La tarde de este jueves, el Pleno de la Asamblea posesionó a Graciela Mora, Marlene Molestinos, Catalina Pérez; y, Mauricio Gallardo, Carlos Figueroa, Aland Molestina, y Teddy Tama como consejeras y consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana.

Esto tras la destitución por parte de la Corte Constitucional de los siete consejeros principales por incumplimiento de sentencia, lo que obligó a renovar a las autoridades de Participación, organismo que no ha podido sesionar por falta de quórum.

Tras la toma del juramento de rigor por parte del presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela y la respectiva suscripción de actas, los consejeros quedaron legalmente posesionados y prometieron por su honor cumplir fielmente las funciones otorgadas por la Constitución y la Ley.

Los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana permanecerán en sus cargos hasta el 14 mayo 2023, fecha en que deben asumir los consejeros electos el 5 de febrero.

Hasta entonces y tras la posesión de los consejeros que seguían en votaciòn obtenida el 2019, ese organismo deberá sesionar y nombrar a sus autoridades y continuar con los precesos de selección de autoridades.

Quito, Pichincha.- Ángel Lindao, Juan Carlos Terán Moreno, Mary Quintero, José Alarcón y Emerson Curipallo son los nombres de cinco jueces que el Presidente de la República, Guillermo Lasso, difundió en cadena nacional, por presuntamente estar involucrados en actos de corrupción.

La noche de este martes 7 de febrero, Lasso dio a conocer las acciones que implementará su Gobierno para dar seguimiento a las actuaciones de los «malos jueces» que actuarían a favor de la delincuencia organizada. Las medidas adoptadas son:
1. Poner una queja formal ante el Consejo de la Judicatura, por las actuaciones de jueces que favorecería al crimen organizado.
2. Denunciar a «malos jueces» ante Fiscalía General del Estado (FGE); y
3. Exponer públicamente los nombres de los «malos jueces» y sus casos.

«Los temas fueron tratados por el COSEPE, la semana pasada», mencionó Lasso, al tiempo que enumeró los nombres, unidades judiciales y procesos polémicos de dichos jueces.

El primer mandatario aseguró que Lindao, exjuez del cantón La Concordia, quien fue destituido por el Consejo de la Judicatura por manifiesta negligencia, «tramitó acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante» (…) «dio orden de liberar al asesino de un concejal que solo había cumplido 2 de los 24 años».

Sobre Terán, juez del Guayas, informó que «firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos, revocó prisión preventiva a 5 arrestados por posesión de armas y sustancias ilícitas; declaró inocentes a 2 figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales».

Mientras que de Quintero y Alarcón, de Manta, les señaló como responsables de ratificar la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía de más de 1 año. “Un caso incluso coordinado con la DEA de Estados Unidos. Pero los jueces los declararon inocentes».

Sobre Curipallo dijo que «ha firmado más de 15 boletas de excarcelación, extendió los efectos de medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 20 años, un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años».

Anticipó que el Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, presentará mañana la queja ante el Consejo de la Judicatura y la denuncia ante la Fiscalía, para que esté organismo inicie las investigaciones pertinentes. Además, les dijo a los jueces corruptos que esto les sirva como advertencia ya que «seguimos vigilando, investigando, exponiendo y actuando sin miedo para hacer justicia. La lucha por la seguridad es una cruzada nacional», sentenció Lasso.

Una vez realizada la elección del Consejo de Participación Ciudadana y con más del 96% de actas escrutadas, los resultados permiten anticipar que será un organismo donde no haya mayoría. El organismo se integra por siete consejeros y se necesitan de cuatro de ellos para tomar decisiones en el Pleno.

A pesar de que la norma señala que los consejeros no deben pertenercer o militar en alguna organización política, el correísmo llegará a este espacio con tres de sus simpatizantes: Augusto Verduga, Alembert Vera y Yadira Saltos. También integrarán el Consejo, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni, a los que promocionó Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano.

Los otros dos integrantes no se han identificado abiertamente con alguna organización política en particular. Se trata de Mishelle Calvache y Johanna Verdesoto.

A los que les fue mal 

Cinco de los siete consejeros del Consejo de Participación que fueron destituidos por no cumplir una sentencia de la Corte Constitucional buscaban la reelección; pero no fueron favorecidos por el voto en las urnas. Ibeth Estupiñán apenas obtuvo un 2,71% de la votacion; María Fernanda Rivadeneira, 4,16%; David Rosero, 6,05%; Juan Javier Dávalos, el 2,25%; y Francisco Bravo, el 9,54%.

Este viernes 3 de febrero, el volcán Cotopaxi registró emisiones continuas de gases y ceniza de hasta 1.5 km de altura sobre el nivel del cráter, lo que provocó la caída de ceniza en localidades de Quito y Mejía, en la provincia de Pichincha, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).

Según esta institución, con corte a las 16:00, hubo reportes de caída de ceniza en las parroquias Guamaní, Turubamba, Chillogallo, La Ecuatoriana, Quitumbe y Conocoto, en Quito. Y en las parroquias Tambillo, Machachi, Aloasí y Alóag del cantón Mejía.

Este jueves 2 de febrero de 2023 se cumplió en el país la votación de las Personas Privadas de Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada para las Elecciones Seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y consulta popular.

En total sufragaron 573 detenidos, aunque estaban habilitadas para hacerlo 5.497 personas en 60 juntas receptoras del voto. La jornada se desarrolló en 35 cárceles en 20 provincias. Según Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, más de 2.500 militares desplegaron dispositivos de seguridad en los exteriores de los centros penitenciaros y alrededor de 1.570 policías contribuyeron con la seguridad del material electoral.

“Desarrollamos los sufragios bajo estrictos protocolos técnicos y logísticos, que garantizan un ejercicio cívico confiable”, indicó. El escrutinio de los votos recibidos en los Centros de Privación de Libertad, lo realizarán las Juntas Provinciales Electorales, el domingo 5 de febrero, pasadas las 17:00.

Fue el arranque de las votaciones en el país. Para este viernes 3 de febrero corresponde el «voto en casa» para los ciudadanos mayores de 50 años con discapacidad igual o superior al 75%. En esta modalidad se han registrado 711 electores a escala nacional.

Mientras que el 5 de febrero se cumplirá el proceso electoral a escala nacional. Las autoridades recordaron que desde las 00:00 de este viernes y hasta el domingo a las 17:00 regirá el periodo de silencio electoral, lapso en el que está prohibido la difusión de cualquier tipo de información emitida por las instituciones públicas, así como la difusión de propaganda electoral, la difusión de encuestas, opiniones o imágenes que puedan incidir en la opinión del elector. También queda prohibida la realización de mítines, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral.

Mientras que a partir de las 12:00 del viernes 3 de febrero y hasta las 12:00 del lunes 6 de febrero de 2023, no se permitirá la venta, distribución, o el consumo de bebidas alcohólicas.

Este domingo el país vivirá una nueva jornada electoral. Como parte de este proceso, los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre ocho preguntas que impulsa el Ejecutivo a través de la consulta popular. Thelos.ec presenta el contenido de esas ocho preguntas como aporte a un voto informado.

PREGUNTA 1

La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1?

SÍ                                  NO

PREGUNTA 2

Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales.

¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendado la Constitución de acuerdo con el anexo 2?

SÍ                                   NO

PREGUNTA 3

En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas.

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3?

SÍ                                     NO

PREGUNTA 4

Actualmente existen 272 movimientos políticos en Ecuador.

¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo, equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?

SÍ                                  NO

PREGUNTA 5

El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades.

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS  e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5?

SÍ                                    NO

PREGUNTA 6

El CCPCS ES UNA entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal.

¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?

SÍ                                 NO

PREGUNTA 7

La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica.

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?

SÍ                                 NO

PREGUNTA 8

La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales.

¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8?v

SÍ                             NO

La Corte Constitucional aceptó el veto total por inconstitucionalidad que impuso el presidente Guillermo Lasso al proyecto de Ley derogatorio de la reforma a la Ley tributaria. En noviembre de 2022 el pleno de la Asamblea aprobó con 100 votos a favor derogar esa Ley que había entrado en vigencia por el ministerio de la ley a finales del 2021, luego de que la bancada correísta se abstuvo de votar.

La Corte declaro procedente la objeción  presentada por el Ejecutivo tras verificar que la Asamblea inobservó el artículo 135 de la Constitución, relativo a la iniciativa privativa del presidente de la República para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Con la sentencia se archiva definitivamente ese proyecto de Ley derogatorio que fue impulsado por sectores de oposición.

En un comunicado, el Gobierno saludó y calificó de responsable la decisión de la Corte ya que asegura se ratifican sus argumentos relacionados a que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de Ley en materia de impuestos. Según el Gobierno, con la decisión de la Corte se precautelan cerca de 1.000 millones de ingresos para el Estado.

Karina Izurieta Dávila, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, dio a la Asamblea un plazo no mayor a 72 horas para que posesione a los miembros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana.

Además, dispone que la Legislatura se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a dilatar la ejecución de esta resolución «bajo apercibimiento de las sanciones establecidas en el Artículo 22, numeral 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional».

Ese numeral establece que «en caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el remplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones».

La resolución judicial nace como consencuencia de las medidas cautelares otorgadas a la consejera del Consejo de Participación, Gina Aguilar Ochoa, quien interpuso el recurso al considerar que la Función Legislativa ha incumplido su deber constitucional de posesión desde el año 2021.

«La consejera Aguilar quiere cumplir con el mandato para el cual fue elegida, no obstante, no lo puede desarrollar porque el pleno del CPCCS no puede sesionar debido a la ingobernabilidad existente por la destitución de sus integrantes. Con este recurso legal, el objetivo es que se le devuelva la institucionalidad al CPCCS y, a partir de allí, poder sesionar”, manifestó Diego González, abogado de Aguilar.

El pleno del Consejo de Participación no ha podido sesionar desde que la Corte Constitucional ordenó la destitución de los siete consejeros principales por incumplimiento de setencia de ese organismo, que disponía la pronta designación del presidente del Consejo de la Judicatura.

Al momento solo dos de los siete consejeros suplentes han sido posesionados y están en funciones: Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar. Para que el CPCCS pueda sesionar requiere de la presencia de al menos cuatro consejeros. La Asamblea debe llamar a los candidatos más votados en las elecciones de 2019 para que asuman los cargos, pero, según manifestó Virgilio Saquicela, presidente de esa Función del Estado, primero quiere que el Consejo Nacional Electoral certifique a quién se debe posesionar ya que varios de los elegibles están de candidatos.

28 candidatos, 22 hombres y 6 mujeres, estarían presuntamente vinculados a delitos de narcotráfico, minería ilegal y otros delitos conexos según la denuncia que el ministro del Interior, Juan Zapata, presentó hoy a la Fiscalía General del Estado.

Zapata informó que de las 28 personas, 21 se postulan para alcaldes, tres para prefectos y cuatro a concejales. Las candidaturas se han presentado en 11 provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Azuay y Sucumbíos.

«La información que entregamos ahora es valiosa porque alimenta ocho investigaciones previas que ya realiza la Fiscalía, la Policía Nacional brindará la colaboración necesaria», manifestó el ministro.

Agregó que el documento se sustenta en trabajos de investigación e inteligencia realizado por miembros de la institución policial. “El informe que entregamos contiene nombres, dignidad a la que postulan y el partido al que pertenecen”, refirió.

En tanto, el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, manifestó que para la elaboración del informe se recabó información de fuentes humanas, fuentes abiertas y de otras investigaciones que ya estaban en curso. “Nuestra obligación es poner a orden de la justicia la información recabada”, expresó.

Con puntualidad asistió Álvaro Román la mañana de este miércoles 25 de enero al Consejo de la Judicatura para asumir como presidente encargado del organismo, por disposición del auto de seguimiento de sentencia de la Corte Constitucional. Desde hace casi un año el cargo fue asumido de manera temporal por el vocal Fausto Murillo.

Román manifestó que es importante trabajar en los ejes de capacitación de los jueces, la interculturalidad, perspectiva de género, modernización entre otras. Agregó que el proposito es cumplir transformación en el sistema de administración de Justicia pensando en la ciudadana, por lo que es necesaria la coordinación con otras funciones del Estado. «Al ser representantes del Estado tenemos que dar ejemplo a la ciudadanía, dar ese ejemplo que no tener malas prácticas que llevan a actos de corrupción», mencionó.

El nuevo titular de la Judicatura dijo que el organismo debe preocuparse del personal que está ligado a la institución, como jueces, defensores públicos y fiscales, que son la razón de ser de la entidad. «El Consejo de la Judicatura solamente es el complemento admnistrativo y disciplinario y deberíamos cambiar el imaginario para ya no hablar del Consejo de la Judicatura como tal, sino de la Función Judicial», manifestó.

Pleno destituye a juez 

Con Román como presidente encargado, el Pleno de la Judicatura se reunió en sesión extraordinaria y destituyó del cargo al juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia, Ángel Lindao Vera, por haber incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia, por su actuación en la acción de protección planteada por Leandro Norero, líder narcotráficante que el año pasado fue asesinado en uno de los motines carcelarios. Lindao había ordenado que se le devuelvan los bienes incautados.

El polémico juez dictó controversiales medidas en otros casos. Fue quien restituyó a los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana que habían sido destituidos por la Legislatura y dictó medidas cautelares contra la Asamblea. Pero antes de su destitución esta tarde, Lindao revocó esas medidas cautelares.

Además, el 20 de enero del 2023, ordenó que se deje en libertad a Wilson Ruiz, sentenciado a 24 años de prisión por el crimen del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga, y dispuso que se presente cada mes ante una autoridad.