El proyecto de dictamen de la jueza ponente Teresa Nuques no alcanzó los votos requeridos para su aprobación, por lo que el pleno de la Corte Constitucional, en la misma sesión, procedió con el resorteo y designó como nuevo juez ponente a Richard Ortiz.

En horas de la mañana (10:00) de este lunes 27 de marzo, la jueza constitucional Teresa Nuques, emitió su proyecto de dictamen constitucional respecto al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Pero el proyecto no alcanzó los seis votos que se necesitan para su aprobación. Apenas habría alcanzado tres votos.

#ATENCIÓN | La jueza Teresa Nuques procedió a entrega el proyecto de dictamen de admisibilidad del pedido de #JuicioPolitico contra el presidente @LassoGuillermo. pic.twitter.com/td0y9qtw27

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 27, 2023

El presidente de la Corte, Alí Lozada, de acuerdo a la normativa legal, tenía 24 horas para convocar a sesión del Pleno, y resolver sobre el proyecto de dictamen; pero no se tomó esas 24 horas sino que, casi de manera inmediata, a las 14:00 convocó a sesión extraordinaria.

En esa sesión no se logró los votos necesarios por lo que se designó al nuevo juez ponente, de acuerdo al reglamento.

🔵#BoletínCC |La Corte Constitucional informa a la ciudadanía que el proyecto de dictamen correspondiente al Caso Nro. 1-23-DJ no ha obtenido la mayoría calificada para su aprobación. En Sesión Extraordinaria del Pleno Nro. 006-E-2023 se procedió con el resorteo del juez ponente. pic.twitter.com/REhaf9Cye5

— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) March 27, 2023

Mediante un comunicado emitido por la Corte Constitucional, se aclaró el procedimiento. «Esta decisión se basa en el artículo 90 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en aplicación del artículo 38 inciso final del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que faculta a este organismo a realizar un resorteo, y designar como ponente al juez constitucional a Richard Ortiz Ortiz, y en aplicación del artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se asignó un segundo ponente, el juez constitucional Alí Lozada Prado, para la presentación de un nuevo proyecto de dictamen».

Por su parte el presidente, Guillermo Lasso, remitió un nuevo escrito a la Corte Constitucional, a fin de defenderse del pedido de juicio político que impulsa la nueva mayoría parlamentaria, aduciendo que los proponentes del juicio político no han presentado un solo indicio que impliquen su gestión en supuestas redes de corrupción en empresas públicas.

@VAndresQuishpe
Coordinador de la @UNENACIONAL exigió a la @CorteConstEcu, admitan el pedido de juicio político en contra del presidente @LassoGuillermo. La #CorteConstitucional deberá emitir un dictamen de admisibilidad para continuar con el proceso. pic.twitter.com/rhF5SbDU4Y

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 25, 2023

Mientas tanto, las organizaciones sociales han anticipado que cumplirán plantones frente a la Corte Constitucional para exigir que dé paso al juicio político.

ACTUALIZADO AL 26 DE ABRIL DE 2023

Al menos 49 personas fallecieron y 43 resultaron heridas producto del deslizamiento de gran magnitud ocurrido en Alausí, provincia de Chimborazo.  Según las cifras oficiales, hay 581 personas efectadas, 39 desaparecidas, 1.034 damnificados y 531 afectadas. Además, hay 163 viviendas afectadas y 57 destruidas.

El evento se registró a las 22:03 del domingo 26 de marzo de 2023 cuando desde la zona alta de Casual se desprendió material hasta el colegio Gonzales Suárez. Fue una tragedia que podía evitarse ya que el 22 de marzo de este año, la Secretaría de Gestión de Riesgos remitió al prefecto de Chimborazo y al alcalde de Alausí un informe técnico que recomendaba y solicitaba de manera explícita la evacuación de la población entre otras acciones.

En sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Constitucional, la jueza Teresa Nuques salió sorteada para que prepare el proyecto de dictamen sobre la solicitud de juicio político en contra del Presidente de la República, Guillermo Lasso.

La solicitud fue admitida a trámite esta tarde por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea una vez que los proponentes completaron los requisitos, como la individualización de la infracción y actualización de los tipos penales de los que acusa el Primer Mandatario: peculado y concusión.

La solicitud aprobada fue remitida de inmediato por la Asamblea a la Corte Constitucional que debe emitir su dictamen de admisibilidad. El presidente de la Corte, Alí Lozada, dijo que el sorteo para designar a la jueza ponente fue realizado con todas las garantías de transparencia, pulcritud, y que la decisión final será tomada por el pleno de ese organismo. «Ecuador debe estar seguro que la decisión que vaya a tomar la Corte será apegada a la Constitución, será una muestra más de la independencia que caracteriza a la Corte Constitucional», dijo Lozada.

La normativa 

El Artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que
la jueza ponente presentará el proyecto de dictamen en el plazo de tres días a partir de la
fecha del sorteo, en el que constará:
1. Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución.
2. Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución.
3. Si, en consecuencia, procede o no iniciar el juicio político.
Inmediatamente presentado el proyecto de dictamen, el Presidente de la Corte
Constitucional convocará a sesión al Pleno, dentro de las veinticuatro horas siguientes. El dictamen será emitido dentro de las cuarenta y ocho horas de presentado el proyecto y se resolverá con las dos terceras partes de los integrantes del Pleno,  es decir por seis votos.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) cesó en funciones al asambleísta del oficialismo Mariano Curicama, quien  tenía sentencia condenatoria ejecutoriada por no acatar orden de autoridad competente al no haber cancelado indemnizaciones a los jubilados de la Prefectura del Chimborazo, del que fue su titular entre el 2005 y el 2019.

El caso se remonta al 2018 y el monto a cancelar era de 2,1 millones de dolares. Al no hacerlo, Curicama fue condenado a un año de prisión y en octubre de 2022 la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación impuesto por sus abogados.

En el presente periodo legislativo Curicama era presidente de la Comisión de Sobernía Alimentaria, y se mantenía como legislador por una recurso de ampliación y aclaración que había interpuesto pero que también le fue nagado a fines del año pasado.

Sin embargo continuaba como legislador y presidente de esa Mesa Legislativa, hasta que el asambleísta socialcristiano, Pablo Muentes, demostró con documentos que la setencia estaba ejecutoriada y que Cauricama no podía ejercer más como legislador. El pedido lo oficializó ante al CAL uno de sus integrantes, el asambleísta del correísmo Ronny Alega.

Finalmente el CAL cesó en funciones a Curicama y se principalizará por lo que resta del periodo su alterna  Vanessa Estrada, del Movimiento MINGA.

Con corte a las 23:54 de este sábado 18 de marzo, las autoridades de Gobierno informaron que el sismo de 6,5 grados de magnitud registrado a 29.12 km de Balao, provincia del Guayas, dejó como saldo preliminar 14 fallecidos, 446 heridos, 180 viviendas afectadas, cinco puentes destruidos, 33 centros de salud afectados, 80 unidades educativas afectadas.

De acuerdo a la información suministrada en El Oro hubo 12 fallecidos y 2 en Azuay. Las principales afectaciones se sintieron en cuatro provincias: Azuay, El Oro, Guayas y Chimborazo. En Cuenca, Azuay, se reportó que la fachada de una vivienda colapsó sobre un vehículo.

En Machala, provincia de El Oro, colapsó una vivienda de dos plantas dejando personas atrapadas al interior; se registró el colapso del antiguo muelle de cabotaje, daños en el YAT Club Machala; así mismo se registró la caída de líneas telefónicas y falta de energía eléctrica en varios cantones.

En Guayas hubo daños en mampostería de edificios y centros comerciales, un bien privado afectado, se cayó la fachada de un supermercado en Guayaquil, un bien público afectado, mampostería y techos de la Universidad de Guayaquil.

En Chimborazo se vio afectada la vía a la altura de la Curva de Lican, vía Riobamba – Colta [E35] luego de un deslizamiento a causa del sismo.

Con 59 firmas de respaldo, de las 46 requeridas, la oposición legislativa presentó esta tarde la solicitud de juicio político en contra del Presidente de la República, Guillermo Lasso. La entrega del documento en Gestión Documental de la Legislatura estuvo liderado por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Rodrigo Fajardo (facción de ID), y Mireya Pazmiño (disidencia PK), quienes son los proponentes.

El documento consta de 55 páginas y se invoca la segunda causal del artículo 129 de la Constitución, en este caso por «delitos de concusión, cohecho, peculado».

Una vez presentada la solicitud, el pedido deberá ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), y una vez aprobado deberá remitir a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de admisibilidad o negando dicho proceso.

#AHORA En la sesión del Pleno de la @AsambleaEcuador, asambleístas de la bancada @RC5Oficial, realizan la recolección de firmas de apoyo a la solicitud de #JuicioPolitico al presidente Guillermo #Lasso. pic.twitter.com/zjhAp6w7px

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 16, 2023

Veloz fue la presidenta de la Comisión que investigó el caso Gran Padrino, de una supuesta corrupción que involucraría a personajes cercanos a Lasso, especialmente su cuñado Danilo Carrera. La asambleísta lideró la recolección de firmas.

«Los votos están intactos, existirán los 92 votos (para la censura y destitución)», aseguró Veloz, quien ratificó que en los próximos días se podrían añadir nuevas firmas, ya que varios parlamentarios no habrían acudido a la Asamblea, y la norma permitiría que se incorporen nuevas firmas.

#URGENTE. @VivianaVeloz18 @BancadaUNESec con 58 firmas presenta la solicitud de juicio político al presidente @LassoGuillermo por la causal 2 del art. 129 de la Constitución.
"Existiran los 92 votos", aseguró pic.twitter.com/QFBkFiQ6Tc

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 16, 2023

El proceso dentro de la Corte Constitucional tomaría seis días, según la Ley de Garantías Constitucionales, dónde se procederá de la siguiente manera:

• La Secretaría de la Corte recibe la solicitud de la Asamblea.
• Sortean al juez ponente.
• El juez presentará el proyecto de dictamen en tres días desde la fecha del sorteo.
• El Presidente de la Corte Constitucional convocará a sesión del Pleno, dentro de las 24 horas siguientes.
• El dictamen será emitido dentro de las 48 horas de presentado el proyecto y se resuelve con seis votos de los nueve que integran el pleno.

La Corte verifica que la solicitud esté conforme a lo que determina la Constitución y si procede o no iniciar el juicio político; mas no de las infracciones que se le imputan al Presidente.

Si en la acusación constitucional de juicio político comienzas citando el artículo 131 de la Constitución y que vas a ejercer esa facultad vamos mal.

Este hace referencia al control político a otros funcionarios públicos que no son el Presidente y Vicepresidente de la República. pic.twitter.com/uA0GajPONO

— André Benavides ⚖️ (@AndreBenavidesM) March 16, 2023

Constitucionalistas como André Benavides, en su cuenta Twitter, cuestionó el pedido de juicio político. «Si en la acusación constitucional de juicio político comienzas citando el artículo 131 de la Constitución y que vas a ejercer esa facultad, vamos mal”, posteó Benavidez.
“Este hace referencia al control político a otros funcionarios públicos que no son el Presidente y Vicepresidente de la República», subrayó.

Una vez que el Pleno de la Asamblea levantó la reserva del informe de la Superintendencia de Compañías, dentro de la investigación del caso Gran Padrino; se revelaron nombres de asambleístas y exasambleístas que tendrían nexos con empresas de ciudadanos albaneses.

Los nombres de varios políticos fueron expuestos por el legislador de Pachakutik, Ricardo Vanegas, quien indicó que las personas que aparecen en el informe reservado tendrían vinculaciones societarias con albaneses en el Ecuador.

Nombres de asambleístas y ex legisladores que constan en el informe reservado de la Superintendencia de Compañías serían revelados. pic.twitter.com/BuGa84PmMC

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 15, 2023

Indicó que de acuerdo a lo expuesto por el Superintendente, estas actividades se dieron con la llegada de los albaneses al país, específicamente a la provincia de Guayas, dónde, según el informe, compraron acciones y crearon 23 compañías anónimas con Luis Cherres y Fidel Alcívar.

Posteriormente estas empresas empezaron a vender acciones y a captar socios y empresarios, y es donde aparecen posibles vínculos con exasambleístas y asambleístas en funciones, funcionarios judiciales, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En este marco, manifestó que son 306 compañías que tendrían vínculos con estas actividades ilícitas.

Resaltó que la Comisión Ocasional del caso Gran Padrino, inicialmente ocultó información reservada y no se pidió que se levante la reserva; sin embargo, se han visto forzados a levantar esta reserva por lo que su investigación perdió la objetividad.

Denunció también que la comisión ocultó el informe reservado del Servicio de Rentas Internas (SRI) debido a que contiene información sobre los negocios de las empresas vinculadas a los contratos con CNEL, y hasta el momento se desconoce su contenido por lo que pidió que se levante la reserva de información del SRI.

.@DBacigalupoB, de la @BancadaID aseguró q el asambleísta @Ricardo_Vanegas, no ha dicho q los nombres q aparecen en el informe de la Super Intendencia de Compañías, tengan vinculaciones con albaneses. No están acusados de cometer un delito o "ser miembros de una mafia albanesa". pic.twitter.com/PprWWz6COD

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 15, 2023

Uno de los mencionados por Vanegas, Dalton Bacigalupo, del bloque Izquierda Democrática dijo que nunca ha mantenido relación societaria con albaneses, extranjeros o personas de dudosa conducta. Manifestó que los únicos nexos empresariales que mantiene son de índole familiar por lo que no sabe cómo su nombre consta en el informe de la Superintendencia de Compañías.

Crear comisiones técnicas para la prevención y reducción de la criminalidad es lo que acordaron la tarde de este 14 de marzo de 2023 los representantes de las diferentes Funciones del Estado convocadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para trabajar en conjunto en ese tema.

Estas comisiones estarán conformadas por delegados de cada institución convocada y trabajarán en el tema de la cooperación interinstitucional; eje presupuestario y reformas en el ámbito normativo. Las comisiones entregarán resultados aplicables en tres semanas y funcionarán  de manera permanente hasta esa fecha.

En el encuentro participaron el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela; de la Judicatura, Wilman Terán; la Fiscal del Estado, Diana Salazar; el Defensor Público, Ángel Torres Machuca; el Ministro de Gobierno, Henry Cucalón; el Ministro del Interior, Juan Zapata; el secretario juridico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz; el presidente de la CNJ, Iván Saquicela; y los presidentes de las salas especializadas de la Corte.

Este martes 14 de marzo de 2023 el Parlamento debatirá levantar la reserva de la información contenida en la bitácora de la Presidencia de la República y del informe de la Superintendencia de Compañías para que sean incorporadas como pruebas dentro de la solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.

El coordinador del bloque Pachakutik, Salvador Quishpe, dijo que votarían a favor del levantamiento de la reserva de esa información que se entregó en el proceso de investigación del caso Gran Padrino, para que se hagan públicas las pruebas que podría ser planteadas dentro de la solicitud de juicio político a Lasso por presuntos casos de corrupción en las empresas públicas.

.@SalvadorQuishpe, dio a conocer que la @BancadaPkEc, apoyará el levantamiento de la reserva de la información entregada por la @SuperciasEC y de la bitácora de visitas a la @Presidencia_Ec; tema que se tratará este martes el Pleno de la @AsambleaEcuador. pic.twitter.com/qA7ckY6msp

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 13, 2023

«La Asamblea debería hacer lo que esté a su alcance para levantar estos sigilo, estas reservas y que entre a la investigación para que se sancione a quien corresponda. (…) Los votos existen para una censura y destitución del Presidente; Lasso está caído a mi manera de ver, Lasso está caído», aseguró Quishpe.

.@GisseGarzonM del bloque @BancadaUNESec, mencionó que el levantamiento de la reserva de la información, serviría para el proceso de #JuicioPolitico, "en calidad de prueba", indicó. pic.twitter.com/re9qT92OqQ

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 13, 2023

«El levantamiento de la reserva, tanto de la Superintendencia como de la bitácora, lo hacemos amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que le faculta al Legislativo hacer el levantamiento de la reserva», enfatizó Gissela Garzón, legisladora por el bloque Unión por la Esperanza (UNES).

Garzón añadió que posteriormente está información servirá para el curso del juicio político como pruebas de los supuestos nexos alrededor del presidente.

Los puntos que serán analizados por el Legislativo y que constan en el orden del día están amparados en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), donde textualmente consta que «la información reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público, podrá ser desclasificada en cualquier momento por la Asamblea Nacional».

Este 14 de marzo de 2023, a las 16:00, está previsto que se instale en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la primera reunión para constituir una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen, convocada por el presidente de la Corte, Iván Saquicela.

La invitación realizada por el titular de la Corte señala que es conocido los altos niveles de inseguridad por los que atraviesan los ecuatorianos y que son múltiples los pronunciamientos sobre esta problemática expresadas por varias autoridades por lo que es necesario realizar esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir, combatir y sancionar todas las formas de delincuencia, en particular el crimen organizado y la corrupción.

Considera que para lograr estos objetivos es necesario dialogar e identificar las acciones medulares que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pueden realizar conforme la Constitución y de acuerdo a las competencias de cada Poder del Estado.

La invitación se realizó a los titulares de la Función Ejecutiva, Guillermo Lasso;  Legislativa, Virgilio Saquicela; al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; a la Fiscal General, Diana Salazar;y al Defensor Público, Ángel Torres.