Este domingo a las 20:30 el Pleno de la Asamblea esta convocado a sesionar de manera virtual con un único punto del orden del día: posesionar al Superintendente de Bancos, Roberto Romero, designado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Es parte de la sentencia del juez de La Concordia, Ángel Lindao, quien otorgó la acción de protección a los cuatro consejeros de mayoría del CPC: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo y los restituyó en los cargos a pesar de que el Pleno de la Asamblea los había censurado y destituido.

El Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), había cumplido parcialmente la sentencia al ordenar la publicación en el porta institucional de las disculpas públicas a los cuatro consejeros por haber vulnerado sus derechos, pero se había resistido a cumplir con la posesión del Superintendente y con la colocación de un placa en la entrada del edificio con la frase: «Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional».

Sin embargo, el juez Lindao emitió ayer un una nueva providencia como parte de este proceso y notificó a la Asamblea para que convoque al Pleno dentro de un plazo de 48 horas, y se proceda a la posesión de las autoridades que han sido designadas por el Pleno CPC, en este caso al Superintendente de Bancos ya que se ha declarado nulo la anterior designación de Raúl González para ese cargo.

En la misma providencia se solicita a Saquicela que reconozca como legítimas las actuaciones de los cuatro consejeros de mayoría en el ejercicio de su cargo. Además, da dos días hábiles para que proceda a colocar la placa conmemorativa en la entrada principal del edifico y le ordena se abstenga de dictar actos ulteriores que afecten la ejecución integral de la sentencia.

El juez recuerda en su escrito que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional posibilita el empleo de todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. «Incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional», consta en la notificación.

Con 118 votos a favor y luego de un corto debate, el Pleno de la Asamblea aprobó que sea la Comisión Ocasional de Enmiendas la que trate el proyecto de reforma parcial a la Constitución que envió el Presidente de la República, Guillermo Lasso, para permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la labor de la Policía Nacional en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Son siete los legisladores que integran dicha Comisión:

Isabel Enrríquez (PK), presidenta

Esteban Torres (PSC)

Fernando Cedeño (correísta)

Marlon Cadena (suspendido de la bancada de la ID)

Ricardo Vanegas (PK)

Blanca Sacancela (BAN)

Briana Villao (BAN)

Durante el debate el correísmo recordó que la propuesta para modificar el artículo 158 de la Constitución y lograr el apoyo complementario de los militares fue presentada en el 2014 por la bancada oficialista de entonces, Alianza PAIS, como parte de un paquete de enmiendas que fue aprobada pero luego declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

Los legisladores de diversas bancadas manifestaron que  es necesario agilizar el trámite de este proyecto de reforma y recordaron que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y del Estado, con la dotación de los insumos y materiales necesarios para el trabajo de la Policía Nacional y puede disponer el apoyo de Fuerzas Armadas, sin necesidad de una reforma o enmienda, solo con decisión política.

Fernando Villavicencio (independiente) manifestó que las Fuerzas Armadas tienen el respaldo para que apoyen el combate al narcotráfico y al crimen organizado. El legislador aseguró que el país no solo vive el fenómeno de la narcopolítica sino también de la narco justicia.

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dejo lista este jueves 15 de diciembre la terna al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) con los nombres de los candidatos a integrar y presidir, por mandato de Ley, el Consejo de la Judicatura.

El CPC deberá revisar que los postulantes cumplan los requisitos, cumplir con la fase de impugnación y designar quién cubrirá la vacante en la Judicatura. El organismo ya rechazó una terna que presentó el presidente de la CNJ, Iván Saquicela. En sesión del Pleno del máximo organismo de Justicia se ratificó que es potestad de Saquicela remitir la terna, pero se llegó a consenso para integrar este nuevo listado.

Los integrantes de esta nueva terna son:

1.- Wilman Terán Castillo, juez encargado de las salas especializadas de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores y de los Civil y Mercantil de la CNJ.

2.- Mercedes Caicedo Aldaz, jueza encargada de la sala especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción, y Crimen Organizado.

3.- Antonio Rivera Velasco, juez de la sala especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción, y Crimen Organizado.

La terna será remitida este viernes 16 de diciembre al pleno del CPC para que cumpla con el procedimiento y designe al vocal de la Judicatura que a su vez lo presidirá.

El Teniente de Policía Sebastián C. V. fue vinculado a la instrucción fiscal en el caso relacionado con el asesinato de María Belén Bernal, ocurrido el 11 de septiembre de este año al interior de la Escuela Superior de Policía. Por este femicidio está investigado el esposo de la víctima, Teniente Germán Cáceres, esposo de Bernal, presunto autor, al momento prófugo de la justicia; y la cadete Joselyn Sánchez, la única detenida en esta investigación.

En contra de Sebastián C.V. el juez de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar dispuso como medidas cautelares presentaciones ante Fiscalía todos los días laborales, colocación de dispositivo de vigilancia electrónico y prohibición de salida del país. Pero rechazó dictar prisión preventiva en su contra.

Durante la audiencia, la fiscal del caso señaló que el no impedir un acontecimiento delictivo, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo. Agregó que en este caso  el teniente procesado habría incurrido en omisión dolosa, descrita como “el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico (delito), cuando se encuentra en posición de garante”.

El día de los hechos el oficial habría escuchado desde su habitación «ruidos extraños» que surgían del dormitorio de Cáceres. Al acercarse y abrir la puerta, vio un cuerpo acostado que no reaccionó y también vio a Cáceres, quien le habría dicho que se vaya y no se meta en problemas, según la Fiscalía.

La Contraloría General del Estado confirmó responsabilidades civiles por 26’813.934 dólares para la compañía Nolimit y funcionarios de Petroecuador que actuaron entre 2016 y 2021, por irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato complementario para la modernización del sistema de sellado, planes de sellado API, renovación y actualización de bombas en la Refinería de Esmeraldas.

El organismo de control determinó que hubo desembolsos sin sustento, multas no cobradas y pagos duplicados que generó el millonario perjuicio económico al Estado
debido a fallas en el control de la ejecución del contrato.

Según el organismo, en 2018 Nolimit solicitó a la estatal petrolera pagos por 20’345.609 por el rubro de “soporte técnico y transferencia tecnológica”, desembolsos que no estuvieron sustentados en requerimientos de las áreas operativas de la
Refinería.

También se determinó una glosa por 4’381.230, debido a que en la liquidación final del
servicio no se adjuntaron los sustentos empleados para calcular el monto de los pagos ni documentos que respalden la ejecución de los trabajos.

La auditoría realizada determinó cuatro responsabilidades adicionales, que suman 2’087.094, derivadas de multas no impuestas por incumplimientos en la ejecución del cronograma del contrato; pagos duplicados en la instalación de bombas; trabajos adicionales sin soporte técnico; ausencia de documentación que sustente horas hombre y gastos administrativos.

Las glosas se determinaron luego de realizar el análisis de las conclusiones del examen
especial a la ejecución y liquidación de los contratos suscritos con la Compañía Nolimit, acción de control que abordó el período comprendido entre el 1 de mayo de 2016 y el 31 de marzo de 2021.

Las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

A pesar de las promesas y «buenas intenciones» de las autoridades municipales, el Metro de Quito se mantiene como una promesa de transporte que no se llega a cumplir. Hoy el alcalde la capital, Santiago Guarderas, ratificó que la apertura de este sistema se cumplirá el 21 de diciembre. Pero será una apertura únicamente para que la ciudadanía recorra las estaciones, se familiarice con el sistema, conozca la infraestructura; pero no entrarán en funcionamiento los trenes.

«Este será un proceso ordenado que se aplicará siguiendo las recomendaciones técnicas de la empresa operadora y los estándares internacionales», dijo Guarderas. Según el funcionario, no se puede poner en marcha el sistema en su totalidad, con viajes incluidos, para garantizar la seguridad de los pasajeros. Dijo que esta etapa servirá de formación al usuario.

El 21 de diciembre esta previsto que el Arzobispo de Quito, José Espinoza, bendiga los vagones y se cumplan dos viajes: uno en la mañana con los jugadores del Aucas y otro en la tarde con el ciclista Richard Carapaz. Al día siguiente la estaciones se abrirán de acuerdo a un horario programado para que sean visitadas por los usuarios. Esta primera etapa se extenderá hasta el 4 de enero.

La segunda etapa arrancará el 5 de enero hasta inicios de marzo, donde se cumplirán recorridos en los vagones para que el pasajero se familiarice con la ruta del Metro, sepa dónde embarcarse o desembarcarse; se habitúe a la nueva forma de pago del pasaje que se prevé implementar.

En esta etapa, a manera de plan piloto, el usuario aun no cancelará la tarifa ya que para viajar en los recorridos que tendrán horarios determinados se deberá hacer reservaciones en las plataformas digitales que impulsará el sistema Metro de Quito.

Finalmente el circuito como tal, con pasaje incluido y por todo el sistema, se desarrollará desde el 5 de marzo de 2023. La tarifa será de 45 centavos de dólar si solo usa el Metro, y 60 centavos de dólar si también prevé usar el resto del sistema de transporte municipal.

Con la presencia del Presidente de la República, Ministros de Estado, Cuerpo Diplomático acreditado en el país y de las autoridades del Consejo de la Judicatura, se cumplió la presentación de los 14 jueces que conocerán exclusivamente casos de corrupción y crimen organizado.

Es la primera vez que el país cuenta con magistrados cuya labor será la de juzgar 44 delitos especiales como etnocidio, exterminio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tráfico de órganos, explotación sexual de personas, pornografía con utilización niños o adolescentes, peculado enriquecimiento ilícito, entre otros.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, destacó que «es un hito en el sistema de Justicia del país» ya que son jueces con conocimiento técnico especifico, y una experiencia concreta.

Los magistrados seleccionados participaron en el concurso de méritos y oposición a cargo del Consejo de la Judicatura y tras aprobar esa fase fueron capacitados en formación inicial en la Escuela de la Función Judicial, capacitación que también fue calificada. Los 14 que obtuvieron los mayores puntajes en total asumieron como flamantes jueces anticorrupción.

Debra Hevia. Ministra Consejera de la Embajada de los Estados Unidos, aseguró que la lucha contra esos delitos es una tarea de todos por lo que Ecuador cuenta con el respaldo de su país en este tipo de iniciativas.

Los 14 jueces anticorrupción que asumieron sus funciones son:

1.- Silvana Lorena Velasco Velasco.

2.- Lauro Fernando Sánchez Salcedo.

3.- Renán Eduardo Andrade Castillo.

4.- Byron Leonardo Uzcátegui Arregui.

5.- Clara Elizabeth Soria Carpio.

6.- Vicente Fernando Hidalgo Maldonado.

7.- Esteban Israel Coronel Ojeda.

8.- Carlos Patricio Serrano Lucero.

9.- Mario Andrés Muñoz Bayas.

10.- Mabel del Pilar Tapia Rosero.

11.- Wiler Fabricio Choez Avilés.

12.- Cristian Álex Fierro Fierro.

13.- Jorge Sánchez Pico.

14.- Gabriela Cossette Lara Tello.

El juez de La Concordia, Ángel Lindao, ordenó a la Asamblea Nacional que ofrezca disculpas públicas a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán por haberlos destituidos sin respetar el debido proceso ni la seguridad jurídica.

Es parte de la sentencia que dictó el juez al aceptar la acción de protección en la que, además, deja sin efecto la destitución de los cuatro consejeros de mayoría y dispuso la nulidad absoluta del juicio político realizado por la Asamblea.

En su argumentación el juez ordenó que se coloque una placa en la entrada de la Asamblea y un banner en el salón plenario con el texto: “ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

Lindao considera que el juicio político se cumplió sin que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea haya presentado algún informe en el que recomiende que se siga la interpelación, que se la archive o un informe de posiciones de los integrantes de esa Mesa Legislativa.

Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, destacó la resolución del juez: “El poder de la ciudadanía ha ganado al poder político que ha pretendido ofender a nuestra institución y meter la mano a los concursos (…)Esto será un ejemplo de que ninguna autoridad está por encima del control constitucional”, manifestó.

El Presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó a la Asamblea el proyecto de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en el combate al crimen organizado sin necesidad de recurrir a los estados de Excepción.  En su discurso Lasso manifestó que el país enfrenta una batalla contra los mafiosos, contra el narcotráfico y hasta con la narcopolítica.

El Primer Mandatario envió la reforma parcial del artículo 158 en el que propone que se agregue el siguiente texto: «Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.

Durante su discurso cuestionó en varios términos a la Asamblea y pidió a este poder del Estado que deje de lado los intereses políticos, particulares y partidistas en beneficio de la seguridad de todas las familias ecuatorianas a través de la aprobación de esta reforma que si en la Legislatura obtiene los 70 votos necesarios deberá pasar a consulta popular.

“Este es un paso importante. La Asamblea no le puede dar las espaldas a miles de ciudadanos que se ven atemorizados al ver en riesgo su seguridad y la paz de sus familias. Día tras días mueren en el Ecuador muchos ciudadanos y no son simplemente una estadística son padres de familia, madres, hijos inclusive niños que los utilizan de escudo”, dijo. También le dijo a la Legislatura que es la oportunidad de reivindicarse con el pueblo. La entrega del documento lo realizó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en medio de una evento desordenado y caótico.

Saquicela aseguró que se dará el tratamiento previsto en la Ley y manifestó que la Legislatura no tienen que reivindicarse ya que cumple con su rol de fiscalizar y legislar.

El incremento de infecciones respiratorias en el país y del COVID 19, registrado en las últimas semanas, obligaron al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) a emitir la resolución en la que se determina la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios cerrados a escala nacional.

Según el reporte del Ministerio del Salud, del 6 de noviembre al 3 de diciembre  aumentaron los casos de COVID-19 progresivamente en Guayas y Pichincha. Sin embargo, no existe incremento, a la fecha, de hospitalizaciones ni de mortalidad.

El Ministro de Salud, José Ruales, informó que por lo general entre noviembre y marzo se registran brotes estacionales de enfermedades respiratorias agudas lo que no ocurrió en los dos últimos años por las medidas de bioseguridad y aislamiento a causa de la pandemia del coronavirus, pero con el regreso a la normalidad se registran nuevamente los niveles de esas infecciones a la que se suma el coronavirus.

Con estos argumentos el COE emitió las siguientes directrices:

• Uso de mascarilla de manera obligatoria en espacios cerrados, lugares poco ventilados y donde no se mantenga el distanciamiento, por ejemplo, trabajo, transporte público, aulas, etc.
• Uso de mascarilla de forma obligatoria en entidades sanitarias, hospitales, centros de salud y laboratorios.
• Uso de mascarilla de manera obligatoria las personas que presenten sintomatología respiratoria.
• Recomendar el uso de mascarilla en lugares abiertos donde se realicen eventos masivos y aglomeraciones.
• Mantener medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de alcohol gel y distanciamiento.
• Recomendar a la población realizarse pruebas de Covid-19 frente a cualquier sintomatología respiratoria.
• Realizar aislamiento voluntario durante cinco días a partir del inicio de la sintomatología respiratoria a prueba positiva de Covid o influenza.
• Utilizar mascarilla por cinco días tras el aislamiento.
• Aplicarse las dosis de refuerzo de Covid-19 y la vacuna de influenza a personas mayores de 65 años, niños entre seis meses y seis años y mujeres embarazadas.
• Disponer al Ministerio de Salud activar los equipos de pronta respuesta para el control epidemiológico de puntos calientes para Covid-19.
• Disponer al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación emitir las directrices correspondientes, justificar la inasistencia de trabajadores, alumnos y personal docente mientras presentan sintomatología respiratoria.