Tres internos fallecidos y un herido es el saldo que dejó la tarde de este martes 4 de abril de 2023 un nuevo enfrentamiento al interior de un centro carcelario, esta vez en la prisión conocida como «La Roca», ubicada en Guayaquil y considerada de máxima seguridad.

Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), al interior de esta cárcel se registraron enfrentamientos entre miembros de las bandas R7 y Los Lobos, lo que obligó a la intervención de los agentes penitenciarios, con unidades tácticas de la Policía y de las Fuerzas Armadas para retomar el control de ese centro.

En La Roca se encuentra detenido Germán Cáceres, exteniente de Policìa, autor confeso del asesinato de su esposa María Belén Bernal. Según las autoridades, Cáceres fue puesto a «buen recaudo».

Desbordado por la inseguridad que vive el país, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en cadena nacional nuevas medidas urgentes que se implementarán para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en el país.

1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal.
2. Se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas artesanales.
3. Se desarrollarán controles y registros informáticos.
4. La Secretaria de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación.

También anunció que se declaró el estado de excepción en las provincias de Santa Elena y Los Ríos; y en la Zona 8 que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. La medida contempla el toque de queda desde la 01:00 hasta las 05:00 y entrará en vigencia desde este domingo 02 de abril de 2023.

Una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional sobre el juicio político al Presidente Guillermo Lasso, remitió el expediente a la Comisión de Fiscalización para que sea esta Mesa la que sustancie el proceso de manera inmediata. El proceso duraría alrededor de 30 días dentro de la Comisión.

#AHORA | La Comisión @FiscalizacionAN suspendió la sustanciación del #JuicioPolitico a otros funcionarios del Gobierno, para avocar conocimiento en los proximos días del proceso contra el presidente Guillermo Lasso. pic.twitter.com/LSZJQ32tYv

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 31, 2023

La mañana de éste viernes 31 de marzo, el CAL se reunió y con seis votos a favor y uno en contra, inició el trámite de juicio político en contra del Primer Mandatario. La solicitud fue presentada por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (rebelde del bloque Pachakutik), Pedro Zapata (PSC), y Rodrigo Fajardo (ID). Los legisladores acusaron al Primer Mandatario de presunto peculado y concusión, pero la Corte solo aceptó la primera causal.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, de acuerdo al artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), conocerá de forma inmediata y notificará a los proponentes del juicio político, así como al Primer Mandatario.

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Además, el CAL dispuso la suspensión de todos los trámites de sustanciación de solicitudes de juicio político que estaban en proceso en contra de otros funcionarios del actual gobierno, a fin de que esta Comisión realice en el plazo establecido el tratamiento del juicio y remita el informe no vinculante al presidente de la Asamblea Nacional para que llame a sesión del Pleno, dónde se necesitarían 92 votos para la censura y destitución del presidente.

.@pameaguirre1 por @BancadaUNESec aseguró que existirían los 92 votos, para el juicio político al presidente Guillermo Lasso. pic.twitter.com/WgJoryZAZQ

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 30, 2023

La Comisión, de acuerdo al artículo 91 de la LOFL, vencido el plazo de actuación de la prueba, deberá remitir al Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de diez días improrrogables, un informe motivado para conocimiento del Pleno, que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente de la República.

.@johannamoreirac explica que el #CAL, a derivado el dictamen de admisibilidad de #JuicioPolitico contra el presidente Guillermo Lasso, a la comisión de @FiscalizacionAN, por lo que sea conocido de forma inmediata y se inicie con el proceso de sustanciación. pic.twitter.com/jRe6Mr3j2Z

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 31, 2023

Por su parte los legisladores van adoptando posturas frente al escenario del juicio político, por lo que Johanna Moreira, asambleísta por la ID, aseguró que la Comisión deberá sujetarse al dictamen de la Corte Constitucional. “Solo se va aceptar por peculado; acerca de los contratos que se realizaron a través de las empresas de sectores estratégicos con Amazonas», enfatizó.

Fue un empresario guayaquileño, cuyo nombre salió a la luz luego de que el medio de comunicación La Posta difundió audios con conversaciones de una presunta trama de corrupción en el que también estaría involucrado Danilo Carrera, cuñado del Presidente de la República, Guillermo Lasso; y Hernán Luque, exfuncionario de Gobierno que se desempeñó como presidente de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas (EMCO). Todo esto tambien estaría relacionado con la mafia albanesa, banda internacional dedicada al narcotráfico que operaría en el país.

Cherres y Luque habrían solicitado dinero para gestionar cargos en las empresas estatales.

Con seis votos a favor y tres votos salvados, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó el dictamen de admisibilidad de la solicitud de juicio político en contra del Presidente de la República, Guillermo Lasso, impulsado por la oposición legislativa, especialmente el correísmo y el Partido Social Cristiano.

La decisión se tomó en sesión extraordinaria que se instaló a las 20:00 de este miércoles 29 de marzo de 2023. El Pleno resolvió dar paso al juicio político por la causal de presunto peculado, pero no por concusión como han planteado los legisladores proponentes.

En el dictamen se determinó que a la Corte le corresponde efectuar tanto un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud, para garantizar el equilibrio de poderes entre la Funciones Ejecutiva y Legislativa, y asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable.

Según la Corte, la solicitud y el trámite que se cumplió en la Asamblea ha respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso, pero se llama la atención a los solicitantes y a la Asamblea por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional.

Los tres votos salvados corresponden a las juezas Teresa Nuques Martínez y Carmen Corral Ponce, y al del juez Enrique Herrería Bonnet, quienes -con su propia argumentación- se apartaron de la decisión de mayoría por considerar que la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente de la República es inadmisible por no cumplir con los requisitos contemplados en la Constitución.

Ahora el proceso regresa a la Asamblea para que sea la Comisión de Fiscalización la que sustancie la solicitud de juicio polìtico.

Desde las primeras horas de la mañana de éste martes 28 de marzo, delegaciones de pueblos, nacionalidades y juntas de agua se concentraron en el parque El Arbolito, al centro norte de Quito, para protagonizar una movilización hacia la Corte Constitucional exigiendo el dictamen de admisibilidad para el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

#AHORA | dirigentes de la @CONAIE_Ecuador se concentran en el parque El Arbolito #Quito; a fin de realizar una marcha hacia la @AsambleaEcuador y presentar proyecto de #LeyDeAguas; así cómo dirogirse a la @CorteConstEcu y exigir admisibilidad de #JuicioPolítico. pic.twitter.com/PYnOsd7Ard

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 28, 2023

La movilización se centró en dos ejes. El uno, presionar a la Corte para que dé paso al juicio político ; el otro objetivo fue presentar en la Asamblea el proyecto de Ley de Aguas.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, lideró la concentración y marcha donde exhortó a los jueces de la Corte que autoricen la interpelación. «Sobre los hechos acaecidos por el Presidente de la República, deben garantizar por vía constitucional, vía legal, en la vía democrática, que den paso al juicio político», aseguró el líder indígena.

#ATENCIÓN | Delegaciones de las juntas de agua y bases de la a la @CONAIE_Ecuador, se movilizan a la @CorteConstEcu, para exigir la admisión de #JuicioPolítico al presidente @LassoGuillermo y luego a la @AsambleaEcuador para presentar el proyecto de #LeydeAguas. pic.twitter.com/Lvj4snLjT7

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 28, 2023

Iza rechazó que el Primer Mandatario busque activar el mecanismo de Muerte Cruzada, consagrada en el artículo 148 de la Constitución, que faculta al presidente, la disolución de la Asamblea Nacional vía decreto; por lo que no descarto qué, de existir este escenario el movimiento indígena se movilizaría a nivel nacional.

La movilización que concentró a cientos de delegaciones de Pueblos Indígenas y juntas del agua fue respaldada por los legisladores de Pachakutik Dina Farinango, Peter Calo y Mireya Pazmiño, con quienes llegaron a la Asamblea Nacional, dónde presentaron el proyecto de Ley Intercultural para la Gestión Integral del Agua y sus Usos.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, junto a asambleístas del movimiento Pachakutik, recibieron a las delegaciones del movimiento indígena, dónde resaltó que proyecto de ley será tramitado dentro del marco legal y constitucional, debatido en la comisión especializada y en el Pleno del Legislativo para su aprobación en beneficio de todos los ecuatorianos, la protección de fuentes hídricas.

El proyecto de dictamen de la jueza ponente Teresa Nuques no alcanzó los votos requeridos para su aprobación, por lo que el pleno de la Corte Constitucional, en la misma sesión, procedió con el resorteo y designó como nuevo juez ponente a Richard Ortiz.

En horas de la mañana (10:00) de este lunes 27 de marzo, la jueza constitucional Teresa Nuques, emitió su proyecto de dictamen constitucional respecto al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Pero el proyecto no alcanzó los seis votos que se necesitan para su aprobación. Apenas habría alcanzado tres votos.

#ATENCIÓN | La jueza Teresa Nuques procedió a entrega el proyecto de dictamen de admisibilidad del pedido de #JuicioPolitico contra el presidente @LassoGuillermo. pic.twitter.com/td0y9qtw27

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 27, 2023

El presidente de la Corte, Alí Lozada, de acuerdo a la normativa legal, tenía 24 horas para convocar a sesión del Pleno, y resolver sobre el proyecto de dictamen; pero no se tomó esas 24 horas sino que, casi de manera inmediata, a las 14:00 convocó a sesión extraordinaria.

En esa sesión no se logró los votos necesarios por lo que se designó al nuevo juez ponente, de acuerdo al reglamento.

🔵#BoletínCC |La Corte Constitucional informa a la ciudadanía que el proyecto de dictamen correspondiente al Caso Nro. 1-23-DJ no ha obtenido la mayoría calificada para su aprobación. En Sesión Extraordinaria del Pleno Nro. 006-E-2023 se procedió con el resorteo del juez ponente. pic.twitter.com/REhaf9Cye5

— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) March 27, 2023

Mediante un comunicado emitido por la Corte Constitucional, se aclaró el procedimiento. «Esta decisión se basa en el artículo 90 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en aplicación del artículo 38 inciso final del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que faculta a este organismo a realizar un resorteo, y designar como ponente al juez constitucional a Richard Ortiz Ortiz, y en aplicación del artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se asignó un segundo ponente, el juez constitucional Alí Lozada Prado, para la presentación de un nuevo proyecto de dictamen».

Por su parte el presidente, Guillermo Lasso, remitió un nuevo escrito a la Corte Constitucional, a fin de defenderse del pedido de juicio político que impulsa la nueva mayoría parlamentaria, aduciendo que los proponentes del juicio político no han presentado un solo indicio que impliquen su gestión en supuestas redes de corrupción en empresas públicas.

@VAndresQuishpe
Coordinador de la @UNENACIONAL exigió a la @CorteConstEcu, admitan el pedido de juicio político en contra del presidente @LassoGuillermo. La #CorteConstitucional deberá emitir un dictamen de admisibilidad para continuar con el proceso. pic.twitter.com/rhF5SbDU4Y

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 25, 2023

Mientas tanto, las organizaciones sociales han anticipado que cumplirán plantones frente a la Corte Constitucional para exigir que dé paso al juicio político.

ACTUALIZADO AL 26 DE ABRIL DE 2023

Al menos 49 personas fallecieron y 43 resultaron heridas producto del deslizamiento de gran magnitud ocurrido en Alausí, provincia de Chimborazo.  Según las cifras oficiales, hay 581 personas efectadas, 39 desaparecidas, 1.034 damnificados y 531 afectadas. Además, hay 163 viviendas afectadas y 57 destruidas.

El evento se registró a las 22:03 del domingo 26 de marzo de 2023 cuando desde la zona alta de Casual se desprendió material hasta el colegio Gonzales Suárez. Fue una tragedia que podía evitarse ya que el 22 de marzo de este año, la Secretaría de Gestión de Riesgos remitió al prefecto de Chimborazo y al alcalde de Alausí un informe técnico que recomendaba y solicitaba de manera explícita la evacuación de la población entre otras acciones.

En sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Constitucional, la jueza Teresa Nuques salió sorteada para que prepare el proyecto de dictamen sobre la solicitud de juicio político en contra del Presidente de la República, Guillermo Lasso.

La solicitud fue admitida a trámite esta tarde por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea una vez que los proponentes completaron los requisitos, como la individualización de la infracción y actualización de los tipos penales de los que acusa el Primer Mandatario: peculado y concusión.

La solicitud aprobada fue remitida de inmediato por la Asamblea a la Corte Constitucional que debe emitir su dictamen de admisibilidad. El presidente de la Corte, Alí Lozada, dijo que el sorteo para designar a la jueza ponente fue realizado con todas las garantías de transparencia, pulcritud, y que la decisión final será tomada por el pleno de ese organismo. «Ecuador debe estar seguro que la decisión que vaya a tomar la Corte será apegada a la Constitución, será una muestra más de la independencia que caracteriza a la Corte Constitucional», dijo Lozada.

La normativa 

El Artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que
la jueza ponente presentará el proyecto de dictamen en el plazo de tres días a partir de la
fecha del sorteo, en el que constará:
1. Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución.
2. Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución.
3. Si, en consecuencia, procede o no iniciar el juicio político.
Inmediatamente presentado el proyecto de dictamen, el Presidente de la Corte
Constitucional convocará a sesión al Pleno, dentro de las veinticuatro horas siguientes. El dictamen será emitido dentro de las cuarenta y ocho horas de presentado el proyecto y se resolverá con las dos terceras partes de los integrantes del Pleno,  es decir por seis votos.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) cesó en funciones al asambleísta del oficialismo Mariano Curicama, quien  tenía sentencia condenatoria ejecutoriada por no acatar orden de autoridad competente al no haber cancelado indemnizaciones a los jubilados de la Prefectura del Chimborazo, del que fue su titular entre el 2005 y el 2019.

El caso se remonta al 2018 y el monto a cancelar era de 2,1 millones de dolares. Al no hacerlo, Curicama fue condenado a un año de prisión y en octubre de 2022 la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación impuesto por sus abogados.

En el presente periodo legislativo Curicama era presidente de la Comisión de Sobernía Alimentaria, y se mantenía como legislador por una recurso de ampliación y aclaración que había interpuesto pero que también le fue nagado a fines del año pasado.

Sin embargo continuaba como legislador y presidente de esa Mesa Legislativa, hasta que el asambleísta socialcristiano, Pablo Muentes, demostró con documentos que la setencia estaba ejecutoriada y que Cauricama no podía ejercer más como legislador. El pedido lo oficializó ante al CAL uno de sus integrantes, el asambleísta del correísmo Ronny Alega.

Finalmente el CAL cesó en funciones a Curicama y se principalizará por lo que resta del periodo su alterna  Vanessa Estrada, del Movimiento MINGA.