El excontralor del Estado, Pablo Celi; y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, fueron sentenciados a 13 años y cuatro meses de prisión al ser encontrados culpables en calidad de autores directos del delito de delincuencia organizada.

El fallo se tomó de manera unánime en el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por los jueces Walter Macías (ponente), Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. Los sentenciados también deberán pagar una multa de 150 salarios básicos (67.500 dólares) y les fueron suspendidos sus derechos políticos por el mismo tiempo al que fueron sentenciados a prisión. La sentencia es de primera instancia por los que puede ser apelada.

Otros nueve procesados en el caso conocido como «Las Torres» fueron condenados a prisión entre seis meses y nueve años. Como reparación integral, el Tribunal ordenó a los procesados el pago de 350 mil dólares por concepto de indemnización. Como medida simbólica se ordenó la publicación de la sentencia en las páginas web institucionales por 90 días y que los sentenciados ofrezcan disculpas públicas, además de la colocación de una placa en la Secretaría de la Presidencia de la República, Gobernaciones, Contraloría y sus direcciones regionales y principales edificios de Petroecuador a escala nacional.

Ante la demora en la entrega de los resultados de la consulta popular, elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y de autoridades seccionales, las organizaciones sociales no demoraron en rechazar las supuestas irregularidades en el conteo de votos, principalmente en las ocho preguntas del referéndum.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), por separado, rarificaron su posición al NO en las ocho preguntas de la consulta popular y rechazaron una supuesta pretensión de cambiar la tendencia del NO.

«El Gobierno está desesperado por haber perdido la consulta popular y buscar abrir las urnas para cambiar los resultados», aseguró Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien advirtió que de darse este escenario sería un claro llamado a las organizaciones para que inicien las movilizaciones.

#URGENTE
"El gobierno está desesperado porque ha sido derrotado en sus afanes privatizadores", "El gobierno nacional está jugando con fuego", aseguro @nerazohidalgo quien advirtió que si el Gobierno insiste en torcer la voluntad del pueblo ecuatoriano retomarían las calles. pic.twitter.com/bOKhjr8OGD

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 9, 2023

Aseguró que las organizaciones sindicales, sociales, campesinas e indígenas se han pronunciado en las urnas y esta decisión debe ser respetada, por lo que no descartaron iniciar acciones de protesta frente a la intención de un reconteo de votos en la provincia del Guayas, buscando cambiar la tendencia del No en la pregunta número 1, que trata sobre la extradición.

Por su parte la CONAIE, con su máximo dirigente Leonidas Iza, mencionó que el NO a la consulta es la respuesta de los ecuatorianos a las políticas neoliberales impulsadas desde el Gobierno.

«Estamos vigilantes de que el Gobierno no intente manipular y montar escenarios para cambiar la voluntad popular del NO a la consulta.(…) Exigimos al Consejo Nacional Electoral (CNE) responsabilidad, caso contrario el movimiento indígena y los sectores populares haremos respetar el voto», manifestó el dirigente.

«El NO es una respuesta a la minería a gran escala como política de Estado instalada desde 1994; se dijo NO a las formas de privatización; esta consulta le ha dicho NO a las políticas y modelo neoliberal de Guillermo Lasso», enfatizó.

#ATENCION
La @CONAIE_Ecuador ratifica que NO será parte del "Acuerdo Nacional", propuesto por el presidente Guillermo Lasso, tras los resultados de las #Elecciones2023Ec y perder en las ocho preguntas de la #ConsultaPopular2023. pic.twitter.com/OeSO52SPCi

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 9, 2023

Sobre el llamado realizado por el presidente Guillermo Lasso, la noche del martes 7 de febrero, para conformar un Acuerdo Nacional, las diferentes organizaciones sociales, campesinas e indígenas, así como movimientos políticos rechazaron sentarse a dialogar con el Primer Mandatario.

Con cuatro votos a favor y una ausencia, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) separó del cargo de director de la Delegación Electoral del Guayas, a John Gamboa, y nombró como su reemplazo, en calidad de encargado, a Wilson Hinojosa.

La medida se tomó casi 24 horas después de la denuncia realizada por Enrique Pita, vicepresidente del CNE, en  relación a la presunta existencia en esa delegación de un centro de cómputo paralelo, donde inclusive  se habrían impreso actas de reconteo para favorecer el NO en la consulta popular. La denuncia fue  ratificada por el resto de las autoridades del organismo electoral, quienes ya pusieron la denuncia en la Fiscalía.

«En las instalaciones de la Delegación de Guayas estuve caminando, observando y de repente vi que en el área donde están unas personas trabajando en sistemas había una escalera que conduce a un altillo. Pregunté qué había en ese altillo y me dijeron que era una bodega. Pero quise conocerla», relató Pita. Agregó que al subir las escaleras, escuchó voces y al abrir la puerta divisó a aproximadamente seis jóvenes, dos de ellos que estaban llenando actas en la misma mesa donde se llenaban actas de la consulta popular en las que había actas en blanco. «En esa misma mesa incluso había papeles donde era evidente que estaban practicando firmas que iban a ser ubicadas en las actas. (…) Había toda una estrategia implementada para crear actas que no estaban pasando por el acto de reconteo. En la gran mayoría de estas estaban a favor del No», dijo.

Sin embargo, Gamboa negò que en la Delegación que presidía haya existido una centro paralelo y aseguró que había la presiòn de las autoridades del CNE y de otras funciones del Estado para entregar los resultados lo más rápido posible, por lo que se modificó el procedimiento de llenado de actas de reconteo. Aseguró que la denuncia de las auitoridades era maliciosa e infame.

Los resultados negativos que obtuvo la consulta popular impulsada por el Gobierno. donde el NO se ha impuesto en las ocho preguntas, le obligaron al presidente de la República, Guillermo Lasso, a «oxigenar» su Gabinete.

Esta tarte en el Palacio de Gobierno se cumplió la posesión de nueve autoridades, cuatro de ellos gobernadores. La renovación obedece a “cambios necesarios no solo para refrescar líneas, sino para ratificar mi compromiso con la voluntad del pueblo”, indicó el Primer Mandatario.

Los nuevos funcionarios son:
Sebastián Corral, Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República.

Henry Cucalón, Ministro de Gobierno.

Jorge Marcelo Córdova, Secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.

Jossueth Almeida, Secretario General Jurídico (e) de la Presidencia de la República.

Francesco Tabacchi, Gobernador de Guayas.

Frickson Erazo, Gobernador de Esmeraldas.

Tanya Gabriela Vázquez, Gobernadora de Cotopaxi.

Eusebio Apolo Valarezo, Gobernador de El Oro.

Lasso manifestó que “cuando el pueblo habla, el deber de los gobernantes es aprender y
escuchar, analizar y entender”, con lo que al renovar su equipo de trabajo espera fortalecer acciones, planes y proyectos para “seguir construyendo un país mejor para todos y, por supuesto, para hacer ajustes necesarios, como sucede en cualquier democracia”, expresó.

Las nuevas autoridades se comprometieron a trabajar con ética y honestidad en beneficio de Ecuador.

La tarde de este jueves, el Pleno de la Asamblea posesionó a Graciela Mora, Marlene Molestinos, Catalina Pérez; y, Mauricio Gallardo, Carlos Figueroa, Aland Molestina, y Teddy Tama como consejeras y consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana.

Esto tras la destitución por parte de la Corte Constitucional de los siete consejeros principales por incumplimiento de sentencia, lo que obligó a renovar a las autoridades de Participación, organismo que no ha podido sesionar por falta de quórum.

Tras la toma del juramento de rigor por parte del presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela y la respectiva suscripción de actas, los consejeros quedaron legalmente posesionados y prometieron por su honor cumplir fielmente las funciones otorgadas por la Constitución y la Ley.

Los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana permanecerán en sus cargos hasta el 14 mayo 2023, fecha en que deben asumir los consejeros electos el 5 de febrero.

Hasta entonces y tras la posesión de los consejeros que seguían en votaciòn obtenida el 2019, ese organismo deberá sesionar y nombrar a sus autoridades y continuar con los precesos de selección de autoridades.

Quito, Pichincha.- Ángel Lindao, Juan Carlos Terán Moreno, Mary Quintero, José Alarcón y Emerson Curipallo son los nombres de cinco jueces que el Presidente de la República, Guillermo Lasso, difundió en cadena nacional, por presuntamente estar involucrados en actos de corrupción.

La noche de este martes 7 de febrero, Lasso dio a conocer las acciones que implementará su Gobierno para dar seguimiento a las actuaciones de los «malos jueces» que actuarían a favor de la delincuencia organizada. Las medidas adoptadas son:
1. Poner una queja formal ante el Consejo de la Judicatura, por las actuaciones de jueces que favorecería al crimen organizado.
2. Denunciar a «malos jueces» ante Fiscalía General del Estado (FGE); y
3. Exponer públicamente los nombres de los «malos jueces» y sus casos.

«Los temas fueron tratados por el COSEPE, la semana pasada», mencionó Lasso, al tiempo que enumeró los nombres, unidades judiciales y procesos polémicos de dichos jueces.

El primer mandatario aseguró que Lindao, exjuez del cantón La Concordia, quien fue destituido por el Consejo de la Judicatura por manifiesta negligencia, «tramitó acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante» (…) «dio orden de liberar al asesino de un concejal que solo había cumplido 2 de los 24 años».

Sobre Terán, juez del Guayas, informó que «firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos, revocó prisión preventiva a 5 arrestados por posesión de armas y sustancias ilícitas; declaró inocentes a 2 figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales».

Mientras que de Quintero y Alarcón, de Manta, les señaló como responsables de ratificar la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía de más de 1 año. “Un caso incluso coordinado con la DEA de Estados Unidos. Pero los jueces los declararon inocentes».

Sobre Curipallo dijo que «ha firmado más de 15 boletas de excarcelación, extendió los efectos de medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 20 años, un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años».

Anticipó que el Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, presentará mañana la queja ante el Consejo de la Judicatura y la denuncia ante la Fiscalía, para que esté organismo inicie las investigaciones pertinentes. Además, les dijo a los jueces corruptos que esto les sirva como advertencia ya que «seguimos vigilando, investigando, exponiendo y actuando sin miedo para hacer justicia. La lucha por la seguridad es una cruzada nacional», sentenció Lasso.

Una vez realizada la elección del Consejo de Participación Ciudadana y con más del 96% de actas escrutadas, los resultados permiten anticipar que será un organismo donde no haya mayoría. El organismo se integra por siete consejeros y se necesitan de cuatro de ellos para tomar decisiones en el Pleno.

A pesar de que la norma señala que los consejeros no deben pertenercer o militar en alguna organización política, el correísmo llegará a este espacio con tres de sus simpatizantes: Augusto Verduga, Alembert Vera y Yadira Saltos. También integrarán el Consejo, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni, a los que promocionó Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano.

Los otros dos integrantes no se han identificado abiertamente con alguna organización política en particular. Se trata de Mishelle Calvache y Johanna Verdesoto.

A los que les fue mal 

Cinco de los siete consejeros del Consejo de Participación que fueron destituidos por no cumplir una sentencia de la Corte Constitucional buscaban la reelección; pero no fueron favorecidos por el voto en las urnas. Ibeth Estupiñán apenas obtuvo un 2,71% de la votacion; María Fernanda Rivadeneira, 4,16%; David Rosero, 6,05%; Juan Javier Dávalos, el 2,25%; y Francisco Bravo, el 9,54%.

Este viernes 3 de febrero, el volcán Cotopaxi registró emisiones continuas de gases y ceniza de hasta 1.5 km de altura sobre el nivel del cráter, lo que provocó la caída de ceniza en localidades de Quito y Mejía, en la provincia de Pichincha, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).

Según esta institución, con corte a las 16:00, hubo reportes de caída de ceniza en las parroquias Guamaní, Turubamba, Chillogallo, La Ecuatoriana, Quitumbe y Conocoto, en Quito. Y en las parroquias Tambillo, Machachi, Aloasí y Alóag del cantón Mejía.

Este jueves 2 de febrero de 2023 se cumplió en el país la votación de las Personas Privadas de Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada para las Elecciones Seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y consulta popular.

En total sufragaron 573 detenidos, aunque estaban habilitadas para hacerlo 5.497 personas en 60 juntas receptoras del voto. La jornada se desarrolló en 35 cárceles en 20 provincias. Según Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, más de 2.500 militares desplegaron dispositivos de seguridad en los exteriores de los centros penitenciaros y alrededor de 1.570 policías contribuyeron con la seguridad del material electoral.

“Desarrollamos los sufragios bajo estrictos protocolos técnicos y logísticos, que garantizan un ejercicio cívico confiable”, indicó. El escrutinio de los votos recibidos en los Centros de Privación de Libertad, lo realizarán las Juntas Provinciales Electorales, el domingo 5 de febrero, pasadas las 17:00.

Fue el arranque de las votaciones en el país. Para este viernes 3 de febrero corresponde el «voto en casa» para los ciudadanos mayores de 50 años con discapacidad igual o superior al 75%. En esta modalidad se han registrado 711 electores a escala nacional.

Mientras que el 5 de febrero se cumplirá el proceso electoral a escala nacional. Las autoridades recordaron que desde las 00:00 de este viernes y hasta el domingo a las 17:00 regirá el periodo de silencio electoral, lapso en el que está prohibido la difusión de cualquier tipo de información emitida por las instituciones públicas, así como la difusión de propaganda electoral, la difusión de encuestas, opiniones o imágenes que puedan incidir en la opinión del elector. También queda prohibida la realización de mítines, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral.

Mientras que a partir de las 12:00 del viernes 3 de febrero y hasta las 12:00 del lunes 6 de febrero de 2023, no se permitirá la venta, distribución, o el consumo de bebidas alcohólicas.

Este domingo el país vivirá una nueva jornada electoral. Como parte de este proceso, los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre ocho preguntas que impulsa el Ejecutivo a través de la consulta popular. Thelos.ec presenta el contenido de esas ocho preguntas como aporte a un voto informado.

PREGUNTA 1

La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1?

SÍ                                  NO

PREGUNTA 2

Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales.

¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendado la Constitución de acuerdo con el anexo 2?

SÍ                                   NO

PREGUNTA 3

En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas.

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3?

SÍ                                     NO

PREGUNTA 4

Actualmente existen 272 movimientos políticos en Ecuador.

¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo, equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?

SÍ                                  NO

PREGUNTA 5

El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades.

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS  e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5?

SÍ                                    NO

PREGUNTA 6

El CCPCS ES UNA entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal.

¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?

SÍ                                 NO

PREGUNTA 7

La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica.

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?

SÍ                                 NO

PREGUNTA 8

La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales.

¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8?v

SÍ                             NO