La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, formuló cargos contra 37 personas y pidió prisión prisión preventiva para todos ellos. Entre los acusados se encuentran el expresidente de la República, Lenín Moreno; su esposa, Rocío González; una de sus hijas y otros familiares de la expareja presidencial.

El presunto delito que se investiga es cohecho en el caso Ina Papers conocido judicialmente como caso Sinohydro. La audiencia de formulación de cargos se cumplió este viernes 3 de marzo de 2023  en la Corte Nacional de Justicia, por el fuero de Corte que goza Moreno.

La investigación de la Fiscalía permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero. Según la Fiscalìa, se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

Salazar agregó la alternativa legal será la de sustitur la prisión preventiva por arresto domiciliario para 14 de los 37 procesados ya que tienen más de 65 años, entre ellos el  exmandatario. Otras medidas solicitadas son la retención de cuentas que mantengan los 37 sospechosos en catorce entidades bancarias; autorización para emitir pedidos oficiales de asistencia penal internacional para que se inmovilicen cuentas en 14 entidades bancarias de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

El juez Adrìán Rojas debe analizar si acepta o no los pedidos de prisión preventiva y arresto domiciliario solicitados por Fiscalía.

Con seis votos a favor y uno en contra, la Comisión que investigó el caso Gran Padrino aprobó el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea el juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso, por estar involucrado presuntamente en un entramado de corrupción en empresas públicas. Sin embargo, en el informe final la Comisión retiró la menciòn de traición a la patria que constaba en el documento borrador como parte de una de las causales para promever el juicio político y se dejó como una da las cusales por «delitos contra la seguridad del Estado».

El documento será remitido a la Fiscalía y a la Contraloría para que, en el ámbito de sus competencias, inicien las investigaciones penales y administrativas, respectivamente, con relación a las actuaciones y hechos que constan en el expediente, y ambas instituciones adopten las medidas pertinentes.

Dentro de las conclusiones, la mesa establece que de las declaraciones del exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, y su ratificación ante la Asamblea, en el sentido que el Presidente de la República, después de leer y conocer la corrupción informada, solicitó que no presente el informe a las autoridades pertinentes, en un intento de obstruir el proceso de investigación y fiscalización política que le compete constitucionalmente a la Asamblea Nacional y también a la Función Judicial.

La titular de la Mesa legislativa, Viviana Veloz (correísta), calificó este día como histórico para el país, porque se trata de establecer la verdad sobre la conducta del presidente Lasso contraria a los intereses de la ciudadanía, tratando de ocultar potenciales conductas ilícitas de su cuñado, Danilo Carrera y de sus funcionarios más cercanos, así como obstruir la labor fiscalizadora de la Asamblea.

Tres recomendaciones son las que la Comisión ocasional que investiga el caso Gran Padrino realizará al Pleno de la Asamblea:

1. Remitir el informe a la Fiscalía y Contraloría para que en el ámbito de sus competencias inicien las investigaciones penales y administrativas respectivamente con relación a las actuaciones y hechos que constan en el expediente, y adopten las medidas pertinentes.
2. Enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución, que prevé como causal de censura y destitución el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, pues existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria, previsto en el artículo 353 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal.
3. Enjuiciar políticamente al Jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, pues la conducta analizada se adecúa al cometimiento de delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión, considerando que, a través de los actos perpetrados y que han sido expuestos en el informe, dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y destitución.

El informe borrador fue entregado a los integrantes de la Comisiòn ocasional y mañana 1 de marzo de 2023 se tiene previsto debatir el contenido y aprobarlo para que sea conocido por el Pleno de la Asamblea.

La aprobaciòn del informe por parte del Pleno no implica obligatoriamente que automaticamente el Primer Mandatario vaya ser llamado a juicio polìtico. Así lo explicó la legisladora del correísmo Marcela Holguín, quien aseguró que para iniciar una interpelación al primer mandatario primero uno de los legisladores tiene que presentar una solicitud con 46 firmas de resplado, indicando las causales y adjuntando las pruebas.

Esa solicitud será remitida a la Corte Constitucional para que emita su dictamen de admisiblidad, en cuyo caso la solicitud regresa a la Asamblea con todo el expediente para que sea tramitada por la Comisión de Fiscalización que deberá presentar un informe recomendando el juicio polìtico o el archivo de la causa. Para aprobar una moción de censura y destitución se necesitan 92 votos.

El legislador oficialista Gruber Zambrano, integrante de la Comisión, manifestó que no hay pruebas en contra del Primer Mandatario y que el informe fue elaborado sin conocimiento de los demás miembros de la Comisión. Anticipó también que presentará un informe de minoría.

La Conaie mantuvo ayer su consejo ampliado donde por más de 11 horas analizó el cumplimiento de los acuerdos logrados en las mesas de diálogo con el Gobierno tras el paro de junio de 2022; los resultados de las elecciones seccionales y consulta popular; la situación de la bancada y del Movimiento Pachakutik; la investigación del caso Gran Padrino que se cumple en la Asamblea sobre posibles vínculos de personajes cercanos al Gobierno con corrupción en las empresas pública y con la mafia albanesa, entre otros temas.

Tras la extensa reunión los dirigentes resolvieron exigir al Presidente Guillermo Lasso que renuncie al cargo y que no recurra a la muerta cruzada; a la Asamblea le piden que dé paso el juicio político al mandatario, entre otros temas. Estas son las resoluciones adoptadas:

1. Saludar los resultados obtenidos por Pachakutik (su brazo político) en las elecciones seccionales que les convierte en la segunda fuerza política del país y reconocer la contundente victora del NO en la consulta popular.
2.  Romper el proceso de diálogo que se inició a raíz del paro de junio de 2022 y retirarse de la mesa de seguimiento de resultados que estaba instalada.
3. Ratificarse en la demanda de 10 puntos que generó el paro de junio de 2022.
4. Declararse en asamblea y movilización permanente; radicalizar la lucha en los territorios en defensa de sus demandas históricas. Participar de manera activa en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; y el 28 de marzo en la entrega de la Ley de Aguas a la Asamblea.
5. Exigir al Presidente Guillermo Lasso que por dignidad, por su incapacidad para gobernar, presente la renuncia al cargo y dé un paso al costado frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano de supuestos actos de corrupción en las empresas públicas donde estaría involucrado su cuñado, Danilo Carrera; ademàs por sus presuntos vínculos con el narcotráfico en el caso «Encuentro».
6. Exhotar la la Comisión ocasional que tramita el caso encuentro, a la Asamblea, a la Corte Constitucional, y, especialmente, a la bancada de Pachakutik, aplicar con rigurosidad los mecanismos jurídicos y constitucionales y se dé paso el juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso.
7. Declararse en alerta frente a cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente Guillermo Lasso, por lo que no permitirán que disuelva Funciones del Estado (muerte cruzada) para gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades no permitirán «una dictadura» y si se da la muerte cruzada se declararán en levantamiento y paro nacional.
8. Convocar a la asamblea popular y a sus organizaciones para analizar  la realidad del país e implusar un pliego de demandas.
9. Rechazar las intenciones del Gobierno de dividir las estructuras organizativas de la CONAIE.
10. Declararse en defensa territorial, hacer un llamado a las guardias comunitarias para que estén en alerta máxima de sus territorios frente al avance de la minería.
11. Rechazar la persecución y criminalización a defensores de la naturaleza.
12. En el marco de la lucha de las mujeres y de la solidaridad con los pueblos de Perú, convocar el 8 de marzo a concentrarse en la gran movilización nacional en Quito, para seguir luchando contra todas las formas de opresión.
13. Convocar a pueblos y nacionalidades a la gran movilización del 28 de marzo para entregar el proyecto de Ley de aguas a la Asamblea.
14. Convocar a las estructuras organizativas de la Conaie y adherentes de Pachakutik a mantener la unidad del movimiento indígena. Proponer a Guillermo Churuchumbi  como candidato a la coordinación nacional del Movimiento.

El Ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechazó la actitud de los dirigentes de la CONAIE y de la FENOCIN que resolvieron romper el diálogo con el Ejecutivo y levantarse de las mesas de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos logrados en ese diálago. Leonidas Iza, de la CONAIE, y Gary Espinoza, de la FENOCIN, argumentaron que el Gobierno no ha cumplido con los 218 acuerdos logrados tras el paro de junio de 2022 a través de las mesas de diálogo.

Sin embargo, Cucalón aseguró que el proceso de ejecución de esos acuerdos llega al 90%. Puso como ejemplo la duplicación del presupuesto para la educación intrercultural bilingüe; reestructuración y refinanciamiento para micro créditos y créditos productivos de hasta $3.000, mayor acceso a la educación superior de jóvenes indígenas, entre otros datos.

El Ministro aseguró que del lado del Gobierno no se rompe el diálogo ni con las organizaciones sociales e indígenas, ni con sectores productivos, ni con otros actores políticos.

Sin embargo, la dirigencia indígena se mantiene en su decisión ya que asegura que el proceso no ha logrado los resultados esperados en la ejecución de esos acuerdos ya que el Gobierno pone como interlocutor a funcionarios sin poder de decisión.

Quito, Pichincha.- La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), informó que se retirará de las mesas de seguimiento a los 218 acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con el Gobierno, tras el paro nacional de junio, 2022.

En rueda de prensa realizada la mañana de este jueves 23 de febrero, Gary Espinoza, titular de esta organización, junto a otros dirigentes, anunció su rechazo al Gobierno por incumplir los acuerdos alcanzados en el diálogo nacional. El dirigente dio a conocer las resoluciones adoptadas en la asamblea ampliada de la FENOCIN realizada el pasado 17 de febrero en Quito.

#ATENCIÓN | @GARYSPINOZA presidente de la @fenocinecuador dio a conocer q se retiran de las mesas técnicas conformadas entre el movimiento indígena y el Gobierno para dar seguimiento a los 218 acuerdos, y no descartan iniciar movilizaciones junto a la @CONAIE_Ecuador y @FEINE_EC pic.twitter.com/UChw3lakBv

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 23, 2023

«Pedimos a la Asamblea Nacional que desde el ámbito político tomen las acciones necesarias y, de ser el caso, inicien el juicio político y la destitución del presidente Guillermo Lasso», aseguró Espinoza.

Además mencionó que La FENOCIN no será parte del acuerdo nacional convocado por Lasso y le exigió que ofrezca disculpas públicas a los ecuatorianos que votaron No en la consulta popular por haberlos tratado de «narcotraficantes». Pidió a sus organizaciones de base y organizaciones fraternas prepararse y estar listos para el llamado a las acciones de lucha en contra del Gobierno.

Espinoza resaltó que prevén mantener una reunión con la dirigencia de la CONAIE y FEINE (Leonidas Iza y Eustaquio Toala), a fin de definir una fecha para el inicio de acciones de movilización.

Por su parte Margarita Arotingo dirigente del movimiento indígena, manifestó que en la asamblea se analizó uno a uno los 218 acuerdos alcanzados; sin embargo, ninguno se ha cumplido por lo que calificó de burla lo que el Gobierno ha realizado con el movimiento indígena con quién se sentó a dialogar para no cumplir los acuerdos.

Aseguró que uno de los principales requerimientos de esta organización fue la condonación de las deudas, lo que no se ha cumplido y más bien se estarían quitando bienes a los deudores.

Ante estos problemas, insistió en que las organizaciones se volverán a levantar en las calles en defensa de sus derechos.

La fiscal Diana Salazar informó que en los avances de una investigación abierta en marzo de 2019, sobre una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroélectro Coca Codo Sinclair, conocida como InaPapers, ha solicitado fecha y hora para formular cargos contra 37 personas por presunto cohecho, entre ellos el expresidente Lenin Moreno y algunos de su familiares, como su esposa y una de sus hijas.

El caso judicialmente se conocerá como Sinohydro y las irregularides se habrian presentado entre 2009 y 2018. El pedido está dirigido a la Corte Nacional de Justicia al estar involucrado el exprimer mandatario que tiene fuero de Corte, aunque  el delito lo habría cometido cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

El monto del presunto cohecho sería de 76 millones de dólares. El valor de la obra estaba fijado en 1.979 millones pero llegó a costar 2.245 millones. «Esas decenas de millones de dólares en coímas habrian sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación canceladas por medios de dádivas, cheques y transferencias», dijo la fiscal.

La respuesta de Moreno 

A través de un comunicado público subido a su cuenta Twitter con el título «Combatí frontalmente la corrupción y hoy se anuncia un proceso de formulación de cargos”, Moreno afirma que sorprende la coincidencia de la actuación de la Fiscalía mientras el país pasa por momentos complejos y el correísmo se ha  declarado ganador de las elecciones seccionales y la mayor fuerza política del país. Asegura que no tuvo ninguna responsablidad en la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana ya que el proyecto estuvo a cargo de las autoridades competentes de ese entonces mientras él ejercía sus funciones como Vicepresidente con la única competencia de sacar adelante la el programa Manuela Espejo.

Moreno asegura que respetará la institucionalidad del Estado y se defenderá en apego a la verdad para que no quede la menor duda de «mi inocencia y de la de mi familia».

La Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el caso «El gran Padrino» solicitará que se autorice una prórroga de 10 días para presentar los resultados de la investicación, donde estarían involucrados en presuntos actos de corrupción gente del círculo cercano del Presidente de la República, Guillermo Lasso.

El plazo inicial para entregar el informe estaba previsto para el 23 de febrero, tras el feriado de Carnaval; sin embargo, los comisionados aseguraron que han surgido nuevos hechos alrededor de este caso por lo que se hace necesario contar con nuevas comparecencias.

El viernes compareció la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, quien informò que se dispuso el traslado – de Manabí a Quito – del expediente sobre el informe reservado realizado por la Policía Antinarcóticos, el cual fue archivado. Salazar no descartó que dependiendo de los elementos, el caso que detalla ese informe reservado -nexos con mafia albanesa- se puede reabrir.

La Fiscal advirtió que sobre ese informe de la Policía Antinarcóticos hay doble reserva por lo que se ha iniciado una investigación previa para determinar los motivos y las personas involucradas en la filtración de la información. Añadió que el informe que se difunde en las redes sociales y en los medios de comunicación difiere en la forma del que reposa en la Fiscalía, pero no dijo nada sobre el contenido.

«No confundan libertad de expresión con libertinaje», ese es el antetítulo de un comunicado difundido esta tarde por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. El título del comunicado asegura que «El Gobierno rechaza falsedades que buscan caotizar al país».

La reacción del Ejecutivo se da luego de que el medio digital La Posta difundiera parte de un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos, que había tenido el carácter de reservado, en el que se involucra a exfuncionarios del Gobierno y al cuñado del Presidente Guillermo Lasso, con un capo de la mafia albanesa, organizaciòn criminal dedicada al narcotráfico.

«Un medio de comunicación digital y algunos acólitos sensacionalistas han publicado cualquier historieta absurda violando la libertad de expresión garantizada por la nueva Ley de Comunicación», consta en el texto del comunicado.

Agrega que el documento publicado por La Posta era un informe reservado y que se omite decir que su contenido fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial, por falta de méritos hace casi un año. Y advierte que podrían venir responsabilidades por la publicación de ese informe.

En la noche el Presidente Guillermo Lasso ratificó la advertencia en cadena nacional. Aseguró que su paciencia tiene un límite y trató de descalifcar el trabajo en general realizado por La Posta a través de varios reportajes. Los llamó «mercenarios del entretenimiento noticioso», «terroristas mediáticos», y los vinculó con alias «Fito» y «Junior» por sus reportajes que hicieron sobre la situación carcelaria. «A los malcriados hay que pararlos a raya», manifestó Lasso.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, no asistió a la Comisión ocasional que investiga el caso “Gran Padrino” con el argumento de que tenía planificada su agenda con anticipación.

La excusa fue remitida a la Comisión por el secretario Jurídico de (e) de la Presidencia, Jhossueth Almeida.

La Comisión ocasional investiga presuntos actos de corrupción de gente cercana al Primer Mandatario , presuntamente liderados por su cuñado Danilo Carrera, por lo que fue convocado la mañana del lunes 13 de febrero para que aclare estos supuestos actos de corrupción en las empresas públicas ligadas al sector eléctrico.

#URGENTE | @LassoGuillermo No compareció ante la @AsambleaEcuador en el caso #ElGranPadrino. "Parece que al presidente no le importa dilapidar la poca credibilidad que le queda por proteger su círculo cercano", manifestó @VivianaVeloz18, presidenta de la comisión @ElGranPadrinoAN pic.twitter.com/f4Xi4rkYow

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 13, 2023

La presidenta de esta mesa Legislativa, Viviana Veloz (UNES), aseguró que la ausencia de Lasso “afecta a darle transparencia al país (…) la transparencia da certezas, y al parecer al presidente de la República no le importa dilapidar la poca credibilidad que aún tiene, con la única finalidad de proteger a su vínculo más cercano: su gran cuñado Danilo Carrera», enfatizó, al tiempo que advirtió que tendría 10 días para comparecer y aclarar a la ciudadanía los supuestos actos de corrupción y «darle verdad al país», dijo Veloz.

Agregó que en estos 10 días la Comisión concluirá con el informe no vinculante que será puesto en conocimiento del Pleno del Legislativo para que tome una resolución. El plazo para la entrega del informe vence el 23 de febrero próximo pero los comisionados pueden pedir una prórroga.

Luego de un pequeño receso, Anderson Boscán, periodista del medio digital La Posta, presentó 35.000 documentos entre los que se incluyen contratos, anexos, informes y transcripciones de llamadas telefónicas.

#URGENTE || Luego que el medio digital @LaPosta_Ecu denunció la vinculación del cuñado del presidente @LassoGuillermo y funcionarios del Gobierno en actos de corrupción, en el caso #ElGranPadrino, el periodista @AnderssonBoscan comparece ante la comisión de la @AsambleaEcuador. pic.twitter.com/pkKHw93hJt

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 13, 2023

“Esto ya no se trata de un caso de corrupción política, pasó de los delincuentes de cuello blanco, al de las mafias internacionales”, advirtió al tiempo que dió a conocer que existiría un informe reservado de la Policía Nacional de su unidad antinarcóticos, que describe una estructura dedicada al narcotráfico, dónde se involucraría a la mafia albanesa; informe que habría sido cerrado sin un sustento legal, el 17 de enero de 2022 por orden del general de la Policía, Geovanny Ponce, subrayó Boscán.

14 oficiales habrían conformado este equipo dentro de la investigación realizada por la dirección general de Inteligencia de la Policía Nacional, y dirigida por el teniente coronel de la Policía, José Luis Erazo, quienes habrían sido removidos de sus cargos y dados el pase a diferentes provincias.

Finalmente responsabilizó al Gobierno por su seguridad y la seguridad de su familia y la familia de quienes realizaron la investigación.