El proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificado como urgente en materia económica, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, a la Asamblea genera el rechazo de representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El Gobierno asegura que el objetivo del proyecto, conocido como «Ley de Fundaciones», es establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, mediante la promoción de la integridad, la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de personas naturales y jurídicas. Está enfocado a fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras.

Pero organizaciones como Acción  Ecológica, Cedenma, Cabildo Ciudadano Quiteño, Inredh, entre otras, consideran que es un proyecto de Ley destinado a perseguir a las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos, a combatir el extractivismo, y que han sido críticas con la gestión de Noboa.

Natalia Greene, vocera de Cedenma, organización dedicada a la defensa de la naturaleza y del medioambiente,  indicó que es una propuesta a través de la cual el Ejecutivo intenta controlar a las organizaciones de la sociedad civil, imponiéndoles más requisitos para su operatividad.

Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, agregó que esta propuesta de normativa, más la fusión de ministerios y la implementación de otras leyes económicas urgentes se van contra la Constitución y el Estado de derecho.

Las organizaciones de la sociedad civil invitan a sumarse al resto de sectores a plantones y movilizaciones con el objetivo de que se respete la institucionalidad y el Estado de derecho.

A través de comunicados difundidos en las redes sociales, organizaciones de la sociedad civil rechazaron  la decisión del Gobierno de fusionar ministerios, que de 20 pasan a 14; y secretarías que de 9 quedan tres. La vocera oficial, Carolina Jaramillo, anunció la tarde del 24 de julio de 2025 que, además, se desvinculará a 5.000 funcionarios como parte del plan de eficiencia administrativa para simplificar el aparato estatal y agilizar procesos en el sector público.

Los cuestionamientos de las organizaciones se dan principalmente por la fusión del Ministerio de Ambiente que formará parte del Ministerio de Energía y Minas; el Ministerio de la Mujer que se integrará al Ministerio de Gobierno; y el Ministerio de Cultura pasará a formar parte del Ministerio de Educación.

El colectivo Yasunidos asegura que son imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se aplican sin ninguna base técnica ni lógica. Considera que se está unificando el Ministerio encargado de proteger los derechos de la naturaleza con la institución encargada de la política depredadora y extractivista, en relación a las carteras de Estado de Ambiente y de Energía.

Y en relación a la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, consideran que es grave que en un país donde cada vez se reportan casos de femicidio, violencia estructural, criminalización de la protesta se reste independencia a la política de derechos humanos.

De su parte el movimiento de mujeres se sumó a las críticas ya que considera que la eliminación del Ministerio de la Mujer es dejar sin rectoria, sin presupuesto y sin institucionalidad a la política pública que debe velar por los derechos de las mujeres, a las que se les condena a enfrentar la violencia solas. El Movimiento considera que los despidos masivos de trabajadores públicos debilita los sistemas de salud, educación, nutrición, cuidado comunitario.

La Casa de las Culturas expresó que la fusión entre los ministerios de Cultura y de Educación implica un  retroceso para las luchas históricas de un sector constantemente relegado y debilitado por los gobiernos de turno.

De acuerdo al Decreto 60 la fusión  se cumplirá de la siguiente manera:

1. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusiona al Ministerio de Transporte y
Obras Públicas.
2. El Ministerio de Cultura y Patrimonio se fusiona al Ministerio de Educación.
3. El Ministerio del Deporte se fusiona al Ministerio de Educación.
4. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusiona al Ministerio de Gobierno.
5. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas.
6. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusiona al
Ministerio de Educación.
7. El Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de la Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca.
8. La Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de
Inclusión Económica y Social.
9. La Secretaría de Inversiones Público Privadas se fusiona al Ministerio de Transporte y
Obras Públicas.
10. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se fusiona a la
Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República.
11. La Secretaría Nacional de Planificación se fusiona a la Secretaría General de la
Administración Pública y Gabinete.
12. La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos
Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Traslado:
1. El Viceministerio de Acuacultura y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
Adscripciones
1. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a
Adolescentes Infractores (SNAI) se adscribe al Ministerio del Interior.
2. El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 se adscribe al Ministerio del Interior.

Con la expedición del Decreto Ejecutivo N. 57, el presidente de la República, Daniel Noboa, reglamentó la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025, donde a su vez se reforma el reglamento a la Ley de Servicio Público.

Las escalas de evaluación de los resultados de la gestión y desempeño organizacional vigentes son:

a) Excelente: Es aquel que supera los objetivos y metas programadas

b) Muy Bueno: Es el que cumple los objetivos y metas programadas

c) Satisfactorio: Mantiene un nivel mínimo aceptable de productividad

d) Regular: Es aquel que obtiene resultados menores al mínimo aceptable de productividad

e) Insuficiente: Su productividad no permite cubrir las necesidades del puesto

Con la reforma al reglamento lo que cambia son los efectos de esas calificaciones en la actividad laboral del servidor público. Hasta antes de la reforma daba igual que obtenga la calificación de excelente, muy bueno o satisfactorio ya que en todos los casos era tomado en cuenta para la aplicación de políticas de promoción, reconocimiento y ascensos dentro de la carrera del servicio público.

Sin embargo, desde ahora los estímulos serán diferentes de acuerdo a cada calificación que se obtenga.  Si logró una calificación excelente podrá acceder a comisiones de servicio con y sin remuneración; políticas de promoción, programas de capacitación, reconocimiento y concursos para ascensos dentro de la carrera del servicio público.

Si le calificaron  con muy buena será considerado para la aplicación de políticas de promoción, programas de capacitación, reconocimiento y concursos de ascensos dentro de la carrera del servicio público.

Mientras que si obtiene hasta dos veces consecutivas la calificación de satisfactorio podrá acceder a programas de capacitación. Pero si le califican tres veces consecutivas con satisfactorio, será una causal de destitución.

En el reglamento se mantiene que quien obtenga una calificación de regular debe ser evaluado nuevamente en el plazo de tres meses y si obtiene la misma calificación se le destituye del puesto.

Lo que cambia en el reglamento es el procedimiento para los servidores públicos que obtengan una calificación  de insuficiente. En el anterior reglamento el servidor público tenia varias oportunidades para evaluarse nuevamente y superar esa calificacion  para mantenerse en el puesto. Con la reforma, quien obtenga insuficiente por deficiencia laboral grave será destituido de su puesto sin más evaluaciones pero respetando el debido proceso.

El VIII Congreso de la CONAIE concluyó con la elección de Marlon Vargas como presidente de la organización para el periodo 2025 – 2028. El dirigente amazónico obtuvo 617 votos frente a los 540 que logró Leonidas Iza, quien buscaba la reelección.

Vargas es de la nacionalidad Achuar, de la provincia de Pastaza, y no es un rostro nuevo en el movimiento indígena. Participó activamente en los paros de 2019 y de 2022 en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles y era considerado un dirigente radical.

Fue presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la regional amazónica de la Conaie y que representa a cerca de 1.500 comunidades pertenecientes a las nacionalidades Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijus.

Nació en Capahuari y entre sus cargos figuran la vicepresidencia de la Nacionalidad Achuar y su dirigente de comunicación. Vargas manifestó que en su gestión al frente del mayor movimiento indígena del país fortalecerá el sistema de educación intercultural bilingüe, los emprendimientos y saberes ancestrales, la Universidad Amawtay Wasi. Agregó que no pertenece a ningún partido político.

«Vamos a hacer trabajo territorial, de pueblo en pueblo, para levantar grandes procesos históricos», dijo Vargas. Agregó que su gran reto será lograr la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Médicos, enfermeras, jueces, maestros y otros representantes de servidores públicos han acudido a la Corte Constitucional para demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, impulsada por el oficialismo desde el Palacio de Gobierno y aprobada por su bancada legislativa.

El principal aspecto que cuestionan es que a través de esta ley se pondría en riesgo la estabilidad laboral de los servidores públicos, ya que estarían sujetos a evaluaciones discrecionales sin un soporte técnico.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, aseguró que ni el Ejecutivo ni el Legislativo les invitó a dialogar para la construcción de esta normativa que terminó reformando 20 leyes. Carrasco exigió que los dos poderes del Estado se abran al diálogo ya que estan aprobando leyes que vulneran los derechos adquiridos por los trabajadores.

Por su parte la Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados demandó la Ley por la forma y por el fondo. Por la forma ya que aseguran que la norma impugnada carece de unidad de materia y porque no cumple con los requisitos de Ley económica urgente como lo remitió el Presidente Daniel Noboa.

Mientras que por el fondo aseguran que la ley de Integridad Pública vulnera derechos constitucionales como el nombramiento «expres» de jueces sin que se sometan a concursos de designación, lo que podría atentar los principios de transparencia e independencia judicial.

Profesores universitarios se sumaron a los reclamos y se movilizaron junto a estudiantes de la Universidad Central desde ese centro de estudios hasta la Asamblea.

Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», aceptó voluntariamente ser extraditado a los Estados Unidos. Así lo expresó a viva voz la tarde de este viernes 11 de julio de 2025 ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, en una rápida audiencia que se cumplió con acceso restringido por temas de seguridad. El jefe de Los Choneros será el primer ecuatoriano en ser extraditado tras la aprobación de ese mecanismo en la consulta popular de abril de 2024.

Alias «Fito» deberá enfrentar en los Estados Unidos siete cargos relacionados con tráfico de droga y armas. El 2 de abril de 2025, la Corte Federal de Brooklyn, en los Estados Unidos, presentó una acusación formal contra alias «Fito» y lo señaló como un líder despiadado y un prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional. «Al liderar la red de sicarios y traficantes de drogas y armas de Los Choneros e importar cantidades potencialmente letales de cocaína a Estados Unidos, el acusado ha causado un grave daño a su propio país y a Estados Unidos, destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de Los Choneros”.

Según se alegó en la acusación, “entre 2020 y 2025, Macías Villamar, líder de Los Choneros en alianza con el Cártel de Sinaloa en México, controlaba rutas clave de tráfico de cocaína a través de Ecuador y operaba una red a gran escala responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares. La gran mayoría de la droga que traficaban Los Choneros se importaba a Estados Unidos”.

Una vez aceptada la extradición, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, deberá emitir  una sentencia aprobando la extradición, pero también deberá verificar que Estados Unidos garantice que el extraditable no será sometido a tratos crueles y degradantes.

A través de un comunicado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) informó que Estados Unidos solicitó formalmente este martes 8 de julio de 2025, la extradición de José Adolfo Macías, alias «Fito». El líder de «Los Choneros» enfrenta cargos en ese país de conspirar para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas a través de testaferros.

Según se informó, Estados Unidos presentó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, el pedido de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. El Código de la Función Judicial establece que el Presidente de la Corte Nacional de Justicia es la autoridad central competente en materia de extradición.

Se trata de una extradición pasiva, es decir cuando recibe de otro Estado la solicitud formal para obtener la entrega de una persona que se encuentra en territorio ecuatoriano, para ser sometida a un proceso penal, por la comisión de un delito o para el cumplimiento de una pena privativa de la libertad, emanada de una sentencia en firme dictada en observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Una vez recibida la solicitud, Suing deberá verificar el cumplimiento de las condiciones previas y los principios que rigen la extradición comprobando que se trata de un delito extraditable, que se cumple con los principios de la doble tipicidad y de gravedad de la pena y que la causa se encuentra vigente tanto en el Estado requerido como en el requirente.

Como parte del proceso, deberá señalar día y hora para la realización de la primera  audiencia de comparecencia, en la que se consultará a «Fito» si conoce o no las causas por las que se solicita su extradición y si desea acogerse o no a la solicitud de extradición.

Si alias «Fito» manifiesta su voluntad para ser extraditado, se procede con el proceso simplificado y se realiza un análisis pormenorizado de cada uno de los requisitos, así como el cumplimiento de los principios básicos que regulan el procedimiento de extradición, garantizado de esta forma el debido proceso.

En caso de que se oponga a la solicitud de extradición, se celebrará la audiencia oral en la que Fiscalía General del Estado expone la solicitud de extradición; indica el cumplimiento de requisitos; y, realiza el alegato correspondiente mediante el cual solicita a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia la entrega de la persona reclamada.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia, que fue aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea y publicada en el Registro oficial el 11 de junio.

Los dirigentes sindicalistas acudieron hoy a la Corte Constitucional para presentar el recurso, en el que además solicitan se dicten medidas cautelares para que se suspenda la vigencia de la Ley mientras se resuelve la demanda.

El presidente del FUT, Edwin Bedoya, manifestó que con la Ley tratan de eliminar el derecho a pensar, a reunirse, para dar paso a un control de vigilancia a las organizaciones a pretexto de combatir a la delincuencia. «Vemos muy peligroso que quede en manos de una sola persona, en este caso el Ejecutivo, las instituciones de Inteligencia que se están creando», manifestó el presidente de turno del FUT.  El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, agregó que el Gobierno intenta criminalizar la lucha social

La demanda de inconstitucionalidad es parcial, solo a determinados artículos. En el escrito presentado ante la Corte Constitucional aseguran que se está introduciendo una noción de seguridad distinta a la que consta en la Constitución. Además, que se desconocen las competencias diferenciadas que establece la Constitución de la República para las funciones del Estado, pues se ordena que todos los organismos y dependencias de las funciones del Estado, se sometan a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, la que a su vez está bajo las órdenes del presidente de la República.

Los dirigentes sindicales solicitan que se declare la inconstitucionalidad de las frases «seguridad integral del Estado», «el Subsistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es responsable de generar inteligencia y contrainteligencia con el objeto de alertar, detectar,
identificar y/o neutralizar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que puedan
comprometer la seguridad integral del Estado”, “la entrega y actualización permanente y vigente de las bases de datos e información de la cual dispone cada entidad, con el fin de identificar y alertar sobre riesgos y amenazas, coadyuvar a la soberanía nacional, la seguridad pública y del Estado”, entre otras.

Los asambleístas del Movimiento Pachakutik, aliados y opositores del Gobierno, cuestionaron la inclusión de la consulta previa libre e informada en el proyecto de Ley de forlalecimiento de áreas protegidas, cuyo primer debate se cumplió ayer en el Pleno de la Asamblea.

El proyecto tiene el carácter de urgente en materia económica y fue remitido por el Presidente de la Republica, Daniel Noboa. Pero fue en la Comisión de Desarrollo Económico, con mayoría de ADN, donde se incluyó ese articulado, con lo que se abriría la puerta a actividades extractivistas, especialmente la minería, actividad que hoy está prohibida en áreas protegidas. La consulta previa es el derecho que tienen los pueblos y nacionalidades de decidir sobre las actividades extractivistas que el Estado pretenda realizar en sus territorios.

El articulado en debate recoge la aplicación de la consulta previa, pero señala que cuando la zona identificada para el desarrollo de actividades delegadas se encuentre habitada o utilizada por comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, el delegado privado deberá proponer un acuerdo formal de inclusión o beneficio con dichas colectividades, orientado a atender sus necesidades sociales, económicas o culturales. Y si no hay acuerdo se podrá autorizar la continuidad de la operación, siempre que se establezca un mecanismo sustitutivo de compensación o beneficio indirecto a favor de la comunidad.

La asambleísta de Pachakutik, Carmen Tiupul, aseguró que la propuesta de normativa tiene vacíos ya que no se puede permitir que las áreas protegidas del país queden en manos del sector privado. Tiupul dijo que es necesario el respeto a la consulta previa cuando los proyectos tienen incidencia en los territorios indígenas.

En tando que Mariana Yumbay, del mismo Movmiento, asegura que como está redactado el articulado, la opinión de pueblos y nacionalidades no tendrá ningún peso cuando se trate de proyectos extractivos que se realicen en esos territorios.

La Contraloría General del Estado informó que en aplicación a las reformas a la contratación pública, aprobadas por el Asamblea a través de la Ley de Integridad Pública, ya no emitirá el informe de pertinencia y favorabilidad previo a todas las contrataciones públicas  a partir del 27 de junio de este año. Con la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio en que se publicó en el Registro Oficial, se derogó esa disposición.

La Ley propuesta y aprobada por el oficialismo reforma a su vez otras 20 normativas, todas ellas en diferente materia: Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de  la Niñez, Código Monetario, Ley de Transporte, Ley de Servicio Público, entre las principales.

Desde distintas organizaciones sociales y de trabajadores se ha cuestionado que en una Ley cuyo propósito era mejorar el sistema de contratación pública se hayan reformado temas como la establidad laboral, regimen de sanciones a adolescentes infractores, expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos. Dirigentes de los trabajadores y de los maestros aseguraron que presentarán demandas de inconstitucionalidad. Estas son algunas de la reformas que se introdujeron:

Código orgánico de la niñez y adolescencia

Reforma todos los plazos de juzgamiento de los adoscentes infractores y en delitos graves se incrementan las penas y se ordena que, al cumplir la mayoria de edad, pasen a cárceles comunes donde se deberá adaptar espacios adecuados. En relación al juzgamiento, por ejemplo, la duración del internamiento preventivo pasará de máximo 90 días a máximo 180 días. Pero si el delito se sanciona en el Código Penal con penas superiores a los 10 años de cárcel, el internamiento preventivo podrá durar un año. La pena máximo es de 15 años de internamiento institucional si se encuentra culpable de pertenecer a un grupo armado durante la existencia de un conflicto armado interno.

Reformas al servicio público 

Sindicatos aseguran que la Ley abre paso a la inestabilidad laboral ya que se eliminó el artículo 89 de la Losep. Ese artículo garantizaba la estabilidad en los puestos y el derecho preferente a que en caso de supresión de su actual puesto, sea trasladado a puestos vacantes de naturaleza similar. Las organizaciones sindicales consideran que al eliminar este artículo se abre la puerta al despido discrecional, se debilita la carrera administrativa basada en méritos pemitiendo el uso político – partidario del aparato estatal en beneficio del partido de Gobierno.

En en ámbito de la Función Judicial

Establece la declaratoria de emergencia en la Función Judicial en caso de que el presidente del Consejo de la Judicatura considere que se requieren de acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del servicio público de administración de justicia, y realizar mejoras esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Esta declaratoria permitirá establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales; reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia; realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales; realizar las contrataciones por emergencia que se requieran. Los juristas consideran que se trata de una nueva «metida de mano a la Justicia».

Expulsión de delincuentes extranjeros 

Se incorporó un articulo que permite la expulsión a los detenidos extranjeros que hayan cometido sus delitos antes o durante el conflicto armado, para lo que no se necesitará sentencia condenatoria ejecutoriada, basta que lo determine el Ministerio del Interior. El extranjero expulsado al amparo de esta norma no podrá regresar al país en un lapso de 40 años.