Con la presencia del Presidente de la República, Ministros de Estado, Cuerpo Diplomático acreditado en el país y de las autoridades del Consejo de la Judicatura, se cumplió la presentación de los 14 jueces que conocerán exclusivamente casos de corrupción y crimen organizado.

Es la primera vez que el país cuenta con magistrados cuya labor será la de juzgar 44 delitos especiales como etnocidio, exterminio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tráfico de órganos, explotación sexual de personas, pornografía con utilización niños o adolescentes, peculado enriquecimiento ilícito, entre otros.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, destacó que «es un hito en el sistema de Justicia del país» ya que son jueces con conocimiento técnico especifico, y una experiencia concreta.

Los magistrados seleccionados participaron en el concurso de méritos y oposición a cargo del Consejo de la Judicatura y tras aprobar esa fase fueron capacitados en formación inicial en la Escuela de la Función Judicial, capacitación que también fue calificada. Los 14 que obtuvieron los mayores puntajes en total asumieron como flamantes jueces anticorrupción.

Debra Hevia. Ministra Consejera de la Embajada de los Estados Unidos, aseguró que la lucha contra esos delitos es una tarea de todos por lo que Ecuador cuenta con el respaldo de su país en este tipo de iniciativas.

Los 14 jueces anticorrupción que asumieron sus funciones son:

1.- Silvana Lorena Velasco Velasco.

2.- Lauro Fernando Sánchez Salcedo.

3.- Renán Eduardo Andrade Castillo.

4.- Byron Leonardo Uzcátegui Arregui.

5.- Clara Elizabeth Soria Carpio.

6.- Vicente Fernando Hidalgo Maldonado.

7.- Esteban Israel Coronel Ojeda.

8.- Carlos Patricio Serrano Lucero.

9.- Mario Andrés Muñoz Bayas.

10.- Mabel del Pilar Tapia Rosero.

11.- Wiler Fabricio Choez Avilés.

12.- Cristian Álex Fierro Fierro.

13.- Jorge Sánchez Pico.

14.- Gabriela Cossette Lara Tello.

El juez de La Concordia, Ángel Lindao, ordenó a la Asamblea Nacional que ofrezca disculpas públicas a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán por haberlos destituidos sin respetar el debido proceso ni la seguridad jurídica.

Es parte de la sentencia que dictó el juez al aceptar la acción de protección en la que, además, deja sin efecto la destitución de los cuatro consejeros de mayoría y dispuso la nulidad absoluta del juicio político realizado por la Asamblea.

En su argumentación el juez ordenó que se coloque una placa en la entrada de la Asamblea y un banner en el salón plenario con el texto: “ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

Lindao considera que el juicio político se cumplió sin que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea haya presentado algún informe en el que recomiende que se siga la interpelación, que se la archive o un informe de posiciones de los integrantes de esa Mesa Legislativa.

Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, destacó la resolución del juez: “El poder de la ciudadanía ha ganado al poder político que ha pretendido ofender a nuestra institución y meter la mano a los concursos (…)Esto será un ejemplo de que ninguna autoridad está por encima del control constitucional”, manifestó.

El Presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó a la Asamblea el proyecto de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en el combate al crimen organizado sin necesidad de recurrir a los estados de Excepción.  En su discurso Lasso manifestó que el país enfrenta una batalla contra los mafiosos, contra el narcotráfico y hasta con la narcopolítica.

El Primer Mandatario envió la reforma parcial del artículo 158 en el que propone que se agregue el siguiente texto: «Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.

Durante su discurso cuestionó en varios términos a la Asamblea y pidió a este poder del Estado que deje de lado los intereses políticos, particulares y partidistas en beneficio de la seguridad de todas las familias ecuatorianas a través de la aprobación de esta reforma que si en la Legislatura obtiene los 70 votos necesarios deberá pasar a consulta popular.

“Este es un paso importante. La Asamblea no le puede dar las espaldas a miles de ciudadanos que se ven atemorizados al ver en riesgo su seguridad y la paz de sus familias. Día tras días mueren en el Ecuador muchos ciudadanos y no son simplemente una estadística son padres de familia, madres, hijos inclusive niños que los utilizan de escudo”, dijo. También le dijo a la Legislatura que es la oportunidad de reivindicarse con el pueblo. La entrega del documento lo realizó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en medio de una evento desordenado y caótico.

Saquicela aseguró que se dará el tratamiento previsto en la Ley y manifestó que la Legislatura no tienen que reivindicarse ya que cumple con su rol de fiscalizar y legislar.

El incremento de infecciones respiratorias en el país y del COVID 19, registrado en las últimas semanas, obligaron al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) a emitir la resolución en la que se determina la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios cerrados a escala nacional.

Según el reporte del Ministerio del Salud, del 6 de noviembre al 3 de diciembre  aumentaron los casos de COVID-19 progresivamente en Guayas y Pichincha. Sin embargo, no existe incremento, a la fecha, de hospitalizaciones ni de mortalidad.

El Ministro de Salud, José Ruales, informó que por lo general entre noviembre y marzo se registran brotes estacionales de enfermedades respiratorias agudas lo que no ocurrió en los dos últimos años por las medidas de bioseguridad y aislamiento a causa de la pandemia del coronavirus, pero con el regreso a la normalidad se registran nuevamente los niveles de esas infecciones a la que se suma el coronavirus.

Con estos argumentos el COE emitió las siguientes directrices:

• Uso de mascarilla de manera obligatoria en espacios cerrados, lugares poco ventilados y donde no se mantenga el distanciamiento, por ejemplo, trabajo, transporte público, aulas, etc.
• Uso de mascarilla de forma obligatoria en entidades sanitarias, hospitales, centros de salud y laboratorios.
• Uso de mascarilla de manera obligatoria las personas que presenten sintomatología respiratoria.
• Recomendar el uso de mascarilla en lugares abiertos donde se realicen eventos masivos y aglomeraciones.
• Mantener medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de alcohol gel y distanciamiento.
• Recomendar a la población realizarse pruebas de Covid-19 frente a cualquier sintomatología respiratoria.
• Realizar aislamiento voluntario durante cinco días a partir del inicio de la sintomatología respiratoria a prueba positiva de Covid o influenza.
• Utilizar mascarilla por cinco días tras el aislamiento.
• Aplicarse las dosis de refuerzo de Covid-19 y la vacuna de influenza a personas mayores de 65 años, niños entre seis meses y seis años y mujeres embarazadas.
• Disponer al Ministerio de Salud activar los equipos de pronta respuesta para el control epidemiológico de puntos calientes para Covid-19.
• Disponer al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación emitir las directrices correspondientes, justificar la inasistencia de trabajadores, alumnos y personal docente mientras presentan sintomatología respiratoria.

El Ministerio de Turismo dio a conocer la lista de días feriados que se aplicarán en Ecuador entre el 2023 y el 2025. En la reforma a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo, vigente desde el 2016 y conocida como «Ley de Feriados», se determinó cómo se iban a establecer los días de descanso anualmente para que estos no queden a voluntad del Gobierno de turno sino que sean establecidos a través de la Ley. El ministro de Turismo, Niels Olsen, indicó en su cuenta Twitter que el objetivo de publicar el calendario de feriado de los próximos tres años es que la ciudadanía pueda planificar con tiempo sus vacaciones.

Estos son los días de feriado en los próximos tres años:

La designación de Roberto Romero von Buchwald  como Superintendente de Bancos levantó una nueva puga entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional.

Entre la medianoche del viernes 2 de diciembre y la madrugada del sábado 3 de diciembre de 2022, los cuatro consejeros de mayoría: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira nombraron a Romero, integrante de la terna remitida por el Ejecutivo, como nuevo Superintedente.

El designado es economista especializado en Finanzas y Banca, cuenta con dos maestrías en Administración de Empresas, y en Dirección Comercial Marketing, además de un diplomado en Inclusión Financiera. Actualmente es el presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares Solidarias y, a lo largo de su carrera, se ha desempeñado en diferentes empresas nacionales y multinacionales como Cardiocorp, Ban Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Banco del IESS, Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Banco Nacional de Fomento, Conecel S.A., Otecel S.A., Andinatel y AFP Génesis.

Conforme la normativa el Consejo notificará con la resolución a la Asamblea para que proceda a la posesión del nuevo titular de la Superintendencia de Bancos, y solo desde ese instante podrá ejercer sus funciones.

Sin embargo, en la Asamblea cuestionaron que los cuatro consejeros de mayoría sigan en funciones ya que fueron destituidos por el Pleno de ese organismo, aunque una medida cautelar dictada por un juez de La Concordia los reintegró a sus cargos, lo que no es reconocido por gran parte de los asambleístas.

COMUNICADO || La Asamblea Nacional, ante lo dictado por el juez Ángel Lindao en La Concordia, comunica a la ciudadanía e institucionalidad del país, que no permitirá la injerencia de ninguna Función del Estado y seguirá actuando de conformidad con la Constitución y la Ley. pic.twitter.com/Zq3yRuE5F8

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 3, 2022

En el comunicado firmado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente); Darwin Pereira, de Pachakutik; Esteban Torres, del Partido Social Cristiano; Marcela Holguín, del correísmo; Mauricio Zambrano, también del correísmo; Amanda Ortiz, independiente; Marlon Cadena, de un sector de la Izquierda Democrática; y Augusto Guamán, independiente, aseguran que no reconocerán ningún acto o resolución de funcionarios destituidos por la Asamblea por ser decisiones ilegítimas, ilegales e ilícitas.

El comunicado tuvo una respuesta casi inmediata por parte del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, quién expresa que la Asamblea debe respetar la Constitución. Además responsabiliza a Saquicela y a quienes respaldan el comunicado de la Legislatura de las consecuencias institucionales que se puedan dar al no posesionar al Superintendente de Bancos.

El Pleno del Consejo de la Judicatura concluyó el proceso de selección de los primeros jueces especializados para la lucha contra la corrupción en el Ecuador. La Judicatura nombró a los 14 jueces de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, que funcionará en Quito.

El Presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, y los vocales Juan José Morillo Velasco, Maribel Barreno Velín y Xavier Muñoz Intriago, nombraron a los 14 jueces que integrarán las dependencias judiciales que juzgarán 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado.

Los magistrados ganaron el concurso público de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social. Luego aprobaron el curso de formación inicial organizado por la Escuela de la Función Judicial.

Murillo destacó que el Ecuador cuente con los primeros jueces especializados para el juzgamiento de estos delitos y reconoció el apoyo de la cooperación internacional, la academia y el Gobierno Nacional.

El Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, deberá entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) 18’081.698 millones de dólares para que organice y ejecute la consulta popular que se espera coincida con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 5 de febrero de 2023.

El presupuesto fue aprobado por el pleno del CNE en una sesión donde también aprobó las directrices, plan operativo, calendario, matriz de riesgo y contingencia, así́ como las instrucciones, disposiciones generales, límite de gasto electoral y proyección del fondo de promoción.

Entre los principales rubros que contempla el presupuesto aprobado constan la contratación de personal, por 7’263.602 dólares; impresión de papeletas, documentos electorales, paquete y material braille, por 4’145.084 dólares; pago a miembros de las Juntas Receptoras del Voto, que pasará de 20 a 40 dólares, con un presupuesto de 3’191.360, entre otros.

Los consejeros manifestaron que incluir la consulta popular para el 5 de febrero implica contratar más personal para las Juntas Provinciales Electorales, coordinadores de mesa, capacitación adicional a los integrantes de las mesas, entre otros detalles.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de las Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) pidió la revocatoria total y declaración de nulidad de la resolución judicial que permitió al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, sentenciado por dos casos de corrupción, salir en libertad.

El lunes el juez Emerson Curipallo, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, aceptó una medida cautelar a favor del exsegundo mandatario y emitió la boleta de excarcelación, lo que le permitió salir de la cárcel 4 de Quito donde se encontraba recluido.

La solicitud de revocatoria de la medida cautelar presentada por el SNAI considera que la medida cautelar vulnera la tutela judicial efectiva, el debido proceso; que a la resolución emanada le falta motivación, que inobserva el cumplimiento de la potestad estatal y que inobserva decisiones judiciales previas.

Según el organismo se han evidenciado vicios sustanciales en el proceso por lo que hace un llamado de atención a la administración de justicia a fin de evitar abusos en el uso y aceptación de garantías jurisdiccionales.

El Presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo 611 a través del cual fija el salario básico unificado en 450 dólares a partir del 1 de enero de 2023 para los trabajadores en general. Esto representa un incremento de 25 dólares en relación al salario vigente. Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno incrementa en ese monto, ya que el 2021 ocurrió igual.

La fijación del salario básico unificado es una de las atribuciones del Presidente de la República ya que, según el Decreto, el Pleno del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no ha fijado de manera consensuada el valor correspondiente para el 2023 por lo que el Ministerio del Trabajo determinó el valor de tal remuneración en función del incremento porcentual equivalente al al índice de precios al consumidor.

El Consejo Nacional del Trabajo lo preside el Ministerio del ramo y lo integran, además, representantes del sector trabajador y del empleador, dos sectores que por lo general no logran ponerse de acuerdo en el monto del incremento salario, por lo que el Gobierno termina decidiendo.