Con 75 votos a favor, 41 votos negativos y 14 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó este jueves 17 de febrero, el proyecto de Ley para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de violación; en cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional.

La normativa de acuerdo a la sentencia de la Corte, fue creado por la Defensoría del Pueblo y analizada por la comisión de Justicia y Estructura del Estado, dónde al haber recibido aportes técnicos, científicos y especialistas en defensa de derechos de los niños, niñas y adolescentes, elaboraron un informe de mayoría que establece 18 semanas para la interrupción del embarazo a niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad y 12 semanas para mujeres mayores de edad.

#URGENTE: @AsambleaEcuador con 75 votos aprobó la ley de #InterrupcionEmbarazoEnCasoDeViolacion. Se establece q hasta las 12 semanas de gestación a mujeres mayores de edad y hasta 18 semanas de gestación para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. @CANALAJITV pic.twitter.com/qIeLPZeIAR

— CHRISTIAN LGC. (@NOTICIAS1982) February 17, 2022

Está iniciativa tuvo como ponente a la legisladora Johana Moreira (ID), quien hizo un llamado para que se apoye la normativa en beneficio de las mujeres que han sufrido violación; pedido que en la primera votación no tuvo el respaldo necesario para que sea aprobado; ya que con 66 votos afirmativos, 40 negativos y 27 abstenciones, no se aprobó el informe de mayoría.

Moreira solicitó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), se suspenda la sesión hasta poder realizar ajustes al texto, y se otorgó una hora para estos cambios.

En el segundo intento y una vez que el documento final fue reformulado, insistió en la aprobación de «una ley justa y reparadora», (…) «es una Ley que garantiza el respeto a los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes», afirmó Moreira, quién obtuvo los votos necesarios para que este proyecto se apruebe.

El texto será remitido a la presidencia de la República, quién tiene un plazo de 30 días para vetarlo parcial o totalmente o disponer su publicación en el Registro Oficial.

El informe no vinculante de amnistías e indultos que fue preparado por la comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, concluyó el pasado 11 de febrero, y fue entregado a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, quien tiene un plazo de 10 días para convocar a la sesión del pleno y analizar el informe, el cual necesita 92 votos para ser aprobado.

«El 80% de los casos tiene que ver con defensores de los derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos colectivos y el 19% con las protestas de octubre del 2019», aseveró este lunes 14 de febrero, Fernando Cabascango presidente de la mesa legislativa.

Agregó que «se ha presentado a la presidenta de la Asamblea el informe que consta de 273 casos de amnistías e indultos; de estos cuatro casos se pedirá prorroga hasta que exista una ampliación de la información para las amnistías«.

Sobre el caso de la destrucción de la Contraloría en el contexto de las protestas de octubre de 2019, indicó que se debe realizar las investigaciones pertinentes y este proceso debe realizar las autoridades competentes, por lo que al no existir juzgamiento se ha ratificado la amnistía de los criminalizados en el levantamiento indígena.

Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, indicó que las organizaciones sociales y dirigentes estarían siendo perseguidos constantemente por los Gobierno de turno, por defender los territorios de actividades mineras y petroleras, por lo que esperan que el informe sea aprobado por la Asamblea Nacional, dejando un precedente en favor de los luchadores sociales.

El asambleísta por Pachakutik, Mario Ruíz ponente del informe, resaltó que en el país existe una crisis, por las políticas del actual Gobierno, por lo que rechazan que se utilice al aparataje estatal para perseguir a los luchadores y defensores de la naturaleza; por lo que dentro de la comisión de Garantías Constitucionales se habría aprobado por unanimidad el informe referente a las amnistías.

Indicó que espera mantener diálogos con las bancadas legislativas UNES, ID, PSC y así se permita la aprobación de dicho informe.

Quito, Pichincha.– La Unión Nacional de Educadores (UNE), vuelve a las calles para exigir que se ratifique la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y se viabilice la equiparación salarial  de los docentes.

Según la normativa, el educador pasaría a ganar como salario mensual de USD 817 a 1.000.

Consejo Nacional de UNE entre sus resoluciones definió movilizarse el 11 de febrero para exigir cumplimiento de los Items que la Corte Constitucional exigió subsanar, como es la reparación salarial. pic.twitter.com/UnXC4zMhFI

— UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) February 6, 2022

El viernes 11 de febrero se cumple el plazo que la Corte Constitucional dio al Ejecutivo y Legislativo para subsanar dos artículos que constan dentro de la LOEI, sobre la equiparación salarial y la jubilación especial a los 30 años sin límite de edad para los maestros.

Dentro de la sentencia emitida por la Corte Constitucional, prioriza que el 11 de febrero de 2022, el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá presentar ante la comisión de Educación de la Asamblea Nacional los estudios de factibilidad económica; y el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) los estudios actuariales, para que la ley sea ratificada.

«La movilización es de carácter nacional (…), en las provincias se realizará una movilización hacia las gobernaciones y en Quito se prevé una una marcha hacia la Asamblea Nacional, a fin de exigir se cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional», aseguró Isabel Vargas presidenta de la UNE.

Quito, Pichincha.- Gremios del transporte terrestre de Pichincha se movilizaron en rechazo a la Ordenanza aprobada por el Consejo Provincial, el 7 de octubre de 2021, que determina un cobro adicional a todos los vehículos que se matriculan en la provincia.

La mañana de este miércoles 27 de enero, Carlos Brunis presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, junto a varios dirigentes, se concentraron en el parque El Arbolito, para protagonizar una movilización a la Prefectura de Pichincha y realizar la entrega de un documento que solicita la derogatoria de la ordenanza del Consejo Provincial, la derogatoria de la ordenanza provincial 19_CPP-2019-2023, por falta de consensos con los transportistas.

🔴#ATENCIÓN | Transportistas de #Pichincha se concentran en el parque El Arbolito y realizar una movilización a la Prefectura y entregar una solicitud para que se derogue la ordenanza aprobada, que crea una contribución especial para mejoras viales. @CANALAJITV , @1710ariana pic.twitter.com/qKC1Uu2iXH

— CHRISTIAN LGC. (@NOTICIAS1982) January 28, 2022

«Rechazamos la ordenanza aprobada por la Prefectura de Pichincha, que busca aplicar una contribución especial para mejoras viales y realizar un cobro adicional en la matriculación de $18,00 dólares a los vehículos particulares; $ 20,50 dólares para el transporte público y comercial; así como $ 9,30 a las motos«, (…) «No estamos en contra de que se arreglen las vías. Pero aquí no existió el consenso con los diversos sectores» aseguró Brunis

La Ordenanza para la Creación del Fondo Especial para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la Provincia de Pichincha con Aporte Ciudadano, fue aprobado el 7 de octubre de 2021, para el mantenimiento de las vías de las 53 parroquias rurales que tiene la provincia.

Los dirigentes de los gremios del transporte informaron que se mantendrán en reuniones permanentes, para exigir la derogatoria de la Ordenanza, y esperan que la solicitud entregada a las autoridades del Gobierno Provincial sean acogidas. Además esperan la reunión que prevén mantener la próxima semana con la perfecta de Pichincha, Paola Pabón.

La mañana de este martes 25 de enero, diferentes colectivos de mujeres se concentraron en los exteriores de la Asamblea para exigir que priorice el análisis en segundo y definitivo debate de la normativa que regulará la despenalización del aborto en casos de violación, ya vigente en el país.

Se esperaba el debate y aprobación del informe preparado por la Comisión de Justicia. Sin embargo, una vez que el Pleno recibió la comparecencia de expertos y representantes de la sociedad civil y finalizada la lectura del informe no vinculante la sesión se suspendió.

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, manifestó la necesidad de que el proceso se desarrolle “con los más altos estándares de liberación democrática”, por lo que destacó que informó que los jefes de bancadas y las autoridades de la Asamblea consideraron que era necesario contar con tiempo adicional para el análisis y elaboración de propuestas que mejoren el texto para segundo debate. 

“Rechazamos que el pleno de la Asamblea Nacional solo realice la lectura del informe, postergando el debate legislativo y votación del proyecto de Ley. (…) Esperamos que el debate se desarrolle en los próximos días, y que sea sobre el derecho de las mujeres, en defensa de las niñas, adolescentes y sobrevivientes de la violencia”, enfatizó Cristina Cachaguay, dirigente del colectivo Mujeres por el Cambio.

[#AHORA] Colectivos de mujeres se concentran en los exteriores de la @AsambleaEcuador, por la aprobación del proyecto de ley sobre la #InterrupciónEmbarazoEnCasoDeViolaciónun, y exigen una #LeyJustaYReparadora. @CANALAJITV, @1710ariana pic.twitter.com/kPo8ZsgAEE

— CHRISTIAN LGC. (@NOTICIAS1982) January 25, 2022

Aseguró que desde las distintas organizaciones de Derechos Humanos, feministas y colectivo de mujeres prevén mantenerse vigilantes ante las comparecencias dentro del Legislativo y la decisión que se adopte en torno a este proyecto de ley; por lo que prevén mantenerse vigilantes, con acciones en Quito y en otras ciudades donde se desarrollarán talleres foros y plantones en exigencia a una “ley justa y reparadora”.

Nayra Chalán vicepresidenta de la ECUARUNARI, aseguró el movimiento indígena y la CONAIE, ha ratificado el apoyo al proyecto de ley, por lo que han realizado un llamado a la bancada Legislativa Pachakutik, para que sume sus votos.

Dentro del pleno legislativo Karina Etchepare, especialista en Derechos Humanos, indicó que “promover el aborto es enseñarle a la mujer a ser débil”. Sostiene que lo que debe buscarse es que el violador pague por sus delitos.

Antecedente

Una vez que la Corte Constitucional emitió el fallo a favor de la despenalización del aborto por violación, la Defensoría del Pueblo presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, que busca brindar una normativa legal a la despenalización del aborto que está vigente desde el 28 de abril de 2021.

Este proyecto fue trabajado por colectivos feministas, organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones de la Sociedad Civil. (CG)

Organizaciones sociales, laborales, estudiantiles, campesinas y gremios de maestros, se sumaron a la movilización prevista por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), en rechazo a los anuncios realizados por el Gobierno, sobre un paquete de reformas laborales y políticas económicas.

La tarde de este miércoles 15 de septiembre, los exteriores de la Caja del Seguro Social se convirtió nuevamente en el punto de encuentro de varios dirigentes y gremios, cómo Leonidas Iza presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), asambleístas de Pachakutik y dirigentes de sindicatos de trabajadores como gremios de estudiantes universitarios y docentes, quienes protagonizaron una movilización por la Avenida 10 de agosto, Centro Histórico, hasta concluir en la ya acostumbrada Plaza Santo Domingo, centro de Quito, dónde rechazaron el continuo aumento del precio de los combustibles, reformas laborales, privatizaciones, entre otros.

«No sé puede continuar sosteniendo una política antipopular…() No podemos seguir cargando la crisis en los más pobres», aseguró Leonidas Iza, presidente de la Conaie. Además aseguró que en los próximos días se realizaría una asamblea popular conformada por diferentes sectores, a fin de anunciar acciones en conmemoración del levantamiento popular de 2019.

En el marco de la #JornadaNacionalDeMovilización, Mauricio Chiluisa, presidente de @FEUEnac_Ecuador pide al gobierno de @LassoGuillermo no reduzca el presupuesto para las universidades y escuelas politécnicas del 🇪🇨, caso contrario, se irán radicalizando las acciones de lucha. pic.twitter.com/r8l06h3yV2

— Adriana Puruncajas (@1710ariana) September 16, 2021

En este contexto Edwin Bedoya, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, indicó que están dispuestos a discutir un nuevo código, con la participación y el debate de todos los trabajadores, y que para iniciar el diálogo, es necesario que el gobierno ponga en el «congelador» todos los proyectos que pretende emprender, caso contrario, sostuvo que ningún diálogo tendría sentido.

Por su parte Mauricio Chiluisa presidente de la FEUE, aseguró que los estudiantes se mantendrán vigilantes para que se garantice el derecho a la educación superior por parte del gobierno central, y no se reduzca el presupuesto para las universidades, sin descartar que las acciones suban de nivel y que en octubre estas se tornen más radicales.

Está movilización se replicó en varias provincias del país, principalmente en la Costa, dónde organizaciones campesinas buscan políticas para el sector agropecuario, y mejores precios para sus productos.