Quito, Pichincha.- La tarde de este jueves 4 de marzo, se reinstaló la sesión 692 del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de continuar con el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que busca mejorar el sistema educativo en el país. Una vez concluido el segundo y definitivo debate, el presidente del Legislativo, César Litardo Caicedo, dispuso que la Comisión de Educación sistematice las observaciones y prepare un texto final para someterlo a votación el próximo martes 9 de marzo.
Dentro del texto normativo se prevé la eliminación de la prueba ser bachiller y el Bachillerato General Unificado (BGU). Además, regresan las instituciones educativas fiscomisionales con rectoría de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sujetas con las normas establecidas en la Ley de Educación Intercultural.
Así también la ley establece que el Estado asigne de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General para la educación inicial, básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), hasta alcanzar un mínimo del 6%.
Uno de los puntos neurálgicos fue fortalecer el eje de prevención para evitar y desterrar toda clase de violencia en el entorno escolar, a fin de que no se repitan nunca más actos de abuso sexual, como el caso Guzmán Albarracín, y que estos no queden en la impunidad.
Adicionalmente, los parlamentarios sostuvieron que es fundamental darle institucionalidad y garantizar autonomía a la educación intercultural bilingüe, bajo directrices del ente rector nacional, lo que potenciará los saberes y conocimientos ancestrales.
En el contexto de modelo educativo, se plantea que el nuevo modelo de gestión en función de la calidad educativa responda a estándares internacionales, así como que el retorno progresivo a clases esté ligado a un plan de vacunación contra el COVID-19 y que para tal efecto el Ministerio de Educación presente a la Asamblea planes de reinserción escolar en el escenario de la pandemia, de nivelación de conocimientos y de recuperación del presupuesto para garantizar el derecho a la educación.
En torno a los docentes, se busca consolidar el derecho a los beneficios de la seguridad social de los maestros comunitarios; establecer la jubilación de docentes a los 30 años de servicio sin límite de edad; y que los maestros con contratos o nombramientos provisionales puedan obtener real estabilidad en sus puestos de trabajo, bajo parámetros de los concursos de méritos y oposición. Además, prioriza la reivindicación salarial de los docentes; y se recuperaría la recategorización de los docentes en forma automática.
