En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se cumplió el testimonio anticipado de Daniel Salcedo y Mayra Salazar en el caso Purga. Durante la audiencia que estuvo presidida por Javier de la Cadena, juez nacional, Salcedo aseguró que ha sido testigo de la trama de corrupción en la que estuvieron envueltos varios jueces que conocieron sus causas.

Salcedo manifestó que el juez Reynaldo Cevallos le pidió 300.000 dólares para darle arresto domiciliario y que cuando ya estuvo detenido en la Cárcel de El Inca, por el caso corrupción hospitalaria, le solicitó 100 mil dólares para «mejorar su estadía» y trasladarle a la Cárcel 4. En la contraoferta Salcedo le ofreció 20.000 dolares para acordar finalmente el traslado por 70.000 dólares.

También mencionó al juez Lino Ramos, que seguía un proceso en su contra por peculado, y le habría pedido 100 mil dólares para fallar a su favor. Le habría dado 4.000 o 5.000 dólares como adelanto como demostración de que el trato iba en serio, pero el juez fue separado de la causa.

Con el fin de tramitar un hábeas corpus,  el juez Johan Marfetán le habría pedido 25.000 dólares: 5.000 para que el sorteo de la causa caiga en su despacho y 20.000 para que el fallo sea a su favor.

En cambio el juez nacional, a esa fecha, Byron Guillén, le habría pedido 140.000 para liberarlo definitivamente del caso por lavado de activos. Le habría entregado 70.000 pero como no se concretó la declaratoria de inocencia le devolvió 60.000.

En su testimonio anticipado se refirió al juez Banny Molina, de Manabí, quien le ofreció sacarlo de la prisión. A través del abogado Christian Romero se habrían reunido en la cárcel 4 para negociar su libertad y la de Jorge Glas, exvicepresidente del correísmo sentenciado por corrupción y presente en esa reunión.

Según Salcedo, a él le pedían 150 mil dólares para dejarlo libre a través de un hábeas corpus, y cuando quiso saber cuánto pagaria Glas, le mencionaron que eso estaba coordinado con «Virgilio». La fiscal Diana Salazar le preguntó cual era el apellido de esta persona, y Salcedo respondió que no recordaba bien pero que era algo parecido a «Hernánd…».

Por su parte el testimonio de Mayra Salazar fue indéntico al que dio en el caso Metástasis, ya que ratificó que el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, manejaba la Justicia del Guayas y que operó para que un caso en contra del Banco del Pacífico salga a su favor, además de un presunto tráfico de tierras.

Hasta el 4 de julio, como máximo, la Comisión Ocasional para tratar los proyectos de Ley post consulta popular tendrá aprobado el informe para segundo debate de los proyectos de Ley que remitió el Ejecutivo en cumplimiento de los resultados de la consulta popular. Así consta en el cronograma de trabajo aprobado por esa Mesa Legislativa, que recibió la autorización para unificar en un solo informe los cinco proyectos de Ley. Cuatro de ellos son reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y uno reforma la Ley de Extinción de Dominio.

El asambleísta Carlos Vera Mora (PSC), presidente de la Comisión, reconoció que los tiempos son ajustados por lo que es necesario trabajar en este informe con los plazos que operan cuando se trata de proyectos económicos urgentes, es decir en 30 días tanto el primer como el segundo debate, sin que eso signifique una «camisa de fuerza».

De acuerdo al cronograma, el informe para primer debate a nivel de Comisión se aprobaría como fecha tope el 9 de junio, con lo que pasará al Pleno de la Asamblea para que cumpla con el primer debate hasta el 16 de junio.

Una vez que el documento regrese a la Comisión, las observaciones que se hayan recibido serán procesadas hasta el 30 de junio y el informe para segundo y definitivo debate se aprobará, en la Comisión, hasta el 4 de julio para que luego pase al debate del Pleno.

Se tiene previsto cumplir con 22 comparecencias, entre estas, la de la Fiscal Diana Salazar; del presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada; Decanos de la Facultad de Jurisprudencia de las Universidades Central, Católica, De los Andes, San Francisco, entre otras.

Desde hoy la Asamblea necesitará solamente mayoría absoluta (70 votos con la conformación actual), y no mayoría calificada (92 votos) como era hasta ayer, para ratificarse en sus proyectos de Ley que hayan sido vetados parcialmente por el Ejecutivo. El Pleno aprobó esta enmienda constitucional con 94 votos afirmativos y casi de inmediato se publicó en el Registro Oficial, por lo que la medida está vigente.

Con la enmienda se modificó el artículo 138 de la Constitución y el proyecto fue presentado por el exasambleísta Héctor Muñoz, en el 2020, quien fue recibido en comisión general en la sesión del Pleno y explicó que responde a la necesidad de un “balance de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Otto Vera, asambleísta del PSC, ratificó que la aprobación de la enmienda al artículo 138 de la Constitución, permitiría mantener un balance entre el Ejecutivo y Legislativo, ya que antes era un problema ratificarse en lo que había aprobado la Asamblea al necesitar 92 votos para hacerlo, cuando el Ejecutivo vetaba parcialmente los textos aprobados por los legisladores.

Leonardo Berrezueta, asambleísta por la Revolución Ciudadana, indicó que la Asamblea ha dado muestras de aprobar leyes muy importantes y que el cambio constitucional pone freno a ese “hiper presidencialismo” mal usado por los últimos gobiernos.
Aseguró que los nuevos gobernantes deberán buscar mayorías en la Asamblea, sin que exista el abuso de poder; por lo que con esta normativa el gobierno de turno debe abrir el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo.

La aprobación de la enmienda afecta directamente al Ejecutivo, ya que operará el “hiper parlamentarismo”, con plenos poderes, dijo por su parte Adrián Castro, asambleísta por ADN.

Aseguró que la decisión afecta los contrapesos entre el Ejecutivo y Legislativo, dejando como única oportunidad el veto presidencial total, para evitar que sus observaciones  no sean acogidas en los vetos parciales.

Legisladores de varios grupos políticos cuestionaron al Presidente de la República, Daniel Noboa, por haber vetado totalmente las reformas al Código de la Función Judicial. Uno de los artículos polémicos de esta reforma habría permitido que los vocales del Consejo de la Judicatura acogerse a una licencia sin sueldo en caso de que les dicte prisión preventiva o arresto domiciliario.

En el veto total el Ejecutivo señala que esa disposición es contraria a lo señalado en la Constitución ya  que ningún servidor judicial probo en el ejercicio de sus funciones debería encontrarse vinculado en actos que son contrarios a la Ley.

Noboa agrega que el proyecto de ley no es conveniente para los intereses del país ya que este tipo de reformas deben ser construidas con la mayor participación y análisis de los actores de la Función Judicial, con la finalidad de no violentar la independencia judicial. con lo que justifica su veto total. Esto imposiblita a la Asamblea volverlo a tratar en un año.

Sin embargo legisladores como Lucía Posso y Sofía Sánchez, independientes; y el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, dijeron que el Presidente debió optar por un veto parcial ya que en la reforma había temas positivos como las judicaturas especializadas en violencia sexual.

El pasado 24 de mayo el Presidente de la República, Daniel Noboa, en el informe a la Nación emitido desde la Asamblea, aseguró que desde que asumió el poder se habrían generado 105.050 nuevos puestos de trabajo para jóvenes. Sin embargo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reflejó a abril de 2024 que la afiliación de personas de hasta 30 años habría caído en 8.572 personas, en comparación al mismo periodo en 2023.

La mañana de este miércoles 29 de mayo, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, en un conservatorio con medios de comunicación, ratificó la cifra dada por Noboa sobre la creación de 105.000 nuevos empleos. Dijo que las provincias  donde más se han registrado contratos de jóvenes son: Guayas (34.469), Pichincha (30.753), Azuay (7.008), Manabí (5.497) y El Oro (4.172).

Las actividades económicas donde se habría generado mayor cantidad de contrataciones están en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 49.828 nuevos contratos; y el comercio, con 15.422. De estas nuevas plazas laborales, según el Ministerio de Trabajo, el 67,7% corresponde a hombres y el 32,3% a mujeres.

Al finalizar,  Núñez enfatizó que “la meta es la misma, generar empleo digno, impulsar la reactivación del país, sin dejar a nadie atrás”.

Afiliación de jóvenes sigue en caída.

Según datos del IESS, las cifras del Gobierno no reflejarían un incremento real del empleo juvenil ya que hasta a abril de 2024, la afiliación IESS había caído. La ministra señaló que su Cartera de Estado ha pedido una reunión con los técnicos del IESS ya que los datos no reflejan la desafiliaciones, jubilados y fallecimientos.

Con 118 votos a favor (unanimidad), el Pleno de la Asamblea censuró la tarde de este miércoles 29 de mayo al exministro del Interior, Juan Zapata, por incumplimiento de funciones al no poder garantizar la seguridad de los ecuatorianos.

Los 11 asambleístas que intervinieron en el debate del juicio político coincidieron en señalar que en la época en que Zapata asumió el cargo, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, la violencia, la delincuencia y las muertes violentas aumentaron de manera significativa y le responsabilizaron por no ejecutar todo el presupuesto asignado a esa cartera de Estado para dotar a los policias de chalecos antibalas, patrulleros, armamento y mas implementos que les hubiesen permitido hacer frente a las bandas organizadas.

El asambleísta interpelante, Carlos Vera Mora (PSC), dijo que el exministro ejecutó únicamente el 34,19 % del presupuesto durante su gestión y que debido a esta inacción el número de muertes violentas subió de 4.800 en 2022, a 8.800 en el 2023. Entre estas el crimen del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio y del alcalde del Manta, Agustín Intriago, entre otras.

En tanto que Zapata, durante su derecho a la defensa, rechazó que se lo responsabilice por el incremento de los niveles de inseguridad ya que dijo que es un problema que viene desde hace 20 años atras. Indicó que es impensable que el auge de la inseguridad se haya dado y crecido durante sus 13 meses de gestión.

Con su cesura el exministro no podrá ejercer cargo público durante dos años.

La asambleísta de Construye, Nataly Morillo, informó este martes 28 de mayo, que llegó a su despacho una denuncia ciudadana alertando que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, habría adquirido vehículos de alta gama y hasta un bote gracias a su carné de discapacidad.

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En rueda de prensa y acompañada de algunos de sus compañeros de bancada, Morillo indicó que en ejercicio de su rol fiscalizador ha pedido información a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Salud, ya que el titular del Consejo habría hecho mal uso de su carné.

Según la legisladora, Fantoni tendría una discapacidad física del 44%, por lo que pide una certificación al Ministerio de Salud. Aseguró que valiéndose del documento de discapacitado habría adquirido en 2020 un bote por 16.740 dólares. Añadió que continuará con su proceso de fiscalización a fin de verificar si el documento fue obtenido de forma transparente, caso contrario continuará las acciones de sanción a nivel legislativa, como es el juicio político.

Aparte del Ministerio de Salud Pública también ha solicitado información al Servicio Nacional de Aduanas para verificar el proceso de otorgamiento del carné y la adquisición de bienes.

Por su parte Fantoni, en un comunicado difundido en sus redes sociales, aclaró que su discapacidad se habría derivado luego de una cirugía de la columna vertebral y de manera posterior en la colocación de un neuroestimulador. Precisó que el 31 de enero de 2020 fue calificado como persona con discapacidad por parte del Ministerio de Salud Pública, condición que mantiene en la actualidad.

El presidente del Consejo de Participación aseguró que su vehículo fue adquirido en 2018 y que la embarcación a la que hace referencia la legisladora no fueron adquiridos con el citado carné.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, acudió hoy a la Asamblea para presentar su primer y único informe a la Nación. Su mandato concluirá en un año y no se sabe qué mismo pasará en las elecciones presidenciales del 2025.

Sin embargo, la jornada de hoy tuvo un matiz de precampaña electoral. Cientos de sus partidarios, de varias provincias, con banderas y pancartas del ya legalizado momiento Acción Democrática Nacional (ADN) le esperaron en el tramo de la avenida Seis de Diciembre, entre Patria y Tarqui.

El Presidente, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, caminó ese par de cuadras que le separaban de la sede de la Legislatura. A su pasó saludaba, cual mitin político a sus seguidores que tambien podían  ver la transmisión de lo que iba sucediendo en unas tres pantallas gigantes ubicadas a lo largo de este recorrido.

Los que fueron más temprano incluso pudieron llevarse su figura de cartón en tamaño de natural, una estrategia que le valió trepar en popularidad en la campaña de 2023, y que hoy se repartieron por decenas. Para cerrar toda esta ceremonia con el pueblo, antes de ingresar a la Asamblea una de sus partidarias le puso la banda presidencial.

El Informe

Noboa intervino en la Asamblea ante cerca de 600 invitados entre autoridades, dirigentes de movimiento sociales, ministros, asambleístas, exasambleístas, cuerpo diplomático, entre otros.  Sin embargo, se pudieron divisar sillas vacías en las últimas filas.

28 minutos le llevó a Noboa exponer su informe a la Nación, de los cuales 13 fueron para presentar cuatro videos de su gestión en áreas económica, educación, salud, infrestrutura, seguridad, a la que dedicó la mayor parte de su intervención.

Aseguró que su Gobierno se enfocó en construir un país donde la tranquilidad y el progreso sean la norma y no la excepción, para lograr un país seguro, abierto a la inversión, a la creación de plazas de empleo y sobre todo a garantizar el futuro de todos.

Recordó el 9 de enero de este año, cuando un grupo terrorista se tomó las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, a lo que calificó como un intento de golpe de Estado. Dijo que fue el punto de partida para actuar como nadie lo había hecho antes. «No había espacio para la tibieza y después de 5 meses la decisión y frontalidad han dado resultados», aseguró, en relación a las medidas tomadas para combatir a los grupos terroristas.

Entre los resultados de ese combate a los grupos terroristas mencionó la detención de varios cabecillas de las bandas, la desintegración de grupos narcoterroristas. Agregó que la lucha no ha terminado.

Habló de transformación social, empleo, educación, manejo de las finanzas públicas, desarrollo social. «El nuevo Ecuador no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas ni ninguno de sus disfraces históricos. El nuevo Ecuador tampoco sede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos y hasta quieren que se sentencie a su país. Ahora el tiempo nos da la razón y nos la seguirá dando», dijo Noboa en la parte final de su discurso.

Con 88 votos a favor el Pleno de la Asamblea aprobó la creación de la Comisión Ocasional Multipartidista para dar trámite a los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, en cumplimiento a los resultados de la consulta popular.

Carlos Vera Mora (PSC), Steven Ordóñez (ADN), Lucia Posso (independiente), Patricia Mendoza (Revolución Ciudadana) y Catalina Salazar (Construye) integran esta instancia que tendrá 45 días para tratar los proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

El asambleísta Vicente Taiano (PSC), mocionó los nombres de los mencionados legisladores para que cumplan, dijo el mandato producto de la consulta popular para reformar leyes que ayuden a combatir la delincuencia, y de esa manera el Gobierno trabaje en la parte que le corresponde para garantizar la seguridad de los ecuatorianos.

La Comisión sesionó en horas de la tarde de manera virtual y con cinco votos, unanimidad, nombró como presidente de la misma al legislador Carlos Vera Mora y con igual votación a Lucía Posso como vicepresidenta.

Por unanimidad, 8 votos a favor y una ausencia, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe de sustanciación del juicio político en el que recomienda al Pleno la interpelacion y censura de Juan Zapata, exministro del Interior en el Gobierno de Guillermo Lasso.

El proceso es impulsado por el asambleísta socialcristiano Carlos Vera Mora, quien responsabiliza al exfuncionario de incumplimiento de funciones relacionadas con la garantía de la seguridad integral, el mantenimiento del orden público, la protección de derechos, la ejecución presupuestaria y la funciones del Ministerio del Interior y la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana, lo que desencadenó, según la Comisión, la ola de violencia y asesinatos que afectan al país.

Por su parte Zapata, en una extensa carta difundida en su red social X, asegura que el informe carece de validez jurídica ya que no fue notificado con la sustanciación del juicio político por lo que se quedó en la indefensión, sin poder responder a las acusaciones ni aportar  sus pruebas de descargo.

Asegura que la notificación se le hizo llegar a un correo electrónico distinto al registrado en la Asamblea en el Sistema de Gestión Documental, a donde las otras comisiones le han notificado comparecencias y solicitudes de información.

Sin embargo, Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), presidenta de la Comisión de Fiscalización, aseguró que fue notificado debidamente, a los correos que constan en las declaraciones juramentadas que Zapata entregó a la Contraloría, y que si no corresponden significa que Zapata cometió perjurio.