En la ciudad colombiana de Ipiales se reunieron este miércoles los altos mandos militares de Ecuador y Colombia para fortalecer la vigilancia y control de la frontera binacional. Por Ecuador estuvo el general Nelson Proaño, jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y por Colombia el general Helder Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares de ese país y el general Mauricio Ospina, comandante del Ejército colombiano. Los altos mandos analizaron la implementación del Plan de Protección de Fronteras.

En la reunión se abordaron mecanismos para frenar las acciones del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común mediante operaciones militares coordinadas a fin de obtener resultados positivos de acuerdo a la planificación militar.

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, dio a conocer las relaciones históricas y vicisitudes que como países vecinos han enfrentado y destacó el Plan de Seguridad de Fronteras así como el intercambio de información e inteligencia que permita generar acciones positivas y propositivas en la seguridad de nuestra frontera común.

Por su parte Proaño insistió en los beneficios del trabajo coordinado para enfrentar las amenazas contemporáneas bajo la premisa de la responsabilidad que tienen como Fuerzas Armadas en los respectivos países para ofrecer seguridad a los habitantes. También se puso de manifiesto las distintas dinámicas que emplea el narcotráfico y sus delitos conexos para
causar impacto en la seguridad de la región y es por ello que propuso realizar las actividades necesarias que se traduzcan en planes y órdenes que a su vez, con la aprobación de los ministerios de Defensa de ambos países, se oriente todos los esfuerzos para minimizar esas
amenazas.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, impuso dos vetos totales al proyecto de Ley que derogaba la Ley Tributaria que está en vigencia por el ministerio de la Ley desde noviembre de 2021. La Ley se publicó en el Registro Oficial en esa fecha gracias al bloque correísta que se abstuvo en la votación para archivar el proyecto, con lo que la Asamblea no alcanzó los votos necesarios para pronunciarse sobre la propuesta de normativa.

Con la Ley ya en vigencia y en un nuevo momento momento político, la Legislatura en noviembre de 2022 aprobó con 100 votos a favor el proyecto de Ley que derogaba  Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de COVID-19, conocida como Ley Tributaria.

Sin embargo, Lasso objetó  totalmente por inconstitucional la derogatoria pero además también la vetó totalmente por inconveniencia. El Gobierno, a través de un comunicado, explicó que el veto total por inconstitucionalidad se debe a que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de Ley que creen, modifiquen o supriman impuestos.

Este tipo de veto deberá recibir el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tendrá 30 días para resolver si es constitucional; si el fallo es a favor la derogatoria se archiva definitivamente. Y en caso de que declare constitucional la derogatoria, entra en efecto el veto total por inconveniencia por lo que la Asamblea podrá tratar en un año el proyecto derogatorio y deberá reunir 92 votos para insistir en la medida.

El constitucionalista Gonzalo Muñoz considera que el Presidente de la República violenta la Constitución al vetarlo totalmente, de manera subsidiaria, también por inconveniencia ya que esto no está contemplado en la normativa por lo que no se puede hacer.

En el 2022 su plataforma digital Thelos ruta informativa, estrenó el espacio «Periodismo sin fronteras», un segmento dedicado a reportajes audiovisuales. Se trata de un recorrido que busca el acercamiento a realidades no tan difundidas en el país.

En el primer reportaje se abordó «La educación unidocente sobrevive en la zona de frontera». Fue una visita a la provincia de Sucumbíos, específicamente al cantón Lago Agrio, zona de la Amazonía ecuatoriana limítrofe con Colombia.

Thelos reflejó la dura realidad que vive la comunidad educativa en ese sector, la falta de acceso a tecnología e internet, el esfuerzo de los profesores unidocentes por mantenerse dando clases en condiciones precarias pero siempre con esa mística del maestro, caminos vecinales de tercer orden.

Les invitamos a recordar cómo se vive la educación en frontera a través del siguiente enlace:
https://fb.watch/hFxctpCdaj/

Con jornadas en la mañana y en la tarde el Alcalde de Quito, Santiago Guarderas, cumplió eventos protocolarios de apertura del Metro de Quito, la obra de transporte más grande del pais. En esta primera fase que se cumplirá hasta el 4 de enero de 2023 no habrá circulación de los trenes ya que solo está previsto que se abran las estaciones para que la ciudadanía se familiarice con ellas. En una segunda fase ya circularán los vagones pero aún sin que la ciudadanía cancela la tarifa ya que será una etapa para que los pasajeros se familiaricen con la ruta y la circulación. Desde marzo se espera ya la operatividad total y comercial del Metro.

En la mañana se cumplió con la bendición de los vagones y un primer recorrido simbólico entre Quitumbe y San Francisco. En la tarde en cambio el recorrido fue entre la parada de El Labrador y San Francisco.

A manera de inauguración de este sistema subterráneo de transporte, el alcalde Quito reconoció la gestión realizada por sus antecesores Augusto Barrera y Mauricio Rodas ya que dijo que el sistema de transporte tuvo un buen avance en esas alcaldías. Mientras que, sin nombrarlo, culpó a la administración de Jorge Yuna de los retrasos que se dieron en el avance del proyecto. Guarderas reemplazó a Yunda en la Alcaldía de Quito quien fue removido del cargo sin llegar a completar su periodo y hoy aspira a la reelección.

Este sistema de movilidad cuenta con 15 estaciones: El Labrador, Jipijapa, Iñaquito, La Carolina, La Carolina, La Pradera, Universidad Central, El Ejido, La Alameda, San Francisco, La Magdalena, El Recreo, Cardenal de la Torre, Solanda, Morán Valverde y Quitumbe. El Metro de Quito cuenta con 18 trenes, posee seis coches en cada tren, tiene 109 metros de longitud, el aforo será para 1230 personas, y velocidad comercial de viaje dentro del túnel es de 38 km/h.

En el auditorio de la Dirección Electoral de Pichincha se cumplió el sorteo de los grupos para el debate electoral que se cumplirá entre los candidatos para la Alcaldía de Quito y entre los aspirantes a la Prefectura de Pichincha, que son jurisdicciones con más de 100 mil electores donde los debates son obligatorios de acuerdo al Código de la Democracia.

Los debates entre los candidatos  a la Prefectura se cumplirán el 8 de enero. El primero bloque debatirá entre las 19:00 y las 20:30 e intervendrán los siguientes candidatos:

Las dos sesiones del Pleno de la Asamblea convocadas para este domingo no pudieron instalarse por falta de quórum, lo que redunda en la bajísima credibilidad, confianza y aprobación de la gestión que la ciudadanía tiene sobre esta Función del Estado.

Con pretextos de por medio los legisladores se dedicaron a todo menos a cumplir sus obligaciones con el país. La primera sesión estuvo convocada de manera presencial para las 13:50, lo que coincidió con la expectativa por los festejos que se armaron por el triunfo de Argentina como campeón mundial de fútbol, logrado en Qatar. A la sesión apenas asistieron 47 legisladores de los 70 mínimos que se requieren. Las curules de los correístas y del Partido Social Cristiano estuvieron vacías.

Estas bancadas mas algunos disidentes y rebeldes de la Izquierda Democrática y de Pachakutik remitieron un comunicado en referencia a que no darían quórum para no legitimar la decisión del juez de La Concordia, Ángel Lindao, que ordenó a la Asamblea posesionar al superintendente de Bancos, Roberto Romero, designado por el Consejo de Participación Ciudadana. «Lamentamos que se pretenda utilizar un proyecto de seguridad que debía debatirse hoy para obligarnos a asumir la arbitrariedad cometida», consta en el comunicado.

El problema es que esa sesión no estaba relacionada con la posesión del Superintendente como puso de pretexto esta nueva mayoría que no asistió. Pero sí se debía tratar en segundo debate un proyecto de reformas a varios cuerpos legales para aportar a la seguridad del país, lo que quedó pendiente en medio de esta crisis de inseguridad.  Como no había muchos legisladores, la asambleísta Guadalupe Llori (PK) se dedicó a repartir fundas de caramelos a sus colegas aprovechando que estamos a una semana de Navidad.

El pretexto les sirvió toda la tarde y noche a los asambleístas faltones y tampoco dieron quórum a la sesión convocada para las 20:30, esta sí virtual, en la que debía posesionarse a Romero. Solo 56 legisladores asistieron vía telemática así como el futuro superintendente que tendrá que esperar a ejercer el cargos. Al ser la posesión de Romero una orden judicial que debía cumplirse hasta hoy, falta conocer cuál es la decisión que tome el juez Lindao frente a este incumplimiento legislativo. Para mañana, también por sentencia, la Asamblea debe colocar la placa con el texto: «Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional». Todo este en el contexto de la acción de protección que el juez otorgó a los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana a los que la Asamblea los destituyó pero el juez restituyó en sus cargo.

El juez recuerda en su escrito que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional posibilita el empleo de todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. «Incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional», consta en la notificación. Una historia de puga de poderes que está lejos de concluir.

Este domingo a las 20:30 el Pleno de la Asamblea esta convocado a sesionar de manera virtual con un único punto del orden del día: posesionar al Superintendente de Bancos, Roberto Romero, designado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Es parte de la sentencia del juez de La Concordia, Ángel Lindao, quien otorgó la acción de protección a los cuatro consejeros de mayoría del CPC: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo y los restituyó en los cargos a pesar de que el Pleno de la Asamblea los había censurado y destituido.

El Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), había cumplido parcialmente la sentencia al ordenar la publicación en el porta institucional de las disculpas públicas a los cuatro consejeros por haber vulnerado sus derechos, pero se había resistido a cumplir con la posesión del Superintendente y con la colocación de un placa en la entrada del edificio con la frase: «Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional».

Sin embargo, el juez Lindao emitió ayer un una nueva providencia como parte de este proceso y notificó a la Asamblea para que convoque al Pleno dentro de un plazo de 48 horas, y se proceda a la posesión de las autoridades que han sido designadas por el Pleno CPC, en este caso al Superintendente de Bancos ya que se ha declarado nulo la anterior designación de Raúl González para ese cargo.

En la misma providencia se solicita a Saquicela que reconozca como legítimas las actuaciones de los cuatro consejeros de mayoría en el ejercicio de su cargo. Además, da dos días hábiles para que proceda a colocar la placa conmemorativa en la entrada principal del edifico y le ordena se abstenga de dictar actos ulteriores que afecten la ejecución integral de la sentencia.

El juez recuerda en su escrito que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional posibilita el empleo de todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. «Incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional», consta en la notificación.

Con 118 votos a favor y luego de un corto debate, el Pleno de la Asamblea aprobó que sea la Comisión Ocasional de Enmiendas la que trate el proyecto de reforma parcial a la Constitución que envió el Presidente de la República, Guillermo Lasso, para permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la labor de la Policía Nacional en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Son siete los legisladores que integran dicha Comisión:

Isabel Enrríquez (PK), presidenta

Esteban Torres (PSC)

Fernando Cedeño (correísta)

Marlon Cadena (suspendido de la bancada de la ID)

Ricardo Vanegas (PK)

Blanca Sacancela (BAN)

Briana Villao (BAN)

Durante el debate el correísmo recordó que la propuesta para modificar el artículo 158 de la Constitución y lograr el apoyo complementario de los militares fue presentada en el 2014 por la bancada oficialista de entonces, Alianza PAIS, como parte de un paquete de enmiendas que fue aprobada pero luego declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

Los legisladores de diversas bancadas manifestaron que  es necesario agilizar el trámite de este proyecto de reforma y recordaron que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y del Estado, con la dotación de los insumos y materiales necesarios para el trabajo de la Policía Nacional y puede disponer el apoyo de Fuerzas Armadas, sin necesidad de una reforma o enmienda, solo con decisión política.

Fernando Villavicencio (independiente) manifestó que las Fuerzas Armadas tienen el respaldo para que apoyen el combate al narcotráfico y al crimen organizado. El legislador aseguró que el país no solo vive el fenómeno de la narcopolítica sino también de la narco justicia.

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dejo lista este jueves 15 de diciembre la terna al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) con los nombres de los candidatos a integrar y presidir, por mandato de Ley, el Consejo de la Judicatura.

El CPC deberá revisar que los postulantes cumplan los requisitos, cumplir con la fase de impugnación y designar quién cubrirá la vacante en la Judicatura. El organismo ya rechazó una terna que presentó el presidente de la CNJ, Iván Saquicela. En sesión del Pleno del máximo organismo de Justicia se ratificó que es potestad de Saquicela remitir la terna, pero se llegó a consenso para integrar este nuevo listado.

Los integrantes de esta nueva terna son:

1.- Wilman Terán Castillo, juez encargado de las salas especializadas de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores y de los Civil y Mercantil de la CNJ.

2.- Mercedes Caicedo Aldaz, jueza encargada de la sala especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción, y Crimen Organizado.

3.- Antonio Rivera Velasco, juez de la sala especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción, y Crimen Organizado.

La terna será remitida este viernes 16 de diciembre al pleno del CPC para que cumpla con el procedimiento y designe al vocal de la Judicatura que a su vez lo presidirá.

El Teniente de Policía Sebastián C. V. fue vinculado a la instrucción fiscal en el caso relacionado con el asesinato de María Belén Bernal, ocurrido el 11 de septiembre de este año al interior de la Escuela Superior de Policía. Por este femicidio está investigado el esposo de la víctima, Teniente Germán Cáceres, esposo de Bernal, presunto autor, al momento prófugo de la justicia; y la cadete Joselyn Sánchez, la única detenida en esta investigación.

En contra de Sebastián C.V. el juez de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar dispuso como medidas cautelares presentaciones ante Fiscalía todos los días laborales, colocación de dispositivo de vigilancia electrónico y prohibición de salida del país. Pero rechazó dictar prisión preventiva en su contra.

Durante la audiencia, la fiscal del caso señaló que el no impedir un acontecimiento delictivo, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo. Agregó que en este caso  el teniente procesado habría incurrido en omisión dolosa, descrita como “el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico (delito), cuando se encuentra en posición de garante”.

El día de los hechos el oficial habría escuchado desde su habitación «ruidos extraños» que surgían del dormitorio de Cáceres. Al acercarse y abrir la puerta, vio un cuerpo acostado que no reaccionó y también vio a Cáceres, quien le habría dicho que se vaya y no se meta en problemas, según la Fiscalía.