La Corte Constitucional aceptó el veto total por inconstitucionalidad que impuso el presidente Guillermo Lasso al proyecto de Ley derogatorio de la reforma a la Ley tributaria. En noviembre de 2022 el pleno de la Asamblea aprobó con 100 votos a favor derogar esa Ley que había entrado en vigencia por el ministerio de la ley a finales del 2021, luego de que la bancada correísta se abstuvo de votar.

La Corte declaro procedente la objeción  presentada por el Ejecutivo tras verificar que la Asamblea inobservó el artículo 135 de la Constitución, relativo a la iniciativa privativa del presidente de la República para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Con la sentencia se archiva definitivamente ese proyecto de Ley derogatorio que fue impulsado por sectores de oposición.

En un comunicado, el Gobierno saludó y calificó de responsable la decisión de la Corte ya que asegura se ratifican sus argumentos relacionados a que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de Ley en materia de impuestos. Según el Gobierno, con la decisión de la Corte se precautelan cerca de 1.000 millones de ingresos para el Estado.

Karina Izurieta Dávila, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, dio a la Asamblea un plazo no mayor a 72 horas para que posesione a los miembros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana.

Además, dispone que la Legislatura se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a dilatar la ejecución de esta resolución «bajo apercibimiento de las sanciones establecidas en el Artículo 22, numeral 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional».

Ese numeral establece que «en caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el remplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones».

La resolución judicial nace como consencuencia de las medidas cautelares otorgadas a la consejera del Consejo de Participación, Gina Aguilar Ochoa, quien interpuso el recurso al considerar que la Función Legislativa ha incumplido su deber constitucional de posesión desde el año 2021.

«La consejera Aguilar quiere cumplir con el mandato para el cual fue elegida, no obstante, no lo puede desarrollar porque el pleno del CPCCS no puede sesionar debido a la ingobernabilidad existente por la destitución de sus integrantes. Con este recurso legal, el objetivo es que se le devuelva la institucionalidad al CPCCS y, a partir de allí, poder sesionar”, manifestó Diego González, abogado de Aguilar.

El pleno del Consejo de Participación no ha podido sesionar desde que la Corte Constitucional ordenó la destitución de los siete consejeros principales por incumplimiento de setencia de ese organismo, que disponía la pronta designación del presidente del Consejo de la Judicatura.

Al momento solo dos de los siete consejeros suplentes han sido posesionados y están en funciones: Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar. Para que el CPCCS pueda sesionar requiere de la presencia de al menos cuatro consejeros. La Asamblea debe llamar a los candidatos más votados en las elecciones de 2019 para que asuman los cargos, pero, según manifestó Virgilio Saquicela, presidente de esa Función del Estado, primero quiere que el Consejo Nacional Electoral certifique a quién se debe posesionar ya que varios de los elegibles están de candidatos.

28 candidatos, 22 hombres y 6 mujeres, estarían presuntamente vinculados a delitos de narcotráfico, minería ilegal y otros delitos conexos según la denuncia que el ministro del Interior, Juan Zapata, presentó hoy a la Fiscalía General del Estado.

Zapata informó que de las 28 personas, 21 se postulan para alcaldes, tres para prefectos y cuatro a concejales. Las candidaturas se han presentado en 11 provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Azuay y Sucumbíos.

«La información que entregamos ahora es valiosa porque alimenta ocho investigaciones previas que ya realiza la Fiscalía, la Policía Nacional brindará la colaboración necesaria», manifestó el ministro.

Agregó que el documento se sustenta en trabajos de investigación e inteligencia realizado por miembros de la institución policial. “El informe que entregamos contiene nombres, dignidad a la que postulan y el partido al que pertenecen”, refirió.

En tanto, el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, manifestó que para la elaboración del informe se recabó información de fuentes humanas, fuentes abiertas y de otras investigaciones que ya estaban en curso. “Nuestra obligación es poner a orden de la justicia la información recabada”, expresó.

Con puntualidad asistió Álvaro Román la mañana de este miércoles 25 de enero al Consejo de la Judicatura para asumir como presidente encargado del organismo, por disposición del auto de seguimiento de sentencia de la Corte Constitucional. Desde hace casi un año el cargo fue asumido de manera temporal por el vocal Fausto Murillo.

Román manifestó que es importante trabajar en los ejes de capacitación de los jueces, la interculturalidad, perspectiva de género, modernización entre otras. Agregó que el proposito es cumplir transformación en el sistema de administración de Justicia pensando en la ciudadana, por lo que es necesaria la coordinación con otras funciones del Estado. «Al ser representantes del Estado tenemos que dar ejemplo a la ciudadanía, dar ese ejemplo que no tener malas prácticas que llevan a actos de corrupción», mencionó.

El nuevo titular de la Judicatura dijo que el organismo debe preocuparse del personal que está ligado a la institución, como jueces, defensores públicos y fiscales, que son la razón de ser de la entidad. «El Consejo de la Judicatura solamente es el complemento admnistrativo y disciplinario y deberíamos cambiar el imaginario para ya no hablar del Consejo de la Judicatura como tal, sino de la Función Judicial», manifestó.

Pleno destituye a juez 

Con Román como presidente encargado, el Pleno de la Judicatura se reunió en sesión extraordinaria y destituyó del cargo al juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia, Ángel Lindao Vera, por haber incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia, por su actuación en la acción de protección planteada por Leandro Norero, líder narcotráficante que el año pasado fue asesinado en uno de los motines carcelarios. Lindao había ordenado que se le devuelvan los bienes incautados.

El polémico juez dictó controversiales medidas en otros casos. Fue quien restituyó a los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana que habían sido destituidos por la Legislatura y dictó medidas cautelares contra la Asamblea. Pero antes de su destitución esta tarde, Lindao revocó esas medidas cautelares.

Además, el 20 de enero del 2023, ordenó que se deje en libertad a Wilson Ruiz, sentenciado a 24 años de prisión por el crimen del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga, y dispuso que se presente cada mes ante una autoridad.

Esta tarde el Gobierno informó que Luis Verdesoto presentó su renuncia al cargo de Secretario Anticorrupción que venía ejerciendo desde mayo de 2022. Según un comunicado, la Secretaría Anticorrupción fue creada para diseñar e implementar las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción que tenga resultados palpables. «Es una labor que hay que reforzar más que nunca con mayor profundidad, sustento y agilidad tanto en los diagnósticos como en las soluciones sugeridas», señala un comunicado de prensa del Gobierno.

La renuncia de Verdesoto se da en medio del escándalo que salpica al Gobierno por presuntos hechos de corrupción denunciados por el medio digital La Posta, en el que se menciona a personajes y funcionarios cercanos al Presidente Guillermo Lasso y que habrían estado liderados, según ese medio de comunicación, por Danilo Carrera, cuñado del Primer Mandatario.

Verdesoto tenía previsto dar hoy el primer informe sobre esas denuncias, luego de que la Secretaría realizó su propia investigación en las empresas públicas. El informe iba ser puesto en conocimiento de la prensa a pesar que la Secretaría de Comunicación había suspendido la rueda de prensa convocada para ese efecto.

Se conoció que el secretario Anticorrupción acudió hoy a la Presidencia de la República a entregar ese informe así como el de su gestión durante el 2022, luego de lo cual tenía agendado hablar con los periodistas. Sin embargo, nunca se presentó ante los medios y luego se difundió el comunicado en el que se informaba que había renunciado al cargo.

La Fiscalía General del Estado informó que la madrugada de este 20 de enero de 2023 se ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en Guayaquil y uno en Quito como parte de la investigación del caso el «El Gran Padrino», al que la Fiscalía le puso el nombre «Caso Encuentro».

«El Gran Padrino» es una denuncia realizada por el portal digital La Posta que señala posibles actos de corrupción en el sector eléctrico por parte de personas cercanas al presidente de la República Guillermo Lasso.

El allanamiento se dio a los domicilios de las personas investigadas por una presunta trama de corrupción en empresas públicas. En la diligencia se levantaron varias evidencias, como documentos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, computadores, joyas, entre otros, elementos que serán periciados y valorados durante el desarrollo de la investigación.

Por su parte, en una rueda de prensa, los ministros del Interior, Juan Zapata; de
Gobierno, Francisco Jiménez; e Iván Correa, secretario General de Administración Pública, descartaron que se hayan dado actos de corrupción en el Gobierno de Lasso. El Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que se ha pedido que se investigue todo lo que se tenga que investigar ya que negó que exista una trama o estructura criminal en el Régimen.

Jiménez manifestó que a través de la Policía, se han apoyado las acciones determinadas por la Fiscalía para llevar a cabo los allanamientos. “La policía actuó con absoluta independencia. El Gobierno seguirá colaborando con Fiscalía y autoridades de justicia para esclarecer la situación”, dijo.

En tanto el Ministro del Interior, Juan Zapata, manifestó que en los nueve allanamientos intervinieron 76 uniformados de los ejes investigativo, inteligencia y equipos tácticos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la distribución de los paquetes electorales a escala nacional para las elecciones del 5 de febrero donde se escogeran a las autoridades seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y se cumplirá la consulta popular.

La distribución se cumple desde las instalaciones de la empresa Montgar, en Quito, desde donde salen los paquetes con papeletas y documentos electorales, material genérico, de seguridad y sobres electorales bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas.

Se entregarán 40.564 paquetes electorales, incluidos aquellos que se enviaron para el sufragio presencial en el exterior, para el voto de personas privadas de libertad y los beneficiarios de voto en casa.

“Vale recalcar que la distribución del material electoral constituye una fase más dentro de nuestro cronograma y la estamos cumpliendo sin contratiempos y dentro de los plazos establecidos”, manifestó Diana Atamaint, presidenta del CNE.

La distribución inició el miércoles 18 de enero de 2023 con el envío a las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, y Orellana. Al día siguiente continuó hacia Zamora Chinchipe y Loja; hoy se envió a Galápagos; a Guayas y Santa Elena será el 24 de enero; Azuay, Cañar y Loja el 26; Manabí y Los Ríos el 27; Carchi e Imbabura, el 28; Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas el 29; Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi el 31 y concluirá con la distribución hacia los cantones de Pichincha previsto hasta el 4 de febrero.

En total, se imprimirán 82’336.962 papeletas para las diferentes dignidades seccionales y del Consejo de Participación; y 13’358.444 papeletas para el referéndum. La impresión de papeletas para la elección de autoridades del Consejo de Participación ya concluyó; para refecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales rurales, se ha completado un 95,85%; mientras que la impresión de papeletas para el referéndum tiene un avance del 43,12%.

Tras cuatro meses de prisión preventiva, esta tarde recuperó su libertad la cadete de Policía Joselyn Sánchez, luego de que se revocaron las medidas cautelares dictadas en su contra. Sánchez es investigada en el caso del femicidio  de María Belén Bernal, quien fue asesinada en septiembre de 2022 por su esposo, el entonces teniente de Policía, Germán Cáceres.

Sánchez abandonó la cárcel de mujeres de Quito, ubicada en el sector de Chillogallo, y fue recibida por su familiares y abogados. «Hoy soy libre, soy inocente. Se ganó la justicia que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo», aseguró la joven al salir de prisión. Tiene prohibición de salir del país ya que la investigación en su contra continúa por parte de la Fiscalía hasta que se cumpla la audiencia preparatoria de juicio.

Según Diario La Hora, Sánchez fue dada de baja de la Escuela Superior de Policía por el eje académico. La Escuela Superior de Policía mantiene un convenio con la Universidad Central para que sigan una carrera a la par de su formación policial.  Sánchez habría reprobado el cuarto semestre de la Universidad, ya que el estar en prisión no pudo rendir los examenes y reprobó siete materias, según cita el medio de comunicación.

Con 94 votos a favor, dos en contra y 28 abtenciones el Pleno de la Asamblea aprobó la conformación de una Comisión ocasional, denominada «por la verdad, Justicia y lucha contra la corrupción», para que investigue el caso conocido como «El Gran Padrino», denunciado por La Posta en la que estarían involucrados personajes cercanos al Gobierno de Guillermo Lasso en una trama de corrupción en el sector eléctrico.

La Comisión multipartidista la integran Pedro Zapata (PSC), Diego Esparza (independiente), Rodrigo Fajardo (separado de la bancada de la ID), Mireya Pazmiño (separada de la bancada de PK), Viviana Veloz (UNES), Gruber Zambrano (BAN), y Augusto Guamán (independiente).  Los comisionados tienen un mes de plazo para presentar el informe no vinculante al Pleno.

Yeseña Guamaní, separada de la bancada de la ID, aseguró que el objetivo es que se cumpla una investigación transparente y objetiva. Fue Guamaní la que mocionó el cambio del orden día para que se trate la integración de la Comisión y propuso los nombres de los integrantes, a pesar de que la Comisión de Justicia, liderada por su coideario Alejandro Jaramillo, inició desde el 11 de este mes la respectiva investigación. Inclusive ya llamó a comparecer a uno de los denunciantes, Anderson Boscán y a autoridades del Gobierno.

Para Jaramillo la integración de la Comisión ocasional obedece a «oscuros intereses» de ciertos legisladores que no quieren investigar a funcionarios que actuaron en los Gobiernos de Rafael Correa, Lenin Moreno y en el de Guillermo Lasso.

Como un hito en las elecciones seccionales 2023 calificó el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los 38 debates electorales obligatorios que se cumplieron en dos fines de semana: 17 debates entre los candidatos a las Prefecturas y 21 entre los que aspiran a las Alcadías. Los debates se cumplieron en las localidades de más de 100 mil electores y se aboradaron cuatro ejes temáticos: seguridad y convivencia ciudadana; economía y movilidad; medio ambiente y territorio; y, administración provincial y local.

Sin embargo, los propios candidatos reconocieron que el formato del debate no les permite desarrollar sus propuestas, que es muy limitado el tiempo que tienen para responder.

En la mayoría de los casos en vez de propuestas se dedicaron a promocionar sus candidaturas y los debates fueron el escenario para atacar al contrincante, desviándose de la pregunta planteada y del tema propuesto.

Alfredo Espinosa, analista político, aseguró que los debates no contribuyen a que el ciudadano vaya a las urnas con un voto informado y que más bien se reduce a un interrogatorio donde el moderador no tiene mayor posiblidad de intervención para la repregunta. Esto se da, dijo, por el excesivo número de candidatos, porque estos no llegan preparados al debate o simplemente por estrategia de los postulantes.

Por su parte Gisella Bayona, periodista que moderó el debate en Quito tanto para Prefecto como para Alcalde, escribió en su cuenta Twitter que la enseñanza es «de qué sirve un comité de debates para elaborar las preguntas cuando los candidatos solo se enfocan en ataques y propaganda política». 

Y eso es lo que dejaron los debates, ataques y propaganda política. Carlos Mota, analista, agregó que es evidente que hay candidatos que no están preparados ejercer el cargo y divagan en sus respuestas con lugares comunes o frases obvias. Manifestó que tras los debates es tiempo de replantear su esquema ya que con el actual no es un debate propiamente dicho.