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Debaten Ley para organizaciones de economía popular

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La Asamblea realizó el primer debate del proyecto de reforma a diversos cuerpos legales para el fortalecimiento, protección, impulso y promoción de las organizaciones de la economía popular y solidaria.

La asambleísta Sara Cabrera, ponente del proyecto, dijo que es necesario implementar herramientas efectivas que coadyuven al desarrollo integral de estos sectores que mueven y dinamizan la economía de nuestro país. En este marco, sostuvo que se debe evitar prácticas que distorsionen el mercado, prevenir que existan barreras de mercado, asegurar el cumplimiento de buenas prácticas acordadas e impulsar la participación y dinamización a nivel local, nacional e internacional.

Indicó que a través de las reformas se aclara la regulación sobre contratos de provisión de bienes y servicios; terminación unilateral de contratos; devolución y exhibición de productos; se crea el Sistema Integral de Capacitación Técnica y Profesional; establece medidas específicas para la promoción efectiva de productos y servicios de estos sectores, en islas, cabeceras o estanterías a nivel nacional. También regula el acceso a líneas de crédito preferente, agregó

La asambleísta Nathalie Arias, presidenta de la sesión, dio por terminado el primer debate y solicitó a los parlamentarios enviar sus observaciones para que la Comisión de Desarrollo Económico elabore el segundo informe.

Tomado de la Asamblea Nacional

“Violencia salió del Gobierno, no de la movilización”, aseguran dirigentes sindicales

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Dirigentes gremiales y de otros sectores sociales confirmaron en rueda de prensa la marcha a realizarse la tarde de este miércoles 22 de junio en Quito y otros puntos del Ecuador. Condenaron la represión del Gobierno contra los manifestantes y cuestionaron la expedición de decretos de última hora.

Dirigentes sindicales y de otras organizaciones sociales que respaldan el paro del sector indígena ecuatoriano contra el gobierno advierten que seguirán movilizados. La mañana de este martes brindaron una rueda de prensa donde confirmaron la marcha convocada para la tarde de este miércoles 22 de junio. En Quito, la marcha partirá desde la Caja del Seguro Social para recorrer algunas calles exhibiendo los reclamos hacia el régimen, además de que en varias provincias se reproducirán manifestaciones similares.

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Ángel Sánchez, aseguró que la policía ha ejercido violencia para reprimir a los manifestantes y apuntó que el presidente Guillermo Lasso se ha dedicado a emitir decretos que provocan el acrecentamiento del malestar popular.

Desde el gobierno, el ministro de defensa, Luis Lara, sostuvo que “… las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra democracia y de las leyes de la República.” Reconoció que la protesta social es legítima siempre que no atente contra los derechos de las demás personas. Pero acusó que detrás de la serie de actos violentos, destrucción y agresiones ocurridos en los días de paro “… está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada.”

Ante el discurso del régimen, Mesías Tatamuez, que preside la CEDOCUT, afirmó que “… la violencia salió del gobierno, no de la movilización.” También cuestionó la expedición del decreto ejecutivo 457 que fijó lineamientos para la optimización del gasto público. Para el dirigente ese decreto va en contra de la oferta de campaña del mandatario acerca de la creación de plazas de trabajo, ya que generará nuevos despidos en el sector público.

Así, el llamado al diálogo por parte de Lasso no genera confianza en los representantes gremiales. Y la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas, aseveró que “la credibilidad baja del presidente complica creer los ofrecimientos …”.  Ella sentenció que “… están convocados a seguir en movilización.”

 

Policía se instala en la Casa de la Cultura Ecuatoriana

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Policía Nacional hace efectivo requisición de bienes públicos, de acuerdo a lo que establece el Decreto Ejecutivo 455, que declara el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi; y crea una Zona de Seguridad en Quito. Foto redes sociales

«Esta noche, luego de 42 años cuando la dictadura intervino la Casa de la Cultura y fue tomada por los aparatos represivos del Estado, ahora estamos en una nueva dictadura. Esta casa de la libertad, del pensamiento, de la diversidad ha caído en manos del terror», indicó el Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana CCE, Fernando Cerón.

La mañana del domingo 19 de junio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, ubicada en el centro-norte de Quito, fue allanada por agentes de Criminalística y de equipos élite de la Policía Nacional PN, quienes ingresaron acompañados de un fiscal para recabar elementos de un posible delito flagrante que fue denunciado por una llamada anónima.

Una vez que los policías descartaron la existencia de pruebas sobre un posible delito, hicieron efectivo la requisición de este espacio, para que pueda ser utilizado como un centro logístico de la fuerza pública, en el contexto de la movilización nacional indígena.

La fuerza pública en horas de la tarde ingresó a la Casa de la Cultura, notificando la requisición de las instalaciones, basando en el Decreto Ejecutivo 455, que decreta el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi y determina a Quito como zona de Seguridad.

Ocuparon este espacio de forma controversial, saltando las rejas y así consolidar su ocupación para que agentes policiales puedan albergarse en este lugar.

Cerón, en declaraciones a la prensa y a gestores culturales, manifestó que la Policía finalmente ingresó a este lugar, consumando una dictadura y estableciendo el terror luego de «42 años».

La CCE alberga 7.000 bienes patrimoniales siendo el segundo repositorio más grande del país, entre archivo de biblioteca, cinemateca, y museos, por lo que de acuerdo al Art. 480, el Estado deberá velar el Patrimonio y el acceso a los derechos culturales.

 

 

 

 

 

 

 

Derogatoria del estado de excepción, en mira del Legislativo

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Pleno de la Asamblea conforme lo establece el artículo 166 de la Constitución y 46 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se tratará la revocatoria del estado de excepción.

Frente a supuesta ilegalidad, desproporcionalidad e inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 455, que declaró el estado de excepción por conmoción interna en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, las bancada del correismo, parte de Pachakutik y disidentes de la Izquierda Democrática reunieron 72 firmas para solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que convoque a sesión del pleno derogar dicho Decreto.

La tarde del sábado 18 de junio se reunieron de forma semipresencial los coordinadores de bancada con Saquicela, quien mediante una rueda de prensa convocó a la sesión del pleno para el próximo lunes 20 de junio a las 17h15.

El tema será analizado en cumplimiento del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina que la Asamblea Nacional, si las circunstancias lo justifican, podrá revocar el Decreto Ejecutivo que declara el estado de excepción en cualquier tiempo y sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional.

Además dentro de la convocatoria se prevé plantear un proyecto de resolución, a fin de que el pleno convoque a las personas que están liderando está paralización, así como al presidente de la República, como a los presidentes de los distintos poderes del Estado, a comparecer «siendo el diálogo el único camino para resolver los problemas, (…) No queremos que la capital de los ecuatorianos ni el país convulsione», según Saquicela.

«Aspiramos que quienes están al frente de la protesta y el Ejecutivo tomen las mejores decisiones, logren acuerdos y consensos en beneficio del país, para solucionar cuanto antes este conflicto”, aseguró el titular del Legislativo.

Tras el debate del lunes, será el Pleno de la Asamblea el que resuelva si deroga o no el Decreto, para lo que se necesita la mayoría absoluta (70 votos) que podrían provenir desde el correísmo; que cuenta con 47 votos; Pachakutik, 25 votos; disidentes de Izquierda Democrática y unos cuantos Independientes, que son alrededor de 10 votos más.

Estado de excepción en tres provincias por paro nacional

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Decreto de estado de excepción, busca limitar el accionar de los sectores que se encuentran en movilización indefinida en rechazo a las políticas del Gobierno.

En Pichincha, Imbabura y Cotopaxi rige desde hoy y por 30 días el estado de excepción decretado anoche por el Presidente Guillermo Lasso. El objetivo es disminuir los índices de enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes, evitar el cierre de vías y el vandalismo en el marco de la movilización indígena que se cumple desde el lunes. En Quito además se aplicará el toque de queda entre las 22:00 y las 05:00.

Lasso, en cadena nacional, anunció también varias medidas económicas con el fin de frenar el aumento de la protesta social:

• Incremento del bono de desarrollo humano a $ 55.

• Declarar en emergencia el sistema de salud pública.

• Subsidiar hasta el 50 % al precio de la úrea a pequeños y medianos productores.

• BanEcuador condonará los créditos vencidos hasta $ 3.000.

• Crédito agrícola de hasta $ 5.000 al 1 % de interés y 30 años de plazo.

No elevar el precio del diésel, del gas y la gasolina extra y ecopaís.

• Descartó la privatización de los servicios públicos y sectores estratégicos.

En el quinto día de protestas contra el Gobierno, en varias provincias se registraron masivas movilizaciones e incluso se habrían tomado las gobernaciones en rechazo al régimen.

«Anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia. (…) Me comprometo a defender nuestra capital, y a defender el país», enfatizó el Primer Mandatario, al tiempo que resaltó las medidas que adoptará.

Sin embargo Gary Espinoza, presidente de la FENOCIN, pidió a Lasso que convoque a un diálogo a fin de sacar de la crisis al país en temas de seguridad, salud, educación y ayuda al campo y la ciudad.

Ante la falta de respuesta invitó a sus bases a prepararse para iniciar una movilización hacia la ciudad de Quito.

«Esperamos que la Corte Constitucional frene el decreto ejecutivo que sería inconstitucional», afirmó Hatari Sarango, vicepresidente de la FENOCIN, y ratificó que continuarán con las acciones planificadas a pesar de este Decreto de estado de Excepción.

«Rechazamos los artículos que contienen el decreto 455 relacionados a limitar el uso de internet y redes sociales que es excesivo», aseguró Iza. Esas restricciones a la libertad de informar estaban incluidas en la primera versión del decreto pero fueron retiradas en la versón final del documento, explicó la Secretaria General de Comunicación de la Presidencia.

El dirigente indígena hizo un llamado a la Asamblea Nacional y principalmente al bloque legislativo Pachakutik, para que realicen las acciones necesarias para dejar sin efecto a este decreto, ya que los pedidos serían legítimos.

Iza reiteró que a pesar del estado de excepción se prepara la movilización hacia la ciudad de Quito y llamó a mantener la tranquilidad y seguridad de los participantes.

Gobierno busca generar una mesa de diálogo con el movimiento indígena

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Gobierno abierto al diálogo, para terminar protestas sociales que se incrementan en varias ciudades del país.

Tras el tercer día de movilizaciones por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otros sectores sociales, quienes mantienen constantes movilizaciones en Quito y cierre de vías en las principales arterias viales de la Sierra-Centro, el Gobierno busca generar una reunión con estos sectores que permita levantar las medidas de hecho.

La noche de este miércoles 15 de junio, en el Palacio de Carondelet, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, resaltó que las acciones de movilización en todo el país tendría una tendencia a la disminución y espera que las medidas concluyan en el menor plazo posible.

“Hoy ha sido un buen día (…) ya que se ha registrado una disminución sustancial de eventos conflictivos», aseguró Jiménez, una vez que diferentes autoridades realizaron un diagnóstico de las movilizaciones.

Según la conclusión a la que llegaron las autoridades, en Cotopaxi y Pichincha, principalmente, los incidentes han disminuido significativamente.

“Nos alegramos que no ha habido desmanes ni actos vandálicos que lamentar hoy, la beligerancia de los grupos también ha disminuido”, dijo el Ministro por lo que espera que la continuidad de las acciones de movilización y protesta social no generen desmanes, ataques a la propiedad o a la seguridad de las personas.

CONAIE inicia protesta progresiva en el país con considerable respaldo

Reiteró que el Gobierno sigue apostando por el diálogo, enmarcado en el sentir ciudadano de continuar trabajando por la reactivación del país. “La mayoría de ecuatorianos no quiere paralizaciones, no quiere manifestaciones vandálicas y lo que busca es salir adelante”.

Las organizaciones indígenas realizaron su propio análisis de evaluación de las jornadas de movilización. Samuel Lema, representante de la FEINE, aseguró que luego de realizar un recorrido se ha evidenciado que la lucha se mantiene en todas las provincias de la Sierra norte y sur, además en la ciudad de Quito se están sumando varias organizaciones como los transportistas, colectivos de mujeres, trabajadores y estudiantes. En este marco, calificó de exitoso este tercer día de paralización.

«Esperamos que el presidente Guillermo Lasso gobierne en beneficio del pueblo y no beneficie a los grandes grupos empresariales y llamo a la Asamblea Nacional que trate y apruebe los proyectos de Ley presentados en beneficio de los sectores rurales que es una urgencia el trabajo en defensa de los pequeños productores y sectores campesinos», enfatizó Gary Espinoza presidente de la FENOCIN.

Por su parte Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, denunció que fue secuestrado de forma ilegal en un operativo dirigido desde el Gobierno y detalló su detención, a la cual calificó de persecución. Pidió que se cumpla los diez puntos o al menos las principales demandas a fin de dar un aire a los sectores sociales, campesinas e indígenas que se encuentran ahogados ante la crisis productiva que atraviesa el país.

Aseguró que el 13 de junio, por tercera vez ingresaron los pedidos y demandas y una invitación al diálogo, sin embargo hasta el momento no reciben respuesta del Gobierno. En este marco, ratificó que las acciones de movilización y resistencia se mantienen mientras el presidente no de paso al diálogo. Llamó a mantener las acciones de forma pacífica a fin de evitar problemas con las autoridades de seguridad.

Finalmente invitó a la ciudadanía de Quito a sumarse y rechazar a las acciones del gobierno que ha llevado a la crisis al país.

CONAIE inicia protesta progresiva en el país con considerable respaldo

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), continuará con la movilización indefinida hasta que exista un pronunciamiento favorable a sus planteamientos.

A las 00:00 de este lunes 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a sus bases, inició acciones de movilización en territorio, con el cierre de arterias viales en varios puntos de la Sierra-Central, impidiendo la circulación vehicular.

Tal como lo anunció Leonidas Iza, presidente del movimiento indígena, se cerraron las vías en las tres regiones del país: en la región amazónica, la vía que conecta Puyo-Pastaza; así cómo Shushufindi – Limón Cocha – Lago Agrio.

En la Sierra se conoció que fueron cerradas las vías en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Cañar y Loja, dónde se impidió el paso con piedras, árboles y motículos de tierra.

Por el contrario, en la Costa se habría registrado un cierre de vías a la altura de Patricia Pilar, en la provincia de Los Ríos.

Según el dirigente indígena, los pueblos y nacionalidades indígenas habrían participado de las mesas de diálogos que fueron convocadas por el actual Gobierno, durante un año sin respuestas en las siguientes fechas: 11 junio 2021, 5 agosto 2021, 4 octubre 2021, 10 noviembre 2021, y no se habría encontrado un rumbo para los planteamientos de los sectores sociales.

«La medida será nacional e indefinida», aseguró Iza de no existir un pronunciamiento favorable por parte del Gobierno.

Exigió al presidente Guillermo Lasso, la reducción de los precios del combustible, moratoria de los créditos a los pequeños y medianos productores, así como una reducción de intereses en el sistema financiero.

De igual manera pidió que exista una política para los precios de sustentación para los productos derivados del campo: leche, carne, verde , banano, arroz, etc.

Se suma subsidio al sector agrario, cuidar la matriz productiva y controlar las fronteras para evitar el contrabando, serían parte de los planteamientos. Además de rechazar la ampliación de la frontera petrolera y minera, con la derogación de los decretos 95 y 153; de la misma manera garantizar el acceso de los estudiantes a la educación superior, ya que más de un millón de estudiantes no accedería a los estudios superiores.

Marcha universitaria termina en enfrentamientos

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La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), vuelve a las calles para exigir mayor presupuesto para educación, libre ingreso a la universidad pública y autonomía universitaria.

La marcha que protagonizaron está tarde los estudiantes de la Universidad Central terminó en enfrentamientos con la fuerza pública.

La jornada se había cumplido de manera pacífica desde la plazoleta Indoamérica con la presencia de jóvenes que salieron a respaldar la movilización del sector indígena y campesino. Entre los jóvenes universitarios también estuvieron militantes del Movimiento Guevarista, quienes rechazaron lo que dijeron es una política de persecución a la protesta social por parte del Gobierno. Elementos de este Movimiento fueron detenidos el 19 de mayo acusados de ser un grupo guerrillero en formación.

En la marcha de esta tarde un grupo de jóvenes quemó llantas a la altura de las calles Guayaquil y Manabí, sector Plaza del Teatro. Además intentaron retirar las vallas que la fuerza pública colocó para evitar el ingreso de manifestantes a los alrededores de la sede del Gobierno, en la Plaza Grande.

Esto originó un fuerte enfrentamiento con la Policía que reprimió a los manifestantes de manera progresiva, primero con granadas de humo, luego con granadas arturdidoras y por último granadas lacrimógenas.

Está represión escalonada hizo que los manifestantes se dispersen por varias calles, especialmente hacia San Blas, hasta donde fueron seguidos por motorizados de la Policía. Al finalizar la noche la policía tomó el control del lugar y la calma regresó poco a poco al centro histórico.

ANT restringe circulación de dos personas en motocicleta a escala nacional

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Agencia Nacional de Tránsito ANT, restringe la circulación de dos personas en motocicleta, frente al alto índice de delitos cometidos con la utilización de este medio de transporte.

Ante el incremento de delitos e incluso asesinatos en los que han intervenido personas en motocicleta, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), aprobó este miércoles 8 de junio de 2022, el reglamento que restringe la movilización en motocicleta de dos personas a nivel nacional. 

Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, junto a otras autoridades realizaron este anuncio desde el Palacio de Carondelet, donde se informó que el control de esta medida estará a cargo de la Policía Nacional en todo el país; con el fin de buscar mecanismos que permitan brindarle a la ciudadanía mayor seguridad.

Dentro de las excepciones emitidas por la ANT, que permitirá el transporte de dos personas en moto son: cónyuge, hijo, hermano, persona con discapacidad, adultos mayores, mujeres o niños menores de edad. La medida se cumplirá desde su publicación en el Registro Oficial, mismo rige desde este jueves 9 de junio.

Estás acciones se derivan como parte de la política que busca implantar el Gobierno, en materia de seguridad, por lo que se facultaría a los municipios complementar mediante ordenanzas; así lo anunció el director ejecutivo de la ANT, Adrián Castro, quién resaltó que se debe garantizar a seguridad de los ciudadanos respaldados por informes técnicos.

Asamblea aprueba marco legal que regula uso legítimo de la fuerza

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Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, limita la utilización de animales de adiestramiento (perros, caballos), para contener movilizaciones.

Con 104 votos afirmativos y 19 abstenciones, el pleno de la Asamblea aprobó la noche de este martes 7 de junio el proyecto que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, remitido por la Comisión de Seguridad. El objetivo es contar con una normativa legal para el accionar de la fuerza pública, ante los altos índices de inseguridad que atraviesa el país.

Ramiro Narváez, ponente del informe y presidente de esta mesa legislativa, exhortó al pleno que apruebe el proyecto en forma íntegra, sin tomar en cuenta los planteamientos de Pachakutik de sacar los artículos 23, 24 y 25, que permitiría a Policía y Fuerzas Armadas utilizar la discrecionalidad para contener actos violentos dentro de las protestas sociales y movilizaciones.

» La Ley garantiza que los manifestantes puedan ejercer su derecho a la protesta» aseguró Narváez, quien resaltó que el proyecto fue tramitado durante seis meses con las observaciones de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agentes del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, sectores de la sociedad civil y expertos en seguridad; así cómo acogiéndose a normas internacionales.

Uno de los puntos críticos que marcó el debate fue «discrecionalidad», que se enmarcarian en los artículos 23, 24 y 25 del Capítulo III, del proyecto, sobre el Uso Legítimo de la Fuerza en el Control del Orden Público, Protección Interna y Seguridad Ciudadana.

El proyecto será remitido al presidente Guillermo Lasso, para qué, como colegislador analice la Ley aprobada por el Parlamento y de ser nacesario realice los cambios que creyere pertinentes mediante un veto parcial o total.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa LOFL, el Primer Mandatario tiene 30 días para pronunciarse sobre el proyecto de ley aprobado por el legislativo; y de existir un veto parcial, el Pleno de Asamblea debería obtener mayoría absoluta (92) votos para ratificarse en su propuesta original y 70 para allanarse al veto. Si en ese plazo la Asamblea no se pronuncia entrará por el ministerio de la ley.