El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, mediante una rueda de prensa realizada este 16 de mayo en el norte de Quito, informó que presentó una denuncia por infracción electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en contra de Guillermo Churuchumbi, coordinador del movimiento Pachakutik, Verónica Abad, Vicepresidenta de la República; y Francisco Suárez, candidato a la prefectura de Tungurahua, por la Izquierda Democrática.

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“Infringieron en la causal de campaña anticipada”, aseguró Guarderas, por lo que a su criterio deberían ser sancionados, dejando un precedente para que en los próximos comicios electorales, los candidatos no puedan incurrir en esa infracción electoral.

En el caso de la vicepresidenta de la República indicó que habría iniciado su campaña en diciembre del 2022, cuando oficialmente la campaña debía iniciar el 03 de enero del 2023, con miras a las elecciones seccionales, donde participó como candidata a la alcaldía de Cuenca.

Aseguró que en el país todos los políticos hacen campaña anticipada, y es por esto que ha elegido sus denuncias bajo los criterios de que sean a movimientos políticos que antes no se habían denunciado (ID, PK, ADN); a personas que generen relevancia mediática y noticia en el país a fin de sentar un precedente de no realizar campaña anticipada. Un tercer criterio fue denunciar en base a las pruebas obtenidas y que sean más fáciles de demostrar, con el objetivo que en el país exista una democracias de calidad.

Manifestó que sus denuncias no están enmarcadas en temas políticos y que se realizan de forma personal e independiente y descartó que tenga relación a la denuncia de la vicepresidenta, Verónica Abad, quien denunció días atrás sobre acciones que se darían en su contra. Finalmente indicó que espera que estas acciones continúen y se siente un precedente sobre esta infracción electoral y no descartó que más adelante presente denuncias en contra de otras autoridades incluidas el actual presidente Daniel Noboa, quien también tendría estas infracciones electorales, con la finalidad de demostrar que no existe inclinación política, aseguró.

A las puertas de la sustanciación  del juicio político en su contra, impulsado por el correísmo, la Fiscal Diana Salazar anunció que está embarazada, por lo que pidió a la Asamblea que tome en cuenta su condición.

En un video difundido en sus redes sociales, Salazar indica que su embarazo cambia las «reglas del juego», que no están escritas ya que no se había contemplado en ninguna norma que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político con el estrés que eso implica.

La Fiscal pidió a la Asamblea que se le garantice un embarazo en paz y que llegue a término sin más estrés del que significa cumplir con las responsabilidades de su cargo.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a través de las redes sociales institucionales, difundió un video institucional en el que informa que tras un pronuciamiento de la  Procuraduría, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) definirá mañana si suspende la sustanciación de dicho juicio político.

Kronfle indica que según la documentación, el embarazo de Salazar es de alto riesgo por lo que se busca respetar los derechos de las dos vidas: la de la madre gestante y de la vida por nacer.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aún no se reúne para calificar los proyectos de Ley que el Ejecutivo remitió a la Asamblea el pasado lunes, en cumplimiento de la aplicación de los resultados de la consulta popular. Son cinco proyectos de Ley que deben pasar por el tratamiento legistivo para operativizar los resultados.

El CAL deberá definir si los remite a una Comisión Permanente o si son tratados por una Comisión Ocasional. De darse este último caso, la decisión final le corresponderá al Pleno de la Asamblea, que deberá aprobar la resolución  para integrar esa instancia y los nombres de los asambleístas que trabajen en el informe de esas reformas.

El Presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, manifestó que se están buscando consensos para integrar la Comisión Ocasional  con representantes de las diferentes bancadas y de por lo menos un representante de los independientes, pero que si no hay acuerdos se  remitirá los proyectos a las Comisiones permanentes según las temáticas.

La asambleísta por Avanza, Lucia Posso, aseguró que podría ser la delegada del Frente de Asambleístas Independientes ya que así se decidió una reunión mantenida esta tarde.

La Ley de la Función Legislativa señala que las comisiones especializadas ocasionales estarán conformadas por un número impar no mayor a siete integrantes y terminarán sus funciones cuando se cumplan los fines de su creación o cuando fenezca el plazo de funcionamiento establecido en la Resolución de su integración, que podrá ser prorrogado por el Consejo de Administración Legislativa por una sola vez.

A pocos días de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inicie la sustanciación del juicio político en contra de la Fiscal Diana Salazar, impulsado por la legisladora de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, el también asambleísta de esa agrupacion, Héctor Valladarez, presentó la tarde de este martes otra solicitud de interpelación en contra de la funcionaria.

Valladarez señala a la Fiscal como responsable de encubrir casos de lavado de activos a pesar de que la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), entre 2019 y 2022, emitió 97 alertas sobre este delito. El asambleísta dijo que la Fiscal no estableció como máxima autoridad institucional proyectos con estándares de calidad y eficiencia para dar seguimiento a esos casos.

Una segunda causal que señala el legislador es por una presunta inacción para investigar a Carlos Pareja Cordero (Capaco) a quien la Fiscalía, en 2016, inició una indagación por posible lavado de activos. Valladarez asegura que aunque la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas declaró la nulidad del proceso, la Fiscal estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para reiniciar la investigación, subsanar las violaciones al debido proceso y recabar nuevos elementos de convicción que permitan sostener una acusación sólida en contra de los responsables del delito.

El objetivo de la bancada de la Revolución Ciudadana es que se unifiquen las solicitudes de juicio político y que estas nuevas causales se incoporen a las señaladas por Garzón.

La Fiscalía respondió a las pocas horas a través de un comunicado en el que señala que las aseveraciones del legislador no tienen sustento «más allá de la falta de entendimiento por parte del mencionado asambleísta sobre el tema en cuestión». Añade que ayer Salazar explicó la situación en la fallida comparecencia que tuvo en la Comisión de Fiscalización, a donde fue convocada para, precisamente, detallar cómo se llevan los casos de lavado de activos.

Mientras que del caso CAPACO,  Fiscalía señala que corresponde al 2016 cuando la máxima autoridad de esa institución era Galo Chiriboga y estuvo a cargo de un agente fiscal de lavado de activos.

La Corte Constitucional emitió dictamen desfavorable de constitucionalidad al estado de Excepción en cinco provincias decretado por el presidente Presidente de la República, Daniel Noboa, el 30 de abril.

Esa fecha, Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 250 declarando la aplicación de la medida por 60 días en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas y Santa Elena. El primer mandatario justificó la medida con el argumento de que persistia el conflicto armado interno por lo que dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en esas provincias.

En su dictamen de inconstitucionalidad, la Corte determina que la información remitida por la Presidencia de la República no justifica la configuración de la causal de conflicto armado interno y tampoco se ha justíficado su ámbito territorial y  temporal de aplicación; o que los hecho aludidos no puedan ser enfrentados con regimen constitucional ordinario.

Según la Corte, el Ejecutivo se limita a señalar las dificultades en la ejecución de operaciones militares ante la necesidad de coordinar y articular con la Fiscalía y jueces de turno para la realización de inspecciones, allanamientos y requisas.

El dictamen fue aprobado con 7 votos a favor y 2 votos salvados, de las juezas Carmen Corral y Teresa Nuques quienes consideran que el estado de Excepción focalizado está justificado y cumple con los parametros legales.

La mañana de éste jueves 9 de mayo, la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Pamela Aguirre, recibió a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y ministro de Energía y Minas (e), quien dio a conocer a la mesa legislativa, las acciones encaminadas desde el Gobierno ante la crisis energética que atraviesa el país. Además de indicar que se prevé aplicar la compensación a la población del 50% en el cobro de las planillas de luz, tal como fue anunciada por el Presidente, Daniel Noboa Azin.

Mencionó que 40 millones de dólares costaría financiar la reducción del 50 % de los valores de las planillas de luz, debido a los apagones generados durante el mes de abril; por lo que el Primer Mandatario, mediante Decreto Ejecutivo 260, dispuso que en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Energía, se elabore un sistema de compensación entre las “distribuidoras de energía”, para la reducción del valor en las planillas.

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Sobre el posible sabotaje en el sector energético, aseveró que la denuncia está presentada en la Fiscalía, debido a que identificaron una suma de acciones irresponsables y la falta de celeridad para solucionar estos problemas que ya se identificó desde el 2023. Además, manifestó que se identificaron “oficios sin atender, y otros que impedían comprar los excedentes energéticos a la empresa privada y algunas otras alianzas público privadas que ya se están haciendo”, aseguró

El pleno de la Asamblea ratificó, con 101 votos a favor, seis artículos que el Presidente de la República, Daniel Noboa, había vetado de la Ley Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en Todas las Modalidades de Trabajo. Entre estos artículos consta el que considera como acoso laboral la no desconexión digital; es decir, cuando un empleado se ve obligado a contestar las llamadas, mensajes de textos, WhatsApp, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación digital fuera de su horario de trabajo.

La asambleísta María Teresa Pasquel (Gente Buena), ponente del informe, manifestó que el veto inobservó fallos de la Corte Constitucional respecto al acoso laboral y que la Ley responde a la necesidad de respetar los tiempos de descanso de los trabajadores, su temporada de vacaciones o simplemente su tiempo libre.

Durante el debate los legisladores manifestaron que esta Ley es positiva y cuestionaron a Noboa por haberla vetado parcialmente.  Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana, manifestó que es necesario luchar contra la explotación y precarización laboral. Recordó que este proyecto, en el segundo debate, fue aprobado por la Asamblea por unanimidad de los 128 asambleístas con el afán de frenar la violencia y el acoso laboral.

Leonardo Berrezueta, también de la Revolución Ciudadana, calificó al veto de «barbaridad jurídica», pues no está motivado en la Constitución. En el veto, Noboa aseguraba que se está desvirtuando el concepto de acoso laboral, porque la desconexión digital está ligada exclusivamente a los contratos de teletrabajo.

60 días de suspensión sin derecho a remuneración es la sanción que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), impuso a la legisladora de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, al considerar que cometió una falta administrativa muy grave contemplada en el numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El numeral estitula «incurrir en actos que constituyan acoso laboral (…) contra las y los asambleístas o las o los funcionarios de la Asamblea Nacional».

A la asambleísta se le sanciona luego de conocer la denuncia que presentó un funcionario de la bancada de ADN (oficialismo), quien aseguró que a finales de 2023, mientras se debatía la ley económica urgente de Eficiencia Económica en la Comisión de Desarrollo Económico, Palacios intervino sin autorización de la presidenta, Valentina Centeno (ADN). Esto generó un incidente con el funcionario que fue hecho público por Palacios a través de sus redes sociales, donde le acusó de maltrato.

A través de un comunicado, la bancada Revolución Ciudadana, aseguró que se había cometido una violencia política de género contra la legisladora, avalada por el CAL. La bancada agrega que la denuncia retrata de cuerpo entero a un Gobierno «machista y misógeno» cuyos ataques van dirigidos a mujeres políticas a través de terceros.

El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó el estado de Excepción para las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena al considerar que persiste el conflicto armado interno.

Según el Decreto 250, suscrito esta tarde, hay un incremento de hostilidades por lo que es necesario ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados en esas provincias. Además, dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía.

El estado de Excepción tendrá una duración de 60 días con el fin de mantener la soberanía e integridad del Estado. Se dispone la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, por lo que las fuerzas del orden estarán facultadas para realizar allanamientos, inspecciones y requisas. Sin embargo, no se establece el toque de queda.

La Asamblea censuró con 95 votos al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo. El Pleno le encontró responsable de los apagones que se vienen generando en el país desde que fue Ministro del Gobierno de Guillermo Lasso. La resolución será remitida a la Fiscalía y a la Contraloría para que investiguen la crisis energética. Con la censura, Santos Alvite queda inhabilitado dos años para ocupar cargo público.

18 asambleístas participaron en el debate. Mariana Yumbay (PK) aseguró que la crisis energética es fruto de la negligencia e irresponsabilidad del exministro, quien no habría tomado medidas oportunas pese a las alertas que se generaron desde distintas áreas. Según Yumbay, esta crisis es provocada por sectores que quieren privatizar el área energética y el suministro de energia eléctrica. 

Los asambleístas coincidieron en señalar que es necesario atender de manera urgente al sector energético para evitar que, a futuro, se repitan los apagones, que generan pérdidas millonarias para el país, sobre todo en el sector productivo, incluida la economía popular y solidaria.

Para la asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre,  el exfuncionario no cumplió con el 85% del Plan Maestro de Electricidad, no invirtió en generación eléctrica porque prefiere que pase a manos de la empresa privada. Su compañera de bancada, Sofía Espín, añadió que en los tres últimos gobiernos, incluido el de Daniel Noboa, no se ha invertido en nueva infraestrutura eléctrica. 

Ningún legislador  apoyó en lo más mínimo la gestión que en su momento cumplió el exfuncionario en el Ministerio de Energía.