El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ve nuevamente envuelto en la polémica a pesar de contar con nuevas autoridades. A las 03:00 del viernes 10 de marzo de 2023 declaró la nulidad total de las resoluciones adoptadas por el anterior Pleno del organismo.

Es decir las resoluciones que en su momento adoptaron Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira desde el 18 de noviembre del 2022, fecha en que fueron destituidos por la Asamblea, hasta el auto de verificación del 23 de enero de 2023 de la Corte Constitucional en que resolvió la destitución de las siete autoridades que hasta ese momento venían actuando en el Consejo. El criterio de los actuales  consejeros fue que en ese lapso los consejeros de mayoría de ese entonces dejaron de ser autoridades del organismo.

Se basaron en la sentencia de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas que dejó en firme la destitución y censura de los ahora cuatro exconsejeros tras el juicio político en la Asamblea el 18 de noviembre del 2022. La anulación de lo actuado implica también dejar sin efecto la designación de Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos, e incluso estaría en riesgo la designación de Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura.

El @CpccsEc, en horas de la madrugada, procedió a anular la designación de Roberto Romero como Superintendente de Bancos, resolución adoptada por el anterior #CPCCS, destituidos por la @AsambleaEcuador y de igual manera por la @CorteConstEcu. pic.twitter.com/DYA2z9El2w

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 10, 2023

A favor de la moción votaron Gina Aguilar (presidenta), Teddy Tama (vicepresidente) y los consejeros Graciela Mora y Olindo Nastacuaz. Votaron en contra los consejeros Carlos Figueroa, Aland Molestina y Mónica Moreira.

Sin embargo, horas después de aprobada esa resolución, la Sala Multicompetente de la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante un auto de aclaracion, indicó que los nuevos consejeros de mayoría no pueden revisar los actos administrativos de la anterior mayoría. «El Tribunal declaró la nulidad procesal de todo lo actuado por el juez Ángel Lindao Vera, dentro del expediente constitucional, no de las actuaciones administrativas adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y sus consejeros en el ejercicio de su cargo y funciones específicas…», consta en el auto de aclaración.

Para Figueroa, que había cuestionado la decisión del pleno, el pronunciamiento de la Sala Multicompetente es una «estocada» para la mayoría de consejeros que votaron a favor.

Auto de Aclaración de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas da una estocada a los consejeros de mayoría del CPCCS; al decirles que no pueden revisar los actos administrativos e incluso ejemplifica para que no se pierdan.@carlosrojasecu pic.twitter.com/D4MQPeMyz4

— Carlos Figueroa (@carlosfigueroa6) March 10, 2023

El Consejo de Participación Ciudadana no se ha pronunciado sobre el auto aclaratorio de la Sala Multicompetente.

Las bancadas de Pachakutik e Izquierda Democrática (ID) mantienen división de criterios frente a un eventual respaldo al enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por las causales 1 y 2 del artículo 129, de la Constitución:

• Delitos contra la seguridad del Estado, y

• Delitos de concusión, cohecho, peculado

A pesar de conseguir 104 votos a favor el pasado sábado 4 de marzo para aprobar el informe de la Comisión ocasional que investigó el caso Gran Padrino, en el que recomienda el juicio político contra el Primer Mandatario, Jessica Castillo, asambleísta por Pachakutik, mencionó que junto a Izquierda Democrática, estarían analizando si existen las causales y las evidencias que viabilicen la interpelación. «Existirían pruebas que han sido excluidas del informe», resaltó.

@SalvadorQuishpe jefe de la @BancadaPkEc, dio a conocer que no formarían la solicitud de #JuicioPolítico "mientras no haya una decisión colectiva", aseguró.
Se prevé un Consejo Político de @PKnacional18, para evaluar y tomar una decisión con las bases y la @CONAIE_Ecuador. pic.twitter.com/rjTvx6rcDR

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 8, 2023

Sin embargo, Salvador Quishpe, coordinador de esa bancada, informó que han mantenido conversaciones con el coordinador nacional del movimiento, Marlon Santi, para definir en los próximos días en un consejo político nacional, con todas las bases, sobre el proceso de juicio político a Lasso.

Aseguró que los pronunciamientos de los asambleístas de esta bancada legislativa serían personales y no una postura del bloque político, por lo que continúan analizando el informe aprobado por el Pleno y así determinar su apoyo o no, al juicio político y firmar la solicitud.

«Se habría mutilado las página 141 y 142 del informe aprobado por la Asamblea», aseguró por su parte Alejandro Jaramillo, asambleísta de la Izquierda Democrática, y añadió que la bancada no respaldará el informe aprobado por la Asamblea ya que se excluye de la investigación a las empresas enquistadas desde los gobiernos del expresidente Rafael Correa y Lenin Moreno.

@JaramilloG_A, asambleísta por ID, cuestiona el informe aprobado por el Pleno de la @AsambleaEcuador, ya que se habrían mutilado fragmentos de las páginas #GranPadrino, dónde se recomendó #JuicioPolitico al presidente Guillermo Lasso. pic.twitter.com/7UpvY3WgJI

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 7, 2023

Jaramillo dijo que no serviría de nada la destitución del Primer Mandatario, y colocar en su logar al vicepresidente Alfredo Borrero, sino existe una depuración estructural de las empresas públicas, por lo que rechazó que la investigación se haya realizado de forma selectiva y no se haya incluido a todos los actores en la red de corrupción.

.@etorrescobo asambleísta por el PSC, se refirió a la solicitud de #JuicioPolítico que se prevé presentar en la @AsambleaEcuador, dónde indicó que "definitivamente el juicio se podría presentar la próxima semana". pic.twitter.com/hCDzdaV81N

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 8, 2023

Esteban Torres, coordinador del PSC, aseveró que mantienen conversaciones con otras bancadas para definir quién será el ponente, frente a varios pronunciamientos que Viviana Veloz, de UNES, sea considerada como la ponente para el juicio político.

La asambleísta del correísmo y expresidenta de la Comisión que investigó el caso Gran Padrino, Viviana Veloz, informó que para este viernes está previsto que presenten la solicitud de juicio político en contra del Presidente de la República, Guillermo Lasso.
Esto luego de que el sábado el pleno de la Asamblea aprobó con 104 votos a favor el informe no vinculante que presentó la Comisión donde se establecen presuntos hechos de corrupción del círculo cercano al primer mandatario, de los que él habría tenido conocimiento y no habría hecho nada para frenar la situación, por lo que recomiendan la interpelación del Primer Mandatario.
Según Veloz, se está preparando toda la documentación respectiva con la pruebas incluidas para que sea admitido a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego calificada por la Corte Constitucional para iniciar el proceso en la Comisión de Fiscalización.
La asambleísta manifestó que como parte del análisis antes de presentar la solicitud se determinará si es por la causal 1, por la causal 2 o por estas dos causales previstas en el Artículo 129 de la Constitución. Según la legisladora también se define los nombres de los dos interpelantes que se esperan sean de distintas bancadas que apoyaron el informe. Para presentar la solicitud se debe acompañar de 46 firmas de respaldo.

Sin embargo, los asambleístas Alejandro Jaramillo y Jessica Castillo, de la Izquierda Democrática y de Pachakutik, respectivamente, aseguraron que no hay las causales para llevar a juicio político al Primer Mandatario. Esto a pesar que sus bancadas votaron a favor del informe.

Quito, Pichincha.- El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se sumará a la movilización prevista por colectivos de mujeres este 8 de marzo, en Quito, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y ratificó una movilización el 14 de marzo en defensa de los derechos laborales y del Seguro Social.

«Exigimos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dé un paso al costado (…) debido a su incapacidad para gobernar y por los actos de corrupción en los que se encontrarían involucrados funcionarios de su Gobierno», aseguró Marcela Arellano, presidenta del FUT.

#ATENCIÓN | El Frente Unitario de Trabajadores anuncia que se suma a las acciones de movilización previstas el #8Marzo día de las #Mujeres; así como el 14 de marzo, en contra de la corrupción, defensa del IESS y defensa del trabajo. pic.twitter.com/M71KhRnxHl

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 6, 2023

«Nos sumaremos a las acciones de movilización en conmemoración del día de la Mujer, para exigir que el Estado dé atención y políticas en beneficio de las mujeres trabajadoras que viven la desatención del Gobierno», puntualizó.

Aseguró que las movilizaciones de los sectores sindicales son en contra de las políticas del Gobierno, en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seguridad, salud, empleo, educación, por lo que el próximo 14 de marzo continuarán con las acciones de protesta a nivel nacional. En Quito se concentrarán en la Caja del Seguro para pedir la salida de Lasso.

«Exigimos la salida del presidente Guillermo Lasso por su incapacidad para conducir al país, por estar involucrado en actos de corrupción», enfatizó Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), al tiempo que exhortó a la Asamblea y a la Corte Constitucional dar paso y efectivizar el juicio político en contra del mandatario a fin de lograr su salida del poder.

@ISAVARGASTORRES presidenta de la @UNENACIONAL, rechazo el comunicado realizado por @henrycucalon, Ministro de Gobierno, sobre q el informe #GranPadrino sea una fábula "eso es corrupción", aseguró. Además exigen a la @CorteConstEcu de paso al #JuicioPolitico al Primer Mandatario pic.twitter.com/5nrwWhUnef

— Thelos Ec_Ruta Informativa (@thelos_ec) March 6, 2023

«Queremos decirle al Presidente de la República y a su vocero que la investigación del Gran Padrino no es una fábula. (…) Eso se llama corrupción que está plenamente comprobado; corrupción que nos quita las medicinas, esa corrupción que no permite que exista inversión en el ámbito social», aseveró la dirigente de los maestros.

¿Se allana el camino para la destitución del Presidente Guillermo Lasso?

Además, criticó al Consejo Directivo del IESS debido a que se habría designado un presupuesto de un millón de dólares para mejorar la imagen del Instituto. En este marco rechazó que se esté utilizando los fondos para estas actividades y aseguró que la defensa de la Seguridad Social se mantiene activa y continuarán con acciones de protesta pidiendo la renuncia de Richard Gómez, vocal que se encontraría de forma ilegal en el Consejo Directivo.

La aprobación en la Asamblea del informe del caso Gran Padrino, con 104 votos a favor, deja en el Gobierno la inquietud de lo que pueda pasar en el futuro. La resolución aprobada recomienda: «Enjuiciar políticamente al Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal, pues conductas analizadas se adecuan al cometimiento de los delitos establecidos en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución.”

Ahora todo dependerá en gran medida de la decisión que tome la Corte Constitucional. La correísta Viviana Veloz, presidenta de la Comisión que elaboró el informe, manifestó que «de manera inmediada (la semana que viene)» se procederá a presentar la solicitud de juicio político con el respaldo de 46 firmas. Esa solicitud es la que deberá ser analizada por la Corte Constitucional y si da el dictamen de admisibilidad deberá regresar a la Asamblea para el tratamiento en las diferentes instancias.

Para una censura y destitución del Primer Mandatario se requieren 92 votos, y hoy ese informe obtuvo 104. Ni siquiera quienes habían cuestionado el contenido del informe, la calidad de las pruebas, votaron en contra o se abstuvieron. Solo 18 miembros del oficialismo y 3 independientes se pronunciaron en ese sentido. El Presidente de la República está más solo que nunca en la Asamblea.

El Ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que la Asamblea le falló al país al aprobar el informe ya que aseguró que el documento carece de validez jurídica, no es vinculante, y es un acomodo de retazos y rectificaciones.

Por su parte el Presidente Guillermo Lasso remitió un ofició a la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, en el que solicita que cumpla todas las investigaciones pertinentes ya que la acusación de la Asamblea se enfrenta a la imposiblidad lógica de probar un hecho falso.

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, formuló cargos contra 37 personas y pidió prisión prisión preventiva para todos ellos. Entre los acusados se encuentran el expresidente de la República, Lenín Moreno; su esposa, Rocío González; una de sus hijas y otros familiares de la expareja presidencial.

El presunto delito que se investiga es cohecho en el caso Ina Papers conocido judicialmente como caso Sinohydro. La audiencia de formulación de cargos se cumplió este viernes 3 de marzo de 2023  en la Corte Nacional de Justicia, por el fuero de Corte que goza Moreno.

La investigación de la Fiscalía permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero. Según la Fiscalìa, se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

Salazar agregó la alternativa legal será la de sustitur la prisión preventiva por arresto domiciliario para 14 de los 37 procesados ya que tienen más de 65 años, entre ellos el  exmandatario. Otras medidas solicitadas son la retención de cuentas que mantengan los 37 sospechosos en catorce entidades bancarias; autorización para emitir pedidos oficiales de asistencia penal internacional para que se inmovilicen cuentas en 14 entidades bancarias de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

El juez Adrìán Rojas debe analizar si acepta o no los pedidos de prisión preventiva y arresto domiciliario solicitados por Fiscalía.

Con seis votos a favor y uno en contra, la Comisión que investigó el caso Gran Padrino aprobó el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea el juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso, por estar involucrado presuntamente en un entramado de corrupción en empresas públicas. Sin embargo, en el informe final la Comisión retiró la menciòn de traición a la patria que constaba en el documento borrador como parte de una de las causales para promever el juicio político y se dejó como una da las cusales por «delitos contra la seguridad del Estado».

El documento será remitido a la Fiscalía y a la Contraloría para que, en el ámbito de sus competencias, inicien las investigaciones penales y administrativas, respectivamente, con relación a las actuaciones y hechos que constan en el expediente, y ambas instituciones adopten las medidas pertinentes.

Dentro de las conclusiones, la mesa establece que de las declaraciones del exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, y su ratificación ante la Asamblea, en el sentido que el Presidente de la República, después de leer y conocer la corrupción informada, solicitó que no presente el informe a las autoridades pertinentes, en un intento de obstruir el proceso de investigación y fiscalización política que le compete constitucionalmente a la Asamblea Nacional y también a la Función Judicial.

La titular de la Mesa legislativa, Viviana Veloz (correísta), calificó este día como histórico para el país, porque se trata de establecer la verdad sobre la conducta del presidente Lasso contraria a los intereses de la ciudadanía, tratando de ocultar potenciales conductas ilícitas de su cuñado, Danilo Carrera y de sus funcionarios más cercanos, así como obstruir la labor fiscalizadora de la Asamblea.

Tres recomendaciones son las que la Comisión ocasional que investiga el caso Gran Padrino realizará al Pleno de la Asamblea:

1. Remitir el informe a la Fiscalía y Contraloría para que en el ámbito de sus competencias inicien las investigaciones penales y administrativas respectivamente con relación a las actuaciones y hechos que constan en el expediente, y adopten las medidas pertinentes.
2. Enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución, que prevé como causal de censura y destitución el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, pues existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria, previsto en el artículo 353 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal.
3. Enjuiciar políticamente al Jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, pues la conducta analizada se adecúa al cometimiento de delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión, considerando que, a través de los actos perpetrados y que han sido expuestos en el informe, dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y destitución.

El informe borrador fue entregado a los integrantes de la Comisiòn ocasional y mañana 1 de marzo de 2023 se tiene previsto debatir el contenido y aprobarlo para que sea conocido por el Pleno de la Asamblea.

La aprobaciòn del informe por parte del Pleno no implica obligatoriamente que automaticamente el Primer Mandatario vaya ser llamado a juicio polìtico. Así lo explicó la legisladora del correísmo Marcela Holguín, quien aseguró que para iniciar una interpelación al primer mandatario primero uno de los legisladores tiene que presentar una solicitud con 46 firmas de resplado, indicando las causales y adjuntando las pruebas.

Esa solicitud será remitida a la Corte Constitucional para que emita su dictamen de admisiblidad, en cuyo caso la solicitud regresa a la Asamblea con todo el expediente para que sea tramitada por la Comisión de Fiscalización que deberá presentar un informe recomendando el juicio polìtico o el archivo de la causa. Para aprobar una moción de censura y destitución se necesitan 92 votos.

El legislador oficialista Gruber Zambrano, integrante de la Comisión, manifestó que no hay pruebas en contra del Primer Mandatario y que el informe fue elaborado sin conocimiento de los demás miembros de la Comisión. Anticipó también que presentará un informe de minoría.

La Conaie mantuvo ayer su consejo ampliado donde por más de 11 horas analizó el cumplimiento de los acuerdos logrados en las mesas de diálogo con el Gobierno tras el paro de junio de 2022; los resultados de las elecciones seccionales y consulta popular; la situación de la bancada y del Movimiento Pachakutik; la investigación del caso Gran Padrino que se cumple en la Asamblea sobre posibles vínculos de personajes cercanos al Gobierno con corrupción en las empresas pública y con la mafia albanesa, entre otros temas.

Tras la extensa reunión los dirigentes resolvieron exigir al Presidente Guillermo Lasso que renuncie al cargo y que no recurra a la muerta cruzada; a la Asamblea le piden que dé paso el juicio político al mandatario, entre otros temas. Estas son las resoluciones adoptadas:

1. Saludar los resultados obtenidos por Pachakutik (su brazo político) en las elecciones seccionales que les convierte en la segunda fuerza política del país y reconocer la contundente victora del NO en la consulta popular.
2.  Romper el proceso de diálogo que se inició a raíz del paro de junio de 2022 y retirarse de la mesa de seguimiento de resultados que estaba instalada.
3. Ratificarse en la demanda de 10 puntos que generó el paro de junio de 2022.
4. Declararse en asamblea y movilización permanente; radicalizar la lucha en los territorios en defensa de sus demandas históricas. Participar de manera activa en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; y el 28 de marzo en la entrega de la Ley de Aguas a la Asamblea.
5. Exigir al Presidente Guillermo Lasso que por dignidad, por su incapacidad para gobernar, presente la renuncia al cargo y dé un paso al costado frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano de supuestos actos de corrupción en las empresas públicas donde estaría involucrado su cuñado, Danilo Carrera; ademàs por sus presuntos vínculos con el narcotráfico en el caso «Encuentro».
6. Exhotar la la Comisión ocasional que tramita el caso encuentro, a la Asamblea, a la Corte Constitucional, y, especialmente, a la bancada de Pachakutik, aplicar con rigurosidad los mecanismos jurídicos y constitucionales y se dé paso el juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso.
7. Declararse en alerta frente a cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente Guillermo Lasso, por lo que no permitirán que disuelva Funciones del Estado (muerte cruzada) para gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades no permitirán «una dictadura» y si se da la muerte cruzada se declararán en levantamiento y paro nacional.
8. Convocar a la asamblea popular y a sus organizaciones para analizar  la realidad del país e implusar un pliego de demandas.
9. Rechazar las intenciones del Gobierno de dividir las estructuras organizativas de la CONAIE.
10. Declararse en defensa territorial, hacer un llamado a las guardias comunitarias para que estén en alerta máxima de sus territorios frente al avance de la minería.
11. Rechazar la persecución y criminalización a defensores de la naturaleza.
12. En el marco de la lucha de las mujeres y de la solidaridad con los pueblos de Perú, convocar el 8 de marzo a concentrarse en la gran movilización nacional en Quito, para seguir luchando contra todas las formas de opresión.
13. Convocar a pueblos y nacionalidades a la gran movilización del 28 de marzo para entregar el proyecto de Ley de aguas a la Asamblea.
14. Convocar a las estructuras organizativas de la Conaie y adherentes de Pachakutik a mantener la unidad del movimiento indígena. Proponer a Guillermo Churuchumbi  como candidato a la coordinación nacional del Movimiento.