre, durante la sesión virtual convocada para tratar exclusivamente ese tema. La moción de comparecencia fue presentada por legislador Andrés Castillo (ADN), quien, durante su intervención, señaló que la Asamblea envía un mensaje claro de cumplimiento de su misión constitucional, que es la fiscalización. “Nosotros, aquí, vamos a enfrentar todo tipo de procesos de fiscalización, sin miedo, sin temor ni favor, garantizando que esta se realice en el marco de la ley y convocando a los principales actores”, afirmó.

En los últimos días Godoy ha generado polémica ya que el juez anticorrupción, Carlos Serrano, renunció a su cargo tras denunciar que se le retiró la protección de la Polícia tras ser amenazado por Jezdimir Srdan, un narco serbio, a quien sentenció por lavado de activos. Serrano indicó que un alto funcionario de la Judicatura lo presionó para que declare inocente al narcotraficante extranjero. Luego se supo que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue abogada de Srdan. Ella ha manifestado que solo lo patrocinó en la investigación previa, no durante el juicio.

La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador dio la bienvenida este miércoles 17 de diciembre de 2025 al personal de la Fuerza Aérea de su país para una operación temporal con la Fuerza Aérea de Ecuador en Manta. En un mensaje a través de la cuenta «X», la delegación diplomática asegura que esta colaboración a corto plazo se realiza como parte de la estrategia bilateral de seguridad a largo plazo en el marco de los acuerdos vigentes conforme a la ley ecuatoriana.

«La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos”, señala la embajada en su red social.

A través de la misma vía, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que con el respaldo de los Estados Unidos activarán una operación temporal junto a la Fuerza Aérea en Manta que permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico y someter a quienes «creyeron que podían tomarse el país».

Esta cooperación para la Fuerza Aérea de Ecuador se da en el contexto del Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, que permite que personal militar y civil de los Estados Unidos puedan estar presentes “temporalmente” en territorio ecuatoriano con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias y otras causas, como detección de delitos de narcotráfico, tráfico ilícito.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano confirmó que en aviones que llegaron días atrás, arribó material de índole militar con la misión de aportar información y fortalecer las capacidades del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. La llegada de los militares se produce después de la visita que a inicio de noviembre realizó la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, a Manta, en la que destacó el apoyo que Ecuador da a su país en la lucha contra el narcotráfico, inmigración y tráfico de personas.

Esa ocasión, las autoridades reforzaron su compromiso de unir esfuerzos para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad de cada país. Revisaron también avances en proyectos bilaterales de cooperación en seguridad y control fronterizo. Noboa reiteró su voluntad de seguir trabajando con el gobierno de EE. UU. bajo los principios de soberanía, transparencia y beneficio mutuo.

El Gobierno Nacional informó este lunes 15 de diciembre que el salario básico unificado para el 2026 será de 482 dólares, es decir que regirá un incremento de 12 dólares en relación al salario vigente.

Según el Gobierno, tras un proceso de diálogo se llegó a un acuerdo entre representantes del Ministerio de Trabajado, empleadores y trabajadores para fijar ese monto en base a un diálogo técnico y constructivo.

La decisión fue adoptada en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, instancia tripartita en la que, luego de un análisis detallado de los indicadores económicos, sectoriales y laborales, se logró un acuerdo que responde a criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar para los trabajadores ecuatorianos, indicó el Gobierno a través de un comunicado.

El Ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó que este consenso también pone en evidencia “el compromiso del país por avanzar hacia un modelo laboral equilibrado, donde las decisiones se construyen desde el diálogo y la corresponsabilidad de todos los actores”.

Para el Gobierno, este incremento busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, impulsar la productividad y asegurar un entorno que promueva la estabilidad laboral y el crecimiento económico.

Sin embargo Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), organización sindical de oposición, manifestó que el alza no responde a criterios ténicos ni sociales y que no aporta a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los presidentes de Ecuador y Perú, Daniel Noboa y José Jerí, respectivamente, suscribieron la Declaración Presidencial de Quito 2025, al concluir el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional que se cumplió este viernes 12 de diciembre en la capital ecuatoriana. Los mandatarios se reunieron en el Palacio de Carondelet y al final de la jornada descataron los compromisos logrados para combatir la delincuencia organizada  transnacional en la línea fronteriza binacional y la mineria ilegal.

“Los criminales y quienes buscan hacer el mal siempre encuentran la forma de unirse. Quienes hacemos las cosas bien, quienes buscamos el bienestar de los ciudadanos, debemos encontrar la mejor forma de trabajar juntos para sacar adelante a nuestros pueblos, generar empleo, brindar seguridad y dar tranquilidad a las familias”, señaló Noboa.

Por su parte el mandatario peruano reafirmó el compromiso de su país con el diálogo y la ejecución de los compromisos asumidos, destacando la importancia del Gabinete Binacional como un mecanismo eficaz para consolidar una relación basada en la confianza y el beneficio mutuo. “Es el momento de llevar nuestras relaciones bilaterales a un nivel más alto, aprovechando la experiencia de nuestros gobiernos con la juventud”, indicó.

Acuerdos en materia de seguridad

Además, acordaron temas como el apoyo mutuo en los recientes incendios forestales, mecanismos binacionales de gestión de desastres, simulacros en frontera para mejorar los protocolos, acciones sociales para el desarrollo en comunidades vulnerables, avances hacia cooperación bajo el modelo PIAS (Plataforma Itinerates de Acción Social) llevando servicios del Estado a zonas aisladas.

Los ministros de Defensa de ambos países manifestaron que una frontera segura se construye con coordinación, institucionalidad y confianza mutua, por lo que reafirmaron su voluntad de trabajar juntos, fortalecer la seguridad, impulsar acciones sociales y velar para que la frontera binacional sea un espacio seguro y de desarrollo para las familias de ambos países.