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Exministro Juan Zapata fue censurado por unanimidad en la Asamblea

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Juan Zapata, exministro del Interior, aseguró que el juicio político en su contra es nulo y viciado ya que no fue notificado para presentar sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización.

Con 118 votos a favor (unanimidad), el Pleno de la Asamblea censuró la tarde de este miércoles 29 de mayo al exministro del Interior, Juan Zapata, por incumplimiento de funciones al no poder garantizar la seguridad de los ecuatorianos.

Los 11 asambleístas que intervinieron en el debate del juicio político coincidieron en señalar que en la época en que Zapata asumió el cargo, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, la violencia, la delincuencia y las muertes violentas aumentaron de manera significativa y le responsabilizaron por no ejecutar todo el presupuesto asignado a esa cartera de Estado para dotar a los policias de chalecos antibalas, patrulleros, armamento y mas implementos que les hubiesen permitido hacer frente a las bandas organizadas.

El asambleísta interpelante, Carlos Vera Mora (PSC), dijo que el exministro ejecutó únicamente el 34,19 % del presupuesto durante su gestión y que debido a esta inacción el número de muertes violentas subió de 4.800 en 2022, a 8.800 en el 2023. Entre estas el crimen del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio y del alcalde del Manta, Agustín Intriago, entre otras.

En tanto que Zapata, durante su derecho a la defensa, rechazó que se lo responsabilice por el incremento de los niveles de inseguridad ya que dijo que es un problema que viene desde hace 20 años atras. Indicó que es impensable que el auge de la inseguridad se haya dado y crecido durante sus 13 meses de gestión.

Con su cesura el exministro no podrá ejercer cargo público durante dos años.

Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, habría hecho mal uso de su carné de discapacidad, según Construye

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El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, justifica otorgamiento del carné de discapacidad, en 2020.

La asambleísta de Construye, Nataly Morillo, informó este martes 28 de mayo, que llegó a su despacho una denuncia ciudadana alertando que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, habría adquirido vehículos de alta gama y hasta un bote gracias a su carné de discapacidad.

https://x.com/rutainformariva/status/1795488930873364927?s=46

En rueda de prensa y acompañada de algunos de sus compañeros de bancada, Morillo indicó que en ejercicio de su rol fiscalizador ha pedido información a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Salud, ya que el titular del Consejo habría hecho mal uso de su carné.

Según la legisladora, Fantoni tendría una discapacidad física del 44%, por lo que pide una certificación al Ministerio de Salud. Aseguró que valiéndose del documento de discapacitado habría adquirido en 2020 un bote por 16.740 dólares. Añadió que continuará con su proceso de fiscalización a fin de verificar si el documento fue obtenido de forma transparente, caso contrario continuará las acciones de sanción a nivel legislativa, como es el juicio político.

Aparte del Ministerio de Salud Pública también ha solicitado información al Servicio Nacional de Aduanas para verificar el proceso de otorgamiento del carné y la adquisición de bienes.


Por su parte Fantoni, en un comunicado difundido en sus redes sociales, aclaró que su discapacidad se habría derivado luego de una cirugía de la columna vertebral y de manera posterior en la colocación de un neuroestimulador. Precisó que el 31 de enero de 2020 fue calificado como persona con discapacidad por parte del Ministerio de Salud Pública, condición que mantiene en la actualidad.

El presidente del Consejo de Participación aseguró que su vehículo fue adquirido en 2018 y que la embarcación a la que hace referencia la legisladora no fueron adquiridos con el citado carné.

Daniel Noboa da su Informe a la Nación con tinte de campaña electoral

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El Presidente Daniel Noboa, acompañado de algunos de sus Ministros, saluda con sus partidarios antes de ingresar a la Asamblea a dar su Informe a la Nación.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, acudió hoy a la Asamblea para presentar su primer y único informe a la Nación. Su mandato concluirá en un año y no se sabe qué mismo pasará en las elecciones presidenciales del 2025.

Sin embargo, la jornada de hoy tuvo un matiz de precampaña electoral. Cientos de sus partidarios, de varias provincias, con banderas y pancartas del ya legalizado momiento Acción Democrática Nacional (ADN) le esperaron en el tramo de la avenida Seis de Diciembre, entre Patria y Tarqui.

El Presidente, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, caminó ese par de cuadras que le separaban de la sede de la Legislatura. A su pasó saludaba, cual mitin político a sus seguidores que tambien podían  ver la transmisión de lo que iba sucediendo en unas tres pantallas gigantes ubicadas a lo largo de este recorrido.

Los que fueron más temprano incluso pudieron llevarse su figura de cartón en tamaño de natural, una estrategia que le valió trepar en popularidad en la campaña de 2023, y que hoy se repartieron por decenas. Para cerrar toda esta ceremonia con el pueblo, antes de ingresar a la Asamblea una de sus partidarias le puso la banda presidencial.

El Informe

Noboa intervino en la Asamblea ante cerca de 600 invitados entre autoridades, dirigentes de movimiento sociales, ministros, asambleístas, exasambleístas, cuerpo diplomático, entre otros.  Sin embargo, se pudieron divisar sillas vacías en las últimas filas.

28 minutos le llevó a Noboa exponer su informe a la Nación, de los cuales 13 fueron para presentar cuatro videos de su gestión en áreas económica, educación, salud, infrestrutura, seguridad, a la que dedicó la mayor parte de su intervención.

Aseguró que su Gobierno se enfocó en construir un país donde la tranquilidad y el progreso sean la norma y no la excepción, para lograr un país seguro, abierto a la inversión, a la creación de plazas de empleo y sobre todo a garantizar el futuro de todos.

Recordó el 9 de enero de este año, cuando un grupo terrorista se tomó las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, a lo que calificó como un intento de golpe de Estado. Dijo que fue el punto de partida para actuar como nadie lo había hecho antes. «No había espacio para la tibieza y después de 5 meses la decisión y frontalidad han dado resultados», aseguró, en relación a las medidas tomadas para combatir a los grupos terroristas.

Entre los resultados de ese combate a los grupos terroristas mencionó la detención de varios cabecillas de las bandas, la desintegración de grupos narcoterroristas. Agregó que la lucha no ha terminado.

Habló de transformación social, empleo, educación, manejo de las finanzas públicas, desarrollo social. «El nuevo Ecuador no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas ni ninguno de sus disfraces históricos. El nuevo Ecuador tampoco sede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos y hasta quieren que se sentencie a su país. Ahora el tiempo nos da la razón y nos la seguirá dando», dijo Noboa en la parte final de su discurso.

 

Carlos Vera Mora preside la Comisión Ocasional para reformar leyes tras la consulta popular

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El presidente de la Comisión Ocasional, Carlos Vera, pertenece a la bancada del Partido Social Cristiano.

Con 88 votos a favor el Pleno de la Asamblea aprobó la creación de la Comisión Ocasional Multipartidista para dar trámite a los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, en cumplimiento a los resultados de la consulta popular.

Carlos Vera Mora (PSC), Steven Ordóñez (ADN), Lucia Posso (independiente), Patricia Mendoza (Revolución Ciudadana) y Catalina Salazar (Construye) integran esta instancia que tendrá 45 días para tratar los proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

El asambleísta Vicente Taiano (PSC), mocionó los nombres de los mencionados legisladores para que cumplan, dijo el mandato producto de la consulta popular para reformar leyes que ayuden a combatir la delincuencia, y de esa manera el Gobierno trabaje en la parte que le corresponde para garantizar la seguridad de los ecuatorianos.

La Comisión sesionó en horas de la tarde de manera virtual y con cinco votos, unanimidad, nombró como presidente de la misma al legislador Carlos Vera Mora y con igual votación a Lucía Posso como vicepresidenta.

 

Fiscalización recomienda juicio político a Juan Zapata, exministro del Interior

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Juan Zapata fue funcionario de los Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Mientras que en la Alcaldia de Mauricio Rodas, fue Secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito.

Por unanimidad, 8 votos a favor y una ausencia, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe de sustanciación del juicio político en el que recomienda al Pleno la interpelacion y censura de Juan Zapata, exministro del Interior en el Gobierno de Guillermo Lasso.

El proceso es impulsado por el asambleísta socialcristiano Carlos Vera Mora, quien responsabiliza al exfuncionario de incumplimiento de funciones relacionadas con la garantía de la seguridad integral, el mantenimiento del orden público, la protección de derechos, la ejecución presupuestaria y la funciones del Ministerio del Interior y la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana, lo que desencadenó, según la Comisión, la ola de violencia y asesinatos que afectan al país.

Por su parte Zapata, en una extensa carta difundida en su red social X, asegura que el informe carece de validez jurídica ya que no fue notificado con la sustanciación del juicio político por lo que se quedó en la indefensión, sin poder responder a las acusaciones ni aportar  sus pruebas de descargo.

Asegura que la notificación se le hizo llegar a un correo electrónico distinto al registrado en la Asamblea en el Sistema de Gestión Documental, a donde las otras comisiones le han notificado comparecencias y solicitudes de información.

Sin embargo, Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), presidenta de la Comisión de Fiscalización, aseguró que fue notificado debidamente, a los correos que constan en las declaraciones juramentadas que Zapata entregó a la Contraloría, y que si no corresponden significa que Zapata cometió perjurio.

“No descarto enjuiciar al presidente Daniel Noboa”, asegura Juan Esteban Guarderas

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Juan Esteban Guarderas, niega que sus denuncias en contra de la vicepresidenta, Verónica Abad, tengan tintes políticos.

El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, mediante una rueda de prensa realizada este 16 de mayo en el norte de Quito, informó que presentó una denuncia por infracción electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en contra de Guillermo Churuchumbi, coordinador del movimiento Pachakutik, Verónica Abad, Vicepresidenta de la República; y Francisco Suárez, candidato a la prefectura de Tungurahua, por la Izquierda Democrática.

https://x.com/rutainformariva/status/1791129958099652978?s=46

“Infringieron en la causal de campaña anticipada”, aseguró Guarderas, por lo que a su criterio deberían ser sancionados, dejando un precedente para que en los próximos comicios electorales, los candidatos no puedan incurrir en esa infracción electoral.

En el caso de la vicepresidenta de la República indicó que habría iniciado su campaña en diciembre del 2022, cuando oficialmente la campaña debía iniciar el 03 de enero del 2023, con miras a las elecciones seccionales, donde participó como candidata a la alcaldía de Cuenca.

Aseguró que en el país todos los políticos hacen campaña anticipada, y es por esto que ha elegido sus denuncias bajo los criterios de que sean a movimientos políticos que antes no se habían denunciado (ID, PK, ADN); a personas que generen relevancia mediática y noticia en el país a fin de sentar un precedente de no realizar campaña anticipada. Un tercer criterio fue denunciar en base a las pruebas obtenidas y que sean más fáciles de demostrar, con el objetivo que en el país exista una democracias de calidad.

Manifestó que sus denuncias no están enmarcadas en temas políticos y que se realizan de forma personal e independiente y descartó que tenga relación a la denuncia de la vicepresidenta, Verónica Abad, quien denunció días atrás sobre acciones que se darían en su contra. Finalmente indicó que espera que estas acciones continúen y se siente un precedente sobre esta infracción electoral y no descartó que más adelante presente denuncias en contra de otras autoridades incluidas el actual presidente Daniel Noboa, quien también tendría estas infracciones electorales, con la finalidad de demostrar que no existe inclinación política, aseguró.

Diana Salazar anuncia embarazo; el CAL decidirá si suspende su juicio político

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La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, durante una audiencia junto a su equipo de trabajo. Foto/ Archivo

A las puertas de la sustanciación  del juicio político en su contra, impulsado por el correísmo, la Fiscal Diana Salazar anunció que está embarazada, por lo que pidió a la Asamblea que tome en cuenta su condición.

En un video difundido en sus redes sociales, Salazar indica que su embarazo cambia las «reglas del juego», que no están escritas ya que no se había contemplado en ninguna norma que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político con el estrés que eso implica.

 

La Fiscal pidió a la Asamblea que se le garantice un embarazo en paz y que llegue a término sin más estrés del que significa cumplir con las responsabilidades de su cargo.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a través de las redes sociales institucionales, difundió un video institucional en el que informa que tras un pronuciamiento de la  Procuraduría, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) definirá mañana si suspende la sustanciación de dicho juicio político.

Kronfle indica que según la documentación, el embarazo de Salazar es de alto riesgo por lo que se busca respetar los derechos de las dos vidas: la de la madre gestante y de la vida por nacer.

La Asamblea no define la vía para tratar las reformas de la consulta popular

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La conformación de Comisiones ocasionales y los nombres de sus integrantes deben ser aprobadas por el Pleno de la Asamblea.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aún no se reúne para calificar los proyectos de Ley que el Ejecutivo remitió a la Asamblea el pasado lunes, en cumplimiento de la aplicación de los resultados de la consulta popular. Son cinco proyectos de Ley que deben pasar por el tratamiento legistivo para operativizar los resultados.

El CAL deberá definir si los remite a una Comisión Permanente o si son tratados por una Comisión Ocasional. De darse este último caso, la decisión final le corresponderá al Pleno de la Asamblea, que deberá aprobar la resolución  para integrar esa instancia y los nombres de los asambleístas que trabajen en el informe de esas reformas.

El Presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, manifestó que se están buscando consensos para integrar la Comisión Ocasional  con representantes de las diferentes bancadas y de por lo menos un representante de los independientes, pero que si no hay acuerdos se  remitirá los proyectos a las Comisiones permanentes según las temáticas.

La asambleísta por Avanza, Lucia Posso, aseguró que podría ser la delegada del Frente de Asambleístas Independientes ya que así se decidió una reunión mantenida esta tarde.

La Ley de la Función Legislativa señala que las comisiones especializadas ocasionales estarán conformadas por un número impar no mayor a siete integrantes y terminarán sus funciones cuando se cumplan los fines de su creación o cuando fenezca el plazo de funcionamiento establecido en la Resolución de su integración, que podrá ser prorrogado por el Consejo de Administración Legislativa por una sola vez.

Revolución Ciudadana le tiene en la mira a la Fiscal del Estado, Diana Salazar

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Héctor Valladarez representa a la provincia de Zamora Chinchipe por la Revolución Ciudadana. Es un legislador de bajo perfil al interior de esa bancada.

A pocos días de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inicie la sustanciación del juicio político en contra de la Fiscal Diana Salazar, impulsado por la legisladora de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, el también asambleísta de esa agrupacion, Héctor Valladarez, presentó la tarde de este martes otra solicitud de interpelación en contra de la funcionaria.

Valladarez señala a la Fiscal como responsable de encubrir casos de lavado de activos a pesar de que la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), entre 2019 y 2022, emitió 97 alertas sobre este delito. El asambleísta dijo que la Fiscal no estableció como máxima autoridad institucional proyectos con estándares de calidad y eficiencia para dar seguimiento a esos casos.

Una segunda causal que señala el legislador es por una presunta inacción para investigar a Carlos Pareja Cordero (Capaco) a quien la Fiscalía, en 2016, inició una indagación por posible lavado de activos. Valladarez asegura que aunque la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas declaró la nulidad del proceso, la Fiscal estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para reiniciar la investigación, subsanar las violaciones al debido proceso y recabar nuevos elementos de convicción que permitan sostener una acusación sólida en contra de los responsables del delito.

El objetivo de la bancada de la Revolución Ciudadana es que se unifiquen las solicitudes de juicio político y que estas nuevas causales se incoporen a las señaladas por Garzón.

La Fiscalía respondió a las pocas horas a través de un comunicado en el que señala que las aseveraciones del legislador no tienen sustento «más allá de la falta de entendimiento por parte del mencionado asambleísta sobre el tema en cuestión». Añade que ayer Salazar explicó la situación en la fallida comparecencia que tuvo en la Comisión de Fiscalización, a donde fue convocada para, precisamente, detallar cómo se llevan los casos de lavado de activos.

Mientras que del caso CAPACO,  Fiscalía señala que corresponde al 2016 cuando la máxima autoridad de esa institución era Galo Chiriboga y estuvo a cargo de un agente fiscal de lavado de activos.

Estado de excepción en cinco provincias es inconstitucional, según la Corte Constitucional

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Policías y militares realizan frecuentes operativos conjuntos para combatir a las bandas terroristas, calificadas así por el Gobierno.

La Corte Constitucional emitió dictamen desfavorable de constitucionalidad al estado de Excepción en cinco provincias decretado por el presidente Presidente de la República, Daniel Noboa, el 30 de abril.

Esa fecha, Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 250 declarando la aplicación de la medida por 60 días en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas y Santa Elena. El primer mandatario justificó la medida con el argumento de que persistia el conflicto armado interno por lo que dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en esas provincias.

En su dictamen de inconstitucionalidad, la Corte determina que la información remitida por la Presidencia de la República no justifica la configuración de la causal de conflicto armado interno y tampoco se ha justíficado su ámbito territorial y  temporal de aplicación; o que los hecho aludidos no puedan ser enfrentados con regimen constitucional ordinario.

Según la Corte, el Ejecutivo se limita a señalar las dificultades en la ejecución de operaciones militares ante la necesidad de coordinar y articular con la Fiscalía y jueces de turno para la realización de inspecciones, allanamientos y requisas.

El dictamen fue aprobado con 7 votos a favor y 2 votos salvados, de las juezas Carmen Corral y Teresa Nuques quienes consideran que el estado de Excepción focalizado está justificado y cumple con los parametros legales.