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14 fallecidos y 446 heridos deja terremoto en zona costera de Ecuador

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El Informador
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Una de las viviendas colapsadas en Baños de Cuenca, tras el fuerte sismo que se registró esta mañana. Foto. Cortesía.

Con corte a las 23:54 de este sábado 18 de marzo, las autoridades de Gobierno informaron que el sismo de 6,5 grados de magnitud registrado a 29.12 km de Balao, provincia del Guayas, dejó como saldo preliminar 14 fallecidos, 446 heridos, 180 viviendas afectadas, cinco puentes destruidos, 33 centros de salud afectados, 80 unidades educativas afectadas.

De acuerdo a la información suministrada en El Oro hubo 12 fallecidos y 2 en Azuay. Las principales afectaciones se sintieron en cuatro provincias: Azuay, El Oro, Guayas y Chimborazo. En Cuenca, Azuay, se reportó que la fachada de una vivienda colapsó sobre un vehículo.

En Machala, provincia de El Oro, colapsó una vivienda de dos plantas dejando personas atrapadas al interior; se registró el colapso del antiguo muelle de cabotaje, daños en el YAT Club Machala; así mismo se registró la caída de líneas telefónicas y falta de energía eléctrica en varios cantones.

En Guayas hubo daños en mampostería de edificios y centros comerciales, un bien privado afectado, se cayó la fachada de un supermercado en Guayaquil, un bien público afectado, mampostería y techos de la Universidad de Guayaquil.

En Chimborazo se vio afectada la vía a la altura de la Curva de Lican, vía Riobamba – Colta [E35] luego de un deslizamiento a causa del sismo.

 

Se oficializa pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso

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Christian Guaman
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El documento oficial para el juicio político al presidente Guillermo Lasso, fue presentado con 59 firmas, y los interpelantes serán: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Rodrigo Fajardo (facción de ID), y Mireya Pazmiño (disidencia PK).

Con 59 firmas de respaldo, de las 46 requeridas, la oposición legislativa presentó esta tarde la solicitud de juicio político en contra del Presidente de la República, Guillermo Lasso. La entrega del documento en Gestión Documental de la Legislatura estuvo liderado por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Rodrigo Fajardo (facción de ID), y Mireya Pazmiño (disidencia PK), quienes son los proponentes.

El documento consta de 55 páginas y se invoca la segunda causal del artículo 129 de la Constitución, en este caso por «delitos de concusión, cohecho, peculado».

Una vez presentada la solicitud, el pedido deberá ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), y una vez aprobado deberá remitir a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de admisibilidad o negando dicho proceso.

Veloz fue la presidenta de la Comisión que investigó el caso Gran Padrino, de una supuesta corrupción que involucraría a personajes cercanos a Lasso, especialmente su cuñado Danilo Carrera. La asambleísta lideró la recolección de firmas.

«Los votos están intactos, existirán los 92 votos (para la censura y destitución)», aseguró Veloz, quien ratificó que en los próximos días se podrían añadir nuevas firmas, ya que varios parlamentarios no habrían acudido a la Asamblea, y la norma permitiría que se incorporen nuevas firmas.

El proceso dentro de la Corte Constitucional tomaría seis días, según la Ley de Garantías Constitucionales, dónde se procederá de la siguiente manera:

• La Secretaría de la Corte recibe la solicitud de la Asamblea.
• Sortean al juez ponente.
• El juez presentará el proyecto de dictamen en tres días desde la fecha del sorteo.
• El Presidente de la Corte Constitucional convocará a sesión del Pleno, dentro de las 24 horas siguientes.
• El dictamen será emitido dentro de las 48 horas de presentado el proyecto y se resuelve con seis votos de los nueve que integran el pleno.

La Corte verifica que la solicitud esté conforme a lo que determina la Constitución y si procede o no iniciar el juicio político; mas no de las infracciones que se le imputan al Presidente.

Constitucionalistas como André Benavides, en su cuenta Twitter, cuestionó el pedido de juicio político. «Si en la acusación constitucional de juicio político comienzas citando el artículo 131 de la Constitución y que vas a ejercer esa facultad, vamos mal”, posteó Benavidez.
“Este hace referencia al control político a otros funcionarios públicos que no son el Presidente y Vicepresidente de la República», subrayó.

 

Funcionarios públicos mantendrían nexos con empresas albanesas 

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Christian Guaman
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Legislador por Pachakutik, Ricardo Vanegas, reveló nombres de funcionarios públicos que constaban en el informe de la Super Intendencia de Compañías, e impulsa la desclasificación del informe reservado del Servidor de Rentas Internas SRI.

Una vez que el Pleno de la Asamblea levantó la reserva del informe de la Superintendencia de Compañías, dentro de la investigación del caso Gran Padrino; se revelaron nombres de asambleístas y exasambleístas que tendrían nexos con empresas de ciudadanos albaneses.

Los nombres de varios políticos fueron expuestos por el legislador de Pachakutik, Ricardo Vanegas, quien indicó que las personas que aparecen en el informe reservado tendrían vinculaciones societarias con albaneses en el Ecuador.

Indicó que de acuerdo a lo expuesto por el Superintendente, estas actividades se dieron con la llegada de los albaneses al país, específicamente a la provincia de Guayas, dónde, según el informe, compraron acciones y crearon 23 compañías anónimas con Luis Cherres y Fidel Alcívar.

Posteriormente estas empresas empezaron a vender acciones y a captar socios y empresarios, y es donde aparecen posibles vínculos con exasambleístas y asambleístas en funciones, funcionarios judiciales, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En este marco, manifestó que son 306 compañías que tendrían vínculos con estas actividades ilícitas.

Resaltó que la Comisión Ocasional del caso Gran Padrino, inicialmente ocultó información reservada y no se pidió que se levante la reserva; sin embargo, se han visto forzados a levantar esta reserva por lo que su investigación perdió la objetividad.

Denunció también que la comisión ocultó el informe reservado del Servicio de Rentas Internas (SRI) debido a que contiene información sobre los negocios de las empresas vinculadas a los contratos con CNEL, y hasta el momento se desconoce su contenido por lo que pidió que se levante la reserva de información del SRI.

Uno de los mencionados por Vanegas, Dalton Bacigalupo, del bloque Izquierda Democrática dijo que nunca ha mantenido relación societaria con albaneses, extranjeros o personas de dudosa conducta. Manifestó que los únicos nexos empresariales que mantiene son de índole familiar por lo que no sabe cómo su nombre consta en el informe de la Superintendencia de Compañías.

Autoridades acuerdan crear comisiones técnicas en temas de seguridad

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El Informador
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Las autoridades se reunieron en el quinto piso de la Corte Nacional de Justicia.

Crear comisiones técnicas para la prevención y reducción de la criminalidad es lo que acordaron la tarde de este 14 de marzo de 2023 los representantes de las diferentes Funciones del Estado convocadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para trabajar en conjunto en ese tema.

Estas comisiones estarán conformadas por delegados de cada institución convocada y trabajarán en el tema de la cooperación interinstitucional; eje presupuestario y reformas en el ámbito normativo. Las comisiones entregarán resultados aplicables en tres semanas y funcionarán  de manera permanente hasta esa fecha.

En el encuentro participaron el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela; de la Judicatura, Wilman Terán; la Fiscal del Estado, Diana Salazar; el Defensor Público, Ángel Torres Machuca; el Ministro de Gobierno, Henry Cucalón; el Ministro del Interior, Juan Zapata; el secretario juridico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz; el presidente de la CNJ, Iván Saquicela; y los presidentes de las salas especializadas de la Corte.

Asamblea busca levantar reserva de información en caso Gran Padrino

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Christian Guaman
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La Asamblea Nacional sesionará este 14 de marzo para levantar la reserva de dos documentos que constan en el Informe Gran Padrino.

Este martes 14 de marzo de 2023 el Parlamento debatirá levantar la reserva de la información contenida en la bitácora de la Presidencia de la República y del informe de la Superintendencia de Compañías para que sean incorporadas como pruebas dentro de la solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.

El coordinador del bloque Pachakutik, Salvador Quishpe, dijo que votarían a favor del levantamiento de la reserva de esa información que se entregó en el proceso de investigación del caso Gran Padrino, para que se hagan públicas las pruebas que podría ser planteadas dentro de la solicitud de juicio político a Lasso por presuntos casos de corrupción en las empresas públicas.

«La Asamblea debería hacer lo que esté a su alcance para levantar estos sigilo, estas reservas y que entre a la investigación para que se sancione a quien corresponda. (…) Los votos existen para una censura y destitución del Presidente; Lasso está caído a mi manera de ver, Lasso está caído», aseguró Quishpe.

«El levantamiento de la reserva, tanto de la Superintendencia como de la bitácora, lo hacemos amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que le faculta al Legislativo hacer el levantamiento de la reserva», enfatizó Gissela Garzón, legisladora por el bloque Unión por la Esperanza (UNES).

Garzón añadió que posteriormente está información servirá para el curso del juicio político como pruebas de los supuestos nexos alrededor del presidente.

Los puntos que serán analizados por el Legislativo y que constan en el orden del día están amparados en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), donde textualmente consta que «la información reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público, podrá ser desclasificada en cualquier momento por la Asamblea Nacional».

Este martes se instalará mesa interinstitucional sobre seguridad

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El Informador
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Iván Saquicela es quien promueve el encuentro entre varias autoridades del Estado.

Este 14 de marzo de 2023, a las 16:00, está previsto que se instale en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la primera reunión para constituir una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen, convocada por el presidente de la Corte, Iván Saquicela.

La invitación realizada por el titular de la Corte señala que es conocido los altos niveles de inseguridad por los que atraviesan los ecuatorianos y que son múltiples los pronunciamientos sobre esta problemática expresadas por varias autoridades por lo que es necesario realizar esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir, combatir y sancionar todas las formas de delincuencia, en particular el crimen organizado y la corrupción.

Considera que para lograr estos objetivos es necesario dialogar e identificar las acciones medulares que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pueden realizar conforme la Constitución y de acuerdo a las competencias de cada Poder del Estado.

La invitación se realizó a los titulares de la Función Ejecutiva, Guillermo Lasso;  Legislativa, Virgilio Saquicela; al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; a la Fiscal General, Diana Salazar;y al Defensor Público, Ángel Torres.

 

Resolución del Consejo de Participación genera nuevo enredo jurídico

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El Informador
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El nuevo Consejo de Participación Ciudadana se instaló en febrero de este año.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ve nuevamente envuelto en la polémica a pesar de contar con nuevas autoridades. A las 03:00 del viernes 10 de marzo de 2023 declaró la nulidad total de las resoluciones adoptadas por el anterior Pleno del organismo.

Es decir las resoluciones que en su momento adoptaron Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira desde el 18 de noviembre del 2022, fecha en que fueron destituidos por la Asamblea, hasta el auto de verificación del 23 de enero de 2023 de la Corte Constitucional en que resolvió la destitución de las siete autoridades que hasta ese momento venían actuando en el Consejo. El criterio de los actuales  consejeros fue que en ese lapso los consejeros de mayoría de ese entonces dejaron de ser autoridades del organismo.

Se basaron en la sentencia de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas que dejó en firme la destitución y censura de los ahora cuatro exconsejeros tras el juicio político en la Asamblea el 18 de noviembre del 2022. La anulación de lo actuado implica también dejar sin efecto la designación de Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos, e incluso estaría en riesgo la designación de Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura.

A favor de la moción votaron Gina Aguilar (presidenta), Teddy Tama (vicepresidente) y los consejeros Graciela Mora y Olindo Nastacuaz. Votaron en contra los consejeros Carlos Figueroa, Aland Molestina y Mónica Moreira.

Sin embargo, horas después de aprobada esa resolución, la Sala Multicompetente de la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante un auto de aclaracion, indicó que los nuevos consejeros de mayoría no pueden revisar los actos administrativos de la anterior mayoría. «El Tribunal declaró la nulidad procesal de todo lo actuado por el juez Ángel Lindao Vera, dentro del expediente constitucional, no de las actuaciones administrativas adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y sus consejeros en el ejercicio de su cargo y funciones específicas…», consta en el auto de aclaración.

Para Figueroa, que había cuestionado la decisión del pleno, el pronunciamiento de la Sala Multicompetente es una «estocada» para la mayoría de consejeros que votaron a favor.

El Consejo de Participación Ciudadana no se ha pronunciado sobre el auto aclaratorio de la Sala Multicompetente.

El posible juicio político a Lasso divide más a las bancadas legislativas

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Christian Guaman
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46 firmas de diferentes asambleístas, se requiere para presentar la solicitud e iniciar con el proceso de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso.

Las bancadas de Pachakutik e Izquierda Democrática (ID) mantienen división de criterios frente a un eventual respaldo al enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por las causales 1 y 2 del artículo 129, de la Constitución:

• Delitos contra la seguridad del Estado, y

• Delitos de concusión, cohecho, peculado

A pesar de conseguir 104 votos a favor el pasado sábado 4 de marzo para aprobar el informe de la Comisión ocasional que investigó el caso Gran Padrino, en el que recomienda el juicio político contra el Primer Mandatario, Jessica Castillo, asambleísta por Pachakutik, mencionó que junto a Izquierda Democrática, estarían analizando si existen las causales y las evidencias que viabilicen la interpelación. «Existirían pruebas que han sido excluidas del informe», resaltó.

Sin embargo, Salvador Quishpe, coordinador de esa bancada, informó que han mantenido conversaciones con el coordinador nacional del movimiento, Marlon Santi, para definir en los próximos días en un consejo político nacional, con todas las bases, sobre el proceso de juicio político a Lasso.

Aseguró que los pronunciamientos de los asambleístas de esta bancada legislativa serían personales y no una postura del bloque político, por lo que continúan analizando el informe aprobado por el Pleno y así determinar su apoyo o no, al juicio político y firmar la solicitud.

«Se habría mutilado las página 141 y 142 del informe aprobado por la Asamblea», aseguró por su parte Alejandro Jaramillo, asambleísta de la Izquierda Democrática, y añadió que la bancada no respaldará el informe aprobado por la Asamblea ya que se excluye de la investigación a las empresas enquistadas desde los gobiernos del expresidente Rafael Correa y Lenin Moreno.

Jaramillo dijo que no serviría de nada la destitución del Primer Mandatario, y colocar en su logar al vicepresidente Alfredo Borrero, sino existe una depuración estructural de las empresas públicas, por lo que rechazó que la investigación se haya realizado de forma selectiva y no se haya incluido a todos los actores en la red de corrupción.

Esteban Torres, coordinador del PSC, aseveró que mantienen conversaciones con otras bancadas para definir quién será el ponente, frente a varios pronunciamientos que Viviana Veloz, de UNES, sea considerada como la ponente para el juicio político.

Solicitud de juicio político se presentaría el viernes

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El Informador
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La asambleísta del correísmo y expresidenta de la Comisión que investigó el caso Gran Padrino, Viviana Veloz, informó que para este viernes está previsto que presenten la solicitud de juicio político en contra del Presidente de la República, Guillermo Lasso.
Esto luego de que el sábado el pleno de la Asamblea aprobó con 104 votos a favor el informe no vinculante que presentó la Comisión donde se establecen presuntos hechos de corrupción del círculo cercano al primer mandatario, de los que él habría tenido conocimiento y no habría hecho nada para frenar la situación, por lo que recomiendan la interpelación del Primer Mandatario.
Según Veloz, se está preparando toda la documentación respectiva con la pruebas incluidas para que sea admitido a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego calificada por la Corte Constitucional para iniciar el proceso en la Comisión de Fiscalización.
La asambleísta manifestó que como parte del análisis antes de presentar la solicitud se determinará si es por la causal 1, por la causal 2 o por estas dos causales previstas en el Artículo 129 de la Constitución. Según la legisladora también se define los nombres de los dos interpelantes que se esperan sean de distintas bancadas que apoyaron el informe. Para presentar la solicitud se debe acompañar de 46 firmas de respaldo.

Sin embargo, los asambleístas Alejandro Jaramillo y Jessica Castillo, de la Izquierda Democrática y de Pachakutik, respectivamente, aseguraron que no hay las causales para llevar a juicio político al Primer Mandatario. Esto a pesar que sus bancadas votaron a favor del informe.

En Ecuador se retoman movilizaciones en rechazo a las políticas del Gobierno

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Christian Guaman
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El Frente Unitario de Trabajadores FUT, planifica varias acciones de movilización ante políticas del Gobierno. Además piden al presidente Guillermo Lasso "dé un paso al costado".

Quito, Pichincha.- El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se sumará a la movilización prevista por colectivos de mujeres este 8 de marzo, en Quito, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y ratificó una movilización el 14 de marzo en defensa de los derechos laborales y del Seguro Social.

«Exigimos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dé un paso al costado (…) debido a su incapacidad para gobernar y por los actos de corrupción en los que se encontrarían involucrados funcionarios de su Gobierno», aseguró Marcela Arellano, presidenta del FUT.

«Nos sumaremos a las acciones de movilización en conmemoración del día de la Mujer, para exigir que el Estado dé atención y políticas en beneficio de las mujeres trabajadoras que viven la desatención del Gobierno», puntualizó.

Aseguró que las movilizaciones de los sectores sindicales son en contra de las políticas del Gobierno, en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seguridad, salud, empleo, educación, por lo que el próximo 14 de marzo continuarán con las acciones de protesta a nivel nacional. En Quito se concentrarán en la Caja del Seguro para pedir la salida de Lasso.

«Exigimos la salida del presidente Guillermo Lasso por su incapacidad para conducir al país, por estar involucrado en actos de corrupción», enfatizó Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), al tiempo que exhortó a la Asamblea y a la Corte Constitucional dar paso y efectivizar el juicio político en contra del mandatario a fin de lograr su salida del poder.

«Queremos decirle al Presidente de la República y a su vocero que la investigación del Gran Padrino no es una fábula. (…) Eso se llama corrupción que está plenamente comprobado; corrupción que nos quita las medicinas, esa corrupción que no permite que exista inversión en el ámbito social», aseveró la dirigente de los maestros.

¿Se allana el camino para la destitución del Presidente Guillermo Lasso?

Además, criticó al Consejo Directivo del IESS debido a que se habría designado un presupuesto de un millón de dólares para mejorar la imagen del Instituto. En este marco rechazó que se esté utilizando los fondos para estas actividades y aseguró que la defensa de la Seguridad Social se mantiene activa y continuarán con acciones de protesta pidiendo la renuncia de Richard Gómez, vocal que se encontraría de forma ilegal en el Consejo Directivo.

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