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Gobierno posesiona al alto mando militar y policial 

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Presidente Guillermo Lasso, posesionó a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Como parte de la renovación de las instituciones de seguridad pública y con el fin de disminuir los altos índices de inseguridad que se vive en el país, el presidente Guillermo Lasso posesionó la mañana de este lunes 16 de mayo, en el Palacio de Carondelet, al nuevo mando militar y policial.

«Estaré siempre como presidente de la República, defendiendo la institución de la Policía Nacional (…), y trabajando y pensando siempre en el fortalecimiento institucional», enfatizó el Primer Mandatario dentro de su intervención en la ceremonia de posesión.

El pasado 5 de mayo, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 421 el Mandatario designó al General de Brigada Nelson Bolívar Proaño como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); al General de Brigada Franklin Gustavo Acosta en el cargo de Comandante General de la Fuerza Terrestre; al Brigadier General Gabriel Marcelo García como Comandante General de la Fuerza Aérea; y se ratificó al Contralmirante Luis Brúmel Vázquez como Comandante General de la Fuerza Naval.

Mientras que con Decreto Ejecutivo N.° 422, se nombró al General de Distrito Fausto Salinas Samaniego como el nuevo Comandante General de la Policía Nacional.

Lasso aseguró que las políticas en seguridad determinadas por el Gobierno habría permitido reducir «notablemente el número de muertes violentas”; resultados que plantean un mayor compromiso para erradicar la violencia en el país. «Porque la seguridad es un clamor ciudadano», aseveró, al tiempo que reafirmó su total respaldo a la gestión de los más de 53.000 policías y los cerca de 40.000 militares. Las Fuerzas Armadas y la Policía recibirán equipamiento, capacitación y otras necesidades urgentes.

El nuevo comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, resaltó que será un honor comandar una institución como la Policía Nacional, dónde el único objetivo será velar por la paz y por un Ecuador seguro.

Por su parte Nelson Bolívar Proaño, como nuevo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, enfatizó que actuará con todo el contingente y capacidades profesionales de los miembros de las FF.AA, a través de nuevas estrategias, desde las fronteras del territorio nacional, para enfrentar la inseguridad y violencia, con acciones coordinadas y el respeto de los derechos humanos.

 

 

 

 

Huelga de hambre continúa hasta que la Corte Constitucional se pronuncie

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La Unión Nacional de Educadores UNE, realizó una marcha por las calles de Quito, en respaldo a la huelga de hambre que lleva diez días, defensa de la educación y para exigir se cumpla con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), referente a la equiparación salarial.

Este jueves, desde las 09:30, se cumplió con la audiencia pública telemática, en la Corte Constitucional (CC), donde el juez y presidente de la Corte, Alí Lozada, instaló la audiencia para analizar los más de 30 amicus curiae y escuchar a las partes dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que aprobó la Asamblea Nacional en marzo del 2021, en relación a la equiparación salarial de los docentes fiscales.

Previa la instalación de la audiencia en forma telemática, dirigentes de la Unión Nacional de Educadores UNE, protagonizó una marcha desde la Casa del Maestro, hasta los exteriores de la Corte Constitucional; que amaneció bloqueado el acceso a éste organismo, y la carpa dónde se encuentran 14 docentes en Huelga de Hambre, cumpliendo su décimo día.

El Ejecutivo vetó totalmente la iniciativa por inconstitucional al no contar con fuentes permanentes de financiamiento por lo que el tema volvió a la CC, para que emita su sentencia final.

La causa la lleva Alí Lozada, presidente de la Corte, quien manifestó que en un Estado constitucional, lo ordinario es que las demandas gremiales sean tratadas dentro del proceso político democrático, es decir que sean conocidas, atendidas y resueltas por la Función Ejecutiva y Legislativa. Agregó que la Corte Constitucional es independiente y no interviene en los conflictos sociales relativos a demandas gremiales salvo cuando se plantean procesos judiciales que entran en el ámbito de su competencia.

Lozada hizo un repaso sobre el proceso de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el tratamiento que le ha dado la Corte que pidió subsanar los relacionado con la equiparación salarial y con la jubilación especial a los maestros sin límite de edad y suspendió esos articulados hasta que se presenten los informes que justifiquen las fuentes de financiamiento.

Ángel Orna, abogado de la UNE, manifestó que la sentencia de la Corte Constitucional es de cumplimiento obligatorio y que la Asamblea identificó las fuentes de financiamiento con lo que cumplió la sentencia, a pesar de lo cual el Gobierno hizo caso omiso, argumentando la falta de ingresos.

Isabel Vargas, presidenta de la UNE, agregó que el Gobierno asumió una postura política de no cumplir la sentencia y no envió a sus delegados a la Asamblea, ni el informe de factibilidad, porque no quiere cumplir con los derechos del Magisterio y utiliza la Constitución de manera demagógica.

Mientras tanto los delegados del Ejecutivo y del Legislativo discreparon sobre el impacto fiscal que tendría la equiparación salarial. Para los representantes de la Presidencia de la República sería de 496 millones de dólares a pesar de que al inicio del tratamiento de esta Ley habían mencionado que el impacto sería de 2.175 millones de dólares. En tanto para presentantes de la Asamblea el impacto fiscal sería por los 630 millones de dólares.

Hace un año el Gobierno manifestó que esos 2.175 millones no contaban con una fuente de ingreso por lo que la Asamblea tuvo que modificar la reforma a la Ley, estableciendo una equiparación salarial de los docentes con los sueldos del resto de los empleados públicos.

Los representantes de las organizaciones sociales como Nelson Erazo, del Frente Popular; Cristina Cachaguay, de Mujeres por el Cambio, aseguraron que al Gobierno le falta voluntad política para cumplir con el sector de la Educación.


 

 

Fiscalía: «Se pretende utilizar a la justicia como instrumento de presión política»

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Fiscal, Diana Salazar, no respondió a las preguntas realizadas por los asambleístas, debido a cruce de palabras entre el presidente de la comisión de Participación Ciudadana y el jefe de bancada del BAN.

La Fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea para explicar la notificación de investigación previa hecha a 93 asambleístas que apoyaron la moción de cambio del orden del día, presentada por Marcela Holguín (UNES), que viabilizó la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc, para que evalúe a la titular del Legislativo, Guadalupe Llori.

La comparecencia se dio en medio de la expectativa de varios legisladores que no formaban parte de la comisión y que deseaban conocer los argumentos por los que se inició una investigación.

Salazar, dentro de su intervención, recalcó que la Fiscalía no busca interferir en asuntos de otros poderes del Estado, por lo que la investigación previa se basa en una denuncia escrita presentada por Llori, argumentando que se habría vulnerado sus derechos. Salazar dijo que la Fiscalía ha enmarcado su actuación exclusivamente en sus competencias constitucionales y legales.

«Se pretende utilizar a la justicia como un instrumento de presión política» aseguró Salazar, al recordar que Llori presentó en primera instancia la denuncia contra 93 asambleístas por presunto incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente y posteriormente remitió un nuevo listado con 81 asambleístas que votaron para la conformación de la Comisión Pluripartidista Ad hoc.

La comparecencia culminó luego que existieron discrepancias entre Ferdinand Álvarez (UNES) y Fernando Flores (BAN), por lo que Álvarez clausuró la sesión.

Nueva masacre carcelaria deja al menos 44 muertos en santo domingo de los tsáchilas.

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Seis amotinamientos se han registrado en los últimos 15 meses en los centros penitenciarios del país.

Al menos 44 presos del Centro de Rehabilitación Social de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, fallecieron este lunes en un nuevo hecho de extrema violencia en el sistema de rehabilitación social del país.

Hasta el momento son seis amotinamientos de grave magnitud los que se han registrado en los diferentes centros carcelarios del país, demostrando incapacidad y falta de políticas para mantener el control en estos centros por parte de las autoridades de turno.

En esta ocasión el amotinamiento se dió la madrugada de este lunes 9 de mayo, en una cruenta batalla por mantener una hegemonía en la cárcel de Santo Domingo de los Tsachilas, dónde la guerra entre bandas dejó una triste cifra de víctimas que se suman a las ya registradas en anteriores amotinamientos.

Ramiro Narváez, presidente de la comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.

En la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, su titular, Ramiro Narváez, indicó que se encuentran finalizando con el articulado del proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, donde se determina una normativa legal para que los guías penitenciarios puedan realizar su accionar dentro de las cárceles.

«Los guías penitenciarios por estándares internacionales no pueden utilizar armas cuando están en contacto con las Personas Privadas de la Libertad PPL’s (…), Estamos planteando la constitución de un grupo élite que este fuera del espacio de contacto de los PPL’s, y puedan actuar en momentos de crisis«, aseguró Narváez en el contexto del tratamiento del proyecto de ley de Uso Legítimo de la Fuerza.

Por su parte en las declaraciones realizadas por el ministro del Interior, Patricio Carrillo; del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Pablo Ramírez; y del Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, recalcaron que la situación dentro de este centro penitenciario estaría controlado.

El enfrentamiento se habría ocasionado «entre dos organizaciones criminales Los Lobos y una fracción de la denominada R7», provocando la muerte de 41 reos al interior de la prisión y dos en los centros de salud donde fueron atendidos, indicó.

Por los acontecimientos suscitados, 200 presos habrían escapado de la cárcel; y hasta el momento la Policía Nacional habría recapturado a 112.

«Son los mismos actores que hace un mes en la cárcel de Turi, en Cuenca, participaron”, indicó Carrillo.

Dentro de esta cárcel se encontraron cuatro armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, municiones y alimentadoras.

Huelga de hambre del magisterio en defensa de equiparación salarial

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Ante la objeción realizada por el presidente Guillermo Lasso a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, que contemplaba la equiparación salarial de los maestros, por lo que la huelga de hambre busca un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Más de una treintena de maestros que pertenecen a la Unión Nacional de Educadores (UNE) iniciaron una huelga de hambre el pasado martes 3 de mayo en Quito y Guayaquil.

Es la forma de expresar su rechazo al veto total del presidente Guillermo Lasso a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, relacionadas a la equiparación salarial de los docentes.

El 14 de abril, el primer mandatario remitió a la Asamblea el veto total con el argumento de que no hay fuentes de financiamiento para cubrir la equiparación, que sería aproximadamente más de $ 500 millones anuales, según datos expuestos por el Ministerio de Finanzas.

En este contexto la Asamblea Nacional realizó un pedido el pasado 22 de abril, para que la Corte Constitucional, emita un pronunciamiento sobre la «objeción total por inconstitucionalidad”, que realizó Lasso y se determine la ratificación o sustitución de las disposiciones de la Ley de Educación Intercultural.

Pese a que la CC emitió un comunicado informando que se convoca a las partes para ser escuchadas en audiencia pública el próximo jueves 12 de mayo y analizar los diferentes Amicus Curiae, presentados en este organismo, la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, ratificó que la huelga de hambre continuará hasta que se «resuelva de forma definitiva».

La medida no sólo busca la equiparación salarial, sino exigir al Gobierno, que cumpla con la normativa constitucional, dónde se prioriza el 6% del Producto Interno Bruto PIB, para Educación.

«La diferencia de quienes están en la huelga de hambre, con quiénes están dialogando con el gobierno, es que Klever Hidalgo presidente de la UNE Pichincha y Rossana Palacios vicepresidenta de la UNE Nacional, adoptaron esta medida. (…) La Constitución nos faculta a los ecuatorianos, que si el presidente no cumple con su plan de trabajo, iniciar un proceso de revocatoria», aseguró Andrés Quishpe coordinador nacional de la UNE.

Día del Trabajador, se consolida tesis de revocatoria de mandato al presidente Guillermo Lasso

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Entre los principales planteamientos derivados por las diversas organizaciones sociales se prioriza el inicio de una revocatoria de mandato.

Centenares de personas marcharon hoy en Quito para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Desde la Caja del Seguro hasta la Plaza San Francisco se movilizaron obreros, maestros, estudiantes, grupos LGBTI, amas de casa, campesinos, indígenas entre otros.

Las demandas de los sectores obreros fueron la defensa del IESS, que el Gobierno pague la deuda que mantiene con la seguridad social, en contra de las privatizaciones y concesiones, por la equiparación salarial a los maestros fiscales, entre otros pedidos.

Los activistas culturales solicitan recursos y presupuesto para la actividad, y los grupos que representan la diversidad sexogenérica que se respeten sus derechos.

Amenaza de bomba en el Legislativo no frenó instalación de comisión multipartidista

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Entre continuos sonidos de alarmas dentro de la Asamblea Nacional, se llevó a cabo la primera reunión de la comisión multipartidista que prevé investigar el accionar de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.

Pese a cuestionamientos de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), sobre la legitimidad de la comisión que investigará el presunto incumplimiento de funciones de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, está se instaló para designar a su presidente y vicepresidente. La Izquierda Democrática (ID) también cuestionó la falta de consensos para la designación de los integrantes de la comisión; a lo que se sumó una amenaza de bomba en las instalaciones del Parlamento. Pero nada fue suficiente para frenar la instalación de la sesión.

La comisión multipartidista conformada por Pamela Aguirre (UNES); Peter Calo (Pachakutik); Pedro Zapata (PSC); Lucía Placencia (ID); y Jhon Vinueza (Independiente), eligió a Zapata como presidente y a Aguirre como vicepresidenta.

La conformación de la comisión ad hoc y la designación de los nombres de quienes integran ésta comisión, estuvo cuestionada por Pachakutik, Izquierda Democrática y el bloque oficialista BAN, que rechazan la manera en como la nueva mayoría UNES, PSC, la fracción de Pachakutik y parte de ID e Independientes, crearon está comisión.

Por ejemplo, el bloque de Gobierno BAN, tras el abandono de la sesión 772, del pleno de la Asamblea Nacional, quedó fuera de los integrantes de la comisión multipartidista; «preferimos retirarnos para no ser parte de este circo”, argumentó Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada.

Por su parte el coordinador de la ID, Marlon Cadena, indicó «se han violado la autonomía de los partidos políticos, (…) En nombre de una mayoría se haya permitido designar al interior de las bancadas legalmente constituídas», aseguró.

La comisión tiene 35 días para emitir un informe sobre el incumplimiento de funciones de Guadalupe Llori, dentro de su cargo cómo presidenta de la Asamblea Nacional, dónde no se descarta que se determine su remoción y hasta destitución.

Se integra comisión multipartidista que evaluará a la presidenta del Legislativo

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Comisión ad hoc enfocará su investigación en el incumplimiento de funciones que habría cometido la presidenta Guadalupe Llori, en quién pesan otras denuncias presentadas por UNES.

Pese a varios incidentes dentro de la sesión 772, del Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 81 votos a favor la moción presentada por la asambleísta Marcela Holguin, de UNES, para la conformación de la comisión ad hoc, que evaluará a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori (PK).

La titular del Parlamento será investigada por incumplimiento de funciones de acuerdo a la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres (PSC).

La comisión tendrá un plazo máximo de 35 días para presentar su informe ante la titular del Parlamento, quién en un lapso de tres días, deberá convocar a sesión del Pleno, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), y tratar como único punto del día, este informe.

La comisión quedó conformada por los siguientes legisladores:

Pamela Aguirre, UNES

Peter Calo, PK ala rebelde

Pedro Zapata, PSC

Lucía Placencia, ID

Jhon Vinueza, Independiente

Previa la aprobación de la moción presentada por la coordinadora de la bancada UNES; existieron varios incidentes que conllevaron a que Esteban Torres, apele nuevamente la presidencia de la sesión 772, por lo que presidió la sesión, Virgilio Saquicela vicepresidente del Legislativo.

«De acuerdo al Art. 140 de la Ley de la Función Legislativa, establece un asambleísta puede apelar la presidencia cuando lo considere necesario», aseguró el legislador del PSC.

«Mis actuaciones son acordé a mis atribuciones como presidenta de la Asamblea Nacional, determinadas en el Art. 12 de Ley Orgánica de la Función Legislativa (…), que determina convocar, presidir, dirigir, clausurar y suspender las sesiones ordinarias, extraordinarias del Pleno y del CAL», aclaró Llori.

En este contexto se busca que la comisión determine el incumplimiento o no de las funciones y no se descarta que dentro del informe se recomiende la remoción de la presidencia de la Asamblea Nacional.

La bancada de UNES también también presentó tres denuncias en contra de Llori por una serie de presuntas irregularidades. Dos de esas denuncias deberían ser tratada por el Comité de Ética de la Asamblea, que podría presentar un informe recomendando la destitución como asambleísta. La tercera denuncia es de índole penal.

Crisis en la Asamblea reunió a expresidente Rafael Correa y a jefe de la bancada Pachakutik, Rafael Lucero

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Acuerdos para remover a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, puntos analizados en reunión realizada en México.

Reemplazar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori (Pachakutik), por un asambleísta del ala rebelde de ese Movimiento; así como conformar una Comisión de la Verdad, habrían sido los puntos que se trataron en México, entre el jefe de bancada de Pachakutik, Rafel Lucero, y el exmandatario Rafael Correa.

Lucero aseguró que dentro de las conversaciones, se habría priorizado consolidar una nueva mayoría entre UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática y PSC, que viabilice varios temas en el Legislativo. Propuesta que se maneja dentro de la Asamblea Nacional.

Este martes 26 de abril, está convocada una nueva sesión del pleno de la Asamblea, pero dentro del Orden del Día, no consta la conformación de la comisión ad hoc, que permita la evaluación de la titular del Parlamento.

Según Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea, las medidas cautelares otorgadas a Llori aún estarían en vigencia por lo que el pleno de la Asamblea, no podría conformar ésta comisión.

Además en el caso de conseguir las 92 firmas para una autoconvocatoria, ésta debe ser conocida por Llori, y en un plazo de 48 horas, de no existir un llamado a una sesión, se podrían autoconvocar, enfatizó.

Hasta el momento se conoce que existe un pedido de cambio del orden del día para buscar crear la comisión multipartidista, presentada por la jefa de la bancada de UNES, Marcela Holguín.

Crisis interna se ahonda en Pachakutik tras Consejo Político

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Varios legisladores del ala rebelde de Pachakutik, abandonaron el Consejo Político Extraordinario, ante supuestas resoluciones que no habrían sido consensuadas.

En la sede del Movimiento Pachakutik, en Quito, se concentraron éste viernes 22 de abril, varios dirigentes provinciales y nacionales de la organización, así como dirigentes de la CONAIE, ECUARUNARI y asambleístas para analizar la crisis interna de la bancada y la situación de Guadalupe Llori.

La crisis dentro del bloque legislativo con denuncias en contra de cinco legisladores acusados por el presidente Guillermo Lasso y las intenciones de conformar una comisión que evalúe el accionar de Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, fueron los puntos que centraron el debate del Consejo Político Extraordinario.

En este contexto Marlon Santi, coordinador nacional, dió a conocer que se buscará decidir si se viabiliza la autorización al bloque Legislativo Pachakutik para que se conforme la comisión multipartidista y se evalúe a Llori y a los restantes seis miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL.

«La intención de conformar la comisión ad hoc, solo buscaría a los movimientos políticos PSC y UNES, acceder a los principales organismos estatales, como son la Contraloría General del Estado, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Procuraduría», aseguró el asambleísta Salvador Quishpe; al tiempo que rechazó que el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se haya reunido con los jefes de las bancadas Legislativas para resolver los conflictos que serían sólo de la Asamblea Nacional, por lo que pedirá la comparecencia del Ministro de Gobierno al pleno de la Asamblea Nacional, para que rinda cuentas respecto a la reunión mantenida con los jefes de las bancadas Legislativas.

Los asambleístas de la denominada ala rebelde se pronunciaron ante el conocimiento de una reunión mantenida entre el jefe de bancada, Rafael Lucero con el expresidente Rafael Correa, en México.

 

Por su parte Patricia Sánchez denominada «Rebelde», denunció que durante más de diez horas se ha venido trabajando una hoja de ruta para fortalecer al movimiento y acordaron la creación de una comisión que lo conformen dirigentes de Pachakutik y de la CONAIE, sin embargo; al momento de realizar una votación se ha presentado una resolución que no fue debatida y en donde no consta la creación de esta comisión y más bien se incluyó otros acuerdos que no fueron tratados entre ellos respaldar a la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori y no apoyar la creación de la comisión de evaluación en la Asamblea Nacional.

De la misma manera Mireya Pazmiño, expresó su malestar ante esta reunión mantenida entre Rafael Lucero y el expresidente Rafael Correa; y calificó de una vergüenza para el país y para el movimiento el hecho que desde la bancada de Pachakutik califiquen al ala rebelde de desestabilizadores cuándo desde la misma bancada se estaría acordando pactos bajo la mesa con el expresidente Rafael Correa.

Resolución emitida una vez finalizado el Consejo Político Extraordinario de Pachakutik:

• Restablecer la agenda social de los sectores organizados y de la sociedad civil.

• No asumir con la presidencia de la Asamblea Nacional en el caso de una destitución de Guadalupe Llori.

• Trabajar una agenda en conjunto con la CONAIE a fin de confluir en demandas políticas y territoriales. Para esto se ha conformado una comisión integrada por:

Carlos Sucuzhañay

Delfín Tenesaca

Martha Simbaña

Mario Fares

• Mantener reuniones con las organizaciones en territorio y con líderes históricos de la CONAIE.

• Cambiar en los próximos días a la jefatura de bancada encabezada por Rafael Lucero por reunirse con el expresidente Rafael Correa sin conocimiento del partido.