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Comisión allana el camino para destituir a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea

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Christian Guaman
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Comisión Pluripartidista ad hoc, aprobó el informe que recomienda al pleno de la Asamblea Nacional, destitución del cargo de presidenta a Guadalupe Llori.

70 votos, de los 137 legisladores que conforman la Asamblea, se necesitan para que se apruebe el informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc, que recomienda la remoción de Guadalupe Llori como titular del Legislativo.

La mañana de este miércoles 25 de mayo, la Comisión sesionó y aprobó por unanimidad el informe sobre la denuncia presentada por Esteban Torres (PSC) en contra de Llori por incumplimiento de funciones.

La comisión fue conformada el 26 de abril, mediante una resolución del Pleno del Legislativo y la integran Pedro Zapata (PSC), presidente de la comisión; Pamela Aguirre (UNES) vicepresidenta, y los legisladores Lucía Placencia (ID), Peter Calo del ala rebelde de Pachakutik y John Vinueza Independiente, quienes analizaron la denuncia y concluyeron que Llori incumplió lo que establecen los artículos 129 y 140 de la ley orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Francis Abad, abogado de Llori, aseguró que la comisión no esta legalmente constituída, por lo que presentó un reclamo de nulidad del procedimiento aplicado para la investigación de su defendida, lo que no fue aprobado por la comisión. Abad salió de la sesión, refutando que los integrantes de la comisión buscan con rapidez terminar el informe y así remover a Llori. «Yo no puedo quedarme a legitimar, algo que está viciado», (…) «están leyendo un informe, están pasando una guillotina, sin darme el derecho a la defensa», aseguró Abad, al momento que rechazó la investigación que inició el 3 de mayo pasado y se busque concluir doce días antes del plazo designado por el pleno de la Asamblea.

Según la resolución del pleno de la Asamblea, Llori tendría un plazo de tres días para convocar a sesión del Pleno para tratar como único punto la resolución de la comisión pluripartidista ad hoc. Sin embargo, la LOFL, determina que tendría un plazo de cinco días, para que se ejecute dicho trámite.

La denuncia presentada por Torres se fundamenta en el artículo 140, dónde la Presidenta de la Asamblea, debía dar paso a la apelación a su presidencia y ejercer su derecho a la defensa, cosa que no ocurrió por lo que la comisión argumenta que existió incumplimiento de sus funciones.

Además dentro de segunda acusación, se habría incurrido en incumplimiento de acuerdo al artículo 129.

«Existirían los votos para remover del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, a Guadalupe Llori» aseguró Pamela Aguirre, quién pedirá al bloque de UNES apoye el informe derivado de la comisión pluripartidista.

Lasso destaca que ha salvado la vida de 18 millones de personas, en su primer año de gestión

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Christian Guaman
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Informe a la Nación presentado por el presidente Guillermo Lasso, en el Pleno de la Asamblea Nacional, resalta plan de vacunación por el Covid-19.

El presidente Guillermo Lasso presentó este martes 24 de mayo el Informe a la Nación correspondiente a su primer año de gestión. 

Ante cerca de 500 personas, Lasso destacó el plan de vacunación contra el Covid 19 como su principal gestión, proceso que dijo salvo la vida de 18 millones de personas. 

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, como titular de éste organismo inició con su intervención invitando a todos los sectores políticos a trabajar en conjunto por el bienestar del país; y al Gobierno a buscar mecanismos para «conciliar» con los diferentes frentes políticos.

Lasso resaltó la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Pichincha. «Nuestros patriotas dieron la vida para que Ecuador sea independiente», aseguró, al tiempo que indicó que en su primer año de gestión salió victorioso en dos frentes complejos que atravesaba el país: la pandemia y la crisis económica.

«Hace 12 meses, cuando asumí este cargo, dije que se renovaba la idea de que en libertad y democracia se puede construir un país más próspero, pero también más equitativo, solidario y justo con todos», (…) «En mayo del 2021 menos del 5% de la población había recibido una sola dosis. Y que hoy el 83% de ecuatorianos mayores de tres años está vacunado con dos dosis; el 36% ya recibió la de refuerzo, y hace meses empezamos a colocar la cuarta», manifestó. Agregó que «Lo peor de la tormenta ya ha pasado», al tiempo que resaltaba que las finanzas públicas se estarían consolidando. Además del incremento del salario básico en 25 dólares; así cómo la tasa de desempleo juvenil se habría reducido de 13,6% en mayo de 2021 a 8,8% al primer trimestre del 2022, es decir cerca de 110 mil jóvenes encontraron un empleo. «Somos el segundo país con la inflación más baja en América Latina», (…) «La dolarización, lejos de estar en riesgo, hoy está más sólida que nunca», aseveró.

Otro de los puntos que resaltó el primer mandatario, fue el tema de educación, dónde dió a conocer que dentro de su Gobierno se habría logrado regresar a clases presenciales con el 100% de aforo en todo el país; reabrir más de 100 escuelas rurales; incremento del presupuesto para educación; garantizar las condiciones de infraestructura de los centros educativos, con la destinación de más de 200 millones de dólares en infraestructura educativa. Además de buscar políticas para el magisterio cómo: destinar más de 2.100 millones de dólares en remuneraciones; 200 dólares como bono de pandemia para alrededor de 10.000 profesores; primer proceso de ascenso de categoría para 6.000 maestros, entre otras decisiones . Por lo que mantendrá reuniones con los 15 gremios de docentes para concluir el proceso de construcción participativa del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Reformada.

En Salud aclaró que han entregado nombramientos a más de 15.000 profesionales de la salud; así como una inversión de $ 3.200 millones.

 

Gobierno anuncia censo para generar políticas en beneficio de sectores vulnerables

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Christian Guaman
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Presidente Guillermo Lasso, anunció el 8vo. Censo de Población, 7mo. De Vivienda y 1ro. De Comunidades, que se realizará entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022.

Entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre de este año se cumplirá el censo de población, vivienda y comunidades, según informó el presidente Guillermo Lasso. El censo tendría un costo aproximado de $ 57 millones y se desarrollará de manera virtual y presencial.

El censo tendría una particularidad, ya que se lo realizará en modalidad de respuesta en línea, con la utilización de mecanismos tecnológicos, que permita consolidar la información recabada por encuestadores calificados, con un plazo extendido de seis semanas y los primeros resultados serán presentados desde mayo del 2023.

Este proceso se desarrolla cada diez años y debía haberse ejecutado en el 2020; en el gobierno del expresidente Lenin Moreno; sin embargo, debido a la pandemia fue suspendido por lo que el el Gobierno, a través del Decreto Ejecutivo N.° 425, retomará este proceso, para contar con información fidedigna y exacta en cuanto a los datos de todas las regiones del Ecuador que, según el INEC, antes de terminar el año 2022 contará con 18 millones de habitantes.

“Todos estamos convocados a responder con veracidad y transparencia a las preguntas para saber cómo debemos enfocar las políticas públicas y qué debemos posicionar con ellas”, aseveró el Primer Mandatario al señalar que una de las prioridades del gobierno es combatir la desnutrición crónica infantil y reducir su incidencia en el país.

Además el 8vo. Censo de Población, 7mo. De Vivienda y 1ro. De Comunidades se implementará un cambio metodológico y la implementación de un cuestionario censal que incluye temas de género, pueblos y nacionalidades, discapacidad, migración y fauna urbana. Además el formulario contendría alrededor de 80 preguntas sobre población, vivienda y una papeleta adicional para las comunidades.

Dentro de este mecanismo censal digital, será obligatorio para los servidores públicos y se coordinará con las empresas para que se les permita ejecutar este proceso a todos sus empleados.

Toda la información que se vaya accediendo “tendrá carácter estrictamente confidencial”, detalló el subdirector general del INEC, Jorge García, quién resaltó que se contará con más de 18.000 personas calificadas y no se contempla la utilización de estudiantes secundarios para recopilar la información que genere el censo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno posesiona al alto mando militar y policial 

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Christian Guaman
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Presidente Guillermo Lasso, posesionó a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Como parte de la renovación de las instituciones de seguridad pública y con el fin de disminuir los altos índices de inseguridad que se vive en el país, el presidente Guillermo Lasso posesionó la mañana de este lunes 16 de mayo, en el Palacio de Carondelet, al nuevo mando militar y policial.

«Estaré siempre como presidente de la República, defendiendo la institución de la Policía Nacional (…), y trabajando y pensando siempre en el fortalecimiento institucional», enfatizó el Primer Mandatario dentro de su intervención en la ceremonia de posesión.

El pasado 5 de mayo, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 421 el Mandatario designó al General de Brigada Nelson Bolívar Proaño como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); al General de Brigada Franklin Gustavo Acosta en el cargo de Comandante General de la Fuerza Terrestre; al Brigadier General Gabriel Marcelo García como Comandante General de la Fuerza Aérea; y se ratificó al Contralmirante Luis Brúmel Vázquez como Comandante General de la Fuerza Naval.

Mientras que con Decreto Ejecutivo N.° 422, se nombró al General de Distrito Fausto Salinas Samaniego como el nuevo Comandante General de la Policía Nacional.

Lasso aseguró que las políticas en seguridad determinadas por el Gobierno habría permitido reducir «notablemente el número de muertes violentas”; resultados que plantean un mayor compromiso para erradicar la violencia en el país. «Porque la seguridad es un clamor ciudadano», aseveró, al tiempo que reafirmó su total respaldo a la gestión de los más de 53.000 policías y los cerca de 40.000 militares. Las Fuerzas Armadas y la Policía recibirán equipamiento, capacitación y otras necesidades urgentes.

El nuevo comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, resaltó que será un honor comandar una institución como la Policía Nacional, dónde el único objetivo será velar por la paz y por un Ecuador seguro.

Por su parte Nelson Bolívar Proaño, como nuevo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, enfatizó que actuará con todo el contingente y capacidades profesionales de los miembros de las FF.AA, a través de nuevas estrategias, desde las fronteras del territorio nacional, para enfrentar la inseguridad y violencia, con acciones coordinadas y el respeto de los derechos humanos.

 

 

 

 

Huelga de hambre continúa hasta que la Corte Constitucional se pronuncie

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Christian Guaman
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La Unión Nacional de Educadores UNE, realizó una marcha por las calles de Quito, en respaldo a la huelga de hambre que lleva diez días, defensa de la educación y para exigir se cumpla con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), referente a la equiparación salarial.

Este jueves, desde las 09:30, se cumplió con la audiencia pública telemática, en la Corte Constitucional (CC), donde el juez y presidente de la Corte, Alí Lozada, instaló la audiencia para analizar los más de 30 amicus curiae y escuchar a las partes dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que aprobó la Asamblea Nacional en marzo del 2021, en relación a la equiparación salarial de los docentes fiscales.

Previa la instalación de la audiencia en forma telemática, dirigentes de la Unión Nacional de Educadores UNE, protagonizó una marcha desde la Casa del Maestro, hasta los exteriores de la Corte Constitucional; que amaneció bloqueado el acceso a éste organismo, y la carpa dónde se encuentran 14 docentes en Huelga de Hambre, cumpliendo su décimo día.

El Ejecutivo vetó totalmente la iniciativa por inconstitucional al no contar con fuentes permanentes de financiamiento por lo que el tema volvió a la CC, para que emita su sentencia final.

La causa la lleva Alí Lozada, presidente de la Corte, quien manifestó que en un Estado constitucional, lo ordinario es que las demandas gremiales sean tratadas dentro del proceso político democrático, es decir que sean conocidas, atendidas y resueltas por la Función Ejecutiva y Legislativa. Agregó que la Corte Constitucional es independiente y no interviene en los conflictos sociales relativos a demandas gremiales salvo cuando se plantean procesos judiciales que entran en el ámbito de su competencia.

Lozada hizo un repaso sobre el proceso de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el tratamiento que le ha dado la Corte que pidió subsanar los relacionado con la equiparación salarial y con la jubilación especial a los maestros sin límite de edad y suspendió esos articulados hasta que se presenten los informes que justifiquen las fuentes de financiamiento.

Ángel Orna, abogado de la UNE, manifestó que la sentencia de la Corte Constitucional es de cumplimiento obligatorio y que la Asamblea identificó las fuentes de financiamiento con lo que cumplió la sentencia, a pesar de lo cual el Gobierno hizo caso omiso, argumentando la falta de ingresos.

Isabel Vargas, presidenta de la UNE, agregó que el Gobierno asumió una postura política de no cumplir la sentencia y no envió a sus delegados a la Asamblea, ni el informe de factibilidad, porque no quiere cumplir con los derechos del Magisterio y utiliza la Constitución de manera demagógica.

Mientras tanto los delegados del Ejecutivo y del Legislativo discreparon sobre el impacto fiscal que tendría la equiparación salarial. Para los representantes de la Presidencia de la República sería de 496 millones de dólares a pesar de que al inicio del tratamiento de esta Ley habían mencionado que el impacto sería de 2.175 millones de dólares. En tanto para presentantes de la Asamblea el impacto fiscal sería por los 630 millones de dólares.

Hace un año el Gobierno manifestó que esos 2.175 millones no contaban con una fuente de ingreso por lo que la Asamblea tuvo que modificar la reforma a la Ley, estableciendo una equiparación salarial de los docentes con los sueldos del resto de los empleados públicos.

Los representantes de las organizaciones sociales como Nelson Erazo, del Frente Popular; Cristina Cachaguay, de Mujeres por el Cambio, aseguraron que al Gobierno le falta voluntad política para cumplir con el sector de la Educación.

 

 

Fiscalía: «Se pretende utilizar a la justicia como instrumento de presión política»

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Christian Guaman
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Fiscal, Diana Salazar, no respondió a las preguntas realizadas por los asambleístas, debido a cruce de palabras entre el presidente de la comisión de Participación Ciudadana y el jefe de bancada del BAN.

La Fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea para explicar la notificación de investigación previa hecha a 93 asambleístas que apoyaron la moción de cambio del orden del día, presentada por Marcela Holguín (UNES), que viabilizó la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc, para que evalúe a la titular del Legislativo, Guadalupe Llori.

La comparecencia se dio en medio de la expectativa de varios legisladores que no formaban parte de la comisión y que deseaban conocer los argumentos por los que se inició una investigación.

Salazar, dentro de su intervención, recalcó que la Fiscalía no busca interferir en asuntos de otros poderes del Estado, por lo que la investigación previa se basa en una denuncia escrita presentada por Llori, argumentando que se habría vulnerado sus derechos. Salazar dijo que la Fiscalía ha enmarcado su actuación exclusivamente en sus competencias constitucionales y legales.

«Se pretende utilizar a la justicia como un instrumento de presión política» aseguró Salazar, al recordar que Llori presentó en primera instancia la denuncia contra 93 asambleístas por presunto incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente y posteriormente remitió un nuevo listado con 81 asambleístas que votaron para la conformación de la Comisión Pluripartidista Ad hoc.

La comparecencia culminó luego que existieron discrepancias entre Ferdinand Álvarez (UNES) y Fernando Flores (BAN), por lo que Álvarez clausuró la sesión.

Nueva masacre carcelaria deja al menos 44 muertos en santo domingo de los tsáchilas.

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Christian Guaman
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Seis amotinamientos se han registrado en los últimos 15 meses en los centros penitenciarios del país.

Al menos 44 presos del Centro de Rehabilitación Social de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, fallecieron este lunes en un nuevo hecho de extrema violencia en el sistema de rehabilitación social del país.

Hasta el momento son seis amotinamientos de grave magnitud los que se han registrado en los diferentes centros carcelarios del país, demostrando incapacidad y falta de políticas para mantener el control en estos centros por parte de las autoridades de turno.

En esta ocasión el amotinamiento se dió la madrugada de este lunes 9 de mayo, en una cruenta batalla por mantener una hegemonía en la cárcel de Santo Domingo de los Tsachilas, dónde la guerra entre bandas dejó una triste cifra de víctimas que se suman a las ya registradas en anteriores amotinamientos.

Ramiro Narváez, presidente de la comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.

En la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, su titular, Ramiro Narváez, indicó que se encuentran finalizando con el articulado del proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, donde se determina una normativa legal para que los guías penitenciarios puedan realizar su accionar dentro de las cárceles.

«Los guías penitenciarios por estándares internacionales no pueden utilizar armas cuando están en contacto con las Personas Privadas de la Libertad PPL’s (…), Estamos planteando la constitución de un grupo élite que este fuera del espacio de contacto de los PPL’s, y puedan actuar en momentos de crisis«, aseguró Narváez en el contexto del tratamiento del proyecto de ley de Uso Legítimo de la Fuerza.

Por su parte en las declaraciones realizadas por el ministro del Interior, Patricio Carrillo; del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Pablo Ramírez; y del Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, recalcaron que la situación dentro de este centro penitenciario estaría controlado.

El enfrentamiento se habría ocasionado «entre dos organizaciones criminales Los Lobos y una fracción de la denominada R7», provocando la muerte de 41 reos al interior de la prisión y dos en los centros de salud donde fueron atendidos, indicó.

Por los acontecimientos suscitados, 200 presos habrían escapado de la cárcel; y hasta el momento la Policía Nacional habría recapturado a 112.

«Son los mismos actores que hace un mes en la cárcel de Turi, en Cuenca, participaron”, indicó Carrillo.

Dentro de esta cárcel se encontraron cuatro armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, municiones y alimentadoras.

Huelga de hambre del magisterio en defensa de equiparación salarial

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Ante la objeción realizada por el presidente Guillermo Lasso a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, que contemplaba la equiparación salarial de los maestros, por lo que la huelga de hambre busca un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Más de una treintena de maestros que pertenecen a la Unión Nacional de Educadores (UNE) iniciaron una huelga de hambre el pasado martes 3 de mayo en Quito y Guayaquil.

Es la forma de expresar su rechazo al veto total del presidente Guillermo Lasso a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, relacionadas a la equiparación salarial de los docentes.

El 14 de abril, el primer mandatario remitió a la Asamblea el veto total con el argumento de que no hay fuentes de financiamiento para cubrir la equiparación, que sería aproximadamente más de $ 500 millones anuales, según datos expuestos por el Ministerio de Finanzas.

En este contexto la Asamblea Nacional realizó un pedido el pasado 22 de abril, para que la Corte Constitucional, emita un pronunciamiento sobre la «objeción total por inconstitucionalidad”, que realizó Lasso y se determine la ratificación o sustitución de las disposiciones de la Ley de Educación Intercultural.

Pese a que la CC emitió un comunicado informando que se convoca a las partes para ser escuchadas en audiencia pública el próximo jueves 12 de mayo y analizar los diferentes Amicus Curiae, presentados en este organismo, la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, ratificó que la huelga de hambre continuará hasta que se «resuelva de forma definitiva».

La medida no sólo busca la equiparación salarial, sino exigir al Gobierno, que cumpla con la normativa constitucional, dónde se prioriza el 6% del Producto Interno Bruto PIB, para Educación.

«La diferencia de quienes están en la huelga de hambre, con quiénes están dialogando con el gobierno, es que Klever Hidalgo presidente de la UNE Pichincha y Rossana Palacios vicepresidenta de la UNE Nacional, adoptaron esta medida. (…) La Constitución nos faculta a los ecuatorianos, que si el presidente no cumple con su plan de trabajo, iniciar un proceso de revocatoria», aseguró Andrés Quishpe coordinador nacional de la UNE.

Día del Trabajador, se consolida tesis de revocatoria de mandato al presidente Guillermo Lasso

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Christian Guaman
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Entre los principales planteamientos derivados por las diversas organizaciones sociales se prioriza el inicio de una revocatoria de mandato.

Centenares de personas marcharon hoy en Quito para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Desde la Caja del Seguro hasta la Plaza San Francisco se movilizaron obreros, maestros, estudiantes, grupos LGBTI, amas de casa, campesinos, indígenas entre otros.

Las demandas de los sectores obreros fueron la defensa del IESS, que el Gobierno pague la deuda que mantiene con la seguridad social, en contra de las privatizaciones y concesiones, por la equiparación salarial a los maestros fiscales, entre otros pedidos.

Los activistas culturales solicitan recursos y presupuesto para la actividad, y los grupos que representan la diversidad sexogenérica que se respeten sus derechos.

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Amenaza de bomba en el Legislativo no frenó instalación de comisión multipartidista

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Christian Guaman
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Entre continuos sonidos de alarmas dentro de la Asamblea Nacional, se llevó a cabo la primera reunión de la comisión multipartidista que prevé investigar el accionar de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.

Pese a cuestionamientos de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), sobre la legitimidad de la comisión que investigará el presunto incumplimiento de funciones de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, está se instaló para designar a su presidente y vicepresidente. La Izquierda Democrática (ID) también cuestionó la falta de consensos para la designación de los integrantes de la comisión; a lo que se sumó una amenaza de bomba en las instalaciones del Parlamento. Pero nada fue suficiente para frenar la instalación de la sesión.

La comisión multipartidista conformada por Pamela Aguirre (UNES); Peter Calo (Pachakutik); Pedro Zapata (PSC); Lucía Placencia (ID); y Jhon Vinueza (Independiente), eligió a Zapata como presidente y a Aguirre como vicepresidenta.

La conformación de la comisión ad hoc y la designación de los nombres de quienes integran ésta comisión, estuvo cuestionada por Pachakutik, Izquierda Democrática y el bloque oficialista BAN, que rechazan la manera en como la nueva mayoría UNES, PSC, la fracción de Pachakutik y parte de ID e Independientes, crearon está comisión.

Por ejemplo, el bloque de Gobierno BAN, tras el abandono de la sesión 772, del pleno de la Asamblea Nacional, quedó fuera de los integrantes de la comisión multipartidista; «preferimos retirarnos para no ser parte de este circo”, argumentó Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada.

Por su parte el coordinador de la ID, Marlon Cadena, indicó «se han violado la autonomía de los partidos políticos, (…) En nombre de una mayoría se haya permitido designar al interior de las bancadas legalmente constituídas», aseguró.

La comisión tiene 35 días para emitir un informe sobre el incumplimiento de funciones de Guadalupe Llori, dentro de su cargo cómo presidenta de la Asamblea Nacional, dónde no se descarta que se determine su remoción y hasta destitución.

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