Esta visita se enmarca en los recorridos a los centros penitenciarios para establecer las falencias y necesidades que coadyuven a resolver la crisis carcelaria. Previo a esta inspección, la semana anterior hizo un reconocimiento de las cárceles de Guayaquil.

Gabriel Martínez, titular de la cartera de Gobierno, destacó la importancia de conocer de voz de los mismos servidores de este centro de privación la problemática que no permite realizar un buen trabajo. Subrayó que estas reuniones son un mecanismo para recibir recomendaciones que contribuyan a mejorar temas de seguridad y rehabilitación. Añadió que la situación puede ser resuelta, fundamentalmente, con voluntad política y recursos, ya que hay problemas que pueden solucionarse en el corto y largo plazo.

El funcionario reveló que desde el Comité Técnico del Sistema de Rehabilitación se ha empezado a trabajar en políticas públicas de largo plazo, enfocadas en la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Con estas medidas, además se busca evitar la reincidencia en el delito.

Dentro de las medidas inmediatas adoptadas, el ministro informó que se han realizado traslados de integrantes de bandas criminales, con la finalidad de evitar acciones violentas entre estos grupos. Agregó que en abril se sumarán 200 guías penitenciarios, los cuales serán distribuidos en los diferentes centros de detención del país.

Fuente: Secretaria General de Comunicación de la Presidencia

El Comité Nacional de Debates presidenciales definió cinco ejes temáticos para que sean abordados este domingo por Guillermo Lasso (CREO-PSC) y Andrés Arauz (alianza UNES), finalistas a la segunda vuelta electoral.
Los grandes temas propuestos para el debate obligatorio que tendrá lugar a partir de las 20:00 desde Guayaquil son:
1. Economía y empleo.
2. Salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil.
3. Democracia e institucionalidad estatal: independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia.
4. Educación, desarrollo humano y tecnología.
5. Relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible.
Cada eje temático se debatirá entre ambos aspirantes a la Presidencia de la República del Ecuador en bloques. Además, habrá una sección de apertura, una de preguntas entre candidatos, una de preguntas finales y una de cierre, con lo que se estima una duración de una hora con 30 minutos.
El debate se transmitirá en vivo por cadena nacional y será moderado por la periodista Andrea Bernal, conforme la recomendación realizada por el Comité Nacional de Debates al órgano electoral.

Exigir la compra masiva de vacunas para inmunizar a la población y en rechazo al incremento de los combustibles, son las motivaciones para este plantón de hoy, 18 de marzo. En el caso de Quito, se desarrollará en los exteriores de la Presidencia de la república; mientras que en las demás localidades del país, se concentrarán en los exteriores de las gobernaciones y dependencias del Ministerio de Salud.

Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, dio a conocer estos y otros detalles. Para el representante social, es necesario dejar de lado la corrupción e iniciar con el proceso masivo de adquisición de vacunas contra la Covid-19 para inmunizar a la población. Las vacunas deben cumplir dos requisitos fundamentales: ser gratuitas y de acceso masivo. Esta será una de las exigencias para el presidente Lenin Moreno, a quien harán conocer su inconformidad a través de un plantón en los exteriores de la casa de gobierno, a partir de las 16:00.

El incremento de los combustibles es otra de las razones para estas nuevas acciones de protesta. A decir de Nelson Erazo, esta medida económica, neoliberal, implementada por el presidente Lenín Moreno, afecta directamente a la situación económica del país. Ahonda también en las condiciones de pobreza de las familias ecuatorianas, que en un 14,9 % deben subsistir con 45 dólares mensuales.

Destacó la necesidad, ante los hechos descritos, que se implementen políticas de gobierno que “frenen los despidos masivos y que, por otro lado, garanticen medicina y comida para el pueblo ecuatoriano”.

El voto nulo será la opción de los sectores populares

En el ámbito de la coyuntura electoral, manifestó que el fraude provocó que el pueblo ecuatoriano no cuente con un candidato que lo represente en el balotaje. Por estas razones, subrayó que las organizaciones sociales aglutinadas en el Frente Popular impulsarán el voto nulo, en amparo del Código de la Democracia, ya que tienen claro que “ni Arauz ni Lasso representan los intereses de los trabajadores y los pueblos del país”. Enfatizó que ninguno de los dos candidatos podrá resolver los problemas de la mayoría de la población del Ecuador.

El voto nulo no es hacer juego ni al correísmo ni a la banca, pues es rechazo a las políticas implementadas por estos dos sectores de la derecha, señaló Erazo. Advirtió que el candidato que llegue a la más alta magistratura del país, tendrá que enfrentar ilegitimidad de origen, “producto del atraco al voto popular”.  Acotó que ello obligará a las organizaciones sociales a prepararse para impulsar políticas de exigencia y movilización, a fin de que se garantice, por cualquiera que llegue a ser presidente, condiciones favorables para los trabajadores y los pueblos.

Aclaró que esta no es una posición establecida únicamente por el Frente Popular, sino que, como fuera resuelto en la provincia de Bolívar (Guaranda), la Conaie también se suma al voto nulo, y desde estos sectores, se buscará la adhesión de otras organizaciones afines. Erazo insistió que con esta posición se busca “canalizar el descontento de los diferentes sectores sociales” y no hacerle juego a ninguna de las dos tendencias que disputan el sillón de Carondelet.

Este 17 de marzo de 2021, en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, la Comisión Especial para la Verdad y Justicia creado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, entregó el informe sobre los hechos ocurridos entre el 03 y 16 de octubre de 2019, durante las acciones de protesta en Ecuador.

La Defensoría del Pueblo creó esta comisión con la finalidad de trabajar este informe y acercarse de la «manera mas objetiva posible a la verdad sobre los hechos de octubre de 2021», aseguró Sybel Martinez, presidenta de esta comisión.

Enfatizó que la justicia es un derecho humano, por lo «que se trabajó para documentar a través de fuentes de ciudadanos, medios de comunicación, testimonios, instituciones públicas, periodismo comunitario», etc., desde la perspectiva de DDHH, de forma objetiva, sin sesgos ideológicos ni intereses políticos y luego de un análisis, contrastación de la información.

«Esto permitió concluir que durante las protestas existió violaciones a los DDHH por parte de agentes estatales; tomando la forma de ejecuciones extrajuduciales como: atentados a la vida, delitos sexuales, tortura, tratos crueles e inhumanos, lesiones oculares, detenciones arbitrarias».

Manifestó que la información recabada, permiten asegurar que la población civil fue atacada de forma generalizada y el Gobierno justificó su accionar a través de un discurso oficial con el objetivo de instaurar en el imaginario de la ciudadanía que se trataba de enemigos internos y externos equiparando delitos comunes a violaciones de DDHH. Luego de esta investigación, esta comisión concluyó que es indispensable que se investigue y sancione a los responsables de violaciones a los DDHH durante las manifestaciones de octubre, y que las víctimas sean reparadas integralmente.

Finalmente, el Defensor del Pueblo Freddy Carrión manifestó que este informe es un trabajo dedicado a las víctimas que sufrieron violaciones a los DDHH durante las manifestaciones de octubre de 2019 cometidas por agentes del estado el cual describe la verdad de los hechos durante el mes de octubre y se constituye en una herramienta fundamental para pedir justicia.

Expresó qué, en el momento en que un estado de derecho, pretenda justificar la violencia, y vulnere los derechos ciudadanos para garantizar su estabilidad, pierde la legitimidad. Así mismo indicó que este informe, se constituye en una herramienta que debe servir para que, los entes de justicia inicien los procesos de investigación y sanción de quienes, utilizaron desproporcionadamente el uso de la fuerza y cometieron graves violaciones a los DDHH (libertad de expresión, a la protesta). Aseguró que el reconocimiento de los hechos, la verdad y la sanción a responsables podrá permitir la reconciliación nacional.

«El próximo gobierno tiene la responsabilidad de trabajar en base a este informe y hacer un seguimiento para que la justicia penal inicie con los procesos de investigación»;… «los responsables sean sancionados por el uso desproporcional de la fuerza, y estos hechos no quede en la impunidad, basados en el respeto a los DDHH», aseguró.

El cometimiento de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en contra de la población civil por parte de la Policía, es una de las conclusiones de la investigación que desarrolló la Comisión Especial por la Verdad y la Justicia que integró la Defensoría del Pueblo, sobre los hechos acontecidos durante el paro nacional de octubre de 2019 convocado por la CONAIE y con el apoyo de varios sectores sociales. El documento se presentó este miércoles 17 de marzo y es el producto de más de un año de trabajo donde se revisaron documentos y se recibieron testimonios.
El periodo investigado va del 3 al 16 de octubre de 2019, y la Comisión concluye que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.
Consta que el Gobierno en su defensa posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países.

Bajo esas premisas, consta en el documento, justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia. “Esta posición oficial buscaba deslegitimar la protesta social que tenía legítimas motivaciones coyunturales y estructurales en la mayoría de actores movilizados”.
La Comisión estableció que los agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza en reiteradas ocasiones, conductas que, en el contexto nacional entre el 3 y el 16 de octubre, causaron serios, y en algunos casos irreversibles, daños a civiles.
Como resultado de esa investigación, se evidencia que en las protestas de octubre el paro de vivió desde varios ámbitos. Aquellos que participaron de manera activa en la protesta en contra de las medidas del Gobierno, los que se solidarizaron con esas manifestaciones y otro sector de la de la sociedad que vivió momentos de tensión, que rechazaba la violencia y la interrupción de sus actividades cotidianas y que terminó, en muchos casos, discrepando y oponiéndose a la protesta.

Quito, Pichincha.- El proyecto presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática para reformar la Constitución no pasó del pleno de la Asamblea. En votación artículo por articulo, el informe preparado por la Comisión de enmiendas no alcanzó los 91 votos necesarios para su aprobación.

Dentro del proyecto se priorizaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y darle autonomía de la Fiscalía. La bicameralidad había quedado fuera del informe.

Pablo Davila, miembro de éste comité, en redes sociales expresó su rechazo a la negativa en el legislativo de aprobar las reformas constitucionales. «La Asamblea queda en deuda con el país», «rechazaron la reforma legislativa, la eliminación del CPCCS y la independencia para la Fiscalía. Toda una propuesta ciudadana negada por los representantes del pueblo (…),Vergonzoso», aseguró. Al mismo tiempo dijo que buscará defender la propuesta en la Corte Constitucional.

Ante el aumento continuo del precio de los combustibles con la aplicación de las bandas desde el pasado julio de 2019, que busca regular su comercialización, gremios del transporte terrestre de Pichincha buscan entablar diálogos con el Gobierno a fin de que exista políticas en bien de este sector.

Desde el pasado jueves 11 de marzo se estableció una nueva fijación al precio de los combustibles, incrementando los valores en la gasolina súper, cuyo precio está liberalizado desde el 2018, llegando a $ 2,95 por galón tras estar en febrero en $ 2,79. Asimismo, las gasolinas eco y extra subieron a $ 1,83 por galón, después de permanecer en $ 1,75 durante los últimos diez meses y el diésel subió 3 centavos fijándose en $ 1,40 el galón.

Existe preocupación en estos gremios, ya que el incremento afectará directamente en todas las modalidades del transporte terrestre, aclaró Paco Velazco dirigente del taxismo. Aseguró que incidirá en todos los sectores del transporte, comercio y sectores sociales por lo que a través de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha se tomará una decisión frente al alza de los combustibles.

Los dirigentes de las federaciones del taxismo se encuentran analizando el alza al precio de los combustibles, principalmente «la gasolina extra y eco país, que incide directamente en este gremio», aseguró Jorge Calderón presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador, FEDOTAXIS.

Enfatizó que la lucha de su gremio en contra de ese tipo de medidas se originó desde la emisión del decreto 883, que liberaba los precios de los combustibles, dónde el sector protagonizó un rol principal, por lo que los dirigentes fueron llamados a juicio por presunta paralización de servicio público.

Además, aseguró que el Gobierno habría ofrecido que a través de la Ley de Apoyo Humanitario, se permitiría acceder a reformular las deudas con las casas comerciales y financieras, sin que este ofrecimiento se haya cumplido.

Tras 10 meses de haberse implementado el sistema de bandas en la comercialización de los combustibles, el precio se mantiene al alza en medio de una crisis sanitaria por el coronavirus que agravó más la situación económica que ya venía arrastrando el país desde antes de la pandemia, pero que tuvo mayor incidencia con la Ley de Apoyo Humanitario.

Los nuevos valores comenzaron a regir desde las 00:00 del jueves 11 de marzo. Los precios de las gasolinas ecopaís y extra subieron para el público de $ 1,75 a $ 1,83; el diésel subió 3 centavos fijándose en $ 1,40 el galón. Además, la gasolina Súper, llegó a $ 2,95.

La Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC) es la entidad encargada de regular los precios, que pueden incrementarse entre 3% y 5% cada mes, conforme al sistema de bandas adoptado por el Gobierno.

Precio de los combustibles se incrementan, la gasolina ecopaís y extra, subió de $ 1,75 a $ 1,83. así también el diésel subió hasta $ 1,40 el galón; y la gasolina Súper, alcanzó $ 2,95. Precios que regirá en todas las gasolineras del país

— CHRISTIAN LGC. (@NOTICIAS1982) March 11, 2021

A criterio del dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, el alza de los combustibles impacta directamente a los bienes y servicios, lo cual «elevará los precios de los productos de primera necesidad» y afectaría directamente a los sectores más vulnerables. Recordó que la razón de levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 fue, principalmente, por el alza de los combustibles que se establecía a través del Decreto 883.

Mencionó que la Escuela Politécnica Nacional habría realizado un estudio sobre la implementación de las bandas en nuestro país y habría determinado que no sería factible su aplicación. La dirigencia sindical prevé reunirse en los próximos días y analizar el impacto de esta medida y adoptar resoluciones.

Fortalecer la unidad de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y reformar al movimiento político Pachakutik, fueron los principales puntos que se trataron en el Consejo Ampliado de la Conaie, realizado este 10 de marzo, en Cochapamba, provincia de Bolívar.

A este evento asistieron cientos de delegados de los 18 pueblos y 15 nacionalidades de Costa, Sierra y Amazonía, que conforman el Consejo Ampliado de la CONAIE; mismos se reunieron con el fin de evaluar las decisiones colectivas que se tomaran en torno a las elecciones 2021, plataforma política, unidad de sus bases, convocatoria al Congreso de la CONAIE para el 1, 2 y 3 mayo, fueron parte de las resoluciones tomadas por el movimiento indígena.

«Hemos resuelto que el 1, 2 y 3 de mayo, se realizará el Gran Congreso, para la elección de las nuevas autoridades de la CONAIE, en la provincia de Cotopaxi»…»ya que por la pandemia se han prorrogado nuestras funciones». Aseguró Jaime Vargas, actual presidente de la CONAIE, quien entre otras cosas, indicó que se encuentran exigiendo que de acuerdo a la Ley, el Tribunal Contencioso Electoral TCE, de paso a los pedidos realizados por Pachakutik, para que exista transparencia en el proceso electoral; así también promover el voto nulo en la segunda vuelta, de no llegar el candidato Yaku Pérez, de Pachakutik.

Otro de los puntos neurálgicos fue reformar al Movimiento político Pachakutik, para que vuelva a tener coordinación con sus bases, en la toma de decisiones en temas políticos.

Por su parte Leonidas Iza presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC), aseguró que este Consejo ampliado habría servido para llegar a un consenso del movimiento indígena y Pachakutik, «llamar a la unidad de todo el movimiento indígena y el brazo político de Pachakutik y rechazar la falta de transparencia del proceso electoral».

La ONG CARE impulsará en las provincias de Carchi e Imbabura, Ecuador; y en el departamento de Nariño, Colombia, el proyecto “Cruzando fronteras”. Es una propuesta para atender a las migrantes venezolanas, mujeres y niñas, en varios campos por ser más susceptibles de la vulneración de sus derechos en el proceso de desplazamiento de su país.
De acuerdo con el Reporte Operacional de Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, en diciembre de 2020 se registraron en Carchi 2.211 personas en situación irregular con riesgos de protección.
La situación que se vive en Colombia no es diferente a la de Ecuador, así lo manifestó Marten Mylius, director de CARE Colombia. “En el departamento de Nariño, las mujeres y niñas venezolanas migrantes, en su mayoría en condición irregular, se encuentran en situación de riesgo como potenciales víctimas de diversas formas de violencia y otros delitos que podrían atentar contra su vida, integridad física y sexual”.
El proyecto contará con el apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por 1 millón de euros para atender a más de 11 mil personas, con enfoque en mujeres y niñas e identificadas como las más vulnerables. Recursos que permitirán que permitirán fortalecer albergues en Colombia y comedores comunitarios en Ecuador; dotación de kits de salud sexual y reproductiva, entre otros componentes.
Para Nicolas Fornage, director regional de la AFD para los países andinos “el proyecto Cruzando Fronteras es el primer compromiso clave del gobierno francés en Ecuador y Colombia como soporte a las mujeres y niñas impactadas por la crisis migratoria venezolana. Se trata de una respuesta de medio plazo a la crisis, para hacer de las migraciones un factor de desarrollo y así contribuir con el apoyo al respecto de los derechos humanos de las niñas, las mujeres y todo tipo de migrantes”.
El fenómeno migratorio en Venezuela va en aumento. Según el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes (2020), desde octubre de 2019, más de 5.2 millones de venezolanos huyeron de su país, de los cuales 3.7 millones permanecen en la región. Se estima que el número de migrantes alcanzaría los 5,5 millones para fines de 2020 y más de 4 millones necesitarán asistencia.
De acuerdo con el monitoreo del flujo de población venezolana, realizado por la OIM (2019 ), se lograron identificar grupos de personas en situación de vulnerabilidad: 0,4% son adultos mayores; 29,2% vive con al menos un niño, niña o adolescente bajo su cargo; 5,1% son mujeres embarazadas; el 10,5% de personas padece de alguna condición médica crónica o discapacidad, de estos 58,4% requiere medicación diaria.