El Ministerio de Turismo dio a conocer la lista de días feriados que se aplicarán en Ecuador entre el 2023 y el 2025. En la reforma a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo, vigente desde el 2016 y conocida como «Ley de Feriados», se determinó cómo se iban a establecer los días de descanso anualmente para que estos no queden a voluntad del Gobierno de turno sino que sean establecidos a través de la Ley. El ministro de Turismo, Niels Olsen, indicó en su cuenta Twitter que el objetivo de publicar el calendario de feriado de los próximos tres años es que la ciudadanía pueda planificar con tiempo sus vacaciones.

Estos son los días de feriado en los próximos tres años:

La designación de Roberto Romero von Buchwald  como Superintendente de Bancos levantó una nueva puga entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional.

Entre la medianoche del viernes 2 de diciembre y la madrugada del sábado 3 de diciembre de 2022, los cuatro consejeros de mayoría: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira nombraron a Romero, integrante de la terna remitida por el Ejecutivo, como nuevo Superintedente.

El designado es economista especializado en Finanzas y Banca, cuenta con dos maestrías en Administración de Empresas, y en Dirección Comercial Marketing, además de un diplomado en Inclusión Financiera. Actualmente es el presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares Solidarias y, a lo largo de su carrera, se ha desempeñado en diferentes empresas nacionales y multinacionales como Cardiocorp, Ban Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Banco del IESS, Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Banco Nacional de Fomento, Conecel S.A., Otecel S.A., Andinatel y AFP Génesis.

Conforme la normativa el Consejo notificará con la resolución a la Asamblea para que proceda a la posesión del nuevo titular de la Superintendencia de Bancos, y solo desde ese instante podrá ejercer sus funciones.

Sin embargo, en la Asamblea cuestionaron que los cuatro consejeros de mayoría sigan en funciones ya que fueron destituidos por el Pleno de ese organismo, aunque una medida cautelar dictada por un juez de La Concordia los reintegró a sus cargos, lo que no es reconocido por gran parte de los asambleístas.

COMUNICADO || La Asamblea Nacional, ante lo dictado por el juez Ángel Lindao en La Concordia, comunica a la ciudadanía e institucionalidad del país, que no permitirá la injerencia de ninguna Función del Estado y seguirá actuando de conformidad con la Constitución y la Ley. pic.twitter.com/Zq3yRuE5F8

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 3, 2022

En el comunicado firmado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente); Darwin Pereira, de Pachakutik; Esteban Torres, del Partido Social Cristiano; Marcela Holguín, del correísmo; Mauricio Zambrano, también del correísmo; Amanda Ortiz, independiente; Marlon Cadena, de un sector de la Izquierda Democrática; y Augusto Guamán, independiente, aseguran que no reconocerán ningún acto o resolución de funcionarios destituidos por la Asamblea por ser decisiones ilegítimas, ilegales e ilícitas.

El comunicado tuvo una respuesta casi inmediata por parte del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, quién expresa que la Asamblea debe respetar la Constitución. Además responsabiliza a Saquicela y a quienes respaldan el comunicado de la Legislatura de las consecuencias institucionales que se puedan dar al no posesionar al Superintendente de Bancos.

El Pleno del Consejo de la Judicatura concluyó el proceso de selección de los primeros jueces especializados para la lucha contra la corrupción en el Ecuador. La Judicatura nombró a los 14 jueces de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, que funcionará en Quito.

El Presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, y los vocales Juan José Morillo Velasco, Maribel Barreno Velín y Xavier Muñoz Intriago, nombraron a los 14 jueces que integrarán las dependencias judiciales que juzgarán 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado.

Los magistrados ganaron el concurso público de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social. Luego aprobaron el curso de formación inicial organizado por la Escuela de la Función Judicial.

Murillo destacó que el Ecuador cuente con los primeros jueces especializados para el juzgamiento de estos delitos y reconoció el apoyo de la cooperación internacional, la academia y el Gobierno Nacional.

El Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, deberá entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) 18’081.698 millones de dólares para que organice y ejecute la consulta popular que se espera coincida con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 5 de febrero de 2023.

El presupuesto fue aprobado por el pleno del CNE en una sesión donde también aprobó las directrices, plan operativo, calendario, matriz de riesgo y contingencia, así́ como las instrucciones, disposiciones generales, límite de gasto electoral y proyección del fondo de promoción.

Entre los principales rubros que contempla el presupuesto aprobado constan la contratación de personal, por 7’263.602 dólares; impresión de papeletas, documentos electorales, paquete y material braille, por 4’145.084 dólares; pago a miembros de las Juntas Receptoras del Voto, que pasará de 20 a 40 dólares, con un presupuesto de 3’191.360, entre otros.

Los consejeros manifestaron que incluir la consulta popular para el 5 de febrero implica contratar más personal para las Juntas Provinciales Electorales, coordinadores de mesa, capacitación adicional a los integrantes de las mesas, entre otros detalles.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de las Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) pidió la revocatoria total y declaración de nulidad de la resolución judicial que permitió al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, sentenciado por dos casos de corrupción, salir en libertad.

El lunes el juez Emerson Curipallo, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, aceptó una medida cautelar a favor del exsegundo mandatario y emitió la boleta de excarcelación, lo que le permitió salir de la cárcel 4 de Quito donde se encontraba recluido.

La solicitud de revocatoria de la medida cautelar presentada por el SNAI considera que la medida cautelar vulnera la tutela judicial efectiva, el debido proceso; que a la resolución emanada le falta motivación, que inobserva el cumplimiento de la potestad estatal y que inobserva decisiones judiciales previas.

Según el organismo se han evidenciado vicios sustanciales en el proceso por lo que hace un llamado de atención a la administración de justicia a fin de evitar abusos en el uso y aceptación de garantías jurisdiccionales.

El Presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo 611 a través del cual fija el salario básico unificado en 450 dólares a partir del 1 de enero de 2023 para los trabajadores en general. Esto representa un incremento de 25 dólares en relación al salario vigente. Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno incrementa en ese monto, ya que el 2021 ocurrió igual.

La fijación del salario básico unificado es una de las atribuciones del Presidente de la República ya que, según el Decreto, el Pleno del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no ha fijado de manera consensuada el valor correspondiente para el 2023 por lo que el Ministerio del Trabajo determinó el valor de tal remuneración en función del incremento porcentual equivalente al al índice de precios al consumidor.

El Consejo Nacional del Trabajo lo preside el Ministerio del ramo y lo integran, además, representantes del sector trabajador y del empleador, dos sectores que por lo general no logran ponerse de acuerdo en el monto del incremento salario, por lo que el Gobierno termina decidiendo.

El secretario de Seguridad y exasambleísta del oficialismo, Diego Ordóñez, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con una multa de 8.400 dólares por haber ejercido violencia política de género en contra de la legisladora correísta Mónica Palacios.

En su momento, cuando era legislador, Ordóñez publicó en su cuenta Twitter: «pasar el tubo a la curul y surgen estas argucias torpes», en referencia a Palacios quien puso la denuncia ante el organismo de justicia electoral que rechazó en primera instancia lo que fue apelado por la legisladora.

El TCE considera que el texto publicado en la red social constituye una agresión denigrante que tiene como sustento un estereotipo de género, pues Ordóñez «para referirse a una actividad artística, como el pole dance, usa las palabras peyorativas «pasar del tubo», lo cual denota una concepción patriarcal de la misma, que concibe a esta como «cuestionable» respecto de las mujeres».

Según la sentencia, a partir de la de la realización de esta actividad, se atribuye una supuesta torpeza de la denunciante para el ejercicio de sus funciones como legisladora lo que evidentemente reproduce un estereotipo de género que censura la práctica de esta actividad, que no tiene repercusión alguna en sus funciones públicas.

Con estos antecedentes se sanciona a Ordóñez con 21 salarios básicos unificados, equivalentes a 8.400 dólares, según consta en la sentencia que se aprobó con tres votos a favor y dos votos salvados.

El exvicepresidente de la República, Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción, salió esta noche de la cárcel 4 de Quito gracias a una medida cautelar concedida por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo.

Sin embargo, la medida cautelar no fue solicitada directamente por el exsegundo mandatario, sino por un ciudadano de nombre Estalin Palacios Zambrano. La boleta de excarcelación se emitió a las 12:58 de este lunes 28 de noviembre de 2022.

Varios simpatizantes del correísmo acudieron a la cárcel 4, ubicada en el sector de El Condado, norte de Quito, para recibir a Glas. Su abogado, Edison Loaiza, manifestó que su defendido viajará a Guayaquil.

El juez dispuso en su fallo que el exvicepresidente se presente en libertad una vez por semana en la Penitenciaria de Litoral y se le prohíbe salir del país. Delegó al Defensor del Pueblo de Santo Domingo de Los Tsáchilas que mantenga informado al juez del cumplimiento de la medida cautelar. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no descartó presentar un pedido de revocatoria de la medida cautelar.

Glas fue sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht ya que habría recibido 13,5 millones de dólares en sobornos a cambio de la adjudicación de contratos. Otra sentencia que se encontraba cumpliendo es a ocho años de cárcel en el caso Sobornos, en el que también está sentenciado el expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló la Mesa de Seguridad Electoral para las elecciones seccionales 2023 y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 18 instituciones participarán en la elaboración y puesta en marcha de los planes operativos para bridar seguridad en las próximas elecciones.

Uno de los puntos que se analizará en esta instancia es la inseguridad que viven las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. El objetivo es precautelar la integridad de las instalaciones electorales, de los funcionarios y de la ciudadanía que acudirá a las urnas.

“Contemplamos los protocolos y procedimientos a implementarse para enfrentar efectivamente los riesgos y amenazas de carácter natural y humano durante la jornada de votación”, manifestó Diana Atamaint, presidenta del organismo electoral.

Otros temas en los que habrá que tomar precauciones son la temporada invernal que se vive especialmente en la Costa en febrero, fecha de las elecciones; y la actividad del volcán Cotopaxi en la Sierra centro.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, aseguró que se busca salvaguardar la eficiencia del proceso electoral 2023. “Debemos precautelar la seguridad de los funcionarios electorales, delegados de los actores políticos y de la ciudadanía que participe en los comicios”.

La Mesa de Seguridad Electoral es un organismo multidisciplinario, liderado por el CNE y conformado por las principales instituciones de respuesta, seguridad nacional, gestión de riesgos, monitoreo de eventos adversos, salud, educación y justicia.

La Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana viven momentos de alta conflictividad a raíz del juicio político en el que la Legislatura destituyó a cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.

El domingo, el Pleno de la Asamblea posesionó a Olindo Nastacuaz como consejero suplente en reemplazo de Jaime Chugchilán, quien no asumió el cargo ya que está fuera de país porque tiene orden de prisión preventiva por una presunta estafa. Nastacuaz es indígena de la nacionalidad Awa, de la estructura de la CONAIE, y se conoce que es cercano al correísmo, ya que fue su cercano colaborador cuando esa agrupación fue Gobierno.

Sin embargo, los cuatro consejeros destituidos se mantienen en el cargo luego de una medida cautelar que un juez de La Concordia dictó a su favor. Han reasumido sus despachos y se encuentran laborando con relativa normalidad.

El domingo, en sesión extraordinaria, los cuatro consejeros decidieron remitir un comunicado al juez que dictó la medida cautelar, informando el incumplimiento de la misma por parte del Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Al mismo tiempo presentarán una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, en contra de Saquicela y por el presunto delito de usurpación de funciones en contra de los consejeros David Rosero y Sofía Almeida.

La respuesta de Saquicela 

El presidente de la Legislatura cuestionó las acciones de protección planteadas por un ciudadano en siete ocasiones, en La Concordia, argumentando que constituye un intento de manipulación de la justicia e injerencia en las atribuciones de la Función Legislativa. Una de esas acciones de protección dio paso a la medida cautelar a favor de los consejeros de mayoría. “No podemos permitir que se ponga en juego el estado de derecho en este país”, dijo Saquicela.

Frente a la denuncia que presentarían los cuatro consejeros en su contra por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, el titular de la Asamblea  aseguró que esta figura no cabe en caso de medidas cautelares, y que si se lo cita con este proceso, actuará de acuerdo con el mandato de la Constitución y la Ley.

Para Saquicela Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo ya no son consejeros desde el 18 de noviembre, fecha en la que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, tras un juicio político que deja todavía mucho para el debate.