La mañana de éste jueves 9 de mayo, la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Pamela Aguirre, recibió a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y ministro de Energía y Minas (e), quien dio a conocer a la mesa legislativa, las acciones encaminadas desde el Gobierno ante la crisis energética que atraviesa el país. Además de indicar que se prevé aplicar la compensación a la población del 50% en el cobro de las planillas de luz, tal como fue anunciada por el Presidente, Daniel Noboa Azin.

Mencionó que 40 millones de dólares costaría financiar la reducción del 50 % de los valores de las planillas de luz, debido a los apagones generados durante el mes de abril; por lo que el Primer Mandatario, mediante Decreto Ejecutivo 260, dispuso que en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Energía, se elabore un sistema de compensación entre las “distribuidoras de energía”, para la reducción del valor en las planillas.

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Sobre el posible sabotaje en el sector energético, aseveró que la denuncia está presentada en la Fiscalía, debido a que identificaron una suma de acciones irresponsables y la falta de celeridad para solucionar estos problemas que ya se identificó desde el 2023. Además, manifestó que se identificaron “oficios sin atender, y otros que impedían comprar los excedentes energéticos a la empresa privada y algunas otras alianzas público privadas que ya se están haciendo”, aseguró

El pleno de la Asamblea ratificó, con 101 votos a favor, seis artículos que el Presidente de la República, Daniel Noboa, había vetado de la Ley Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en Todas las Modalidades de Trabajo. Entre estos artículos consta el que considera como acoso laboral la no desconexión digital; es decir, cuando un empleado se ve obligado a contestar las llamadas, mensajes de textos, WhatsApp, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación digital fuera de su horario de trabajo.

La asambleísta María Teresa Pasquel (Gente Buena), ponente del informe, manifestó que el veto inobservó fallos de la Corte Constitucional respecto al acoso laboral y que la Ley responde a la necesidad de respetar los tiempos de descanso de los trabajadores, su temporada de vacaciones o simplemente su tiempo libre.

Durante el debate los legisladores manifestaron que esta Ley es positiva y cuestionaron a Noboa por haberla vetado parcialmente.  Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana, manifestó que es necesario luchar contra la explotación y precarización laboral. Recordó que este proyecto, en el segundo debate, fue aprobado por la Asamblea por unanimidad de los 128 asambleístas con el afán de frenar la violencia y el acoso laboral.

Leonardo Berrezueta, también de la Revolución Ciudadana, calificó al veto de «barbaridad jurídica», pues no está motivado en la Constitución. En el veto, Noboa aseguraba que se está desvirtuando el concepto de acoso laboral, porque la desconexión digital está ligada exclusivamente a los contratos de teletrabajo.

60 días de suspensión sin derecho a remuneración es la sanción que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), impuso a la legisladora de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, al considerar que cometió una falta administrativa muy grave contemplada en el numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El numeral estitula «incurrir en actos que constituyan acoso laboral (…) contra las y los asambleístas o las o los funcionarios de la Asamblea Nacional».

A la asambleísta se le sanciona luego de conocer la denuncia que presentó un funcionario de la bancada de ADN (oficialismo), quien aseguró que a finales de 2023, mientras se debatía la ley económica urgente de Eficiencia Económica en la Comisión de Desarrollo Económico, Palacios intervino sin autorización de la presidenta, Valentina Centeno (ADN). Esto generó un incidente con el funcionario que fue hecho público por Palacios a través de sus redes sociales, donde le acusó de maltrato.

A través de un comunicado, la bancada Revolución Ciudadana, aseguró que se había cometido una violencia política de género contra la legisladora, avalada por el CAL. La bancada agrega que la denuncia retrata de cuerpo entero a un Gobierno «machista y misógeno» cuyos ataques van dirigidos a mujeres políticas a través de terceros.

El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó el estado de Excepción para las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena al considerar que persiste el conflicto armado interno.

Según el Decreto 250, suscrito esta tarde, hay un incremento de hostilidades por lo que es necesario ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados en esas provincias. Además, dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía.

El estado de Excepción tendrá una duración de 60 días con el fin de mantener la soberanía e integridad del Estado. Se dispone la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, por lo que las fuerzas del orden estarán facultadas para realizar allanamientos, inspecciones y requisas. Sin embargo, no se establece el toque de queda.

La Asamblea censuró con 95 votos al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo. El Pleno le encontró responsable de los apagones que se vienen generando en el país desde que fue Ministro del Gobierno de Guillermo Lasso. La resolución será remitida a la Fiscalía y a la Contraloría para que investiguen la crisis energética. Con la censura, Santos Alvite queda inhabilitado dos años para ocupar cargo público.

18 asambleístas participaron en el debate. Mariana Yumbay (PK) aseguró que la crisis energética es fruto de la negligencia e irresponsabilidad del exministro, quien no habría tomado medidas oportunas pese a las alertas que se generaron desde distintas áreas. Según Yumbay, esta crisis es provocada por sectores que quieren privatizar el área energética y el suministro de energia eléctrica. 

Los asambleístas coincidieron en señalar que es necesario atender de manera urgente al sector energético para evitar que, a futuro, se repitan los apagones, que generan pérdidas millonarias para el país, sobre todo en el sector productivo, incluida la economía popular y solidaria.

Para la asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre,  el exfuncionario no cumplió con el 85% del Plan Maestro de Electricidad, no invirtió en generación eléctrica porque prefiere que pase a manos de la empresa privada. Su compañera de bancada, Sofía Espín, añadió que en los tres últimos gobiernos, incluido el de Daniel Noboa, no se ha invertido en nueva infraestrutura eléctrica. 

Ningún legislador  apoyó en lo más mínimo la gestión que en su momento cumplió el exfuncionario en el Ministerio de Energía.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el procesamiento de actas de la consulta popular, que se cumplió el domingo, concluyó en todas las provincias del país. El Pleno del CNE, en la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio, examina cada una de las actas y  concluida esta verificación, las autoridades electorales proclamaran los resultados oficiales.

A partir de entonces el Presidente de la República, Daniel Noboa, tendrá cinco días para remitir a la Asamblea los proyectos de Ley correspondientes a las preguntas que fueron aprobadas en la consulta y que necesitan obligatoriamente el tratamiento legislativo.

La Asamblea, en tanto, tiene 60 días para tramitar las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio, que son las materias de los textos aceptados por la población.

De acuerdo a los resultados no oficiales el No ganó en las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional. En las nueve restantes la población se pronunció por el Sí, que están relacionadas con seguridad y combate a la corrupción.

En varios sectores se ha generado el debate sobre el alcance que tienen tanto la Asamblea como Noboa para incluir o modificar temas que no se hayan  consultado. Según el díctamen de la Corte Constitucional, cuando calificó las preguntas presentadas, en caso de que la consulta fuese aprobada, los textos que remita el Ejecutivo deberán ceñirse única y exclusivamente a los términos de la consulta y a los pronunciamientos que ha realizado la Corte, quedando vedado incluir en estos proyectos temas que no han sido sometidos al análisis del organismo o que no fueran objeto de pronunciamiento de los electores. La misma situación queda establecida para la Asambla.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), informó que una Comisión ocasional multipartidista podría integrarse para que tramite las reformas legales que fueron aprobadas en la consulta popular que se desarrolló el domingo a escala nacional.

De 11 preguntas planteadas, 9 obtuvieron el SÍ en las urnas y en dos preguntas ganó el No. La mayoría de preguntas que lograron el respaldo de la población están relacionadas con reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP); para incrementar penas en ciertos delitos, que los sentenciados por determinados delitos cumpla la totalidad de la pena en la cárcel, por ejemplo.

Kronfle manifestó que una vez que el presidente de la República, Daniel Noboa, remita los textos, se deben modular las propuestas y que para su tratamiento hay tres opciones: que se se tramiten en tres comisiones permentes, que se le encargue solo a una, o que se le encargue  a una Comisión especializada con presencia multipartidista. Kronfle se inclina por esta última alternativa para que se cumpla un proceso transparente. Agregó que la vía que se tome deberá salir de un consenso entre las diferentes bancadas.

Para el asambleísta independiente Pedro Velasco la alternativa de una Comisión ocasional es una alternativa que está contemplada en la Ley de la Función Legislativa; sin embargo, le preocupa que vaya a tener representación solo de las bancadas, ya que hay un considerable número de legisladores independientes que no se han integrado a ningún bloque, que tienen igual derecho de participar en la construcción de las normativas.

Estas son las 11 preguntas que en una sola papepeleta serán entregadas a los electores este domingo 21 de abril a escala nacional. THELOS, ruta informativa, difunde esta propuesta para que la ciudadanía ejerza el voto informadop. El Consejo Nacional Electoral, para una mejor identificación les asignó letras a cada pregunta:

A:
Frase introductoria: Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción
PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?

SÍ                                               NO

B: 

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?

SÍ                                              NO

C:

¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2?

SÍ                                                NO

D: 

¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?

SÍ                                                   NO

E:

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos
de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

F:

¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?

SÍ                                    NO

G:

¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

SÍ                                        NO

H:

¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal
conforme consta en el referido Anexo?

SÍ                                               NO

I:

¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

SÍ                                                  NO

J:

¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

SÍ                                                   NO

K:

¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

SÍ                                                   NO

Con el voto en casa cumplido ayer en las cárceles del país, para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada; y la realización hoy del voto en casa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el proceso de consulta popular que a escala nacional se cumplirá este domingo.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, informó que en la primera votación anticipada realizada ayer en las cárceles, de 5.338 presos sin sentencia habilitados para emitir su voto, 1.181 cumplieron con el sufragio.
Mientras que para hoy, en la jornada para el voto en casa, destinado a personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75%, se inscribieron 609 electores: 280 mujeres y 329 hombres. Para esta jornada se instalaron 178 Juntas Receptoras del Voto (JRV), en 109 rutas a escala nacional.
Atamaint aclaró que tanto el voto de las personas privadas de la libertad, como el del voto en casa, se escrutarán el domingo pasadas las 17:00, una vez que concluya la jornada electoral general, por lo que pidió a la ciudadanía que no se deje llevar por información falsa en relación a que determinada tendencia habría triunfado en las cárceles del país.
En la consulta popular del 21 de abril están habilitados para sufragar 13´654.291 electores, 429.165 de ellos están empadronados en el exterior. Son 11 preguntas las que se plantean en esta consulta popular, cuyo costo asciende a 60 millones de dólares y que es impulsada por el presidente de la República.
La consulta popular se relaciona a temas de seguridad, administración de justicia, incremento de penas, pero también a la posibilidad de establecer en el país el contrato laboral por horas y la existencia del arbitraje internacional.

En un mega operativo liderado por la Fiscalía General del Estado a escala nacional, esta madrugada fue detenido el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Otras 28 personas también fueron detenidas en diferentes operativos que incluyeron allanamientos a domicilios, oficinas privadas, instituciones públicas, entre otras.

#URGENTE | El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue detenido, dentro de la operación denominada #Metástasis, realizada por la Fiscalía, sobre presunta delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico en los órganos de justicia. #Quito
📹: Redes pic.twitter.com/czHV2UW4SN

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) December 14, 2023

El caso conocido como Metástasis es una investigación de la Fiscalía de una presunta gran trama de corrupción con infiltraciones del narcotráfico en el sistema judicial, carcelario y policial.

Por eso, aparte de Terán, entre los detenidos también se encuentran, jueces, fiscales, policías en servicio activo y pasivo, funcionarios del SNAI y abogados en libre ejercicio.

A través de las redes sociales de la Fiscalía, su titular, Diana Salazar, anticipó que formulará cargos por presunta delincuencia organizada.

La detención de Terán se produjo esta madrugada tras el allanamiento a su vivienda, dónde se levantaron indicios como documentos, computadores, celulares y más de 25.000 dólares en efectivo, en billetes de 100 y de 20.

Los operativos se produjeron a través de 75 allanamientos de viviendas en siete de las veinticuatro provincias del país y que implicó el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías.

Terán fue trasladado a las 02:00 aproximadamente a la Unidad de Flagrancia, en Quito. El presidente de la Judicatura dijo que su detención no tenía fundamento alguno y que se trataba de una persecución a su gestión transparente al frente de esa entidad.

#AHORA | Ingresan a la Unidad de Flagrancia #Quito, a implicados en el #CasoMetástasis, por supuesta delincuencia organizada, en la función judicial. pic.twitter.com/Vcet28SBY5

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) December 14, 2023

Cerca de las 13:30 llegaron todos los detenidos a la Unidad de Flagrancia y se esperaba que en la tarde se cumpla la audiencia de formulacion de cargos en la Corte Nacional de Justicia por el fuero de corte que tiene Terán y que se amplía al resto de detenidos.

Entre otros detenidos se encuentran el exjuez penal Ronald Guerrero y el general de Policía en retiro Pablo Ramírez, quien fue director del sistema nacional penitenciario y posteriormente director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía.

La investigación nació a raíz del asesinato en la cárcel de Leonardo Norero, considerado capo del narcotráfico y líder de la banda Los Lobos.