Según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, desde el 1 de enero hasta el 4 de octubre de 2020 se registraron 81 casos de femicidios a nivel nacional, pero las muertes violentas de mujeres no han parado. En el feriado por el Día de los Difuntos, en apenas cuatro días de iniciado noviembre se registraron seis asesinatos, en los primeros días de diciembre ocurrió algo similar. En total hasta la presente fecha suman 111 femicidios en lo que va del 2020 a nivel nacional.
Si antes de la pandemia los derechos de las mujeres eran vulnerados y no había una respuesta óptima por parte del sistema judicial ante el incremento de muertes violentas de mujeres en el país, como lo venían denunciando las organizaciones de mujeres a nivel nacional, con la pandemia del covid 19 este problema se agudizó «debido a que el confinamiento obligó a las víctimas a permanecer en sus hogares durante más tiempo junto a los agresores habitando en una especie de cárcel, lo que impidió que no puedan denunciar los maltratos». Afirmó Ana Cristina Vera, directora de Fundación Surkuna.
Aquellas mujeres que sí lograron denunciar los maltratos lo hicieron a través de llamadas al ECU 911, institución que registró desde marzo 70 mil 430 llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia de género. Una cifra alarmante, según lo consideró Juan Zapata, director del ECU 911.
A esto se suma que en ocho meses de pandemia en Ecuador se registra mayores índices de pobreza, lo cual afecta especialmente a las mujeres por diversas razones; entre ellas, por ejemplo, la tasa de desempleo de mujeres actualmente se ubica en 8,7%, una cifra más alta que el promedio nacional que se ubica en 6,6%, obligando a las mujeres a realizar trabajos domésticos no remunerados o trabajos informales, sin acceso al seguro social en medio de la emergencia sanitaria.
ONU Mujeres, reveló que, a nivel mundial, 243 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual a manos de su pareja. Las cifras concluyen que actualmente 137 mujeres son asesinadas a diario por un miembro de su familia. ¿Cómo entender esta situación? Ana vera de Fundación Surkuna explica que, durante siglos, no solo en situaciones de emergencia sanitaria u otras, las mujeres han sido víctimas de múltiples violencias e injusticias sociales producidas por las estructuras patriarcales, carentes de medidas adecuadas para evitar estos delitos.
Vera agrega que, la violencia de género no deja de estar determinada por la condición sexual, por las diferencias económicas, culturales, etarias, raciales, y hasta de religión a las que está expuesta la población femenina. «Vivimos en una sociedad arraigadamente machista, donde el punto central es de orden sexista, la definición fundamentalista de roles diferenciados entre el hombre y la mujer». Posiblemente, según las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, esta es una cultura violenta arrastrada desde el modo de producción primitivo mezclada con el cambio de paradigma económico-productivo, configurando una sociedad aún machista que mantiene al hombre como el proveedor y a la mujer alejada de los procesos económicos. Incluso, estas lógicas se reproducen desde el hogar, diseñando prototipos de masculinidad y feminidad.
«Vivimos en una sociedad donde incluso los medios de comunicación ayudan a naturalizar la violencia y la discriminación contra las mujeres y grupos GLBT y este problema se sigue perpetuando porque los medios se convierten en referentes de conductas sociales y expresiones de vida individuales hasta llegar a impactar en los valores morales y sociales».
Vídeo reportaje: Santiago Tello.
Pero en las muertes violentas de mujeres también existe una responsabilidad del Estado, afirma la catedrática Elizabeth Endara: «Vivimos en una sociedad en la que al Estado poco o nada le preocupa la seguridad de las mujeres, donde el sistema judicial responde al machismo, donde existen escasos fiscales especializados en violencia de género. Esta situación provoca que la justicia favorezca a los agresores».
Al parecer lo expuesto por Endara, coincide con el caso de Salomé Aranda, mujer indígena que de manera reiterada denunció ser víctima de violencia de género, pero que el 29 de octubre fue detenida por la Policía después de ser agredida física y psicológicamente por responder a la agresión de su pareja.
Además, de aquello, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres recalcan que, vivimos en una sociedad donde existe falta de decisión política y estatal para establecer acciones reales que permitan erradicar la violencia de género. «Tal vez una solución sería imponer una malla curricular que obligue a las escuelas, colegios y universidades públicas y privadas a dictar cátedra de género y tener docentes capacitados en la materia para atacar el problema de la violencia de género de raíz», señaló Ana Vera. Algo que parece poco posible de lograr, cuando en el sistema educativo público y privado se registran más de 4 mil 500 denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, donde los principales involucrados son los docentes.
¿Cuál es el camino que nos queda? Para Ana Vera, lo más viable es trabajar por eliminar el pensamiento machista percudido en la sociedad, que permite la injusticia socioeconómica arraigada a la estructura política económica de la sociedad, que produce explotación, marginación y violencia contra las mujeres y es que las raíces de la violencia contra las mujeres están relacionadas con la masculinidad, esa forma en que fuimos educados, con patrones culturales que involucran tanto a las mujeres como a los varones.
Para Jeaneth Molina, representante de la organización Vivas Nos Queremos, es necesario: «Empezar por reeducarnos desde el hogar es extremadamente necesario, a los más pequeños podemos enseñarles que ser hombre no exige de sentimientos y que ser mujer no es sinónimo de debilidad, y que niños y niñas son libre de construir su propia identidad, libre de estereotipos de género. En ese sentido, la manera de educar a las nuevas generaciones está ligada a una mayor concienciación para que no se repitan los mismos patrones de violencia e inequidad».
Molina es enfática en señalar en que es fundamental promover el “no callar”, de apoyar a las víctimas de violencia y denunciar. Sin duda alguna, hoy es difícil cambiar esos patrones machistas que alimentan la desigualdad y dan paso a la violencia y aumentan día a día las cifras de muertes violentas de mujeres en Ecuador, por ello se necesita de la intervención de todos.
