El 16 de noviembre de 2025 los ecuatorianos volverán a la urnas para pronunciarse en el referéndum propuesto por el Presidente de la República, Daniel Noboa, sobre la posiblidad de levantar la prohibición de que bases militares extranjeras se instalen en el país; y sobre la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas.

En sesión de este 21 de septiembre de 2025, el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario electoral que regirá para este proceso. Entre otras fechas constan que la campaña electoral se desarrollará entre el 1 y el 13 de noviembre y la publicación de los resultados oficiales el 5 de enero de 2026.

El presupuesto estimado para organizar el referéndum asciende a 59’783.375 dólares.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió la tarde de este 20 de septiembre de 2025 remitir a la Corte Constitucional el Decreto Ejecutivo 153, dictado por el Presidente de la República, Daniel Noboa, para que se convoque a una consulta popular sobre la Asamblea Constituyente.

En la mañana el organismo electoral se abstuvo de tratar el Decreto Ejecutivo 148 que Noboa había emitido con el mismo propósito, sobre el cuál la Corte Constitucional emitió medidas cautelares suspendiendo sus efectos hasta resolver las demandas de inconstitucionalidad  presentadas contra ese decreto por no haber pasado el control constitucional previo.

Sin embargo, el CNE se declaró en periodo electoral (máxima autoridad en el país) para dar trámite a propuestas de referéndum sobre las bases militares extranjeras y el financiamiento estatal a las organizaciones políticas.

Aprovechando esa coyuntura, Noboa derogó el Decreto 148 pero de inmediato publicó el 153 con el objetivo de que esta vez el CNE sí apruebe su contenido y ponga en marcha el proceso electoral para la Constituyente.

Pero los vocales del CNE resolvieron remitir a la Corte Constitucional este nuevo Decreto solicitando un dictamen inmediato, bajo el principio de celeridad, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular para la Asamblea Constituyente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se abstuvo de tratar el decreto 148 por el cual el presidente de la República, Daniel Noboa, proponía que se convoque a una consulta popular para que la población defina si desea ir o no a una Asamblea Constituyente.

El CNE no abordó este tema debido a que la Corte Constitucional dictó medidas cautelares hasta resolver las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron contra ese decreto por no haber pasado el control previo de constitucionalidad a cargo de la Corte.

La medidas cautelares son provisionales y se notificó al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la disposición de la Corte, con las previsiones de ley, con el fin de que se abstengan de tramitar cualquier actuación en torno a la ejecución de ese decreto.

En un comunicado el CNE considera indispensable que la Corte Constitucional se pronuncie con celeridad sobre las medidas cautelares interpuestas y la validez del decreto de Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el organismo se declaró en periodo electoral por las preguntas para levantar la prohibición de establecer en el país bases militares extranjeras y la relacionada a que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupesto General del Estado a las organizaciones políticas. Con esta decisión, el CNE organizará el proceso de referéndum con esos dos temas y espera la decisión de la Corte sobre la Asamblea Constituyente.

La tensión entre el Gobierno y la Conaie, la mayor organización indígena del país, se intensificó este 18 de septiembre. Tras mantener una asamblea extraordinaria en Riobamba, la Conaie convocó a un paro nacional inmediato e indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Marlon Vargas, presidente de la organización, afirmó que fue una decisión que se adoptó en consenso y de manera colectiva con las tres regionales: Ecuarunari, Confeniae y Conaice. El dirigente agregó que fue una análisis profundo para llegar a 10 resoluciones, entre las que consta el paro nacional.
La aplicación de la resolución la definirán cada una de las organizaciones y estructuras del movimiento indígena en cada uno de sus territorios. Sin embargo, no mencionó que estén pensando marchar hacia Quito ya que dijo que tienen estructuras en las 24 provincias.
La reacción del Gobierno fue inmediata y decretó el toque de queda todos los dias en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi entre las 22:00 hasta las 05:00. Son las provincias con mayor población indígena y en las que se están produciendo protestas contra el régimen.
Entre los considerandos del decreto con el que estabablece el toque de queda constan notas de prensa de varios medios de comunicación que recogen los anuncios de movilizaciones por parte de varias organizaciones indígenas en esas provincias.

Las resoluciones

Estas son las resoluciones de la CONAIE adoptadas en Riobamba:
– Ratificar la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas y sectores sociales aliados para enfrentar el ajuste económico.
– Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel.
– Denunciar y rechazar la persecución del Gobierno y se acogen al derecho a la resistencia.
– Revocar las licencias ambientales en los proyectos mineros de Palo Quemado, Quimsacocha y Las Naves.
– Declarar el estado de excepción comunitario nivel nacional en los pueblos y nacionalidades. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a los territorios, y se activan las guardias comunitarias para la protección de los pueblos.
– Rechazar la consulta popular y el intento de una Asamblea Constituyente.
– Exhortar a los medios de comunicación a actuar con objetividad y transparencia e informar con responsabilidad.
– Exigir la reducción del IVA del 15% al 12% tomando en cuenta que no ha cumplido su objetivo de resolver la inseguridad.
– Reinstalar el parlamento plurinacional de pueblos, nacionalidades y organizaciones afines
– Convocar a las bases, organizaciones sociales y a la sociedad al paro nacional de carácter inmediato e indefinido en Ecuador.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, vuelve a traer al debate público la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. En sus redes sociales publicó una carta abierta dirigida a la ciudadanía en la que menciona que el Ecuador ha pasado mucho tiempo detenido y secuestrado por instituciones que se olvidaron que debían servir a la ciudadanía.
«No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece librarse de quienes lo frenan y esta vez es el turno de los ecuatorianos lograrlo», escribe en la carta.

Asegura que las actuales reglas impiden al Gobierno luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez. Vuelve a arremeter contra la Corte Constitucional por haberle negado preguntas claras solo por activismno político ya que sabían que el pueblo aprobaría esos cambios, que los mismos de siempre quieren bloquear.
Por eso considera necesario plantear en la próxima consulta popular la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional.
«Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador, la base del país que construyamos juntos», posteó Noboa.
La Constitución señala que la Asamblea Constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular y podrá ser solicitada por el Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.
La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral, pero deberá pasar por el control constitucional de la Corte Constitucional. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, volvió a remitir a la Corte Constitucional la propuesta reformulada para que se consulte a la población si está de acuerdo con la reducción del número de asambleístas.
En el primer intento la Corte declaró que no procede la propuesta pues omitía datos importantes, como el hecho de que la Asamblea pasaría de 151 a aproximadamente 73 integrantes.
Segun el organismo, esta ausencia de información dificultaba que el electorado comprenda con precisión el alcance de la propuesta y sus efectos en la representación democrática por provincia, por lo que no satisfacía plenamente los principios de claridad y lealtad previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
En ese dictamen la Corte recordó que el Ejecutivo podía presentar una nueva propuesta sobre este tema si así lo decidiese, respetando los requisitos de claridad y lealtad que permitan un pronunciamiento ciudadano informado y responsable.
El Ejecutivo así lo hizo y en los considerandos de la nueva propuesta explica que la Asamblea estaría conformada por 73 asambleístas: 10 elegidos por circunscripción nacional, 57 por circunscripciones provinciales, y 6 por distritos electorales del exterior. En la nueva propuesta se incluye un cuadro con el detalle del número de asambleístas actuales por cada jurisdicción y cómo quedaría numéricamente cada jurisdicción si la propuesta es aprobada en la urnas.
La pregunta también se reformuló. En la primera prupuesta constaba:
«¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?».
Luego de la observación de la Corte, la pregunta se formula de la siguiente manera:
«¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?». El juez constitucional Jorge Benavides será el encargado de preparar el proyecto de dictamen sobre si procede o no la consulta con las modificaciones realizadas por el Ejecutivo. El dictamen deberá ser aprobado por el Pleno de la Corte.

Los otros temas

La Corte dio luz verde a que se consulte sobre la contratación por horas en el sector turístico, pero con la condición de que se trate de la primera relación laboral y se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores. También aceptó que la población se pronuncie sobre la obligación del Estado de entregar recursos del Presupuesto General a las organizaciones políticas.
Pero excluyó del texto normativo el anexo que proponía reformar el financiamiento estatal a las campañas electorales ya que dicha modificación no constaba ni en la pregunta ni en los considerandos, lo que impedía que el electorado se pronunciara de manera informada sobre ese cambio.

De manera sorpresiva, el Gobierno anunció su decisión de eliminar el subsidio al diésel y destinar esos recursos a atender a población vulnerable, a la producción nacional y al transporte.

Según las autoridades, el subsidio a ese combustible le costó al país 1.100 millones de dólares y en muchos casos eran recursos que se desviaban al contrabando, mineria ilegal y a otros beneficios indebidos.

El Gobierno garantizó que el pasaje no subirá ya que ofreció algunos incentivos para los transportistas:

• Bono de entre 400 y 1.000 dolares mensuales para 23.300 choferes de transporte de pasajeros urbano, inter e intraprovincial.
• Bono de chatarrización de hasta 20.000 dolares y créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9% para la renovación de unidades de transporte.
• Pago de deuda histórica de 80 millones de dólares al transporte de pasajeros.
• Inversión de 10 millones de dólares en vehículos para seguridad en vías y 23 millones en zonas de descanso y en controles de paso en la red vial estatal.
• Compensación económica de tres meses para los sectores de transporte comercial, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico.

El Ejecutivo asegura que los recursos que antes se destinaban al subsidio al diésel, ahora se destinarán a 55 mil nuevas familias en situación de vulnerabilidad para que reciban el bono de desarrollo humano; 115 mil adultos mayores recibirán de forma directa la devolución del IVA; y otros 80 millones de dólares se destinarán a la devolución del IVA a los constructores de proyectos inmobiliarios.

La medida no convence  

La eliminación del subsidio y las medidas compensatorias no cumplen la expectativas de varios sectores que consideran un golpe a la economía de la población en general. Gremios de transporte en sus diferentes modalidades mantienen reuniones para definir acciones juídicas y otros recursos frente a la decisión del Gobierno.

La Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado lamenta que el Gobierno no haya socializado la eliminación del subsidio ya que les deja en indefensión al sector por la graves implicaciones económicas que acarreará la medida y a todo el pueblo a quien se le tendrá que trasladar el valor final del transporte, según un comunicado del gremio.

El Frente Unitario de Trabajadores afirmó que es una medida antipopular que golpea directamente a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables del país. Para el FUT el costo de transporte se trasladará a los precios de los productos de primera necesidad. En cambio la CONAIE afirmó que ejercerá su derecho a la resistencia.

Con seis votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe que recomienda al Pleno continuar con el juicio político en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, propuesto por el asambleísta oficialista Kevin Gallardo.
Albán es acusado de presunto incumplimiento de funciones, a pesar de que no ejercía el cargo a la fecha de los hechos denunciados.
La legisladora de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera, manifestó que este juicio político puede sentar un mal precendente ya que no se logró justificar que haya incumplido alguna función. Su criterio fue corroborado en la presentación de las pruebas de cargo y de descargo por los constitucionalistas André Benavides y Gustavo Silva, quienes aseguraron que este juicio vulneraría principios como la seguridad jurídica, la autoridad de cosa juzgada y el debido proceso, por cuanto los hechos que sustentarían el juicio fueron resueltos en su momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, mediante sentencia ejecutoriada, por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sobre los cuales la Legislatura no tiene competencia.
El informe aprobado por la Comisión señala que la solicitud presentada por Gallardo cumplió con los requisitos formales, que el proceso de sustanciación garantizó el debido proceso y la defensa de ambas partes, y que Albán accedió al cargo sin cumplir con el requisito de no haber sido adherente a una organización política en los últimos cinco años, lo que vicia el acceso al cargo y compromete la legitimidad del ejercicio de sus funciones, comprometiendo valores y deberes constitucionales, generando pérdida de confianza política, según el informe aprobado.
Para la Comisión, se trata de una infracción que afecta de forma directa la independencia, imparcialidad y legalidad del Consejo de Participación Ciudadana.

Siete nuevas preguntas, cuatro para que sean tramitadas vía reforma constitucional y tres como consulta popular, remitió el Presidente de la República, Daniel Noboa, a la Corte Constitucional, según informó la Presidencia de la República.

Este nuevo paquete de preguntas se da luego de que el organismo no admitió en el primer grupo temas como el juicio político a los jueces constitucionales, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la castración química para agresores sexuales. En este nuevo grupo de preguntas Noboa reformula alguno de esos temas.

Las preguntas que se enviaron son:

¿ Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?

De acuerdo al procedimiento los jueces en este primer momento de control constitucional deben calificar si la vía a seguir es la que propone el Presidente de la República: referéndum o consulta popular

Permitir la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país, eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, habilitar la contratación por horas en el sector turístico, y disminuir el número de asambleístas son los cuatro temas que ya tienen el aval de la Corte Constitucional para que consten en la papeleta de la consulta popular promovida por el Presidente de la República, Daniel Noboa, posiblemente para finales de noviembre.
De estos temas, lo de las bases extranjeras y las organizaciones políticas están avanzadas en su tratamiento. En el primer caso la pregunta y sus anexos pasaron el segundo fitro constitucional y ya está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que ordene la impresión de las papeletas con esa pregunta. En relación al financiamiento estatal a las organizaciones políticas, la pregunta y sus anexos aún están en análisis de la Corte Constitucional para el segundo dictamen.
Además, el organismo constitucional difundió ayer los dictámenes sobre el disminución del número de asambleístas y la contratación por horas en el sector turístico y determinó que sí es posible tratarlos a través de la consulta popular ya que no alteran la estructura del Estado.

No van a consulta

La Corte también se pronunció sobre las propuestas pára eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional, el establecer casinos y juegos de azar en el país y la castración química para violadores.
Todos estos temas no entrarán a consulta popular ya que los jueces constitucionales identificaron diferentes problemas en sus contenidos.
Para los jueces, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana implica distribuir sus potestades y atribuciones a otras instituciones, lo que altera la estructura de la Constitución por lo que no puede ser tratado como enmienda.
Sobre el juicio político a los magistrados constitucionales, consideran que atenta contra la independencia judicial por lo que afecta la estructura del Estado, ya que al dar paso a esta pregunta la Asamblea tendría influencia directa sobre esa institución.
La castración química no pasó ya que el Presidente de la República no dio los suficientes elementos para determinar que la propuesta permitará combatir los ataques de índole sexual. Y sobre los casinos, el argumento para no calificar la propuesta es que la pregunta contenía tres partes lo que llevaría a la confusión del elector y que los considerandos carecían de claridad y relación directa con la pregunta.