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Organizaciones aprovechan derrota de Daniel Noboa para exigir cambios

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La CONAIE asegura que el NO en las urnas fue en rechazo a la represión del paro indígena.

El presidente de la República, Daniel Noboa, sufrió el domingo una dura derrota en las urnas donde la población rechazó las cuatro preguntas que propuso para consulta popular y referéndum.

La ciudadanía negó la posiblidad de que se instale una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución; que se elimine el financiamiento estatal a las organizaciones políticas; que haya menos integrantes en la Asamblea Nacional; y, que se abra la posibilidad de instalar en el país bases militares extranjeras.

El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, considera que la votación fue un castigo a la gestión del Ejecutivo y de la Asamblea por la dura represión del paro indígena, en el primer caso, y por no responder a las necesidades de la población, en el segundo caso.

«En las urnas el pueblo le está castigando por mentiroso, por autoritario y por haber reprimido a los diferentes pueblos del Ecuador. Aquí los que triunfan son los ecuatorianos, el pueblo como tal, porque defendió el derecho a la seguridad social, al trabajo digno, no estamos de acuerdo que se privatice el IESS o que se quite la gratuidad a la educación superior», dijo Quishpe.

Por su parte Apawki Castro, coordinador de Pachakutik en Cotopaxi, aseguró que todas las organizaciones de la CONAIE y de su movimiento pusieron su grano de arena en este proceso electoral, desde los distintos espacios, desde las distintas estructuras.

Los representantes de las organizaciones exigen al Gobierno un cambio de rumbo, que se abra al diálogo, que deje de actitudes autoritarias, que responda a las necesidades del pais y que se ajuste a los resultados de la consulta popular y referéndum.

Aseguran que este fue un triunfo del pueblo, de las organizaciones sociales, ecologistas, de los activistas de los derechos humanos, del movimiento universitario.

El CNE afina el operativo para la jornada electoral del próximo domingo

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La jornada de simulacro incluyó el voto opcional al que tienen derecho militares y policías en servicio activo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó este domingo el simulacro nacional de referéndum y consulta popular 2025. En Quito el simulacro tuvo lugar en la Universidad Politécnica Salesiana, y se realizó de manera simultánea en las 24 provincias y en el centro de procesamiento del exterior.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó la articulación interinstitucional en todo el proceso. “Este ejercicio práctico es, en esencia, un mensaje de confianza de que cada voto será y ha sido respetado como la expresión más genuina de la voluntad popular”, manifestó.

Con esta actividad se pone a prueba el 100% de los aspectos técnicos y operativos, así como el procesamiento de la totalidad de las actas. En la jornada se ensayaron las fases del proceso, incluyendo la instalación de la junta receptora del voto, la transmisión de actas, la custodia permanente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Como parte del ejercicio se revisó el protocolo a seguir en caso de que se presenten emergencias en materia de seguridad en las juntas receptoras del voto. Para este caso en específico se simuló la intervención de la fuerza pública ante la presencia de un artefacto explosivo.

En la jornada del simulacro participaron 3.509 militares, 25.000 policías y 2.379 servidores electorales. Atamaint manifestó que este tipo de simulacros permitirá cumplir el 16 de noviembre con una jornada segura y ordenada.

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Juicio por lesa humanidad: exmilitantes de AVC narran presuntas torturas

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El Tribunal de la CNJ a cargo del juicio de lesa humanidad está integrado por Javier De la Cadena (ponente), Manuel Cabrera y Katty Muñoz.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se cumple el primer juicio por un crimen de lesa humanidad. Se trata de la detención arbitraria y presuntos actos de tortura por parte de militares en contra de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, exmilitantes de Alfaro Vive Carajo (AVC), ocurrido en Esmeraldas el 10 de noviembre de 1985.

Según la investigación de la Fiscalía, los miembros del grupo guerrillero fueron detenidos y trasladados al Cuartel Batallón Montúfar. Posteriormente fueron llevados al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), ubicado en Conocoto, en el suroriente de Quito, donde habrían sido sometidos a torturas físicas, psicológicas y sexuales.

Cajas y Jarrín permanecieron detenidos 15 días y luego fueron liberados. Vaca en cambio permaneció desaparecido en el cuartel de Conocoto por más de dos años y fue liberado a mediados de 1988.

Los hechos ocurrieron en el contexto de la represión estatal registrada entre 1984 y 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero. Por su naturaleza, estos delitos son  calificados como de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben y pueden ser investigados penalmente, sin importar el tiempo transcurrido.

El juicio por lesa humanidad se cumple a los 40 años de que se dieron los hechos.

Fiscalía estableció que las autoridades militares y políticas de la época conocieron y autorizaron estas acciones, las cuales respondían a una planificación estructurada al más alto nivel.

Cajas y Jarrín narraron ante el Tribunal que conoce la causa, las torturas a las que presuntamente fueron sometidos durante su detención en el cuartel de Inteligencia Militar. Actos como descargas eléctricas en sus partes íntimas, violencia física, psicológica, y sexual en el caso de Cajas, incomunicados, abandonados en estrechos calabozos sin posibilidad de moverse, intimidación para que firmen  declaraciones falsas fueron parte de lo que contaron ante los jueces. Incluso que habían sido inyectados con el «suero de la verdad» .

Vaca falleció en 2021 por una enfermedad catastrófica, por lo que en el juicio constan como acusadores particulares y víctimas su pareja e hijas. Por el presunto delito de lesa humanidad están procesados seis personas, de ellos cinco son militares de alto rango en servicio pasivo, incluido un exministro de Defensa.

 

Arrancó la campaña por el NO y por el SÍ para la consulta popular 2025

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El 16 de noviembre los ecuatorianos acudirán a dar su voto en la consulta popular y referéndum 2025.

El Movimiento oficialista ADN y la UNE – Unidad Popular cumplieron, por separado, concentraciones para promover el SÍ y el NO, respectivamente, en la consulta popular y referéndum 2025. Fue el inicio de la campaña electoral que se extenderá hasta el 13 de noviembre, según consta en el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Campaña por el SÍ 

ADN optó por iniciar su campaña en el norte de Quito, en la avenida Naciones Unidas, con un recorrido hacia su sede provincial ubicada en la avenida De los Shyris. Estuvieron presentes asambleístas de Pichincha como Nataly Morillo, Inés Alarcón, Hernán Zapata, entre otros. Les acompañaron militantes que portaban banderas y carteles en los que expresaban su apoyo al SÍ en las cuatro preguntas que se votarán el 16 de noviembre.

Asambleístas oficialistas de Pichincha iniciaron la campaña en el norte de Quito.

Los legisladores manifestaron que esa será la característica de su campaña, el encuentro con la ciudadanía a través de recorridos, visitas puerta a puerta y foros para dar a conocer el contenido y la importancia de aprobar la propuesta del Gobierno. “Todo sí, cuatro veces sí”, expresaron durante el recorrido y aprovecharon para difundir mensajes a favor de la gestión del Presidente de la República y líder de su partido, Daniel Noboa.

Campaña por el NO 

Mientras tanto Unidad Popular y la UNE escogieron el centro histórico de Quito para promover el NO en las cuatro preguntas. Se unieron militantes del Partido Socialista. Recorrieron El Tejar y el sector de la Iglesia de la Merced, sitio donde armaron una carpa para preparar y repartir colada morada con una guagua de pan adornada de la palabra NO. Elsa Guerra, dirigente socialista, aseguró que la consulta popular y el referéndum no son las alternativas para sacar al país de la crisis, sino que se necesita un cambio de timón en la gestión de Noboa.

Unidad Popular, UNE y el Partido Socialista recorrieron el centro histórico promocionando el NO en las cuatro preguntas.

En el recorrido estuvieron presentes dirigentes sociales como Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, y los dirigentes de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana y Natasha Rojas. A ellos se sumaron comerciantes, líderes estudiantiles, entre otros.

16 organizaciones habilitadas

El CNE calificó a 16 organizaciones para que realicen campaña por el SÍ o por el NO en la consulta popular y referéndum 2025. De ellas 11 organizaciones son políticas y cinco son sociales. Todas tendrán hasta el 13 de noviembre para cumplir sus actividades proselitistas en relación a las cuatro propuestas: bases militares, financiamiento estatal a organizaciones políticas, reducción del número de asambleístas y sobre la Asamblea Constituyente.
Según el reporte del CNE, las organizaciones calificadas y las opciones por las que se inscribieron son:

Organizaciones llaman a votar NO en la consulta popular de Daniel Noboa

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El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) recomienda votar NO en las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum.

Este sábado 1 de noviembre arranca de manera oficial la campaña para promocionar el SÍ o el NO en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre y varios sectores sociales han definido sus posiciones frente al proceso impulsado por el Presidente de la República, Daniel Noboa.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) llamó a votar NO en las cuatro preguntas propuestas, sobre todo en la consulta popular con la que Noboa busca establecer una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.
Edwin Bedoya, presidente de la central sindical, cuestiona que el Presidente de la República no quiera explicar al país cuál es el modelo de Estado que le gustaría implementar a través de una nueva Carta Magna. «Vemos a un Presidente titubeante, a un Presidente que ni siquiera sabe qué es la Ley del IESS, ni siquiera sabe qué es el seguro social», manifestó Bedoya.

Los dirigentes sindicales cuestionan algunos indicios que Noboa ha dado sobre reformas puntuales en salud y seguridad. Sobre el primer tema, el Primer mandatario manifestó que el IESS debería dejar de ser prestador de salud y que este servicio se traslade en su totalidad a la red del Ministerio de Salud Pública.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, considera que el sistema se salud público atraviesa por una crisis estructural debido a la falta de médicos y medicinas, con lo que no ofrece las condiciones necesarias de atención, y por lo tanto no estaría en capacidad de atender a cerca de cuatro millones más de personas que actualmente son atendidas en el sistema del seguro social.

Otra propuesta que ha mencionado Noboa es la de establecer en Galápagos una base militar extranjera, específicamente de los Estados Unidos, a partir de que en el referéndum gane la pregunta relacionada con ese tema. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, cuestiona la idea ya que asegura que en Ecuador continental hay zonas tomadas por la delincuencia donde no hay ni siquiera unidades de Policía comunitaria.

Bajo estos argumentos los dirigentes consideran necesario votar NO en la consulta popular y referéndum de 2025.

CNE coordina operativo de seguridad para la consulta popular de noviembre

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La mesa de seguridad nacional electoral se instaló con la presencia de autoridades electorales , de la Policía, y de las Fuerzas Armadas, entre otras.

Alrededor de 20 instituciones trabajarán en conjunto para garantizar la seguridad de la consulta popular y referéndum que se desarrollará el 16 de noviembre. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, activó en el ECU 911 de Quito la mesa de seguridad nacional electoral. Atamaint manifestó que hay trabajos técnicos que ya se han venido dando, por ejemplo con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y con el ECU 911. «Hemos trabajado con anticipación en actividades puntuales operativas. A partir de este momento se instala de manera permanente; en el caso de que sea necesario por cuestiones climáticas, sociales o por alguna situación grave nos volvemos a reunir para tomar decisiones urgentes sobre la marcha de los acontecimientos», dijo la funcionaria.
Parte fundamental de esta mesa es la labor que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana en momentos en que el país atraviesa por acciones violentas por parte de bandas del crimen organizado.
El general Klever Guaytarilla, delegado de las Fuerzas Armadas, manifestó que intervendrán 61.500 militares para garantizar el desarrollo del proceso electoral en sus varias fases. «Están ya distribuidos a nivel nacional sin dejar de cumplir nuestras misiones fundamentales», manifestó Guaytarilla. El militar aseguró que ya tienen identificadas varias ciudades donde repunta la violencia, por lo que se están tomando las precauciones del caso a través de la labor que cumple Inteligencia Militar. Agregó que las áreas mas sensibles, como Manabí, Guayas y El Oro, serán reforzadas en materia de seguridad.
Mientras tanto el general de Policía, Renato Cevallos, informó que serán 57.460 uniformados los que estarán operativos en la jornada. Además, pondrán en operación 8.412 vehículos entre patrulleros, motocicletas y transporte pesado; contarán con 3 aeronaves y 41 drones. Al momento las unidades de Inteligencia y de Investigación preventiva trabajan para garantizar la seguridad, dijo Cevallos.

Marlon Vargas, derrotado y con dudas de su liderazgo al frente de la CONAIE

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Tras concluir el paro indígena, miembros de la Policía retiran obstáculos de las vías que habían permanecido cerradas durante la medida de hecho.

Pasado el medio día el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, difundió un video en las redes sociales de la organización en el que daba a conocer que se levanta el paro indígena. «Ante la brutal represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa, con tres fallecidos y decenas de heridos, hemos tomado una decisión difícil pero necesaria: el cese del paro nacional 2025, el despeje de vías y el repliegue a los territorios para proteger la vida de nuestros pueblos», informó la CONAIE  a través de un comunicado.

Terminan así 31 días de paro, tiempo en el cuál Imbabura resultó ser el epicentro de la medida de hecho y como tal, resultó la provincia más afectada por el nivel de violencia por parte de la fuerza pública y de los manifestantes.

Una provincia secuestrada, aislada y con millonarias pérdidas económicas. Según varios medios de prensa, las pérdidas serían de alrededor de 70 millones de dólares. Pero también quedan comercios cerrados, se agudizó la falta de empleo; se registran graves daños materiales en las viviendas y carreteras; heridos,  detenidos, procesados judicialmente y el resentimiento ante la actuación de la fuerza pública. «Nos trataron como terroristas cuando solo somos campesinos que salimos a luchar por nuestros derechos», dijo una comunera de Otavalo que prefiere el anonimato.

Vargas asegura que la lucha no termina, que continuará la unidad desde las asambleas territoriales permanentes, preparando la campaña por el No a la consulta popular, en defensa de la democracia y los derechos del pueblo.

El presidente de la Conaie se retira sin haber logrado absolutamente nada de los reclamos que generaron el paro nacional: ni se eliminó el subsidio, ni el Gobierno accedió a dialogar con el sector indígena, ni ha anunciado que reformulará en algo su política social o económica.

Vargas se convierte así en el primer presidente de la CONAIE en ser derrotado por un Gobierno tras haber recurrido a la presión del paro para lograr sus reivindicaciones. «Muy al contrario de 2019 / 2022, el gobierno no cedió, no se derogó el decreto 126 (que eliminó el subsidio al diésel), tal y como se pedía al iniciar la convocatoria de paro nacional y aún así se acabó», escribió en su cuenta «X» la periodista Andrea Orbe.

El líder de la CONAIE levanta un paro que le costó mucho al país y con el que no obtuvo nada para el sector que representa. Ahora es cuestionado entre los propios miembros del Movimiento, mientras que otros dirigentes creen que es necesaria una profunda reflexión interna. «Jamás dejaremos de luchar mientras exista injusticia. No seguiremos el libreto de la derecha ni del sectarismo. Es tiempo de actuar con responsabilidad y firmeza. El MIE (Movimiento Indígena del Ecuador)  debe mirarse hacia adentro, corregir y avanzar. Ante todo claridad, es responsabilidad con Ecuador. La lucha continúa», escribió Apawki Castro, dirigente indígena. 

El gran beneficiado de la derrota indígena 

El Gobierno de Daniel Noboa es el gran vencedor de esta disputa con el movimiento indígena y lo sacará provecho. Sus militantes lo saben y replican el discurso oficialista. «Imbabura recuperó la paz que nunca debió perder. Las secuelas del caos, nos dejan una reflexión clara: la democracia que vale se sostiene con ideas y respeto, nunca con violencia. Para contribuir a la reactivación de las familias imbabureñas, que han perdido más de treinta días de trabajo, el Pleno de la Asamblea Nacional programará una sesión ordinaria en Imbabura durante el mes de noviembre», escribió en su redes sociales el presidente de la Asamblea, el oficialista Niels Olsen. 

«Felicitaciones @JohnReimberg por el trabajo, gracias a la @PoliciaEcuador y a las @FFAAECUADOR por el sacrificio. El paro ha terminado, ahora a rescatar la economía del país, particularmente de la provincia de Imbabura», posteó el asambleísta de ADN, Andrés Castillo.

«El sol brilla en Imbabura y Ecuador está en paz. El Gobierno Nacional SIEMPRE velará siempre por el bienestar y la seguridad de cada uno de sus ciudadanos», fue el mensaje del Ministro del Interior, John Reimberg.

«Cumplimos con lo que todo el Ecuador pidió. Gracias a nuestro pueblo y al Bloque de Seguridad, los que están en contra del progreso ya no tienen cabida. Ni un paso atrás!», escribió por su parte el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Aquiles Álvarez respalda denuncias sobre irregularidades en investigación de atentado

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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, estuvo en la Asamblea en la Comisión de Garantías Constitucionales.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (Revolución Ciudadana), cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa, a su bancada legislativa y a la Fiscalía por falta de rigurosidad en la investigación de la explosión de un artefacto ocurrida a inicios de junio en La Bahía de Guayaquil.

Álvarez compareció a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, dominada por el correísmo, que indaga las acciones tomadas tras haberse reportado ese incidente.  Durante su comparecencia, el alcalde ratificó la denuncia que presentó el jefe de la bancada, Juan González, en el sentido de la existencia de un video en el que se observa a un vehículo Porsche, presumiblemente de la compañía Industrial Molinera, propiedad de la familia del Presidente de la República, Daniel Noboa, en la Isla Trinitaria, lugar de la vivienda del presunto responsable de la explosión.

Según la imágenes, el vehículo permaneció fuera de la casa de Iván B., presunto autor de la bomba.  El alcalde exigió una explicación inmediata y clara sobre la presencia de este auto de lujo en dicho lugar. Álvarez cuestionó a la Fiscalía por haber archivado la investigación.

Sin embargo, la legisladora oficialista Nataly Morillo,  manifestó que el dictamen abstentivo emitido por la Fiscalía se debe a que las investigaciones demostraron que el detenido nunca fue propietario ni conductor del vehículo. Agregó luego de pasar por varias manos sin papeles en en orden, el auto apareció en los exteriores del mencionado ciudadano, generando la confusión inicial. En consecuencia, dijo Morillo, la Fiscalía concluyó que ni los registros de propiedad ni los testimonios vinculan al detenido como dueño o conductor del automotor por lo que recuperó su libertad.

Álvarez señalo que si el conductor del vehículo hubiese sido opositor del Gobierno le habrían metido preso y procesado sin mayores elementos, por lo que exigió respuestas concretas al Gobierno.

Morillo por su parte rechazó que se busque involucrar al Gobierno en los presuntos atentados, reprochó a Álvarez por sus declaraciones y le cuestionó por no asistir a la Comisión de Seguridad, dominada por ADN.

Álvarez pidió a los asambleístas oficialistas que reflexionen sobre a quién están defendiendo y les recordó que el poder es efímero. Lamentó que ADN no haya dado respuestas a casos como Progen.

 

 

Manifestaciones: proponen Ley para que policías y militares se identifiquen

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Durante el paro indígena de 2025 se han reportado múltiples agresiones de la fuerza pública a la prensa.

Las últimas denuncias de agresiones por parte de la fuerza pública a periodistas que cubren marchas y movilizaciones; así como a activistas sociales y ciudadanía generó que la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana proponga un proyecto de Ley para que policías y militares que controlan esos eventos, estén debidamente identificados y descubiertos el rostro.

Roque Ordóñez, de esa bancada, dijo que hay preocupación ya que durante al paro indígena nacional, sobre todo en Imbabura, se ha constatado el «uso desmedido, brutal, agresivo» de la fuerza por parte de los agentes del orden. «Nos preocupa enormemente los actos vandálicos, porque no se les puede llamar de otra manera, de aquellos malos elementos de la fuerza pública: llámese militares o policias», dijo el legislador.
Agregó que con el proyecto de Ley se busca garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y que cuando se den esas agresiones, estas no queden en la impunidad.

Su coideario Héctor Rodríguez dijo que con esta Ley se evitará el anonimato en la fuerza pública, ya que la ciudadanía se siente vulnerable ante el ejercicio desmedido del poder.

El proyecto de Ley

El proyecto normativo presentado por la bancada correísta se llama «Ley Orgánica de Derechos Humanos» y consta de 13 artículos. Según el texto el objetivo es establecer la obligación de los agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, principalmente, a que porten identificativos legibles y visibles en las movilizaciones sociales. Y que mantegan el rostro descubierto durante el operativo para evitar el anonimato, la vulneración de los Derechos Humanos y así garantizar el derecho a la reunión y proteger los derechos constitucionales de los manifestantes.

Se propone que toda actuación operativa de la fuerza pública en el contexto de las movilizaciones debe contar con el respectivo registro audiovisual desde que inicia hasta que concluye.

El rostro de los agentes debe ser visible en todo momento y se debe elaborar un parte operativo con el detalle de la hora, lugar, responsables, unidades que intervienen, medidas adoptadas y el informe que será accesible a la ciudadanía.

Se prohíbe la intervención de agentes encubiertos, personal infiltrado o cualquier forma de intervención no identificada cuyo propósito sea incitar a la violencia, alterar el carácter pacífico de la movilización, generar enfrentamientos, provocar desórdenes o justificar la criminalización de la protesta.

El proyecto de Ley deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominado por  el oficialismo, antes de que sea tratado por alguna de las comisiones permanentes de la Asamblea.

Gobierno anuncia fin del paro en Imbabura; bases indígenas siguen en resistencia

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El Ministro del Interior, John Reimberg, se presentó en una conferencia de prensa junto a dirigentes indígenas de Imbabura para anunciar que el paro había terminado.

A pesar de que el Gobierno anunció la noche de este miércoles 15 de octubre de 2025 que concluyó el paro indígena en Imbabura, reportes de medios locales de esa provincia aseguran que las bases indígenas mantienen la medida, desconociendo el acuerdo al que llegaron sus dirigentes con el ministro del Interior, John Reimberg.
Despues de un diálogo que se desarrolló en Otavalo, el cantón más fectado ayer por la represión de la fuerza pública, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseguró que como parte de los acuerdos se mantendrán espacios de coordinación en materia de infraestructura vial, salud y educación. «Este momento, el Gobierno está enfocado en los más afectados de la provincia y su recuperación económica y social. El diálogo para construir siempre estuvo sobre la mesa y una vez más lo hemos demostrado», dice un comunicado oficial.
En el mismo se aclara que el decreto 126, con el que se eliminó el subsidio al diésel, sigue vigente y que la lucha contra las mafias continúa. «La política de control y combate al contrabando de combustibles y la minería ilegal se mantiene sin cambios», asegura el Gobierno.
De acuerdo a lo anunciado, el lunes se instalarán mesas de trabajo para atender cuatro demandas presentadas por las organizaciones indígenas de Imbabura para levantar la medida de hecho:
– Analizar la posibilidad de congelar el precio del diésel como alternativa a la derogatoria del decreto ejecutivo que eliminó el subsidio.
– Liberar a los detenidos por el paro de forma inmediata y que se les traslade a Imbabura.
– Investigar la muerte de dos personas ocurrida en el contexto de las movilizaciones.
– Instalar mesas territoriales entre el Gobierno y las organizaciones para avanzar en los planteamientos acordados.
Luego de este anuncio, se conoció que comunidades indígenas de Otavalo decidieron mantener el paro al considerar que no hubo transparencia en el diálogo que mantuvieron sus dirigentes con el Gobierno. Quienes se oponen a que se lavante la medida señalan que aún no se ha liberado a los 12 de Otavalo y que el paro no se puede suspender luego de la represión que ayer efectuaron en ese territorio militares y polícias.
Inclusive, en horas de la noche varias vías de Imbabura continuaban cerradas por manifestantes según el reporte en tiempo real del Ecu 911.