El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de las Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) pidió la revocatoria total y declaración de nulidad de la resolución judicial que permitió al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, sentenciado por dos casos de corrupción, salir en libertad.

El lunes el juez Emerson Curipallo, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, aceptó una medida cautelar a favor del exsegundo mandatario y emitió la boleta de excarcelación, lo que le permitió salir de la cárcel 4 de Quito donde se encontraba recluido.

La solicitud de revocatoria de la medida cautelar presentada por el SNAI considera que la medida cautelar vulnera la tutela judicial efectiva, el debido proceso; que a la resolución emanada le falta motivación, que inobserva el cumplimiento de la potestad estatal y que inobserva decisiones judiciales previas.

Según el organismo se han evidenciado vicios sustanciales en el proceso por lo que hace un llamado de atención a la administración de justicia a fin de evitar abusos en el uso y aceptación de garantías jurisdiccionales.

El Presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo 611 a través del cual fija el salario básico unificado en 450 dólares a partir del 1 de enero de 2023 para los trabajadores en general. Esto representa un incremento de 25 dólares en relación al salario vigente. Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno incrementa en ese monto, ya que el 2021 ocurrió igual.

La fijación del salario básico unificado es una de las atribuciones del Presidente de la República ya que, según el Decreto, el Pleno del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no ha fijado de manera consensuada el valor correspondiente para el 2023 por lo que el Ministerio del Trabajo determinó el valor de tal remuneración en función del incremento porcentual equivalente al al índice de precios al consumidor.

El Consejo Nacional del Trabajo lo preside el Ministerio del ramo y lo integran, además, representantes del sector trabajador y del empleador, dos sectores que por lo general no logran ponerse de acuerdo en el monto del incremento salario, por lo que el Gobierno termina decidiendo.

El secretario de Seguridad y exasambleísta del oficialismo, Diego Ordóñez, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con una multa de 8.400 dólares por haber ejercido violencia política de género en contra de la legisladora correísta Mónica Palacios.

En su momento, cuando era legislador, Ordóñez publicó en su cuenta Twitter: «pasar el tubo a la curul y surgen estas argucias torpes», en referencia a Palacios quien puso la denuncia ante el organismo de justicia electoral que rechazó en primera instancia lo que fue apelado por la legisladora.

El TCE considera que el texto publicado en la red social constituye una agresión denigrante que tiene como sustento un estereotipo de género, pues Ordóñez «para referirse a una actividad artística, como el pole dance, usa las palabras peyorativas «pasar del tubo», lo cual denota una concepción patriarcal de la misma, que concibe a esta como «cuestionable» respecto de las mujeres».

Según la sentencia, a partir de la de la realización de esta actividad, se atribuye una supuesta torpeza de la denunciante para el ejercicio de sus funciones como legisladora lo que evidentemente reproduce un estereotipo de género que censura la práctica de esta actividad, que no tiene repercusión alguna en sus funciones públicas.

Con estos antecedentes se sanciona a Ordóñez con 21 salarios básicos unificados, equivalentes a 8.400 dólares, según consta en la sentencia que se aprobó con tres votos a favor y dos votos salvados.

El exvicepresidente de la República, Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción, salió esta noche de la cárcel 4 de Quito gracias a una medida cautelar concedida por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo.

Sin embargo, la medida cautelar no fue solicitada directamente por el exsegundo mandatario, sino por un ciudadano de nombre Estalin Palacios Zambrano. La boleta de excarcelación se emitió a las 12:58 de este lunes 28 de noviembre de 2022.

Varios simpatizantes del correísmo acudieron a la cárcel 4, ubicada en el sector de El Condado, norte de Quito, para recibir a Glas. Su abogado, Edison Loaiza, manifestó que su defendido viajará a Guayaquil.

El juez dispuso en su fallo que el exvicepresidente se presente en libertad una vez por semana en la Penitenciaria de Litoral y se le prohíbe salir del país. Delegó al Defensor del Pueblo de Santo Domingo de Los Tsáchilas que mantenga informado al juez del cumplimiento de la medida cautelar. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no descartó presentar un pedido de revocatoria de la medida cautelar.

Glas fue sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht ya que habría recibido 13,5 millones de dólares en sobornos a cambio de la adjudicación de contratos. Otra sentencia que se encontraba cumpliendo es a ocho años de cárcel en el caso Sobornos, en el que también está sentenciado el expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló la Mesa de Seguridad Electoral para las elecciones seccionales 2023 y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 18 instituciones participarán en la elaboración y puesta en marcha de los planes operativos para bridar seguridad en las próximas elecciones.

Uno de los puntos que se analizará en esta instancia es la inseguridad que viven las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. El objetivo es precautelar la integridad de las instalaciones electorales, de los funcionarios y de la ciudadanía que acudirá a las urnas.

“Contemplamos los protocolos y procedimientos a implementarse para enfrentar efectivamente los riesgos y amenazas de carácter natural y humano durante la jornada de votación”, manifestó Diana Atamaint, presidenta del organismo electoral.

Otros temas en los que habrá que tomar precauciones son la temporada invernal que se vive especialmente en la Costa en febrero, fecha de las elecciones; y la actividad del volcán Cotopaxi en la Sierra centro.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, aseguró que se busca salvaguardar la eficiencia del proceso electoral 2023. “Debemos precautelar la seguridad de los funcionarios electorales, delegados de los actores políticos y de la ciudadanía que participe en los comicios”.

La Mesa de Seguridad Electoral es un organismo multidisciplinario, liderado por el CNE y conformado por las principales instituciones de respuesta, seguridad nacional, gestión de riesgos, monitoreo de eventos adversos, salud, educación y justicia.

La Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana viven momentos de alta conflictividad a raíz del juicio político en el que la Legislatura destituyó a cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.

El domingo, el Pleno de la Asamblea posesionó a Olindo Nastacuaz como consejero suplente en reemplazo de Jaime Chugchilán, quien no asumió el cargo ya que está fuera de país porque tiene orden de prisión preventiva por una presunta estafa. Nastacuaz es indígena de la nacionalidad Awa, de la estructura de la CONAIE, y se conoce que es cercano al correísmo, ya que fue su cercano colaborador cuando esa agrupación fue Gobierno.

Sin embargo, los cuatro consejeros destituidos se mantienen en el cargo luego de una medida cautelar que un juez de La Concordia dictó a su favor. Han reasumido sus despachos y se encuentran laborando con relativa normalidad.

El domingo, en sesión extraordinaria, los cuatro consejeros decidieron remitir un comunicado al juez que dictó la medida cautelar, informando el incumplimiento de la misma por parte del Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Al mismo tiempo presentarán una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, en contra de Saquicela y por el presunto delito de usurpación de funciones en contra de los consejeros David Rosero y Sofía Almeida.

La respuesta de Saquicela 

El presidente de la Legislatura cuestionó las acciones de protección planteadas por un ciudadano en siete ocasiones, en La Concordia, argumentando que constituye un intento de manipulación de la justicia e injerencia en las atribuciones de la Función Legislativa. Una de esas acciones de protección dio paso a la medida cautelar a favor de los consejeros de mayoría. “No podemos permitir que se ponga en juego el estado de derecho en este país”, dijo Saquicela.

Frente a la denuncia que presentarían los cuatro consejeros en su contra por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, el titular de la Asamblea  aseguró que esta figura no cabe en caso de medidas cautelares, y que si se lo cita con este proceso, actuará de acuerdo con el mandato de la Constitución y la Ley.

Para Saquicela Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo ya no son consejeros desde el 18 de noviembre, fecha en la que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, tras un juicio político que deja todavía mucho para el debate.

Cumpliendo el calendario electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del Instituto Geográfico Militar (IGM), dio inicio a la impresión de las papeletas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), de febrero de 2023.

“Cumplimos un nuevo hito de las elecciones 2023 al iniciar la impresión de las papeletas electorales desde la Planta de Artes Gráficas del IGM, una institución militar con más de ocho décadas de experiencia y con una amplia trayectoria técnica y logística en Ecuador”, manifestó Diana Atamaint, presidenta del CNE.

Se imprimirán 82’423.000 papeletas, para la elección de 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y siete consejeros principales y suplentes del CPC. Los diseños del material electoral cuentan con características específicas y elementos de seguridad, como mecanismo para garantizar la transparencia de los comicios.

Son tres niveles de seguridad previstos. Entre estos, se encuentran elementos de apreciación visual, tinta de seguridad invisible con reacción a la luz ultravioleta, estructuras de alta complejidad ‘screen’, que permite evidenciar elementos ocultos, una vez que se intenta fotocopiar o escanear los documentos impresos, entre otros elementos.

El coronel Pablo Acosta, director del IGM, informó que el material impreso, incluyendo documentos electorales como certificados de votación, actas de escrutinios, actas de instalación de mesas, entre otros, se entregará de manera progresiva hasta el 31 de enero de 2023.

Las primeras papeletas en imprimirse son las de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana ya que son las candidaturas que están en firme. Entre los 45 candidatos a este dignidad constan Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira, que buscan la reelección a pesar de su censura y destitución que se produjo el viernes por parte de la Asamblea Nacional.

Carlos Figueroa, Jaime Chugchilán, Karina Ponce y Mónica Moreira serían los cuatro consejeros que ocupen el Consejo de Participación Ciudadana en reemplazo de Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, destituidos por el Pleno de la Asamblea con 85 votos a favor por incumplimiento de funciones.

De nada sirvieron los argumentos jurídicos que expusieron Ulloa y Rivadeneira, al final se unieron para censurarles las bancadas de UNES, PSC, parte de la Izquierda Democrática, de Pachakutik, e  independientes. Los consejeros destituidos han advertido con acciones legales nacionales y principalmente internacionales ante la decisión tomada por el Pleno que sin informes procedió a la interpelación.

De los cuatro nuevos consejeros solo Ponce y Moreira constan como suplentes de manera oficial, por lo que se espera que el Consejo Nacional Electoral certifique quiénes son los siguientes más votados en las elecciones del 2019 para que ocupen los cargos restantes. Figueroa es médico de profesión y fue opositor del Gobierno de Rafael Correa; Chugchilán es dirigente indígena, Moreira trabaja en el Gobierno de Guillermo Lasso como directora de la zonal 5 de educación, Ponce es activista de Derechos Humanos.

Con 96 votos a favor el Pleno de la Asamblea aprobó el contenido del informe que preparó la Comisión Ocasional que investigó el femicidio de María Belén Bernal. El crimen ocurrió hace más de dos meses en la Escuela Superior de Policía, sector de Pusuquí, por parte de la pareja de la víctima. el teniente Germán Cáceres, quien ya fue dado de baja y se encuentra prófugo de la Justicia.

Entre las recomendaciones del informe esta que la Asamblea designe a un asambleísta para que presente la solicitud de juicio político en contra del Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; de la Secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; y del exministro del Interior, Patricio Carrillo. En este último caso se dispuso que el informe sea unificado como insumo en los juicios políticos iniciados en contra de Carrillo.

Al presidente de la República, Guillermo Lasso, se solicita la transformación inmediata de la Secretaría de Derechos Humanos por el incumplimiento de sus competencias y atribuciones y, en su lugar, crear un Ministerio para que esta Cartera de Estado cuente con suficiente capacidad administrativa, técnica y financiera. Se le exhorta al Primer Mandatario la revisión de las autoridades de la Policía Nacional, además de la baja inmediata del comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas. Y que cumpla con su palabra y disponga la baja de las autoridades que se encontraban a cargo de la Escuela Superior del 11 al 21 de septiembre de 2022, así como el inicio urgente de un proceso de depuración de la Policía.

El informe concluye que hay responsabilidad estatal en el femicidio de María Belén Bernal, pero no se trata de un crimen de Estado. También señala responsabilidades políticas por omisión.

De persecución política y violencia política de género en su contra calificó la asambleísta de Pachakutik, Guadalupe Llori, al informe del Comité de Ética de la Asamblea que recomienda al Pleno su destitución por haberse presuntamente beneficiado de cobros indebidos a sus colaboradores.

La denuncia fue presentada por Johanna Ortiz (UNES), quien asegura que Llori, cuando fue presidenta de la Legislatura, se movilizó en un auto de alta gama rentado a un empresa privado y que el dinero salía del sueldo de sus colaboradores.

Tras la investigación realizada, tres de los cinco asambleístas que integran en Comité, consideran que Llori incurrió en la prohibición descrita por el artículo 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), referente a percibir comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. En ese sentido se aprobó el informe con los votos de Luisa González (UNES), Marjorie Chávez (PSC), y Dalton Bacigalupo (ID).

El presidente del Comité y coideario de Llori, José Chimbo, presentó la resolución en el sentido de que se archive el proceso ya que no hay pruebas concretas de que se haya cometido la infracción, lo que no fue acogido por el resto de legisladores quienes señalan que las pruebas documentales y testimoniales evidencian que al menos dos funcionarios pagaron con dineros propios la renta del automotor que suplía necesidades personales de la expresidenta del Parlamento para movilizarse los fines de semana; y que el pedido se realizó por intermedio de la Administradora General de ese entonces, Gloria Larenas.

De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, para destituir a un legislador se necesitan 92 votos. La sesión donde se trate este punto se cumpliría la próxima semana.