Permitir la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país, eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, habilitar la contratación por horas en el sector turístico, y disminuir el número de asambleístas son los cuatro temas que ya tienen el aval de la Corte Constitucional para que consten en la papeleta de la consulta popular promovida por el Presidente de la República, Daniel Noboa, posiblemente para finales de noviembre.
De estos temas, lo de las bases extranjeras y las organizaciones políticas están avanzadas en su tratamiento. En el primer caso la pregunta y sus anexos pasaron el segundo fitro constitucional y ya está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que ordene la impresión de las papeletas con esa pregunta. En relación al financiamiento estatal a las organizaciones políticas, la pregunta y sus anexos aún están en análisis de la Corte Constitucional para el segundo dictamen.
Además, el organismo constitucional difundió ayer los dictámenes sobre el disminución del número de asambleístas y la contratación por horas en el sector turístico y determinó que sí es posible tratarlos a través de la consulta popular ya que no alteran la estructura del Estado.

No van a consulta

La Corte también se pronunció sobre las propuestas pára eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional, el establecer casinos y juegos de azar en el país y la castración química para violadores.
Todos estos temas no entrarán a consulta popular ya que los jueces constitucionales identificaron diferentes problemas en sus contenidos.
Para los jueces, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana implica distribuir sus potestades y atribuciones a otras instituciones, lo que altera la estructura de la Constitución por lo que no puede ser tratado como enmienda.
Sobre el juicio político a los magistrados constitucionales, consideran que atenta contra la independencia judicial por lo que afecta la estructura del Estado, ya que al dar paso a esta pregunta la Asamblea tendría influencia directa sobre esa institución.
La castración química no pasó ya que el Presidente de la República no dio los suficientes elementos para determinar que la propuesta permitará combatir los ataques de índole sexual. Y sobre los casinos, el argumento para no calificar la propuesta es que la pregunta contenía tres partes lo que llevaría a la confusión del elector y que los considerandos carecían de claridad y relación directa con la pregunta.

Ecuador logró un importante respaldo de los Estados Unidos, país que accedió a incluir en la lista de organizaciones terroristas extranjeras a las bandas narcodelictivas ecuatorianas «Los Lobos» y «Los Choneros».
Fue parte de los acuerdos logrados tras la visita al país de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien se reunió la mañana de este jueves con el Presidente de la República, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet.
Rubio informó que la medida le permitirá a su país intervenir los bienes que los integrantes de estos grupos tengan en Estados Unidos y a la vez trabajar de manera conjunta en labores de Inteligencia para intercambiar información vital para detectar las actividades de esos grupos.

Rubio agregó que «Los Lobos» y «Los Choneros» no serán las únicas bandas ecuatorianas en integrar la lista de organizaciones terroristas, ya que se prevé que en los próximos días otros dos grupos delictivos entren en esa categoría, aunque no mencionó de cuáles se trata.
En la lucha contra el crimen organizado y el narcotrafico, los Estados Unidos también se comprometieron a designar a Ecuador 13,5 millones de dólares y seis millones de dólares más para la compra de drones que serán usados por la Armada ecuatoriana. Una medida adicional es actualizar el acuerdo de extradición entre las dos naciones, ya que los parámetros tienen una adenda de más de 150 años, lo cual no responde a la realidad actual explicó la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld. La funcionaria ecuatoriana destacó la serie de acuerdos logrados para combatir no solo a las bandas narcodelictivas, sino también la minería ilegal, el lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas.

«Este gobierno y esta administración está enfrentando a las organizaciones narcoterroristas como nunca antes en la historia y queremos ayudarlos. El presidente Noboa ha hecho muchísimo más en estos dos años para luchar contra los narcoterroristas y combatir los desafíos a la seguridad que cualquier otro gobierno», expresó el diplomático estadounidense.
Sobre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a contar con una base militar en Ecuador, Rubio dijo que se puede considerar si Ecuador así lo solicita en el marco de la soberanía nacional.

Las organizaciones sociales rechazaron el llamado del Presidente, Daniel Noboa, a una movilización en Guayaquil el mismo día en que estos sectores organizan una marcha nacional en contra de las políticas del Gobierno: el jueves 11 de septiembre.
«Es un acto sin razón que busca enfrentar al pueblo con el pueblo», manifestó Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quien agregó que el gobierno debería poner atención al deterioro de la calidad de vida de los guayaquileños, antes que dedicarse a organizar contramarchas. «Nosotros ratificamos la movilización a nivel nacional de la marcha del 11 de septiembre», expresó Bedoya.
Algunos representantes de las 30 organizaciones que integran el Frente en Defensa de la Salud, Educación Pública, Trabajo Digno, Seguridad Social, Derechos Humanos y de la Naturaleza y el FUT sostienen que la suya será una movilización que aglutine a aquella ciudadanía que quiere expresarse de manera espontánea en defensa de sus derechos, mientras que la convocada por Noboa reunirá a los servidores públicos que temen perder sus trabajos, a aquellos que van por un sanduche o por unos 20 dólares, sin que sepan porqué se movilizan.

Mariana Narvaez, presidenta de la Federación de Asociaciones Profesionales de Enfermería, considera que el Gobierno quiere confrontación para tapar problemas como la crisis en los sistemas de salud, de educación, la desvinculación de servidores públicos y la inseguridad. Por lo que invitó a todos los sectores que se sumen a la movilización social. «Esto no se trata de banderas políticas, se trata de defender derechos contemplados en la Constitución», dijo la dirigente sindical.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, agregó que también está en juego la defensa del agua que estaría en riesgo en Cuenca por la presencia de empresas mineras que han obtenido licencias ambientales para su actividad en Kimsacocha, lo que afectaría el medio ambiente.

Infraestructura escolar en mal estado, migración de miles de estudiantes de la educación particular a la pública por falta de recursos, falta de transparencia en la información de la tabla de pensiones educativas, incumplimiento de los montos de inversión para Educación son algunos de los problemas con los que iniciará desde el lunes el ciclo lectivo 2025-2026, advirtió la mañana de este viernes 29 de agosto, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Según el Ministerio de Educación, desde este 1 de septiembre más de 1.7 millones de estudiantes y 99 mil docentes regresarán a las aulas en más de 6 mil instituciones educativas del régimen Sierra-Amazonía.

Quishpe dijo que es indispensable que la educación sea declara en emergencia ya que, a parte de los problemas señalados, se han sumado otros muy críticos como la violencia en contra de niños y jóvenes que han sido asesinados y la «vacunación» por parte de sectores delictivos a los docentes.

El dirigente señaló que la crisis es estructural, y que para superarla es necesario que el Gobierno entregue los 7 mil millones dólares en el Presupuesto General del Estado para atender las necesidades del sector.

Por su parte el Ministerio de Educación indicó que ha implementado un plan de seguridad integral para garantizar entornos educativos seguros y protegidos, en el que participará el Ministerio de Gobierno, quien a través de las intendencias provinciales, liderará operativos de control y prevención en zonas aledañas a los planteles educativos.

Mientras que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional desplegarán 11.442 uniformados en el perímetro de 4.765 instituciones educativas, con el objetivo de garantizar entornos seguros. Además, se brindará resguardo en 136 centros educativos priorizados, ubicados en Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Napo, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe, Loja, Morona Santiago, Pastaza, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Carchi, Azuay y Cañar.

El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. La propuesta tiene el carácter de económico urgente, por lo que deberá ser tratada por la Legislatura en 30 días. Es el quinto proyecto de Ley que Noboa remite bajo ese parámetro desde que asumió el mandato el 24 de mayo de 2025. Las anteriores fueron la de Solidaridad Nacional, la de Integridad Pública, la de Áreas Protegidas, y la de Transparencia Social.
La nueva propuesta de normativa contiene apenas tres artículos, dos disposiciones reformatorias y dos transitorias. Según el documento, el objeto es establecer reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), con el fin de garantizar la transparencia en la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, así como fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad de su sistema crediticio. Como parte del proyecto, propone reformar la Ley del BIESS y la Ley de Seguridad Social.
Una vez ingresado el documento, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificarlo y remitirlo a una de las Comisiones permanentes. Hasta el momento todos los proyectos económicos urgentes han sido tramitados por la Comisión de Desarrollo Económico.

La Corte Constitucional inició hoy la audiencia sobre 26 demandas acumuladas presentadas en contra de la Ley de Integridad Pública. El juez sustanciador de la causa es José Luis Terán; entre los accionantes se encuentran la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cooperativas de ahorro y crédito, representantes de servidores judiciales, de profesores universitarios, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), entre otras organizaciones y personas naturales.

Dos de los temas que más fueron observados por los demandantes de la normativa se relacionaron con el carácter económico urgente con que fue presentado, calificado y tramitado el proyecto de Ley; y con el principio de unidad de materia que debe cumplir toda inciativa de Ley.

Andrés Quishpe, Ramiro García, Ricardo Luna, Jaime Arciniega, Marcela Arellano, Damián Armijos, entre otros, cuestionaron que en una misma Ley se hayan reformado normativas tan diferentes como las relacionadas con la niñez y la adolescencia, con la de Movilidad Humana, con la de la Función Judicial, de la Contraloría, de la Legislatura. Y cómo todo ese conjunto de normas reformadas tenían un impacto fiscal, económico.

En defensa de la normativa argumentaron Stalin Andino, de la Presidencia de la República, y Mercedes Mediavilla, por la Asamblea. Coincidieron  en señalar que se cumplen todos los requisitos de fondo y de forma ya que es una Ley con eje transversal para mejorar la administración pública en sus diferentes niveles en beneficio de la ciudadanía.

Los exteriores 

Organizaciones que presentaron las demandas cumplieron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, como forma de respaldo a los jueces ante los ataques del Gobierno y para exigir que se declare la inconstitucionalidad de la normativa. Estos fueron sus argumentos:

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador

Nelson Erazo, presidente Frente Popular

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores

La bancada oficialista de ADN lo volvió a hacer. Con la fuerza de los votos (78 a favor) aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Transparencia Social que fue remitida por el Presidente de la República, Daniel Noboa, como económico urgente, el cuarto de esta naturaleza que lo envía en este su segundo mandato.

Tal como sucedió en tres proyectos urgentes anteriores, la bancada oficialista introdujo en la propuesta de normativa otras reformas que no estaban contempladas ni en el proyecto original, ni en el informe de primer debate.

Esta vez incluyó reformas a la Ley de Minería relacionadas a la etapa de exploración de la concesión minera y la caducidad de los derechos mineros. También se reforma el Código Tributario y el Código Orgánico de Planificación.

Uno de los cambios más criticados por la oposición fue que se haya incluido en este informe para segundo debate, disposiciones transitorias relacionadas con los derechos y obligaciones pendientes de las empresas públicas en liquidación de la Función Ejecutiva con el IESS; y la prohibición del Instituto de cobrar multas o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban dentro de sus pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que corresponda a los trabajadores, empleados o servidores públicos, de las instituciones del Estado que, por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica, lo que incluye capital adeudado, intereses y demás recargos.

Establece, además, que las personas naturales o jurídicas que mantengan deudas con empresas públicas en liquidación, de la Función Ejecutiva, podrán acogerse a la remisión de intereses, gastos judiciales, multas y recargos desde la vigencia de la ley; y la condonación de tributos, precios, contribuciones, peajes y toda obligación adeudada por las empresas públicas en liquidación de la Función Ejecutiva, provenientes de la prestación de servicios públicos.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, recordó que por estos cambios de última hora y de reformas no previstas, es que las otras leyes propuestas por el Gobierno tienen demandas de inconstitucionalidad resolviéndose en la Corte Constitucional.

Por más de seis horas los jueces de la Corte Constitucional escucharon los argumentos de cargo y de descargo sobre las cinco demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de la la Ley de Solidaridad Nacional, remitida por el Ejecutivo como económica urgente y aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea.

La audiencia se cumplió la mañana y tarde de este 25 de agosto de 2025 y fue una jornada donde los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea trataron de justificar porqué en una ley económica urgente se incluyó articulos relacionados con  el conflicto armado interno, indultos diferidos, grupos de delincuencia organizada, entre otras normativas relacionadas con seguridad.

En los exteriores de la Corte se concentraron representantes de gremios y sindicatos que interpusieron o respaldan las demandas como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), que aseguran que la norma viola derechos fundamentales.

La diligencia estuvo presidida por el juez constitucional, Alí Lozada. Las preguntas de los jueces constitucionales trataron de esclarecer las dudas que se matienen sobre el nexo entre el carácter económico urgente y la normativa penal, es decir, la unidad de materia que es parte de los cuestionamientos de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que presentaron las demandas.

El juez constitucional Jorge Benavides consultó qué elementos de la ley atacaban la economía criminal y su relación  con los objetivos de la política económica como para que sean tratados en un proyecto de Ley económico urgente; la jueza Claudia Salgado quiso saber sobre ventajas y desventajas de la aplicación de un régimen jurídico especial para combatir a los grupos de delincuencia organizada; inclusive el juez Richard Ortiz preguntó qué tiene que ver el nombre de la Ley, «Solidaridad nacional» con el conflicto armado no internacional. Entre otras interrogantes, que en el fondo trataban de esclarecer la necesidad de incluir normas que en principio no tenian relación exclusiva con lo económico.

Felipe Pérez, abogado de la Presidencia de la República, y Mercedes Mediavilla, abogada de la Asamblea, trataron de defender la unidad de materia, el procedimiento legislativo, la necesidad de combatir las economías criminales y que eso le da, expresaron, esa categoría de económico urgente.

Nicole Rojas, demandante, manifestó que la Ley contiene un par de artículos en materia económica y que el resto son de índole penal, de seguridad. Cuestionó que se quiera instaurar un régimen jurídico especial al margen de la Constitución.

Fernando Bastias, abogado de colectivos de Derechos Humanos, agregó que los lineamientos del conflicto armado interno no responden a lo que estipula el Derecho Humanitario Internacional.

Concluida la audiencia, Lozada deberá preparar un proyecto de sentencia para que sea debatido y aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional.

Con siete votos a favor, dos votos en contra y una abstención, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, remitida por el Presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente en materia económica.

La presidenta de la Comisión, la oficialista Valentina Centeno, manifestó que esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales. Agregó que el proyecto se justifica en investigaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

La propuesta de normativa está dirigida a las organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de fortalecer el control estatal a fin de prevenir, detectar y controlar los flujos irregulares de capitales; incentivar el cumplimiento de obligaciones tributarias; optimizar la gestión y administración de bienes públicos.

Será la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la que ejercerá́ la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de estas organizaciones, a las que clasificará según su nivel de riesgo: bajo, medio o alto.

Esta clasificación se realizará tomando en cuenta los siguientes parámetros:

a) Volumen de recursos administrados, incluyendo presupuesto anual, activos y patrimonio
b) Origen de los fondos, sea nacional o internacional, públicos o privados
c) Alcance territorial de sus intervenciones, sea local, nacional o transnacional
d) Naturaleza jurídica y finalidad de sus actividades
e) Número de beneficiarios o resultados alcanzados y declarados
f) Historial de cumplimiento normativo
g) Resultado de evaluaciones de riesgo nacional, sectorial o institucional realizadas por la autoridad competente
h) Otros criterios establecidos en el Reglamento General de la presente Ley.

Aunque la disposición general primera establece que ninguna medida de control, supervisión o intervención podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, se mantiene como causal de disolución «…cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales de las personas, el orden público o la seguridad del Estado».

Esta semana el Pleno de la Asamblea tratará el informe en segundo y definitivo debate.

Sectores sociales, activistas y comunidades del Azuay convocaron a una movilización por las calles de Cuenca a cumplirse el 16 de septiembre, mientras que el 23 de ese mismo mes anunciarán un levantamiento por el agua, con acciones de resistencia pacífica en varias localidades.
Fueron las dos resoluciones adoptadas por los «Defensores del Agua de Kimsakocha», las Juntas de Agua, comunidades campesinas, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la CONAIE y la CEDOCUT en rechazo al proyecto minero «Loma Larga», que según estas organizaciones amenaza directamente las fuentes hídricas vitales para Cuenca y el Azuay.
“Estamos unidos comunidades campesinas, pueblos indígenas, trabajadores, estudiantes y habitantes de la ciudad. El agua no se rinde. Kimsacocha nunca se tocará”, manifestó Lauro Sigcha, presidente de la FOA.

El páramo de Kimsacocha es un ecosistema único y estratégico. Sus humedales de altura actúan como esponjas que captan y regulan el agua, alimentando ríos como el Tarqui, Yanuncay y Rircay, de los cuales depende el abastecimiento para más del 30 % de la población de Cuenca.
En el sector se desarrolla el proyecto minero «Loma Larga» con el aval del Ministerio del Ambiente, que otorgó la licencia ambiental a la empresa canadiense Dundee Precious Metals, encargada del proyecto. Esta actividad, manifestaron los dirigentes sociales, generaría drenaje ácido y contaminación con metales pesados, comprometiendo para siempre la salud hídrica de la región.
Los comuneros aseguran que no hubo una real consulta previa sobre este proyecto. Yaku Pérez, abogado de la FOA y excandidato presidencial, señaló que se avanza en nuevos procesos internacionales para denunciar la consulta previa realizada por la empresa y las irregularidades en la licencia ambiental otorgada recientemente. “Se trató de un proceso con personas externas a la zona y bajo presencia militar, lo que constituye una grave violación a los derechos colectivos”, dijo.

Representantes de esas organizaciones se reunieron este jueves 21 de agosto con dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otros delegados sindicales para definir estrategias conjuntas de defensa de Kimsacocha, ya que aseguraron que “el agua está por encima del oro” y que su lucha no cede. Edwin Bedoya, presidente del FUT, expresó su solidaridad con el pueblo indígena y enfatizó en que los trabajadores y sindicatos también son parte del proceso de resistencia en defensa del agua.
En la cita el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, indicó que no se trata únicamente de la lucha del Azuay, sino de todo el Ecuador ya que Kimsacocha simboliza la defensa del agua y de los derechos de la naturaleza. «El gobierno puede tener dinero y poder, pero nosotros tenemos verdad y dignidad. El agua no se vende, el agua se defiende”, manifestó el presidente del movimiento indígena.