Esta tarde el Gobierno informó que Luis Verdesoto presentó su renuncia al cargo de Secretario Anticorrupción que venía ejerciendo desde mayo de 2022. Según un comunicado, la Secretaría Anticorrupción fue creada para diseñar e implementar las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción que tenga resultados palpables. «Es una labor que hay que reforzar más que nunca con mayor profundidad, sustento y agilidad tanto en los diagnósticos como en las soluciones sugeridas», señala un comunicado de prensa del Gobierno.

La renuncia de Verdesoto se da en medio del escándalo que salpica al Gobierno por presuntos hechos de corrupción denunciados por el medio digital La Posta, en el que se menciona a personajes y funcionarios cercanos al Presidente Guillermo Lasso y que habrían estado liderados, según ese medio de comunicación, por Danilo Carrera, cuñado del Primer Mandatario.

Verdesoto tenía previsto dar hoy el primer informe sobre esas denuncias, luego de que la Secretaría realizó su propia investigación en las empresas públicas. El informe iba ser puesto en conocimiento de la prensa a pesar que la Secretaría de Comunicación había suspendido la rueda de prensa convocada para ese efecto.

Se conoció que el secretario Anticorrupción acudió hoy a la Presidencia de la República a entregar ese informe así como el de su gestión durante el 2022, luego de lo cual tenía agendado hablar con los periodistas. Sin embargo, nunca se presentó ante los medios y luego se difundió el comunicado en el que se informaba que había renunciado al cargo.

La Fiscalía General del Estado informó que la madrugada de este 20 de enero de 2023 se ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en Guayaquil y uno en Quito como parte de la investigación del caso el «El Gran Padrino», al que la Fiscalía le puso el nombre «Caso Encuentro».

«El Gran Padrino» es una denuncia realizada por el portal digital La Posta que señala posibles actos de corrupción en el sector eléctrico por parte de personas cercanas al presidente de la República Guillermo Lasso.

El allanamiento se dio a los domicilios de las personas investigadas por una presunta trama de corrupción en empresas públicas. En la diligencia se levantaron varias evidencias, como documentos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, computadores, joyas, entre otros, elementos que serán periciados y valorados durante el desarrollo de la investigación.

Por su parte, en una rueda de prensa, los ministros del Interior, Juan Zapata; de
Gobierno, Francisco Jiménez; e Iván Correa, secretario General de Administración Pública, descartaron que se hayan dado actos de corrupción en el Gobierno de Lasso. El Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que se ha pedido que se investigue todo lo que se tenga que investigar ya que negó que exista una trama o estructura criminal en el Régimen.

Jiménez manifestó que a través de la Policía, se han apoyado las acciones determinadas por la Fiscalía para llevar a cabo los allanamientos. “La policía actuó con absoluta independencia. El Gobierno seguirá colaborando con Fiscalía y autoridades de justicia para esclarecer la situación”, dijo.

En tanto el Ministro del Interior, Juan Zapata, manifestó que en los nueve allanamientos intervinieron 76 uniformados de los ejes investigativo, inteligencia y equipos tácticos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la distribución de los paquetes electorales a escala nacional para las elecciones del 5 de febrero donde se escogeran a las autoridades seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana y se cumplirá la consulta popular.

La distribución se cumple desde las instalaciones de la empresa Montgar, en Quito, desde donde salen los paquetes con papeletas y documentos electorales, material genérico, de seguridad y sobres electorales bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas.

Se entregarán 40.564 paquetes electorales, incluidos aquellos que se enviaron para el sufragio presencial en el exterior, para el voto de personas privadas de libertad y los beneficiarios de voto en casa.

“Vale recalcar que la distribución del material electoral constituye una fase más dentro de nuestro cronograma y la estamos cumpliendo sin contratiempos y dentro de los plazos establecidos”, manifestó Diana Atamaint, presidenta del CNE.

La distribución inició el miércoles 18 de enero de 2023 con el envío a las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, y Orellana. Al día siguiente continuó hacia Zamora Chinchipe y Loja; hoy se envió a Galápagos; a Guayas y Santa Elena será el 24 de enero; Azuay, Cañar y Loja el 26; Manabí y Los Ríos el 27; Carchi e Imbabura, el 28; Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas el 29; Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi el 31 y concluirá con la distribución hacia los cantones de Pichincha previsto hasta el 4 de febrero.

En total, se imprimirán 82’336.962 papeletas para las diferentes dignidades seccionales y del Consejo de Participación; y 13’358.444 papeletas para el referéndum. La impresión de papeletas para la elección de autoridades del Consejo de Participación ya concluyó; para refecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales rurales, se ha completado un 95,85%; mientras que la impresión de papeletas para el referéndum tiene un avance del 43,12%.

Tras cuatro meses de prisión preventiva, esta tarde recuperó su libertad la cadete de Policía Joselyn Sánchez, luego de que se revocaron las medidas cautelares dictadas en su contra. Sánchez es investigada en el caso del femicidio  de María Belén Bernal, quien fue asesinada en septiembre de 2022 por su esposo, el entonces teniente de Policía, Germán Cáceres.

Sánchez abandonó la cárcel de mujeres de Quito, ubicada en el sector de Chillogallo, y fue recibida por su familiares y abogados. «Hoy soy libre, soy inocente. Se ganó la justicia que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo», aseguró la joven al salir de prisión. Tiene prohibición de salir del país ya que la investigación en su contra continúa por parte de la Fiscalía hasta que se cumpla la audiencia preparatoria de juicio.

Según Diario La Hora, Sánchez fue dada de baja de la Escuela Superior de Policía por el eje académico. La Escuela Superior de Policía mantiene un convenio con la Universidad Central para que sigan una carrera a la par de su formación policial.  Sánchez habría reprobado el cuarto semestre de la Universidad, ya que el estar en prisión no pudo rendir los examenes y reprobó siete materias, según cita el medio de comunicación.

Con 94 votos a favor, dos en contra y 28 abtenciones el Pleno de la Asamblea aprobó la conformación de una Comisión ocasional, denominada «por la verdad, Justicia y lucha contra la corrupción», para que investigue el caso conocido como «El Gran Padrino», denunciado por La Posta en la que estarían involucrados personajes cercanos al Gobierno de Guillermo Lasso en una trama de corrupción en el sector eléctrico.

La Comisión multipartidista la integran Pedro Zapata (PSC), Diego Esparza (independiente), Rodrigo Fajardo (separado de la bancada de la ID), Mireya Pazmiño (separada de la bancada de PK), Viviana Veloz (UNES), Gruber Zambrano (BAN), y Augusto Guamán (independiente).  Los comisionados tienen un mes de plazo para presentar el informe no vinculante al Pleno.

Yeseña Guamaní, separada de la bancada de la ID, aseguró que el objetivo es que se cumpla una investigación transparente y objetiva. Fue Guamaní la que mocionó el cambio del orden día para que se trate la integración de la Comisión y propuso los nombres de los integrantes, a pesar de que la Comisión de Justicia, liderada por su coideario Alejandro Jaramillo, inició desde el 11 de este mes la respectiva investigación. Inclusive ya llamó a comparecer a uno de los denunciantes, Anderson Boscán y a autoridades del Gobierno.

Para Jaramillo la integración de la Comisión ocasional obedece a «oscuros intereses» de ciertos legisladores que no quieren investigar a funcionarios que actuaron en los Gobiernos de Rafael Correa, Lenin Moreno y en el de Guillermo Lasso.

Como un hito en las elecciones seccionales 2023 calificó el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los 38 debates electorales obligatorios que se cumplieron en dos fines de semana: 17 debates entre los candidatos a las Prefecturas y 21 entre los que aspiran a las Alcadías. Los debates se cumplieron en las localidades de más de 100 mil electores y se aboradaron cuatro ejes temáticos: seguridad y convivencia ciudadana; economía y movilidad; medio ambiente y territorio; y, administración provincial y local.

Sin embargo, los propios candidatos reconocieron que el formato del debate no les permite desarrollar sus propuestas, que es muy limitado el tiempo que tienen para responder.

En la mayoría de los casos en vez de propuestas se dedicaron a promocionar sus candidaturas y los debates fueron el escenario para atacar al contrincante, desviándose de la pregunta planteada y del tema propuesto.

Alfredo Espinosa, analista político, aseguró que los debates no contribuyen a que el ciudadano vaya a las urnas con un voto informado y que más bien se reduce a un interrogatorio donde el moderador no tiene mayor posiblidad de intervención para la repregunta. Esto se da, dijo, por el excesivo número de candidatos, porque estos no llegan preparados al debate o simplemente por estrategia de los postulantes.

Por su parte Gisella Bayona, periodista que moderó el debate en Quito tanto para Prefecto como para Alcalde, escribió en su cuenta Twitter que la enseñanza es «de qué sirve un comité de debates para elaborar las preguntas cuando los candidatos solo se enfocan en ataques y propaganda política». 

Y eso es lo que dejaron los debates, ataques y propaganda política. Carlos Mota, analista, agregó que es evidente que hay candidatos que no están preparados ejercer el cargo y divagan en sus respuestas con lugares comunes o frases obvias. Manifestó que tras los debates es tiempo de replantear su esquema ya que con el actual no es un debate propiamente dicho.

Édison Burbano, abogado del exteniente de Policía, Germán Cáceres, aseguró que su defendido, presunto femicida de su pareja María Belén Bernal, no se acogerá al derecho al silencio y contará su versión sobre el crimen. El abogado agregó que espera un juicio justo por lo que solicitó la ampliación de la versión, ya que quiere llegar a la verdad. Añadió que uno de los objetivos es cuidar la vida del expolicía. «Si de ese juicio él tiene que cumplir con una condena, la cumplirá», manifestó el abogado.

Cáceres fue trasladado desde la cárcel La Roca, en Guayaquil donde guarda prisión preventiva, a Quito este lunes 9 de enero de 2023, para que se realicen cuatro pericias: una extracción de muestra de ADN; una prueba para determinar su entorno social, familiar y laboral; una valoración psicológica y de rasgos de personalidad; y la perfilación criminal.

Las pericias se cumplieron a lo largo del día en la Fiscalía General del Estado que estuvo fuertemente vallada ante el anuncio de plantones por parte de activistas que exigen que se haga justicia.  La ampliación de la versión se cumplirá el jueves 12 de enero a las 11:00 en la cárcel La Roca.

Cáceres fue expulsado de Colombia la semana pasada y puesto a órdenes de las autoridades ecuatorianas. el 15 de enero concluirá la etapa de instrucción fiscal

El martes 10 de enero a las 10:30 se cumplirá la audiencia telemática convocada por la Corte Constitucional para realizar el seguimiento a la sentencia que dictó el 26 de septiembre de 2022 en la que ordenó al Consejo de Participación Ciudadana que designe de manera célere al presidente del Consejo de la Judicatura, cargo que está encargado al vocal de ese organismo Fausto Murillo.

El 2 de enero en el Consejo de Participación Ciudadana los  cuatro consejeros de mayoría que han seguido este proceso no llegaron a consensos y decidieron pedir una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia, la quinta. La Corte cuestionó al Consejo por no permitir que la Judicatura cuente con su Presidente titular y dijo que eso afecta la seguridad jurídica.

El objetivo de la audiencia será verificar el cumplimiento de todas las medidas dispuestas por la Corte, evaluar el impacto y efectividad de las medidas de reparación, y recabar los elementos que sirvan como cargo o descargo de responsabilidad, ante la eventual determinación del incumplimiento de una o varias medidas a cargo de las autoridades obligadas.

Están convocados el presidente encargado de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro y el director general Santiago Peñaherrera  Navas; las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana independientemente de si se encuentran con licencia; el presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela, entre otros.

La normativa establece que si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.

El exteniente de Policía, Germán Cáceres, sospechoso del femicidio de su esposa María Belén Bernal, fue trasladado a hasta la cárcel conocida como La Roca (Guayaquil) en medio de fuertes medidas de seguridad.

Luego de ser presentado ante la autoridad, en Quito, que avocó conocimiento del proceso abierto en su contra y girada la boleta de encarcelamiento, el detenido fue trasladado vía aérea a Guayaquil para ser trasladado a la prisión.

El exteniente de Policía arribo esta tarde al aeropuerto de Quito bajo la custodia de agentes de la Interpol. Fue detenido el 30 de diciembre de 2022 en el Municipio de Palomino, en la zona del Caribe colombiano. Estaba prófugo desde septiembre y en Colombia había logrado ubicarse como bartender en un local de la zona, lucía barba y usaba gorro al momento de ser detenido.