El Pleno de la Asamblea está llamado a sesionar este viernes a partir de las 14:30 para proceder al juicio político en contra de los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.

La decisión de interpelar a estos cuatro consejeros y de eximir del proceso a los de minoría: Javier Dávalos, Sofía Almeida y David Rosero se tomó este martes 15 de noviembre en en el Pleno con 84 votos a favor, 32 abstenciones y 9 en contra.

Los votos del correísmo, del Partido Social Cristiano, de una parte de la Izquierda Democrática y de una parte de Pachakutik fueron más que suficientes para llamar a juicio político a los consejeros de mayoría, a quienes se les señala como gobiernistas. Y para salvar a los consejeros señalados como cercanos al correísmo y al Partido Social Cristiano.

Para proceder a la censura y destitución se necesitan 70 votos. Entre los interpelados están el presidente (Ulloa) y la vicepresidenta del organismo (Rivadeneira) por lo que el organismo se quedaría sin sus autoridades y sin poder sesionar por falta de quórum hasta que se nombren a sus reemplazos.

El procedimiento 

De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, los asambleístas interpelantes Mayra Pazmiño y Ángel Maita, del ala rebelde de Pachakutik, tendrás dos horas para presentar su argumentos.
A continuación, el funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea
Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención del funcionario, se retirará del Pleno y el Presidente de la Asamblea  declarará abierto el debate.

La censura y destitución implicará que el funcionario no pueda ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio del Trabajo.

El Municipio de Quito presentó la agenda de actividades que se cumplirán por los 488 años de Fundación de la capital. Son 263 eventos los programados entre minga de la quiteñidad, Tedeum, Embanderamiento de la Ciudad, Pregón, Festival del Pasacalle, Homenaje a Benítez y Valencia, Día de la Interculturalidad, Festival de la Chispa y Sal Quiteña, Desfiles de la Confraternidad, Carrera de Coches de Madera, Sesión Solemne, entre otras.

El presupuesto es poco menos de 3 millones de dólares según anunciaron las autoridades, quienes agregaron que será una festividad diversa e inclusiva. Para el alcalde Santiago Guarderas, este año la celebración es especial ya que coincide con los 200 años de la Batalla de Pichincha. El secretario de Cultura, Juan Martín Cueva, añadió que se ha previsto un operativo especial de seguridad en los eventos de concentración masiva.

Cristina Rivadeneira, gerente de Quito Turismo señaló que estas actividades permitirán reactivar la economía y atraer a turistas. “El año pasado recibimos más de 70.000 visitantes, este año esperamos superar los 200.000, esta es una invitación para que participen en las diferentes acciones». manifestó Rivadeneira.

Los asambleístas Yeseña Guamaní, Rodrigo Fajardo y Marlon Cadena fueron separados de la bancada de la Izquierda Democrática por resolución del Consejo Ejecutivo Nacional de la organización política, según un comunicado público difundido este sábado 12 de noviembre.

Según el comunicado, los legisladores sancionados incumplieron las decisiones del Consejo Ejecutivo y aunque no específica a qué decisión se refiere en específico, se conoce que es debido al apoyo que los tres legisladores han dado al candidato a Alcalde de Quito, Andrés Páez, por la coalición entre Sociedad Patriótica (PSP), Democracia SI y Acción Democrática Ecuatoriana. Esto a pesar de que la Izquierda Democrática tiene candidato propio: Pablo Ponce.

El presidente del Partido, Enrique Chávez; y el presidente de la ID en Pichincha y también legislador, Alejandro Jaramillo, han sido autorizados a iniciar los procesos disciplinarios y legales con los tres asambleístas por tomarse atribuciones ilegítimas.

La bancada de la Izquierda Democrática ha  sufrido en este periodo parlamentario continuas fricciones internas que han llevado a acusaciones mutuas de no representar los verdaderos ideales de la socialdemocracia. Un situación que también se vivió al interior del partido «naranja» que en las últimas elecciones obtuvo una considerable representación en la Asamblea.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos declaró el estado de alerta amarilla por la actividad volcánica para la zona de influencia del volcán Cotopaxi, con la finalidad de mantener y fortalecer el monitoreo y las actividades de capacitación, prevención, preparación y respuesta necesarias.

El nivel de alerta amarilla implica que se actualicen todos los planes de contingencia a nivel cantonal, provincial y nacional en caso de que la actividad incremente. Según el informe del Instituto Geofísico, el tremor (temblor) identificado el 21 de octubre es el mayor reporte de actividad después del proceso eruptivo del 2015.

Durante estos últimos días, el volcán permaneció entre nublado y parcialmente despejado; sin embargo, la mañana del 21 de octubre de 2022, se observó una emisión de gas y vapor de agua a 500 metros sobre el nivel del cráter en dirección occidente.

Debido a las constantes precipitaciones que han ocurrido durante esta semana en el Callejón Interandino, se registró la infiltración de agua dentro del sistema hidrotermal, lo que produjo la pluma de vapor sea observada.

La noche del 21 de octubre de 2022, se reportó una leve caída de ceniza en el refugio José Rivas. Más adelante, informó que se observó una columna de ceniza con una altura de 2.353 metros sobre el nivel del cráter del volcán Cotopaxi, con dirección noreste. Lo montañistas evacuaron dicho refugio e indicaron que existió emanación de azufre y caída de ceniza. Al momento, el nivel de actividad sísmica del volcán Cotopaxi descendió y se mantiene en niveles bajos.

La asambleísta Cecilia Herrera (UNES), presidenta de la Comisión ocasional que investiga el femicidio de María Belén Bernal, envió un oficio al Ministro del Interior, Juan Zapata, para que entregue información de un ciudadano que se hizo pasar por reportero de un medio de comunicación digital durante la visita que la Comisión realizó a la Escuela Superior de Policía, lugar del femicidio.
Según el oficio, el día en el que se desarrolló la visita in situ, las comisionadas se percataron de la presencia de un individuo quien, aparentemente, realizaba labores periodísticas. Sin embargo, llamó la atención de las comisionadas que el referido ciudadano no pertenecía a ninguno de los medios de comunicación que fueron autorizados por la Escuela Superior para su ingreso durante la visita. Además, se percataron de que el ciudadano realizaba fotos y videos del personal que acompañaba en la visita, po lo que se le requirió que presente su identificación para conocer a que medio de comunicación pertenecía.
El ciudadano aseguró que su nombre era Wilmer y que pertenecía al medio de comunicación Wilar. Al solicitarle nuevamente que presente su documento de identidad el ciudadano presentó una cedula con los nombres de Lucas Mateo Franco Robles. El referido ciudadano no contaba con una credencial que le acredite pertenecer al medio de comunicación Wilar y tampoco presentó este documento o su cédula de identidad en la garita de control de Escuela Superior, situación que causó aún más asombro pues se supondría que a su ingreso a la Escuela se debía verificar que su nombre conste en el listado para la visita. En el listado de autorizaciones para el ingreso, no consta el nombre de Lucas Mateo Franco Robles. Además, Wilar informó que no había asignado personal de su medio para cubrir la actividad referida en la Escuela Superior.
La presidenta de la Comisión solicita el Ministro lo siguiente:
1. La identidad de la persona que se encontraba dentro de las instalaciones de la Escuela Superior
quien, al presentar su documento de identidad, se identificó como Lucas Mateo Franco Robles.
Señalar si dicha identidad es la manifestada.
2. Detallar las razones por las que el referido ciudadano ingresó a la Escuela Superior de Policía.
3. Las razones por las que dicho ciudadano participó de una actividad oficial sin que haya sido
requerido dentro del listado remitido por la Asamblea Nacional.
4. Cuál era el rol que desempeñaba, así como el objetivo o la finalidad de su presencia en dicha visita.
5. La autorización formal de la Escuela Superior de Policía para el ingreso del señor Lucas Mateo Franco Robles.

La tarde de este jueves 6 de octubre, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), informó que las mesas de diálogo que mantienen con el Gobierno se cerrarán el 13 de octubre y que un día después el proceso concluirá de manera formal.

Así se decidió en la mesa de coordinación, dónde además se resolvió crear una comisión para que defina  mecanismos de seguimiento y metodología para este evento.

La ceremonia de clausura se realizará en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), donde en un evento público se dará a conocer los acuerdos inmediatos, las políticas públicas, los puntos de consenso, y los puntos que definitivamente no han existido acuerdos.

«En la mesa técnica de focalización de los combustibles, ha existido muchas controversias, (…)  llegando casi  hasta las agresiones», resaltó el dirigente de la CONAIE, por lo que se habría decidido cerrar los diálogos en esta mesa por falta de acuerdos.  De este modo la mesa general se retoma y se reunirá para elaborar el acta de cierre de esa mesa prevista para el próximo 13 de octubre, fecha que tiene el Gobierno para alcanzar los acuerdos propuestos, recalcando que el Gobierno no habría dado paso al pedido «de quien más tiene, pague el combustible sin subsidio», dejando en claro que existe una defensa del Gobierno a estos sectores que estarían presionando a no dar paso a este pedido, aseguró Iza.

Acotó que posterior al cierre de estas mesas,  en una asamblea ampliada de la CONAIE, llevarán a sus bases estos acuerdos, los analizarán y serán las bases quienes decidan el camino a seguir.

Henry Llanes, representante técnico de la FENOCIN ante la mesa de focalización de subsidios, manifestó que debido a la falta de acuerdos el 5 de octubre se decidió suspender la esa mesa técnica ya que los planteamientos del movimiento indígena no habrían sido aceptados por el Gobierno. Esto debido a que la política y legislación petrolera son manejados de forma indebida y «la fijación del precio de combustibles no se lo hace de acuerdo a los costos de producción, sino es fijado por el presidente de la República, en función de las finanzas públicas. (…) Por lo que es necesario la reforma urgente de la Ley de hidrocarburos», aseguró.

Luego del paro de junio, el plazo establecido para desarrollar el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas fue de 90 días. Hasta el momento han cerrado las mesas de Banca Pública y Privada; Energía y Recursos Naturales; Fomento Productivo; Control de Precios; Seguridad y Justicia; y, Derechos Colectivos.

Este viernes, las mesas de Salud y de Educación Superior revisarán las propuestas planteadas. En simultáneo, se instalará la Mesa de Trabajo.

Por su parte el Gobierno dijo que estos casi tres meses de diálogo han sido un éxito y un hecho totalmente inédito.

Los presidentes de la Asamblea, Virgilio Saquicela; de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; el Defensor Público, Ángel Torres Machuca, presidieron la reunión con jefes de bancadas y delgados de otras instituciones como la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Gobierno, entre otros, en la instalación de la segunda mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativa enfocado en la Seguridad.

El propósito es lograr consensos que permitan reformar leyes para contrarrestar la creciente inseguridad que vive el país. “Todos, por acción u omisión, tenemos algo que ver con la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos, de allí la importancia de debatir con la Corte Nacional de Justicia; Defensoría Pública; Fiscalía; Policía; Defensoría del Pueblo; y, el Sistema de Rehabilitación Social, todas las alternativas para sintonizar las leyes con lo que quiere la gente”, dijo Virgilio Saquicela.

Para el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, es necesario trabajar en conjunto y de manera coordinada ya que la Asamblea es la que elabora las Leyes y los jueces son los que las aplican. “Hemos avanzado en un trabajo interno desde la Función Judicial para establecer cuáles podrían ser los temas materia de reforma”, añadió. El titular de la Corte aseguró que con jueces del país están preparando un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal.

Ángel Torres, defensor Público agregó que han identificado 10 nudos críticos y 10 soluciones relacionadas con el Sistema de Rehabilitación Social, uno de ellos es la desconcentración de la Unidad de Beneficios Penitenciarios. A pesar de no ser materia de su competencia, anticipó que uno de los temas importantes es la dotación de recursos para que la fuerza pública pueda cumplir con su rol estratégico.

La próxima semana se cumplirá la primera reunión oficial de la mesa de Seguridad entre los delegados de las diversas instituciones que revisaran las normativas existentes y las posibles modificaciones.

Quito, Pichincha.- El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, formalizó la entrega del anteproyecto de Ley de Inversiones al secretario jurídico de la presidencia de la República, Fabián Pozo.

El documento contiene acuerdos mínimos en el contenido del articulado con la finalidad que estos aportes sean incorporados dentro del proyecto que presente el presidente Guillermo Lasso al Parlamento para su análisis y aprobación.

«Se ha evidenciado que el diálogo sí es posible, cuando existe voluntad política y sobre todo interés en trabajar por los ecuatorianos», aseguró el titular del Parlamento, al tiempo que destacó que fue un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de mesas técnicas. Agregó que el anteproyecto abarca temas importantes que beneficiará a los ecuatorianos. Indicó que existen ciertos temas que el ejecutivo deberá culminar; sin embargo, aseguró que este proyecto contiene consensos en beneficio del país.

Ahora | El presidente de la Asamblea Nacional, @VSaquicelaE, expresa que el diálogo es posible, muestra de ello es la estructuración del proyecto de #LeyDeInversiones, donde se han llegado a varios entendimientos y acuerdos.#DelDiálogoALosHechos pic.twitter.com/NQwqkWOPJU

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 5, 2022

El anteproyecto establece como eje la atracción de inversiones, para lo cual se plantea la transformación digital de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad, así como una nueva regulación para el incentivo de Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico; además, reformas a varios cuerpos legales que permitan la generación de empleo y, como tal, un eje transversal en los diversos sectores de la economía.

Saquicela informó que para este jueves 6 de octubre se ha convocado a una nueva mesa de diálogo, dónde se ha citado al ministro de Gobierno; del Interior; autoridades de la Policía, Corte Constitucional; Corte Nacional de Justicia y a las autoridades de diferentes bancadas legislativas para tratar el tema de seguridad.

Esto ante el incremento de la inseguridad que existe en el país y debido a que hace varios meses atrás el Gobierno presentó un proyecto de reforma a distintas leyes de Seguridad, el cuál ha sido restructurado luego del primer debate y que se continúa trabajando en esta nueva legislación, en dónde espera trabajar en conjunto para que se realicen reformas que facilite el trabajo a las diferentes instituciones de seguridad.

El plazo para resolver esta temática será de 60 días y luego la comisión encargada presentaría su informe en 30 días, para el segundo debate, esperando que hasta diciembre se pueda entregar esta normativa, ya que el tema de seguridad es urgente para el país.

Por su parte Pozo indicó que luego de siete semanas de trabajo, se ha consensuado un proyecto importante que tiene que ver con la generación de empleo; la digitalización y transformación tecnológica en beneficio de los ecuatorianos. Manifestó que las discrepancias son naturales dentro de una democracia, pero así mismo es importante dialogar y alcanzar acuerdos. Además que existiría temas que solventar, como es la seguridad y empleo, por ello, «aplaudo el diálogo entre las dos funciones de Estado para trabajar conjuntamente, dejando de lado discrepancias», subrayó.

Seis internos y cinco policías heridos es el saldo preliminar que dejó este miércoles un enfrentamiento al interior de la Penitenciaría del Litoral, según el reporte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Según la información, en ese centro carcelario de escucharon esta tarde una serie de detonaciones y aparte de los heridos se constató daños en la infraestructura de la prisión. Familiares de los presos protagonizaron incidentes en los exteriores de la Penitenciaría reclamando la situación de incertidumbre y poca información que se generó sobre ese incidente.

Este nuevo hecho de violencia se suma a los protagonizados el lunes y martes en la cárcel de Cotopaxi, que dejó como saldo 16 presos asesinados y 43 heridos. Uno de los internos fallecidos fue identificado como Leandro Norero, considerado uno de los principales narcotraficantes del país y que estaba procesado por lavado de activos, tráfico de drogas y de armas.

En la tarde se conoció que el general Pablo Ramírez Pablo Ramírez dejó la dirección  del SNAIE y asumió la dirección nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional, desde el 29 de agosto.

Con 103 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que determina que el Presidente Guillermo Lasso con su plan de Gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo.

La resolución se tomó tras el debate del informe presentado por la Comisión de Régimen Económico, que preside la asambleísta Mireya Pazmiño, (ala rebelde de Pachakutik), que evaluó el informe presentado por Lasso el pasado 24 de mayo al cumplir un año de gestión.

#PlenoLegislativo | Con 103 votos afirmativos se aprueba la moción de @mireyapazminoa para determinar el incumplimiento del Plan de Gobierno de @LassoGuillermo, por ende la inobservancia a sus obligaciones sobre la disposición de informar sobre sus labores. #InformeAnual pic.twitter.com/aeTnEW4NN6

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 4, 2022

En el debate participaron legisladores de las bancadas de Pachakutik, UNES, Izquierda Democrática (ID), BAN y del Partido Social Cristiano (PSC).

«¿Cuánto vale la palabra del presidente Lasso? Prometió resolver las crisis en 100 minutos y no lo ha hecho, (…) los ecuatorianos lo recordaremos como uno los peores presidentes de la historia», aseguró Pazmiño, quién presentó la moción para revisar la gestión del actual régimen. Además, pidió que se llame a comparecer al ministro de Economía, Pablo Arosemena, por incumplimiento de funciones ya que la ejecución presupuestaria semestral no fue entregada a tiempo en la Asamblea, incumpliendo con la normativa vigente.

Por su parte Guido Chiriboga, del bloque oficialista, afirmó que el Legislativo debatió un informe de una gestión cumplida hasta mayo 2022, sin tomar en cuenta las cifras que irían en aumento en totalidad del periodo. » Existe un problema de temporalidad» aseguró.

La aprobación de la resolución constitucionalmente no sería causal para un juicio político y destitución del cargo del Primer Mandatario; sin embargo, el artículo 199 del Código de la Democracia, establece el procedimiento de revocatoria de mandato a las autoridades que incumplieran con su plan de gobierno. Para la aprobación de la revocatoria del mandato, se requiere la mayoría absoluta de los sufragantes.

El artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), determina que el Presidente de la República deberá presentar su informe anual de labores y de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en sesión solemne, ante el Pleno de la Asamblea Nacional.