En una rueda de prensa convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mañana de éste miércoles 16 de marzo, dieron a conocer que se prevé presentar un nuevo listado a la Asamblea Nacional, para que se favorezca con amnistías a dirigentes sociales por las manifestaciones de octubre de 2019 y 2021.

Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, respaldó la decisión de los 99 legisladores que apoyaron el informe de amnistías, realizado por la comisión de Garantías Constitucionales y aprobado por el Pleno del Legislativo, la madrugada del 10 de marzo; «las amnistías es una parámetro garantizado en la Constitución, y no un favor político», aseguró

Asamblea concede amnistías en una extensa jornada

Al mismo tiempo resaltó que de las 268 amnistías otorgadas por el Legislativo, 60 se basarían por las protestas de octubre de 2019, 153 serían de luchadores y defensores de la naturaleza, 12 por la aplicación de la justicia indígena, y 43 por la defensa de los territorios y el Agua.

«Las Amnistías no pueden ser utilizadas como plataforma electoral de ciertos grupos políticos«, por lo que exhortó al ejecutivo que exista independencia política en las funciones del Estado; al tiempo que pidió la «desclasificación de la información», a fin de conocer la verdad, sobre el «incendio de la Contraloría General del Estado», y toda la información reservada sobre las protestas de octubre de 2019.

Por su parte Jorge Rivera, representante de la Asociación «Inocencio Tucumbi», aseguró que prevén iniciar procesos legales en organismos internacionales en contra del expresidente Lenin Moreno y la ex ministra de Gobierno María Paula Romo, por las acciones en el levantamiento indígena.

El domingo 13 de marzo vence el plazo determinado por la Corte Constitucional para que la Asamblea subsane los artículos referentes a la equiparación salarial y la jubilación especial de los docentes, estipuladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

La Comisión de Educación sesionó este jueves 10 de marzo a fin de tratar las recomendaciones realizadas en primer debate por el Pleno a los artículos 113 y 116 relacionados con esos puntos.
La Comisión aprobó con nueve votos una propuesta de tabla de remuneraciones con una base de USD 986 para cumplir con la equiparación salarial de los docentes.

Incorporó para segundo debate las fuentes de financiamiento, los cuales están regidos en la Constitución, como la designación del 6% del PIB a la educación.

Docentes que pertenecen a la @UNENACIONAL, permanecen en vigilia en los exteriores de @AsambleaEcuador, hasta el domingo 13 de marzo, dónde el pleno del Legislativo prevé debatir en segundo y definitivo la ratificación del articulado de la #LOEI. @CANALAJITV @VAndresQuishpe pic.twitter.com/xDA7p17Bs1

— CHRISTIAN LGC. (@NOTICIAS1982) March 11, 2022

Un grupo de maestros se mantiene en los exteriores de la Asamblea en vigilia como medida de presión para que la Asamblea cumpla con la equiparación salarial y a la jubilación especial.

«La Comisión de Educación justifica que al no poseer un estudio actuarial con todos los datos de la Seguridad Social, no es posible ratificar este derecho» y «El IESS, no niega el derecho a la jubilación especial, sino que al no recibir los aportes del 40% por parte del Gobierno, no se puede aplicar este derecho», aseguró Andrés Quishpe coordinador de la UNE.

De acuerdo al informe actuarial del IESS, alrededor de 18 mil docentes podrían acceder a esta jubilación, teniendo que cancelar el Estado alrededor de 800 millones de dólares. Además que el riesgo laboral de los docentes es menor al de otras profesiones, por lo que no requieren un régimen especial.

Quito, Pichincha.- La madrugada de este jueves 10 de marzo, luego de varias horas de una extensa sesión, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 99 votos a favor, 16 en contra y 12 abstenciones, concedió amnistías a 268 ciudadanos que fueron procesados por acividades en defensa de la naturaleza, defensa del territorio y por su participación en el levantamiento social de octubre de 2019.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha y dirigente de la Revolución Ciudadana; Virgilio Hernández y Cristian González, de la misma tienda política accedieron a este beneficio.

AMNISTIAS 🏳️‍🌈

Con 99 votos a favor incluído el voto unánime de nuestro @BloquePkEc, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó las amnistias para las y los luchadores sociales y defensores de la naturaleza. Un momento histórico para el pueblo. Viva la unidad#AmnistiaYa pic.twitter.com/g27WB6WcD6

— PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) March 10, 2022

Así también Leonidas Iza presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, Marlon Vargas, Mesías Tatamuez, procesados por las protestas protagonizadas en octubre de 2019.

Las bancadas legislativas Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik, Izquierda Democrática (ID) e Independientes, permitieron con sus votos que las amnistías de dirigentes sociales sea posible.

«Con la entrega de amnistías se limpiará la política», enfatizó Fernando Villavicencio (independiente) quien votó a favor.

Entre denuncias de complot y desestabilización terminó este jueves 24 de febrero, la sesión Nro. 766 del pleno de la Asamblea Nacional, en el que se iba a tratar en primer debate el proyecto de Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Sin embargo, los asambleístas de UNES, PSC y una fracción de Pachakutik, buscaban que se cambie el orden del día para crear una comisión ad hoc que evalúe a las autoridades del Legislativo.

Esto generó incidentes en el salón plenario. Llori no dio paso al pedido y los legisladores de esas agrupaciones políticas intentaron apelar la presidencia en medio de gritos.

#GuadalupeLloriAlPaís | La titular del Legislativo, @GuadalupeLlori, informó que se suspendió la sesión por falta de garantías y amparada en el Art.12 numeral 9 de la #LeyFunciónLegislativa pic.twitter.com/n8M8P01Ljx

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 24, 2022

Sin poder retomar el control de la sesión, Llori suspendió la sesión y se retiró en medio del resguardo de la escoltada legislativa.

Con apoyo de varios legisladores de Pachakutik, ID, CREO e Independientes, la presidenta de la Asamblea convocó a una rueda de prensa, donde denunció que se intenta «desestabilizar la Asamblea y posterior la desestabilización del país», con el propósito de «tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), función encargada de elegir las distintas autoridades (Contraloría, Procuraduría, CNE, TCE)», enfatizó

Hizo un llamado a la unidad de los ecuatorianos para defender la democracia, ante intentos de desestabilización, por lo que aseguró que había suspendido la sesión y que no existían garantías para la reinstalación.

Virgilio Saquicela, primer vicepresidente del Legislativo, intentaba dirigirse a los parlamentarios, pero las luces del hemiciclo se apagaron, así como el audio de los micrófonos, pero esto no impidió que se dirija a los asambleistas, donde con luces de los celulares de varios legisladores, mencionó que no se puede reinstalar la sesión del pleno, ya que Llori, el secretario Álvaro Salazar y el prosecretario Carlos Iglesias abandonaron el Pleno.

Según Llori, debido a los incidentes se vio obligada también a suspender otra sesión del pleno que debía cumplirse está noche donde se debía debatir la moción para que el CAL califique el proyecto de derogación de la Ley Tributaria.

Con 75 votos a favor, 41 votos negativos y 14 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó este jueves 17 de febrero, el proyecto de Ley para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de violación; en cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional.

La normativa de acuerdo a la sentencia de la Corte, fue creado por la Defensoría del Pueblo y analizada por la comisión de Justicia y Estructura del Estado, dónde al haber recibido aportes técnicos, científicos y especialistas en defensa de derechos de los niños, niñas y adolescentes, elaboraron un informe de mayoría que establece 18 semanas para la interrupción del embarazo a niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad y 12 semanas para mujeres mayores de edad.

#URGENTE: @AsambleaEcuador con 75 votos aprobó la ley de #InterrupcionEmbarazoEnCasoDeViolacion. Se establece q hasta las 12 semanas de gestación a mujeres mayores de edad y hasta 18 semanas de gestación para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. @CANALAJITV pic.twitter.com/qIeLPZeIAR

— CHRISTIAN LGC. (@NOTICIAS1982) February 17, 2022

Está iniciativa tuvo como ponente a la legisladora Johana Moreira (ID), quien hizo un llamado para que se apoye la normativa en beneficio de las mujeres que han sufrido violación; pedido que en la primera votación no tuvo el respaldo necesario para que sea aprobado; ya que con 66 votos afirmativos, 40 negativos y 27 abstenciones, no se aprobó el informe de mayoría.

Moreira solicitó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), se suspenda la sesión hasta poder realizar ajustes al texto, y se otorgó una hora para estos cambios.

En el segundo intento y una vez que el documento final fue reformulado, insistió en la aprobación de «una ley justa y reparadora», (…) «es una Ley que garantiza el respeto a los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes», afirmó Moreira, quién obtuvo los votos necesarios para que este proyecto se apruebe.

El texto será remitido a la presidencia de la República, quién tiene un plazo de 30 días para vetarlo parcial o totalmente o disponer su publicación en el Registro Oficial.

El informe no vinculante de amnistías e indultos que fue preparado por la comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, concluyó el pasado 11 de febrero, y fue entregado a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, quien tiene un plazo de 10 días para convocar a la sesión del pleno y analizar el informe, el cual necesita 92 votos para ser aprobado.

«El 80% de los casos tiene que ver con defensores de los derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos colectivos y el 19% con las protestas de octubre del 2019», aseveró este lunes 14 de febrero, Fernando Cabascango presidente de la mesa legislativa.

Agregó que «se ha presentado a la presidenta de la Asamblea el informe que consta de 273 casos de amnistías e indultos; de estos cuatro casos se pedirá prorroga hasta que exista una ampliación de la información para las amnistías«.

Sobre el caso de la destrucción de la Contraloría en el contexto de las protestas de octubre de 2019, indicó que se debe realizar las investigaciones pertinentes y este proceso debe realizar las autoridades competentes, por lo que al no existir juzgamiento se ha ratificado la amnistía de los criminalizados en el levantamiento indígena.

Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, indicó que las organizaciones sociales y dirigentes estarían siendo perseguidos constantemente por los Gobierno de turno, por defender los territorios de actividades mineras y petroleras, por lo que esperan que el informe sea aprobado por la Asamblea Nacional, dejando un precedente en favor de los luchadores sociales.

El asambleísta por Pachakutik, Mario Ruíz ponente del informe, resaltó que en el país existe una crisis, por las políticas del actual Gobierno, por lo que rechazan que se utilice al aparataje estatal para perseguir a los luchadores y defensores de la naturaleza; por lo que dentro de la comisión de Garantías Constitucionales se habría aprobado por unanimidad el informe referente a las amnistías.

Indicó que espera mantener diálogos con las bancadas legislativas UNES, ID, PSC y así se permita la aprobación de dicho informe.

Quito, Pichincha.– La Unión Nacional de Educadores (UNE), vuelve a las calles para exigir que se ratifique la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y se viabilice la equiparación salarial  de los docentes.

Según la normativa, el educador pasaría a ganar como salario mensual de USD 817 a 1.000.

Consejo Nacional de UNE entre sus resoluciones definió movilizarse el 11 de febrero para exigir cumplimiento de los Items que la Corte Constitucional exigió subsanar, como es la reparación salarial. pic.twitter.com/UnXC4zMhFI

— UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) February 6, 2022

El viernes 11 de febrero se cumple el plazo que la Corte Constitucional dio al Ejecutivo y Legislativo para subsanar dos artículos que constan dentro de la LOEI, sobre la equiparación salarial y la jubilación especial a los 30 años sin límite de edad para los maestros.

Dentro de la sentencia emitida por la Corte Constitucional, prioriza que el 11 de febrero de 2022, el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá presentar ante la comisión de Educación de la Asamblea Nacional los estudios de factibilidad económica; y el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) los estudios actuariales, para que la ley sea ratificada.

«La movilización es de carácter nacional (…), en las provincias se realizará una movilización hacia las gobernaciones y en Quito se prevé una una marcha hacia la Asamblea Nacional, a fin de exigir se cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional», aseguró Isabel Vargas presidenta de la UNE.