El Ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechazó la actitud de los dirigentes de la CONAIE y de la FENOCIN que resolvieron romper el diálogo con el Ejecutivo y levantarse de las mesas de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos logrados en ese diálago. Leonidas Iza, de la CONAIE, y Gary Espinoza, de la FENOCIN, argumentaron que el Gobierno no ha cumplido con los 218 acuerdos logrados tras el paro de junio de 2022 a través de las mesas de diálogo.

Sin embargo, Cucalón aseguró que el proceso de ejecución de esos acuerdos llega al 90%. Puso como ejemplo la duplicación del presupuesto para la educación intrercultural bilingüe; reestructuración y refinanciamiento para micro créditos y créditos productivos de hasta $3.000, mayor acceso a la educación superior de jóvenes indígenas, entre otros datos.

El Ministro aseguró que del lado del Gobierno no se rompe el diálogo ni con las organizaciones sociales e indígenas, ni con sectores productivos, ni con otros actores políticos.

Sin embargo, la dirigencia indígena se mantiene en su decisión ya que asegura que el proceso no ha logrado los resultados esperados en la ejecución de esos acuerdos ya que el Gobierno pone como interlocutor a funcionarios sin poder de decisión.

Quito, Pichincha.- La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), informó que se retirará de las mesas de seguimiento a los 218 acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con el Gobierno, tras el paro nacional de junio, 2022.

En rueda de prensa realizada la mañana de este jueves 23 de febrero, Gary Espinoza, titular de esta organización, junto a otros dirigentes, anunció su rechazo al Gobierno por incumplir los acuerdos alcanzados en el diálogo nacional. El dirigente dio a conocer las resoluciones adoptadas en la asamblea ampliada de la FENOCIN realizada el pasado 17 de febrero en Quito.

#ATENCIÓN | @GARYSPINOZA presidente de la @fenocinecuador dio a conocer q se retiran de las mesas técnicas conformadas entre el movimiento indígena y el Gobierno para dar seguimiento a los 218 acuerdos, y no descartan iniciar movilizaciones junto a la @CONAIE_Ecuador y @FEINE_EC pic.twitter.com/UChw3lakBv

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 23, 2023

«Pedimos a la Asamblea Nacional que desde el ámbito político tomen las acciones necesarias y, de ser el caso, inicien el juicio político y la destitución del presidente Guillermo Lasso», aseguró Espinoza.

Además mencionó que La FENOCIN no será parte del acuerdo nacional convocado por Lasso y le exigió que ofrezca disculpas públicas a los ecuatorianos que votaron No en la consulta popular por haberlos tratado de «narcotraficantes». Pidió a sus organizaciones de base y organizaciones fraternas prepararse y estar listos para el llamado a las acciones de lucha en contra del Gobierno.

Espinoza resaltó que prevén mantener una reunión con la dirigencia de la CONAIE y FEINE (Leonidas Iza y Eustaquio Toala), a fin de definir una fecha para el inicio de acciones de movilización.

Por su parte Margarita Arotingo dirigente del movimiento indígena, manifestó que en la asamblea se analizó uno a uno los 218 acuerdos alcanzados; sin embargo, ninguno se ha cumplido por lo que calificó de burla lo que el Gobierno ha realizado con el movimiento indígena con quién se sentó a dialogar para no cumplir los acuerdos.

Aseguró que uno de los principales requerimientos de esta organización fue la condonación de las deudas, lo que no se ha cumplido y más bien se estarían quitando bienes a los deudores.

Ante estos problemas, insistió en que las organizaciones se volverán a levantar en las calles en defensa de sus derechos.

La fiscal Diana Salazar informó que en los avances de una investigación abierta en marzo de 2019, sobre una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroélectro Coca Codo Sinclair, conocida como InaPapers, ha solicitado fecha y hora para formular cargos contra 37 personas por presunto cohecho, entre ellos el expresidente Lenin Moreno y algunos de su familiares, como su esposa y una de sus hijas.

El caso judicialmente se conocerá como Sinohydro y las irregularides se habrian presentado entre 2009 y 2018. El pedido está dirigido a la Corte Nacional de Justicia al estar involucrado el exprimer mandatario que tiene fuero de Corte, aunque  el delito lo habría cometido cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

El monto del presunto cohecho sería de 76 millones de dólares. El valor de la obra estaba fijado en 1.979 millones pero llegó a costar 2.245 millones. «Esas decenas de millones de dólares en coímas habrian sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación canceladas por medios de dádivas, cheques y transferencias», dijo la fiscal.

La respuesta de Moreno 

A través de un comunicado público subido a su cuenta Twitter con el título «Combatí frontalmente la corrupción y hoy se anuncia un proceso de formulación de cargos”, Moreno afirma que sorprende la coincidencia de la actuación de la Fiscalía mientras el país pasa por momentos complejos y el correísmo se ha  declarado ganador de las elecciones seccionales y la mayor fuerza política del país. Asegura que no tuvo ninguna responsablidad en la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana ya que el proyecto estuvo a cargo de las autoridades competentes de ese entonces mientras él ejercía sus funciones como Vicepresidente con la única competencia de sacar adelante la el programa Manuela Espejo.

Moreno asegura que respetará la institucionalidad del Estado y se defenderá en apego a la verdad para que no quede la menor duda de «mi inocencia y de la de mi familia».

La Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el caso «El gran Padrino» solicitará que se autorice una prórroga de 10 días para presentar los resultados de la investicación, donde estarían involucrados en presuntos actos de corrupción gente del círculo cercano del Presidente de la República, Guillermo Lasso.

El plazo inicial para entregar el informe estaba previsto para el 23 de febrero, tras el feriado de Carnaval; sin embargo, los comisionados aseguraron que han surgido nuevos hechos alrededor de este caso por lo que se hace necesario contar con nuevas comparecencias.

El viernes compareció la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, quien informò que se dispuso el traslado – de Manabí a Quito – del expediente sobre el informe reservado realizado por la Policía Antinarcóticos, el cual fue archivado. Salazar no descartó que dependiendo de los elementos, el caso que detalla ese informe reservado -nexos con mafia albanesa- se puede reabrir.

La Fiscal advirtió que sobre ese informe de la Policía Antinarcóticos hay doble reserva por lo que se ha iniciado una investigación previa para determinar los motivos y las personas involucradas en la filtración de la información. Añadió que el informe que se difunde en las redes sociales y en los medios de comunicación difiere en la forma del que reposa en la Fiscalía, pero no dijo nada sobre el contenido.

«No confundan libertad de expresión con libertinaje», ese es el antetítulo de un comunicado difundido esta tarde por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. El título del comunicado asegura que «El Gobierno rechaza falsedades que buscan caotizar al país».

La reacción del Ejecutivo se da luego de que el medio digital La Posta difundiera parte de un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos, que había tenido el carácter de reservado, en el que se involucra a exfuncionarios del Gobierno y al cuñado del Presidente Guillermo Lasso, con un capo de la mafia albanesa, organizaciòn criminal dedicada al narcotráfico.

«Un medio de comunicación digital y algunos acólitos sensacionalistas han publicado cualquier historieta absurda violando la libertad de expresión garantizada por la nueva Ley de Comunicación», consta en el texto del comunicado.

Agrega que el documento publicado por La Posta era un informe reservado y que se omite decir que su contenido fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial, por falta de méritos hace casi un año. Y advierte que podrían venir responsabilidades por la publicación de ese informe.

En la noche el Presidente Guillermo Lasso ratificó la advertencia en cadena nacional. Aseguró que su paciencia tiene un límite y trató de descalifcar el trabajo en general realizado por La Posta a través de varios reportajes. Los llamó «mercenarios del entretenimiento noticioso», «terroristas mediáticos», y los vinculó con alias «Fito» y «Junior» por sus reportajes que hicieron sobre la situación carcelaria. «A los malcriados hay que pararlos a raya», manifestó Lasso.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, no asistió a la Comisión ocasional que investiga el caso “Gran Padrino” con el argumento de que tenía planificada su agenda con anticipación.

La excusa fue remitida a la Comisión por el secretario Jurídico de (e) de la Presidencia, Jhossueth Almeida.

La Comisión ocasional investiga presuntos actos de corrupción de gente cercana al Primer Mandatario , presuntamente liderados por su cuñado Danilo Carrera, por lo que fue convocado la mañana del lunes 13 de febrero para que aclare estos supuestos actos de corrupción en las empresas públicas ligadas al sector eléctrico.

#URGENTE | @LassoGuillermo No compareció ante la @AsambleaEcuador en el caso #ElGranPadrino. "Parece que al presidente no le importa dilapidar la poca credibilidad que le queda por proteger su círculo cercano", manifestó @VivianaVeloz18, presidenta de la comisión @ElGranPadrinoAN pic.twitter.com/f4Xi4rkYow

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 13, 2023

La presidenta de esta mesa Legislativa, Viviana Veloz (UNES), aseguró que la ausencia de Lasso “afecta a darle transparencia al país (…) la transparencia da certezas, y al parecer al presidente de la República no le importa dilapidar la poca credibilidad que aún tiene, con la única finalidad de proteger a su vínculo más cercano: su gran cuñado Danilo Carrera», enfatizó, al tiempo que advirtió que tendría 10 días para comparecer y aclarar a la ciudadanía los supuestos actos de corrupción y «darle verdad al país», dijo Veloz.

Agregó que en estos 10 días la Comisión concluirá con el informe no vinculante que será puesto en conocimiento del Pleno del Legislativo para que tome una resolución. El plazo para la entrega del informe vence el 23 de febrero próximo pero los comisionados pueden pedir una prórroga.

Luego de un pequeño receso, Anderson Boscán, periodista del medio digital La Posta, presentó 35.000 documentos entre los que se incluyen contratos, anexos, informes y transcripciones de llamadas telefónicas.

#URGENTE || Luego que el medio digital @LaPosta_Ecu denunció la vinculación del cuñado del presidente @LassoGuillermo y funcionarios del Gobierno en actos de corrupción, en el caso #ElGranPadrino, el periodista @AnderssonBoscan comparece ante la comisión de la @AsambleaEcuador. pic.twitter.com/pkKHw93hJt

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 13, 2023

“Esto ya no se trata de un caso de corrupción política, pasó de los delincuentes de cuello blanco, al de las mafias internacionales”, advirtió al tiempo que dió a conocer que existiría un informe reservado de la Policía Nacional de su unidad antinarcóticos, que describe una estructura dedicada al narcotráfico, dónde se involucraría a la mafia albanesa; informe que habría sido cerrado sin un sustento legal, el 17 de enero de 2022 por orden del general de la Policía, Geovanny Ponce, subrayó Boscán.

14 oficiales habrían conformado este equipo dentro de la investigación realizada por la dirección general de Inteligencia de la Policía Nacional, y dirigida por el teniente coronel de la Policía, José Luis Erazo, quienes habrían sido removidos de sus cargos y dados el pase a diferentes provincias.

Finalmente responsabilizó al Gobierno por su seguridad y la seguridad de su familia y la familia de quienes realizaron la investigación.

El excontralor del Estado, Pablo Celi; y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, fueron sentenciados a 13 años y cuatro meses de prisión al ser encontrados culpables en calidad de autores directos del delito de delincuencia organizada.

El fallo se tomó de manera unánime en el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por los jueces Walter Macías (ponente), Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. Los sentenciados también deberán pagar una multa de 150 salarios básicos (67.500 dólares) y les fueron suspendidos sus derechos políticos por el mismo tiempo al que fueron sentenciados a prisión. La sentencia es de primera instancia por los que puede ser apelada.

Otros nueve procesados en el caso conocido como «Las Torres» fueron condenados a prisión entre seis meses y nueve años. Como reparación integral, el Tribunal ordenó a los procesados el pago de 350 mil dólares por concepto de indemnización. Como medida simbólica se ordenó la publicación de la sentencia en las páginas web institucionales por 90 días y que los sentenciados ofrezcan disculpas públicas, además de la colocación de una placa en la Secretaría de la Presidencia de la República, Gobernaciones, Contraloría y sus direcciones regionales y principales edificios de Petroecuador a escala nacional.

Ante la demora en la entrega de los resultados de la consulta popular, elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y de autoridades seccionales, las organizaciones sociales no demoraron en rechazar las supuestas irregularidades en el conteo de votos, principalmente en las ocho preguntas del referéndum.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), por separado, rarificaron su posición al NO en las ocho preguntas de la consulta popular y rechazaron una supuesta pretensión de cambiar la tendencia del NO.

«El Gobierno está desesperado por haber perdido la consulta popular y buscar abrir las urnas para cambiar los resultados», aseguró Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien advirtió que de darse este escenario sería un claro llamado a las organizaciones para que inicien las movilizaciones.

#URGENTE
"El gobierno está desesperado porque ha sido derrotado en sus afanes privatizadores", "El gobierno nacional está jugando con fuego", aseguro @nerazohidalgo quien advirtió que si el Gobierno insiste en torcer la voluntad del pueblo ecuatoriano retomarían las calles. pic.twitter.com/bOKhjr8OGD

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 9, 2023

Aseguró que las organizaciones sindicales, sociales, campesinas e indígenas se han pronunciado en las urnas y esta decisión debe ser respetada, por lo que no descartaron iniciar acciones de protesta frente a la intención de un reconteo de votos en la provincia del Guayas, buscando cambiar la tendencia del No en la pregunta número 1, que trata sobre la extradición.

Por su parte la CONAIE, con su máximo dirigente Leonidas Iza, mencionó que el NO a la consulta es la respuesta de los ecuatorianos a las políticas neoliberales impulsadas desde el Gobierno.

«Estamos vigilantes de que el Gobierno no intente manipular y montar escenarios para cambiar la voluntad popular del NO a la consulta.(…) Exigimos al Consejo Nacional Electoral (CNE) responsabilidad, caso contrario el movimiento indígena y los sectores populares haremos respetar el voto», manifestó el dirigente.

«El NO es una respuesta a la minería a gran escala como política de Estado instalada desde 1994; se dijo NO a las formas de privatización; esta consulta le ha dicho NO a las políticas y modelo neoliberal de Guillermo Lasso», enfatizó.

#ATENCION
La @CONAIE_Ecuador ratifica que NO será parte del "Acuerdo Nacional", propuesto por el presidente Guillermo Lasso, tras los resultados de las #Elecciones2023Ec y perder en las ocho preguntas de la #ConsultaPopular2023. pic.twitter.com/OeSO52SPCi

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) February 9, 2023

Sobre el llamado realizado por el presidente Guillermo Lasso, la noche del martes 7 de febrero, para conformar un Acuerdo Nacional, las diferentes organizaciones sociales, campesinas e indígenas, así como movimientos políticos rechazaron sentarse a dialogar con el Primer Mandatario.

Con cuatro votos a favor y una ausencia, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) separó del cargo de director de la Delegación Electoral del Guayas, a John Gamboa, y nombró como su reemplazo, en calidad de encargado, a Wilson Hinojosa.

La medida se tomó casi 24 horas después de la denuncia realizada por Enrique Pita, vicepresidente del CNE, en  relación a la presunta existencia en esa delegación de un centro de cómputo paralelo, donde inclusive  se habrían impreso actas de reconteo para favorecer el NO en la consulta popular. La denuncia fue  ratificada por el resto de las autoridades del organismo electoral, quienes ya pusieron la denuncia en la Fiscalía.

«En las instalaciones de la Delegación de Guayas estuve caminando, observando y de repente vi que en el área donde están unas personas trabajando en sistemas había una escalera que conduce a un altillo. Pregunté qué había en ese altillo y me dijeron que era una bodega. Pero quise conocerla», relató Pita. Agregó que al subir las escaleras, escuchó voces y al abrir la puerta divisó a aproximadamente seis jóvenes, dos de ellos que estaban llenando actas en la misma mesa donde se llenaban actas de la consulta popular en las que había actas en blanco. «En esa misma mesa incluso había papeles donde era evidente que estaban practicando firmas que iban a ser ubicadas en las actas. (…) Había toda una estrategia implementada para crear actas que no estaban pasando por el acto de reconteo. En la gran mayoría de estas estaban a favor del No», dijo.

Sin embargo, Gamboa negò que en la Delegación que presidía haya existido una centro paralelo y aseguró que había la presiòn de las autoridades del CNE y de otras funciones del Estado para entregar los resultados lo más rápido posible, por lo que se modificó el procedimiento de llenado de actas de reconteo. Aseguró que la denuncia de las auitoridades era maliciosa e infame.

Los resultados negativos que obtuvo la consulta popular impulsada por el Gobierno. donde el NO se ha impuesto en las ocho preguntas, le obligaron al presidente de la República, Guillermo Lasso, a «oxigenar» su Gabinete.

Esta tarte en el Palacio de Gobierno se cumplió la posesión de nueve autoridades, cuatro de ellos gobernadores. La renovación obedece a “cambios necesarios no solo para refrescar líneas, sino para ratificar mi compromiso con la voluntad del pueblo”, indicó el Primer Mandatario.

Los nuevos funcionarios son:
Sebastián Corral, Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República.

Henry Cucalón, Ministro de Gobierno.

Jorge Marcelo Córdova, Secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.

Jossueth Almeida, Secretario General Jurídico (e) de la Presidencia de la República.

Francesco Tabacchi, Gobernador de Guayas.

Frickson Erazo, Gobernador de Esmeraldas.

Tanya Gabriela Vázquez, Gobernadora de Cotopaxi.

Eusebio Apolo Valarezo, Gobernador de El Oro.

Lasso manifestó que “cuando el pueblo habla, el deber de los gobernantes es aprender y
escuchar, analizar y entender”, con lo que al renovar su equipo de trabajo espera fortalecer acciones, planes y proyectos para “seguir construyendo un país mejor para todos y, por supuesto, para hacer ajustes necesarios, como sucede en cualquier democracia”, expresó.

Las nuevas autoridades se comprometieron a trabajar con ética y honestidad en beneficio de Ecuador.